PGN - Documento 201603111027042

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., Julio Trece (13) de dos mil seis (2006) Aprobada en Acta de Sala No. 34 Radicación 161-02962 (165-84950/03)

No. : Investigados: DARIO RAFAEL LONDOÑO GOMEZ Cargo y Director de la Corporación Autónoma Entidad: Regional de Cundinamarca –CARQuejoso: Informe Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Fecha Desde Septiembre 15 de 2002

Hechos: Fecha Queja: Marzo 25 de 2003

Asunto: Auto resuelve apelación fallo P.D. Ponente: Dr. ESIQUIO MANUEL SANCHEZ HERRERA En virtud de la atribución conferida por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado Darío Rafael Londoño Gómez, investigado en calidad de Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 8 de noviembre de 2005, por medio de la cual el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal lo declaró disciplinariamente responsable por el cargo formulado, imponiéndole como sanción multa de noventa (90) días de salario devengado para la época de los hechos.

ANTECEDENTES PROCESALES La actuación disciplinaria se inició con fundamento en el oficio No. 03-0558 del 17 de marzo de 2003 suscrito por el Secretario de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual remite en fotocopia al Procurador

General de la Nación, la actuación realizada dentro del expediente No. 02-2498 acción popular instaurada por el Personero de Sopó, en donde se cuestiona a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamrca -CARpor incumplimiento en la ejecución del Convenio No. 247 de 2000, suscrito entre la CAR y el Municipio de Radicado No. 161-02962 Sopó, cuyo objeto consistía en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales PTRA (fls. 1 a 149 C. 1). El 27 de junio de 2003, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal dispuso la apertura de investigación disciplinaria, entre otros, contra Darío Rafael Londoño Gómez, Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- (fls. 150 a 152 C. 1), a quien le fue formulado cargos mediante auto del 7 de septiembre de 2004 (fls. 49 a 57 C. 2), el cual fue notificado personalmente al disciplinado, según consta en diligencia que reposa a folio 77 del cuaderno 2, en virtud de lo cual presentó memorial de descargos a través de apoderado (fls. 79 a 109 C. 2) en el que allegó pruebas y solicitó el decreto y práctica de otras probanzas, petición que le fue resuelta favorablemente mediante proveído del 8 de noviembre de 2004 (fls. 129 a 131 C. 2). En auto del 18 de abril de 2005, el funcionario de conocimiento ordenó correr traslado al disciplinado para que presentara alegatos de conclusión (fls. 111 a 113

C.3), providencia que fue notificada por estado fijado el 20 de mayo de 2005 (fl. 124

C. 3), ante lo cual el apoderado presentó el respectivo memorial de alegatos como se advierte a folios 125 a 130 Cuaderno 3.

Una vez practicada una prueba documental que había sido decretada de oficio en auto del 10 de agosto de 2005 (fls. 131 a 137 C. 3), el a quo profirió fallo de primera instancia en providencia del 8 de noviembre de 2005, declarando disciplinariamente responsable de los cargos formulados a Darío Rafael Londoño Gómez, en condición de Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, a quien le fue impuesta sanción disciplinaria consistente en Multa de noventa (90) días de salario devengado para la época de los hechos (fls. 138 a 149 C. 3). El fallo de instancia fue notificado personalmente al apoderado del disciplinado (fls. 155 C. 3), quien interpuso y sustentó el recurso de apelación dentro del término legal (fls. 156 a 189 C. 3), recurso que fue concedido en el efecto suspensivo ante la Sala Disciplinaria mediante auto del 2 de diciembre de 2005 proferido por el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal (fls. 190 C. 3). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El fallador de instancia describe en la providencia el trámite procesal, los cargos formulados al acusado y presenta los argumentos respecto de los cuales dedujo responsabilidad disciplinaria, los cuales se resumen así (fls. 138 a 149 C. 3):

2 Radicado No. 161-02962 Dice el fallador de instancia que no obstante haberse cumplido con las obligaciones iniciales por parte de las entidades para hacer posible la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, como eran la elaboración de estudios por parte de la CAR y la compra del predio por parte del municipio de Sopó, aquella no cumplió con el principal compromiso el cual era la construcción de la planta de tratamiento, razón por la que el Personero de este municipio se vió en la obligación de interponer una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para obligar a la Corporación a la ejecución de las obras, por cuanto se encontraba afectada la salud pública de la comunidad, pretensión a la que accedió esa instancia y que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante decisión del 13 de septiembre de 2003, aspecto que demuestra claramente para el a quo que la CAR, pese a que se daban las condiciones para la construcción de la planta de tratamiento, no procedió a ello, razón por la que el disciplinado incurrió en falta disciplinaria. En respuesta a los argumentos expuestos por la defensa el a quo sostiene que la conducta tachada como irregular si existió, primero, porque el negocio jurídico era plenamente válido y por consiguiente le eran exigibles a la Corporación las obligaciones que esa entidad asumió; segundo, porque no es cierto que se hayan omitido algunos requisitos en la etapa de planeación que impedían la ejecución de las obras y, tercero, porque en este trámite disciplinario no se adelantó actuación alguna para determinar si existió o no incumplimiento del contrato, pues lo que se estaba evaluando era si el comportamiento del servidor público disciplinado

desconoció el deber funcional que debía observar en el ejercicio de sus funciones. Dice que de conformidad al objeto contenido en el Convenio 227 de 2000 consistente en “…aunar esfuerzos entre las entidades contratantes para la construcción, puesta en marcha, administración, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas para los sectores Pueblo Viejo Alto, La Carolina y San Agustín”, ello contenía una obligación de hacer, toda vez que para dar cumplimiento a las obligaciones allí pactadas, las entidades debían efectuar o asumir unas cargas especificas, como lo era la compra del lote por parte del municipio de Sopó y los trabajos que debía ejecutar la Corporación para hacer posible la construcción de la planta, correspondiendo este acuerdo de voluntades a un típico contrato de cooperación institucional, a través del cual dos entidades estatales, atendiendo a los fines para el cual fueron creadas y el campo de acción en el cual debe actuar, se unen con el propósito de satisfacer los intereses de la comunidad que para el caso en examen se orientaba al saneamiento básico y a la protección del medio ambiente. 3 Radicado No. 161-02962 Aduce que no era de la esencia del Convenio mencionado determinar el precio, por cuanto allí no se pactó remuneración de ningún tipo y que la ausencia de este elemento no lo invalida, como lo quiere hacer ver la defensa, toda vez que de conformidad al tipo de contrato celebrado y a las obligaciones pactadas, ello no era necesario, según lo demuestra la certificación que obra a folio 1 del cuaderno 3 en la cual se indicó que el Convenio 247 del 5 de septiembre de 2000 no requería de

registro presupuestal, dado que éste solo era necesario para los compromisos que se adquirieran con posterioridad al mismo. Contrario a lo aseverado por la defensa, el a quo señala que existe claridad en el sentido que la obligación adquirida por la CAR sí le era exigible, toda vez que de conformidad a la cláusula segunda del acto consensual se trataba, en primer término, de elaborar los estudios de factibilidad para definir el sistema de tratamiento que la Corporación contrató con Juan Fernando Botero, en los que se indicó un reporte de los logros alcanzados dentro del proyecto, diseño, construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento Sopó II; se determinó el caudal y población beneficiaria, el área requerida para la construcción, se seleccionó el sistema de tratamiento y el lote donde sería su construcción, pero que en la elaboración de dicho estudio nada se dijo acerca de la imposibilidad de la construcción de la planta, dado que lo único que hacía falta para continuar con la ejecución de dicho proyecto era que el municipio le recibiera a la CAR, una planta que anteriormente se había construido y la forma del acta de resolución de apertura del proceso licitatorio por parte del Director de la Corporación, concluyendo el a quo que sí existían las condiciones para que la CAR ejecutara la obra. Expresa que al examinar el contenido de los documentos relacionados con la celebración de los Convenios del Programa de Saneamiento Ambiental del río Bogotá, no se advierte que el BID estableciera como requisito de ejecución del Convenio en estudio que el municipio debía recibir la obra antes ejecutada. El a quo advierte que el disciplinado Londoño Gómez, en condición de Director de

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamrca –CAR-, incurrió en falta disciplinaria al omitir dar cumplimiento al compromiso adquirido con la suscripción del pluricitado Convenio, con lo cual desconoció los mandatos contenidos en los artículos 3, 26.1, 26.2, 26.4 y 26.5, toda vez que con su conducta no dio cumplimiento a los fines de la contratación, como lo es satisfacer los intereses de los administrados, a lo cual estaba obligado en función del cargo que desempeñaba, por cuanto la no ejecución de las obras cuestionadas generó un problema de salud ambiental en las comunidades beneficiadas, tal como se expuso en la acción popular. 4 Radicado No. 161-02962 En atención a los factores contenidos en el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, la falta fue calificada como Grave por la jerarquía y mando que ostentaba el servidor público acusado, además porque se afectó la seguridad y salud pública de los habitantes de las localidades donde se debía construir la planta de tratamiento, al punto que para la ejecución de los trabajos fue necesario recurrir a una acción popular para buscar la protección de los derechos colectivos de la población y del medio ambiente. En cuanto al factor subjetivo de responsabilidad, la falta fue imputada a título de culpa, por cuanto en el expediente no obra prueba alguna que permita establecer que la conducta del disciplinado estuviese predeterminada a incumplir lo pactado en el referido contrato, advirtiéndose la falta de cuidado y diligencia para hacer posible dicho compromiso, al no adelantar las gestiones tendientes a viabilizar la ejecución de esas obras. Finalmente al dosificar la sanción, el fallador de instancia consideró que la sanción a

imponer a los acusados debía consistir en una multa de noventa (90) días de sueldo devengado por el disciplinado para el año 2001, la cual debería tasarse una vez se allegara al expediente la certificación sobre el salario devengado para la vigencia de 2001. RECURSOS DE APELACIÓN El apoderado del disciplinado Darío Rafael Londoño Gómez interpuso el recurso de apelación dentro del término legal, el cual fue sustentado en los siguientes términos (fls. 156 a 189 C. 3): Dice que en el caso objeto de estudio se presentan, por lo menos, tres causales de exclusión de responsabilidad de las señaladas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, entre ellas, por haber actuado el defendido en estricto cumplimiento de un deber legal, al no contar el convenio interadministrativo No. 247 del 5 de septiembre de 2000 con registro presupuestal y que además al tener que ejecutarse el mismo en varias vigencias, no contaba con la autorización para comprometer vigencias futuras. Señala que las obligaciones a cargo de la CAR no se podían ejecutar por encontrarse sujetas a una condición suspensiva en espera que el municipio de Sopó diseñara el Plan Maestro de Alcantarillado y por la ausencia de una partida presupuestal que respaldara el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la CAR nacidas del convenio interadministrativo, presentándose una circunstancia imprevista, insuperable e insalvable consistente en la ausencia de recursos del 5 Radicado No. 161-02962 crédito BID para soportar el diseño, construcción, puesta en marcha, estabilización

de la planta y capacitación del personal. Controvierte las argumentaciones del fallo de instancia indicando que el convenio interadministrativo 247 de 2000 tenía carácter oneroso, toda vez que al municipio le correspondía hacer la erogación para la adquisición del lote, valor que no se dejó estimado en el texto del convenio, razón por la cual el mismo carecía de registro presupuestal para el municipio, así como tampoco se estimó el valor de las obligaciones adquiridas por la CAR consistentes en la consultoría para definir el sistema y diseño, licitación y firma del contrato para la construcción de la planta, adquisición de los reactivos químicos necesarios para la operación de la planta, consultoría para velar por la estabilidad de la planta, prestación de servicios para la capacitación del personal del municipio, actividades que en criterio de la defensa exigían la realización de erogaciones con el agotamiento de los procedimientos presupuestales de ley y no como se indicó en la decisión de primera instancia en el sentido que el convenio no requería registro presupuestal, el cual era necesario para los compromisos que se adquirieran con posterioridad. Explica que independientemente que el convenio haya sido de cofinanciación o de colaboración, lo importante era que exigía un gasto para la CAR y dicho gasto debía estar soportado presupuestalmente, al constituirse el convenio en la causa generadora de la celebración de los contratos necesarios para cumplir con las obligaciones adquiridas, sin que se requiriera la entrega de dineros directamente al municipio pero sí ejecutar las obligaciones adquiridas en su calidad de autoridad ambiental a la que le corresponde la ejecución de los recursos de acuerdo con las normas presupuestales consagradas en el Decreto No. 111 de 1996, Decreto 568 de

1996, artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cuyos apartes transcribe, así como apartes de los Conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de la Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto a los procedimientos presupuéstales. Rechaza la afirmación del fallo de instancia según la cual solo los convenios interadministrativos de cofinanciación requieren registro presupuestal, por cuanto ello implicaría, en forma errónea, que los demás convenios así determinen la realización de erogaciones no lo requieran, pues en el presente caso la suscripción del convenio interadministrativo implicaba celebrar otros contratos por no contarse con la infraestructura y el personal propio necesario, razón por la cual debía contar con el correspondiente registro presupuestal, siendo imposible su ejecución de conformidad con las normas presupuestales vigentes. Cuestiona el contenido de la certificación obrante a folio 1 del cuaderno 3 en la medida que la sola afirmación en el sentido que el convenio interadministrativo no 6 Radicado No. 161-02962 requería registro presupuestal no es suficiente, por cuanto el tema debió analizarse a la luz de las normas presupuestales vigentes, con el agravante que al pretender el investigado atender las obligaciones adquiridas, se encontró con la inexistencia de provisiones presupuestales necesarias, así como tampoco se había tramitado la autorización para comprometer vigencias futuras, entendiéndose que al carecer el convenio de los requisitos indispensables para perfeccionarse, era imposible su cumplimiento. Respecto a la imposibilidad de dar cumplimiento al convenio interadministrativo debido a la inexistencia del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el

municipio de Sopó, la defensa afirma que efectivamente el estudio de prefactibilidad existía pero que posteriormente al mismo debía realizarse el diseño final y la ejecución de la obra, previo a lo cual debía aprobarse el plan maestro el cual está contenido en el Acuerdo 019 del 19 de octubre de 2003, fecha a partir de la cual era procedente realizar el diseño final y la construcción de la planta y en la que el periodo de gestión del investigado estaba a punto de expirar con el agravante que fue suspendido por la Procuraduría en Septiembre de 2003. Alega que el convenio interadministrativo carecía de causa, por cuanto el municipio de Sopó se había negado a recibir la planta de tratamiento de aguas residuales I construida con recursos BID, razón por la cual afirma que el convenio era inexistente y por ende inejecutable, presentándose la excepción de contrato no cumplido establecida en el artículo 1609 del Código Civil, por cuanto una de las condiciones establecidas por las partes para la celebración del Convenio 247 de 2000, era el recibo por parte del municipio de la planta ya construida por la CAR con recursos BID, para no tener que soportar su operación, siendo procedente revocar la decisión de instancia al estar plenamente justificado el no cumplimiento del referido convenio. Sostiene que la Procuraduría no es competente para sancionar incumplimientos contractuales a título de falta disciplinaria, por cuanto no existe un fallo judicial que haya declarado dicho incumplimiento, razón por la que considera procedente dar aplicación al principio de favorabilidad y analizar la carencia de competencia para sancionar en cuanto se presume la inocencia hasta tanto no se demuestre lo contrario, con el agravante que el legislador fue claro al determinar que

el único incumplimiento que da lugar a sanciones disciplinarias es el incumplimiento de obligaciones laborales. En lo que tiene que ver con la calificación de la falta, afirma la defensa que esta no le es imputable a su defendido a título de culpa o negligencia por cuanto existe el convencimiento invencible de que el convenio interadministrativo 247 de septiembre de 2000 no se había perfeccionado o no era ejecutable, sin que sea viable afirmar 7 Radicado No. 161-02962 que de la omisión en el cumplimiento del compromiso se deduce la ausencia de cuidado y diligencia, razón por la que dice se produce una responsabilidad objetiva, existiendo suficientes motivos de orden legal para que el investigado obrando con prudencia y diligencia se hubiese abstenido de cumplir con unas obligaciones cuyo gasto no estaba respaldado presupuestalmente. Expresa que la falta no es dable endilgarla como grave debido a que el implicado realizó todas las diligencias necesarias para que el municipio de Sopó recibiera la planta de tratamiento que estaba en operación para que de esta forma se cumpliera con la causa que generó la celebración del convenio 247 de 2000, sin que haya prueba del deterioro de la seguridad y salud pública de los habitantes por la falta de construcción de la nueva planta, y que en el evento que existieran, se debe a causas imputables al municipio por haber vertido las aguas del matadero a la planta existente y no haber expedido el plan maestro de acueducto y alcantarillado. En cuanto al análisis probatorio que acredita el grado de culpabilidad, dice que no se demostró el obrar negligente del investigado y que en este orden debe presumirse

su inocencia en cuanto no haya prueba en contra de dicha presunción, debido a que los errores de apreciación no son objeto de valoración culposa y mucho menos por haber considerado su defendido que el convenio era imposible de ejecutar por carecer de respaldo presupuestal debidamente sustentado en las normas vigentes sobre la materia. Con relación a la dosimetría de la sanción, la defensa afirma que el a quo impuso la máxima sanción sin tener en cuenta que no existía la declaratoria judicial de incumplimiento ni existió prueba fehaciente de la gravedad de la conducta reprochada, así como tampoco se tuvo en cuenta que estaba plenamente probado que el convenio 247 de 2000 no cumplía las condiciones de eficacia y ejecución presupuestal y que el municipio no había recibido la planta ya construida ni había ejecutado el plan maestro de acueducto y alcantarillado, sin que para la defensa sea procedente imponer sanción alguna y que en el caso de aplicarla su dosimetría no puede ser la máxima legal. Finaliza su escrito solicitando la revocatoria de la sanción impuesta y, como consecuencia de ello, el archivo de las diligencias disciplinarias.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

CARGOS FORMULADOS:

8 Radicado No. 161-02962 A DARIO RAFAEL LONDOÑO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.111.143 de Bogotá, en condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, posición para el cual fue nombrado

mediante Acuerdo No. 047 del 1 de noviembre de 2000 expedido por el Presidente del Consejo Directivo de la CAR, debidamente posesionado mediante acta No. 026 del 14 del mismo mes y año (fls. 175 a 177 C. 1), le formularon el siguiente cargo (fls. 49 a 57 C. 2): “CARGO UNICO: “Usted en la calidad antes anotada incumplió con el objeto del convenio No. 247 de 2000, suscrito con el municipio de Sopó, por no haber construido de acuerdo a lo pactado en la cláusula segunda del mismo, la planta de tratamiento de aguas residuales, en el plazo de dos años desde el perfeccionamiento del mismo, generando con esto perjuicios a los habitantes del mencionado municipio, de conformidad con la cláusula segunda”. Como normas presuntamente infringidas por el disciplinado con la anterior conducta le fueron citados los artículos 3, 23, 4.1, 14.1, 26.1, 26.2, 26.4 y 26.5 de la Ley 80 de 1993; la cláusula segunda del Contrato No. 247 de 2000; 6, 123 y 209 de la Constitución Política, quebrantamiento que constituye falta disciplinaria de conformidad con el artículo 38 de la Ley 200 de 1995, vigente al momento de la comisión del hecho, por faltar a los deberes impuestos en los numerales 1, 22 y 23 del artículo 40 ibidem. La falta fue calificada provisionalmente en el auto de cargos como grave, con fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 200 de 1995,

e imputada inicialmente a título de dolo pero en el fallo de instancia se atribuyó a título de culpa. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LAS PRUEBAS Y LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL APODERADO Procederá la Sala a determinar si fáctica y jurídicamente el disciplinado incumplió con el objeto del convenio No. 247 de 2000, al no construir de acuerdo a lo pactado en la cláusula segunda del mismo, la planta de tratamiento de aguas residuales en el plazo de dos años desde el perfeccionamiento del mismo, generando perjuicios a los habitantes del mencionado municipio o, si realmente en el presente caso convergen causales de justificación de la conducta del disciplinado, falta de competencia para sancionar o ausencia de culpabilidad, como lo señala el apoderado en su escrito de 9 Radicado No. 161-02962 recurso, para lo cual previamente se analizará el acervo probatorio que acredita la existencia de los siguientes hechos: El 5 de septiembre de 2000, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CARrepresentada legalmente por William Eduardo Morales, suscribió el Convenio No. 247 con el Municipio de Sopó en cabeza de José Gabriel Fernández Cifuentes, con el objeto de aunar esfuerzos para la construcción, puesta en marcha, administración, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas para los sectores Pueblo Viejo Alto, La Carolina Alta y San Agustín del Municipio de Sopó en el Departamento de Cundinamarca (fls. 12 a 14 C. 1 y 20 a 22 C. 2).

Para el desarrollo del objeto del presente convenio, la CAR se comprometió en la cláusula segunda a “1Definir el sistema de tratamiento de acuerdo con los estudios de factibilidad contratados previamente por la Corporación, construirlo y ponerlo en marcha en un término de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que el municipio adquiera el predio necesario para la construcción (…)”. A su vez, en la cláusula tercera se mencionan como obligaciones a cargo del municipio de Sopó, entre otras, “3. Adquirir los terrenos necesarios para la construcción de la planta de tratamiento, de acuerdo con los requerimientos técnicos que realice la CAR y que el predio a adquirir debe ser previamente aprobado por la autoridad ambiental y a mas tardar el 15 de septiembre de 2000 el municipio debe entregar a la Corporación un documento que certifique la posesión por parte del municipio sobre el predio (…). En cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera del Convenio, el municipio de Sopó adquirió el predio denominado “El Japón” ubicado en la vereda Pueblo Viejo jurisdicción del municipio de Sopó por un valor de $209388.000,oo mediante escritura pública No. 662 del 17 de octubre de 2000 otorgada por la Notaría Única de Guatavita (fls. 15 a 18 vto. C. 1), la cual fue debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos según constancia del 10 de noviembre de 2000 (fl. 24 C. 1). El 2 de febrero de 2001, la Ingeniera Gerente del Proyecto Magda Carolina Correal

elaboró un informe de avance de procesos, logros alcanzados y estado actual del proyecto diseño, construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento Sopó II y entrega de la Planta Sopó I en el cual se menciona que la CAR contrató al ingeniero Juan Bernardo Botero, para la elaboración de un estudio de factibilidad que indicara la ubicación y tipo de sistema más adecuado de acuerdo con las características de las aguas residuales a tratar, estudio que según la ingeniera 10 Radicado No. 161-02962 incluyó un diagnóstico de las características socioeconómicas del municipio, caracterización de las aguas residuales, levantamiento topográfico de colectores y lote para la construcción, estudio de suelos en el predio seleccionado, selección del predio de acuerdo con la llegada de colectores, selección del sistema de tratamiento más adecuado y prediseño de la alternativa seleccionada (fls. 29 a 34 C. 1). Es pertinente destacar que a esa fecha, el municipio de Sopó había cumplido con la adquisición del predio donde se construiría la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sopó II y el citado informe la gerente del proyecto mencionó como logros alcanzados la presentación del proyecto a la comunidad vecina a la planta, visita a la PTAR de Guatavita, la cual contaba con el mismo sistema que se iba a construir, la elaboración del pliego licitatorio con no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, la disponibilidad del predio por parte del municipio mediante escritura pública y la definición del sistema de tratamiento, encontrándose pendiente

finiquitar el proceso de entrega y recepción de la planta I por parte de la CAR y el municipio y la firma del acta de resolución de apertura del proceso licitatorio por parte del Director General de la Corporación, lo cual demuestra que la CAR estaba cumpliendo con las obligaciones iniciales emanadas del Convenio en su cláusula segunda. Con oficio fechado el 5 de febrero de 2001, el Subdirector de operaciones de la CAR le comunica al Alcalde Municipal de Sopó de la época, Luis Enrique Acosta, que como requisito impuesto por el BID para adelantar la construcción de una segunda planta de tratamiento de aguas residuales, es necesario que el municipio de Sopó reciba de parte de la CAR, opere y mantenga en correcto funcionamiento la planta de tratamiento existente, acto que fue adelantado mediante la firma del Acta de Terminación y Liquidación del Convenio No. 147 de 1991 firmada el 4 de septiembre de 2000, motivo por el cual le envía el informe de avance preparado por la Ingeniera Magda Correal, Gerente del Proyecto, con el fin de poner en conocimiento del burgomaestre los logros, avances y pendientes a la fecha y continuar con los procesos de manera coordinada (fls. 278 a 280 C. 1). El 14 de febrero de 2002, el señor Jaime Alberto Rodríguez Cuestas, actuando en condición de Personero del Municipio de Sopó, presentó un derecho de petición en interés general ante el Director General de la CAR, en el cual solicita se de cabal cumplimiento por parte de la CAR a las obligaciones establecidas dentro del marco del Convenio No. 247 del 5 de septiembre de 2000, por cuanto a esa fecha la

autoridad ambiental no había iniciado la construcción de la planta de tratamiento en el predio adquirido por el municipio de Sopó para tal fin, considerándose de sumo interés el mejoramiento del manejo del recurso hídrico en materia de vertimientos líquidos (fls. 25 y 26 C. 1). 11 Radicado No. 161-02962 El 8 de octubre del mismo año, el Personero del Municipio de Sopó instauró una Acción Popular contra la CAR, representada por el disciplinado Darío Londoño Gómez, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la cual solicita como pretensiones principales se ordene a la CAR la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales complementaria a la existente en el predio adquirido por el municipio para tal fin, se de cumplimiento a las demás obligaciones establecidas dentro del marco del Convenio 247 de 5 de septiembre de 2000 y se condene en costas al demandado. Como pretensiones subsidiarias el Ministerio Público solicitó que se ordenara al Director de la CAR el bombeo de todas las aguas negras que llegan de los sectores de San Agustín, La Carolina y Pueblo Viejo a la planta de tratamiento de aguas residuales I, se realice el mantenimiento, administración y operación de esta y se condene en costas a los demandados (fls. 5 a 10 C. 1). Dentro del acápite de hechos de la demanda se argumentó, entre otros aspectos, que para el municipio de Sopó era de i