PGN - Documento 201603111027092

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., mayo diez (10) de dos mil siete (2007). Aprobado en Acta de Sala No. 19.

Radicación No: 161-03473 (020-112692/04)

Disciplinado: Teniente Coronel Edison Rojas Guzmán y otros

Cargo: Miembros de la Policía Nacional Quejoso: Zaira Lucy Gómez Fecha queja: 9 de febrero de 2004

Fecha hechos: 6 de febrero de 2004

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Doctora DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ En virtud de los recursos de apelación interpuestos y sustentados en legal forma por los apoderados del Teniente Coronel EDISON ROJAS GUZMÁN, Capitán ANDRES LINARES HERNÁNDEZ y del Agente DUVIER VELEZ SALAZAR, al igual que el presentado personalmente por el disciplinado Agente ALIRIO ANTONIO TREJOS PINZON, revisa la Sala disciplinaria la decisión del 18 de diciembre de 2006, mediante la cual la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional los sancionó disciplinariamente.

ANTECEDENTES PROCESALES La Fiscal 20 Local de la ciudad de Mocoa, MARIA DEL PILAR GÓMEZ MAFLA, en resolución de sustanciación No. 106 del 6 de febrero de 2004 y en oficio de la misma fecha remitido al Fiscal JAIME ELIAS LUNA, refiere algunos hechos presuntamente irregulares sucedidos ese mismo día en el municipio de Villagarzón, concretados en

que miembros de la Policía Nacional allanaron la residencia de la señora ZAIRA GOMEZ, sin que hubiese estado presente la Fiscalía, además del hecho que el Agente ALIRIO TREJOS PINZON, rompió el vidrio de la puerta, lo que originó el que cancelara la suma de $40.000.oo por los daños ocasionados. Igualmente, la misma funcionaria refiere que estando en el inmueble antes mencionado, los agentes de la Policía le informaron que habían capturado al señor Radicación No. 161-03473 ELVANO CARVAJAL en allanamiento autorizado legalmente, practicado al objetivo No. 13, aprehensión realizada sin la presencia de la Fiscalía, aproximadamente a las 4:00 am. Cuenta la Fiscal que al enterarse de ello, se trasladó al objetivo No. 13, lugar en el que verificó con el aprehendido y su esposa, el ingreso de la Policía a dicha residencia, en la que también se rompieron los vidrios de la puerta de ingreso a la vivienda. Agrega la Fiscal que enterada de los hechos solicitó al Capitán LIBARDO ANDRES LINARES HERNANDEZ información acerca del ingreso a las viviendas, sin la presencia de la Fiscalía, oficial que le restó importancia al asunto (folios 2 a 5 c.o.1). Con fundamento en lo anterior, el 30 de abril de 2004, la Procuraduría Regional de Putumayo ordenó adelantar la respectiva indagación preliminar, diligencias que fueron remitidas por competencia a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, según auto del 20 de octubre de 2004 (folios 6, 88 c.o.1).

El 30 de noviembre de 2004, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el Teniente Coronel EDISON ROJAS GUZMÁN, Comandante Operativo del Departamento de Policía del Putumayo, el Capitán LIBARDO ANDRÉS LINARES HERNÁNDEZ, Jefe de la Seccional de Policía Judicial del Departamento de Policía Putumayo y el Agente ALIRIO TREJOS PINZON, adscrito a la estación de Policía del Municipio de Villagarzón (folio 90 c.o.1). Mediante auto del 11 de mayo de 2005, se incorporaron al proceso, las diligencias disciplinarias que por los mismos hechos estaba adelantando bajo el radicado 099 de 2004, el Departamento de Policía del Putumayo, en las que, a través de auto del 13 de septiembre de 2004, se había dispuesto la apertura de investigación disciplinaria contra los uniformados DUVIER VELEZ SALAZAR, WALTER PALACIOS TELLO y ALIRIO TREJOS PINZON (folio 166 c.o.1 y c.o Exp. 099/04). El 23 de febrero de 2006, se formularon cargos a los investigados EDISON ROJAS GUZMÁN, ANDRÉS LINARES HERNÁNDEZ, ALIRIO TREJOS PINZON, DUVIER VÉLEZ SALAZAR y WALTER PALACIOS TELLO, quienes personalmente o a través de sus apoderados rindieron los respectivos descargos, luego de lo cual, el 13 de junio de 2006, se resolvió sobre pruebas de descargos y solicitudes de nulidades

(folios 206 y 347 c.o.2). Con auto del 28 de agosto de 2006, se corrió traslado para alegar de conclusión, sin embargo, como no se había resuelto un recurso de reposición interpuesto por WALTER PALACIOS TELLO contra el auto del 13 de junio de 2006, éste se resolvió 2 Radicación No. 161-03473 el 29 de septiembre de 2006, resolviéndose entre otros aspectos, decretar la nulidad parcial del auto de cierre de investigación respecto del disciplinado PALACIOS TELLO, a quien nuevamente se le notifica el traslado para alegar de conclusión, según auto del 10 de noviembre de 2006 (folios 418, 451, 671 c.o.3). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo proferido el 18 de diciembre de 2006, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, además de absolver al agente WALTER PALACIOS TELLO, sancionó con multa de quince días del sueldo básico devengado para la época de los hechos a los uniformados EDISON ROJAS GUZMAN, ANDRÉS LINARES HERNÁNDEZ y ALIRIO TREJOS PINZON, y con multa de diez días a DUVIER VELEZ SALAZAR, al tenor de los siguientes argumentos: Se comprobó que el 5 de febrero de 2004, la Fiscalía Especializada de Mocoa ordenó el allanamiento y registro de bienes inmuebles en el municipio de Villagarzón, con fundamento en un informe de inteligencia en el que se indicaba que en dichos

inmuebles se encontraban armas, material bélico y sustancias alucinógenas. Para realizar lo ordenado, se señaló la hora de las 2 a.m. con el concurso de varios fiscales, entre ellos la doctora MARIA DEL PILAR GOMEZ MAFLA, Fiscal 20 Local, a quien le fueron asignados los objetivos 11 y 13 La referida Fiscal, al terminar las diligencias, expidió la resolución No. 106 del 6 de febrero de 2004, en la que expone las irregularidades que se presentaron, sobre las cuales la Sala hizo referencia en los antecedentes procesales de esta providencia. El Director de la Policía Nacional, mediante resolución 2783 de 1985 expidió el Manual de allanamiento, penetración y registros, en la que se exige la orden de allanamiento, la cual se comprobó existía en este caso. De conformidad con lo expuesto por la mencionada Fiscal, después de terminar la diligencia de allanamiento en el objetivo No. 11, correspondiente a la residencia de la señora FABIOLA GÓMEZ, a eso de las 5 a.m, cuando se trasladó al objetivo 13, es decir, a la residencia de la señora ZAIRA GÓMEZ, fue informada que aproximadamente a las 3 a.m, unos uniformados habían ingresado a la residencia, previamente rompiendo el vidrio de la puerta principal, enterándose también que dicho inmueble no correspondía al objetivo No. 13. Se allegó la diligencia de allanamiento llevada acabo en la residencia del señor ELVANO CARVAJAL, en la que el capturado dejó constancia que la diligencia se efectuó sin la presencia de la Fiscalía, la que posteriormente se hizo presente.

3 Radicación No. 161-03473 Según lo afirmado por el Teniente Coronel EDISON ROJAS, al personal que intervino en las diligencias se le impartió instrucciones, se le indicó el procedimiento establecido para los allanamientos, debiendo vigilar y cercar el lugar, con el fin de garantizar el éxito del operativo. El Capitán ANDRÉS LINARES HERNANDEZ, afirmó que el Coronel ROJAS, solicitó extremar las medidas de seguridad, tanto en el desplazamiento como en el ingreso de cada vivienda, aproximadamente entre 16 y 20 objetivos, pues de acuerdo con los informes de inteligencia se conocía de presencia de grupos paramilitares y subversivos. Por tal motivo se contó con cinco fiscales, correspondiéndole a cada uno de ellos entre 2 y 3 objetivos. Luego de señalar lo dicho por cada uno de los disciplinados, el a-quo hace algunas consideraciones generales en orden a poner de presente su no desconocimiento del peligro que entrañan estos operativos, especialmente por cuanto varios allanamientos tenían por objeto capturar personas sindicadas de homicidios, asesinatos y de hacer parte de grupos armados ilegales. Sin embargo, tales procedimientos deben sujetarse a lo previsto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que señalan cómo deben realizarse dichos operativos. En este sentido, a la Fiscalía le corresponde la coordinación y dirección de estos procedimientos, en tanto que los policías deben actuar bajo sus órdenes e instrucciones, sin desconocer que éstos deben brindar la seguridad tanto a los intervinientes en las diligencias como a las demás personas, debiendo evitar que los

delincuentes no escapen y evitando o impidiendo que se destruyan los elementos o las pruebas. En cuanto a la seguridad que debe proveerse, “en este caso debe decirse que no otro que el afán de lograr un positivo, como se denomina en estas actividades fue lo que llevó a los encartados a actuar sin la presencia de la fiscal, porque nada les impedía que tomaran las posiciones y aseguraran los objetivos, para impedir la evasión de los requeridos, lo que no implicaba hacerse notar ni entrar a las viviendas, pudiendo esperar al funcionario judicial, para llevar a efecto las diligencias con el rigorismo requerido, que es precisamente lo que no hicieron, por lo que se estima que incumplieron las leyes y los ordenamientos establecidos, sin que medie ninguna causa justificada para que hubieran actuado como lo hicieron, de donde se concluye que las faltas señaladas sí se presentaron”. En cuanto a la situación de cada uno de los disciplinados, el a-quo consideró lo siguiente: 4 Radicación No. 161-03473 1.- T.C. EDISON ROJAS GUZMÁN De acuerdo con la orden de servicios 002 SIJIN DEPUY, el responsable de la ejecución del operativo era el Capitán ANDRES LINARES, Jefe de la SIJIN, correspondiéndole al T.C. ROJAS GUZMAN, Subcomandante Operativo, realizar la supervisión del mismo. “Igualmente en la mencionada orden de servicios se indicó que al oficial le correspondía realizar las coordinaciones con los señores Fiscales para llevar a cabo esta operación (…) es decir, debía verificar que el personal encargado del objetivo

tomará (sic) las posiciones e iniciara el operativo con la presencia del Fiscal o con la autorización dada por dicho funcionario judicial, lo que era indispensable para el ingreso a la vivienda”. De conformidad con lo previsto en el numeral 7.4.2. del Manual Único de Policía Judicial, el Fiscal es la única voz de mando, pero las órdenes de éste se deben ejecutar a través del Coordinador, no siendo aceptable lo esgrimido por la defensa en el sentido de señalar que el Coronel no tenía mando en la Policía Judicial. Conforme a lo expuesto por la Fiscal, el oficial investigado no le informó por radio que el objetivo 13 estuviera asegurado, como tampoco solicitó su autorización para realizar el allanamiento ni le refirió la situación de riesgo inminente, como lo justifica en su versión, sabiendo que la Fiscal es quien debe proferir la orden para adelantar el allanamiento. Así mismo, no le dio información sobre las medidas adoptadas para asegurar el objetivo 13. De acuerdo con el numeral 2 del artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscalía debe realizar los registros y allanamientos, correspondiéndole a los funcionarios de Policía Judicial, entre los que se encuentran los miembros de la Policía Nacional asignados para ello, cumplir funciones como auxiliares de los funcionarios judiciales. La diligencia se debe iniciar bajo la coordinación y dirección de los Fiscales, como lo prevé el Manual de Policía Judicial. La sentencia C-1092 de 2003 de la Corte Constitucional, precisa que el coordinador de la diligencia, para realizar el allanamiento, debe concretar la orden con el Fiscal, que es quien determina el campo de acción de la policía judicial dentro de la diligencia.

Así las cosas, el registro y allanamiento es ordenado y dirigido por el fiscal, como director de la investigación, y realizado por la Policía Judicial con sujeción a lo previsto en la orden y el programa metodológico previamente fijado. 5 Radicación No. 161-03473 “En el presente caso se encuentra demostrado con la declaración de la Doctora María del Pilar Gómez, que el Teniente Coronel EDISON ROJAS GUZMÁN, Comandante Operativo, estuvo parqueado en el vehículo del Comando frente al inmueble de la señora ZAIRA GÓMEZ, y posteriormente frente al inmueble conocido como objetivo No. 13, de donde se retiró sin dar explicación alguna a la Fiscal sobre el ingreso que se hizo sin su autorización a dichos inmuebles, cuando ella se la solicitó”. El Manual de allanamiento establece que el funcionario de la Fiscalía, debe notificar a los ocupantes sobre el motivo de su presencia, y si no se permite la entrada, disponer que la Policía allane la vivienda, si es necesario, mediante el uso de la fuerza. Aquí se demostró que los miembros de la Policía Judicial entraron a la vivienda de ZAIRA GÓMEZ y MAURICIO FAJARDO ROJAS, sin la presencia de la Fiscal, rompiendo un vidrio de la puerta y, después, al verificar que ese no era el objetivo No. 13, se dirigieron a la vivienda de ÉLVANO CARVAJAL, donde realizaron, el allanamiento, registro y captura de éste, sin la presencia de la Fiscal. En su condición de supervisor, al disciplinado le correspondía coordinar con los fiscales el desarrollo del operativo, además, se demostró con las versiones del

Capitán Linares y del Agente Trejos, que el oficial ROJAS GUZMÁN se trasladó con el Capitán LINARES, al lugar donde se allanó la vivienda y capturó al señor ÉLVANO CARVAJAL, permitiendo tal actividad a los funcionarios de Policía Judicial, sin la presencia de la Fiscal o sin su autorización. Con su comportamiento, el disciplinado violó el numeral 2 del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000, al permitir un allanamiento y registro sin las formalidades legales, conforme lo prevé el artículo 28 Constitucional, en armonía con lo dispuesto en el numeral 34 de la Resolución 2783 de 1985 expedida por la Dirección de la Policía Nacional y numerales 16 y 18 del mismo artículo 37, faltas consideradas como gravísimas. Así mismo el artículo 38, numerales 4, 9 y 25 del Decreto 1798 de 2000, en armonía con el artículo 40 Ibídem, por incumplir deberes y funciones contenidas en el Capítulo II, artículos 30 a 36 del Manual de Allanamiento, Resolución 2783 de 1985, faltas consideradas como graves. No obstante lo anterior, las faltas se considera fueron cometidas con culpa grave, por lo que atendiendo lo previsto en el artículo 43 numeral 9 de la ley disciplinaria, se califican como faltas graves. Como sanción se impuso multa de quince (15) días del sueldo básico que devengaba para la época de los hechos. 6 Radicación No. 161-03473 2.- CT. ANDRÉS LINARES HERNÁNDEZ De acuerdo con lo expuesto por la Fiscal GOMEZ MAFLA, el Capitán LINARES al

ser interrogado por su actuación al ingresar a los inmuebles, señaló que no era necesaria la presencia de la Fiscal. Se comprobó que a este oficial se designó como uno de los responsables del operativo, por lo tanto, le correspondía garantizar que el ingreso a los inmuebles se hiciera bajo la orden de la Fiscal, cosa que no hizo Respecto del ingreso de la Policía Judicial al objetivo No. 13, se hacen extensivas las consideraciones que sobre el particular se hicieron en relación con la conducta del Teniente Coronel EDISON ROJAS GUZMÁN, concluyéndose, en consecuencia, que LINARES HERNANDEZ incurrió en falta disciplinaria. Con su conducta infringió la misma normatividad referida en relación con la situación disciplinaria del Coronel ROJAS GUZMÁN, las faltas fueron calificadas como graves, cometidas a título de culpa grave, imponiéndosele como sanción, multa de quince (15) días del sueldo básico que devengaba para la época de los hechos. 3.- Agente ALIRIO TREJOS PINZON Se encuentra demostrado que este uniformado fue quien ingresó al inmueble de ZAIRA GÓMEZ, sin que la Fiscalía hubiera impartido orden alguna, utilizando la fuerza, a tal punto que rompió el vidrio de la puerta de entrada, cancelando su valor después de llegar a un acuerdo con los dueños. También se demostró que como funcionario de Policía Judicial, una vez ubicó el verdadero objetivo No. 13, ingresó realizando allanamiento y registro, decomisando un arma de fuego y munición y capturando al señor ÉLVANO CARVAJAL, sin la presencia de la Fiscalía, contraviniendo así el Manual de allanamiento, Resolución

2783 de 1985, pues debía esperar la orden de la Fiscal para haber procedido como lo hizo, extralimitándose en sus funciones. Respecto del ingreso al objetivo No. 13, se hacen extensivos los argumentos que sobre este cargo se expusieron en relación con el Teniente Coronel ROJAS GUZMÁN, por lo que se concluye que incurrió en las faltas que le fueron endilgadas. Con su conducta infringió la misma normatividad referida en relación con la situación disciplinaria del Coronel ROJAS GUZMÁN, las faltas fueron calificadas como graves, 7 Radicación No. 161-03473 cometidas a título de culpa grave, imponiéndosele como sanción, multa de quince (15) días del sueldo básico que devengaba para la época de los hechos. 4.- Agente DUVIER VÉLEZ SALAZÁR Se demostró que este Agente, en compañía de TREJOS, ingresó a la residencia de ZAIRA GÓMEZ, sin que la Fiscalía hubiera dado orden alguna. Realizó el allanamiento y registro, decomisando un arma y munición, capturando a ÉLVANO CARVAJAL, sin la presencia de la Fiscal. Respecto del ingreso al inmueble denominado objetivo No. 13, se hacen extensivos los argumentos que sobre este cargo se hicieron en relación con la conducta del

Capitán ANDRÉS LINARES.

Con su conducta infringió la misma normatividad referida en relación con la situación disciplinaria del Coronel ROJAS GUZMÁN, las faltas fueron calificadas como graves, cometidas a título de culpa grave, imponiéndosele como sanción, multa de quince

(15) días del sueldo básico que devengaba para la época de los hechos. RECURSOS DE APELACION La decisión de primera instancia fue apelada así: 1.- Apoderado del T.C. EDISON ROJAS GUZMÁN (folio 740 c.o. 3) De conformidad con lo expuesto a folio 11 del fallo recurrido, al Coronel se le sanciona por haber permitido el ingreso, allanamiento y registro “a las residencias de … el Vano (sic) Carvajal sin la presencia de la Fiscalía”, afirmación que se cae con los mismos argumentos expuestos por el a-quo a folio 14, en el sentido que de acuerdo con la orden de servicios 002 SIJIN DEPUY, el responsable de la ejecución del operativo era el Capitán Andrés Linares, en tanto que al Coronel Rojas Guzmán, le correspondió efectuar la supervisión del operativo. Supervisar significa realizar actividad superior de control, realizada por sí mismo o por cualquier otro medio, pudiendo se anterior o posterior, sin que exista constancia alguna que establezca cuál es ese tipo de supervisión. De ahí surge el error de interpretación del a-quo, pues confunde supervisión, con coordinación y ejecución. Las coordinaciones, las verificaciones y los acuerdos se realizan por quien ejecuta un plan, por ende, la apreciación del Delegado cuando 8 Radicación No. 161-03473 afirma: “Que es el oficial quien debía verificar que el personal encargado del objetivo tomara las posiciones e iniciara el operativo con la presencia del fiscal”, es errónea. Como lo señala el Delegado, conforme a lo previsto en el Manual Único de Policía Judicial, numeral 7.4.2., el Fiscal es la única voz de mando, por lo tanto le

correspondía dar las órdenes y ser ejecutadas por el coordinador, que para el efecto no era su pupilo. Por lo tanto, no le correspondía informar vía radio ni por cualquier otro medio aspecto alguno a la Fiscal, como tampoco pedir autorización de ninguna clase, pues ello era función exclusiva del responsable del operativo. Por lo mismo, no le es aplicable lo normado en el artículo 250, numeral 2 de la Constitución Política, ni la sentencia C-1092 de 2003, pues ésta se refiere es al coordinador. “Al no tener la función de subordinado, por no tener la función de Policía Judicial, el coronel frente a la fiscal, no tenía porque (sic) estar coordinando, ni operando ni ejecutando ni dándole explicaciones a la señora Fiscal sobre o (sic) que ella pretendía que se le informara”. Se ha desproporcionado lo sucedido, convirtiendo un error de hecho, en una responsabilidad extraña, desconociéndose cánones constitucionales como la presunción de buena fe prevista en el artículo 83, convirtiéndolo en presunción de dolo y deseo de daño, una nimia conducta, como fue el deseo de dos policiales de acertar en su misión y evitar que un paramilitar como Carvajal huyera, tergiversando una simple rotura de un vidrio, conducta normal y entendible en una zona de alta peligrosidad, sin tenerse en cuenta, que como el mismo Procurador lo dice se repararon los daños causados cancelando la suma de cuarenta mil pesos $40.000.oo. La Delegada al confundir el término de supervisión, con los de ejecución y coordinación, se da la libertad de permitir la creación de conductas y de calificarlas,

como cuando señala “Que el coronel permitió, que el coronel practicó o que el coronel obstaculizó en forma grave investigaciones”. Consideraciones como que al señor Carvajal se le decomisó un arma y munición sin la presencia u autorización de la Fiscalía, o que en su captura se le violaron sus derechos fundamentales, al no haberse cumplido con “el aviso notificación y procedimiento”, cuando según se desprende del expediente y de lo afirmado por su pupilo, era un peligroso delincuente con varias órdenes de captura, siendo respetable tal concepto, resulta risible e ingenuo que se pueda cumplir con ello en una zona de guerra donde el capturado y sus compinches no han dudado, “como se lee de los paramilitares, en descuartizar, matar a garrote y utilizar sierra, violando niños y mujeres para que el más alto guardián del control de la moral pública diga 9 Radicación No. 161-03473 que habría que tocar primero para avisarles del allanamiento, indicando que nada de este aspecto compete al coronel apelante”. La captura de Carvajal, dadas las circunstancias de tener orden de captura vigente y de haber sido capturado en flagrancia, está amparada por la captura administrativa que le permitía incluso al Coronel ponerlo a disposición de la autoridad competente dentro de las 24 horas siguientes, captura que por demás nunca fue rechazada por la Fiscal, ni lo colocó en libertad, aspecto que dio plena legalidad al procedimiento, recordando que no fue el coronel quien efectuó la captura “sin funcionarios de policía

judicial”. Por todo lo expuesto, se concluye solicitando la revocatoria de la sanción y, en su lugar, se absuelva al oficial ROJAS GUZMAN. 2.- Apoderado del Capitán LIBARDO ANDRÉS LINARES HERNÁNDEZ (folio 718 c.o.3). Lo primero que sorprende es que en el fallo recurrido se haya deferido responsabilidad por la conducta relacionada con el ingreso a la vivienda de ZAIRA GÓMEZ, cuando por otro lado en el auto de formulación de cargos del 23 de febrero de 2006, se dispuso “ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE“ la actuación por dicha conducta, constituyendo ello una violación al derecho de defensa y al debido proceso, lo que configura las causales de nulidad previstas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, numerales 2 y 3. En cuanto a las exculpaciones del segundo cargo, esto es, “Haber ingresado con los uniformados de la Policía Judicial a la residencia descrita como objetivo 13 efectuando la captura del señor ELVANO CARVAJAL, el registro de la vivienda y el decomiso de munición, sin la presencia de la fiscalía, cuando como funcionario de la Policía Judicial le correspondía verificar que el grupo de avanzada esperara a la Fiscal, para poder ingresar a las residencias a allanar , lo que omitió, permitiendo el ingreso a las viviendas y su registro, sin la presencia de la fiscal y sin que esta lo hubiera autorizado”, el fallador no tuvo en cuenta las argumentaciones expuestas por la defensa, las cuales se repiten en el escrito de apelación, así: La actividad de la fuerza pública está supeditada al cumplimiento de las normas

operativas, pero esas normas, como todas, son de carácter general y deben analizarse y aplicarse de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El medio utilizado por la Fuerza Pública para realizar las tareas encomendadas por la Fiscalía a través de la Resolución del 5 de febrero de 2004, fue proporcional y adecuada con relación al fin buscado, es decir, el buen servicio hacia la comunidad 10 Radicación No. 161-03473 en la protección del interés general, traducido en la convivencia pacífica en Villa Garzón (sic), que estaba siendo socavada por personas de alta peligrosidad, como dan cuenta los informes de inteligencia previos a los operativos de allanamiento y registro. La intención de los policiales no era la realización de un hecho punible, ni entorpecer las investigaciones de la Fiscalía, ni vulnerar los derechos constitucionales de los moradores del objetivo No. 13, ni actuar dolosamente. Hay que recordar que fue la misma policía judicial a través del grupo de inteligencia, los que iniciaron las averiguaciones sobre las actividades del grupo de autodefensas que estaba sembrando terror en el municipio y fueron ellos quienes solicitaron a la Fiscalía las órdenes de allanamiento y registro. ELVANO CARVAJAL tenía orden de captura vigente, el registro del inmueble estaba legalmente ordenado por autoridad competente, era un sujeto de alta peligrosidad que en una ocasión anterior logró burlar a la fuerza pública en el momento en que se pretendía su captura. Hay que recordar que la orden de allanamiento fue expedida para 14 viviendas en forma simultánea con presencia de seis fiscales, lo que quiere decir que a cada fiscal

le correspondieron entre dos y tres objetivos. Los operativos debían ser simultáneos, pues no hacerse de tal manera, se corría el riesgo de que la operación fracasara, porque alguno de los delincuentes buscados podía dar la voz de alarma al resto de la organización armada ilegal, Autodefensas Unidas de Colombia, con la posibilidad que escaparan o tendieran una emboscada a los miembros de la Policía. Como por el número de fiscales que participaban, sólo se podían adelantar simultáneamente el allanamiento y registro de seis de los catorce objetivos, el Coronel ROJAS GUZMÁN conformó catorce grupos integrados en su mayoría por funcionarios de Policía Judicial, quienes tenía como misión garantizar la vida y seguridad de los funcionarios de la Fiscalía y la suya propia, siendo necesario, para ello, tomarse y asegurar los catorce objetivos al mismo tiempo, para que cuando llegara el funcionario de la Fiscalía, no corriera riesgo alguno. Nótese que una vez llegaron los policiales al objetivo 13 del presunto delincuente ELVANO CARVAJAL, escucharon ruidos internos, piensan que alguien trata de escapar o de esconderse, pero también podía pensarse que se trataba de una acción para repeler a fuego a los miembros de la fuerza pública. Es entonces cuando la Policía ingresa al lugar y encuentran escondido al solicitado por la autoridad judicial mediante orden de captura expedida legalmente, ELVANO CARVAJAL, a quien aprehenden en espera de la Fiscalía. El procedimiento adelantado por los miembros de la Policía Nacional, no puede considerarse ilegal desde ningún punto de vista. De haber sido ilegal,

11 Radicación No. 161-03473 hubiesen abandonado el lugar junto con el capturado, sin esperar la visita de la Fiscal. Cuando la captura es ilegal, de conformidad con lo previsto en el artículo 353 de la Ley 600 de 2000, el funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad, hecho que no ocurrió en relación con ELVANO CARVAJAL, pues finalmente fue detenido sin que la Fiscal diera aplicación al postulado de la ley penal. Si hipotéticamente la Procuraduría no acoge lo expuesto por la defensa y considera a los disciplinados, entre ellos a los que no son los defendidos por el recurrente, como los autores materiales de los hechos investigados, en el numeral 4 del artículo 28 de la ley 734 de 2002, se encuentra la razón para absolverlos, pues se tiene la plena convicción que actuaron en razón de la necesidad, por salvar un derecho propio o ajeno al cual debe ceder el cumplimiento del deber. “Lo anterior por cuanto, si los policiales tienen la conciencia de no haber hecho nada contra la ley, al encontrarse ante la inminencia de un posible peligro de lesión o muerte , creer firmemente de que alguien pretendía escapar o adelantar un ataque para repeler a quienes participaban en el operativo, en ese momento psicológico ingresan a la morada del presunto miembro del grupo ilegal armado, lo registran para evitar sorpresas terribles, encuentran a un sujeto que tiene orden de captura vigente y lo retienen en espera de la visita fiscal, todo lo cual para sustraerse de ese posible peligro grave y posiblemente inminente contra sus vidas y que estos policiales no

han causado con su voluntad”. Concluye el recurrente su escrito, solicitando se revoque la decisión impugnada y, en su lugar, se absuelva a su pupilo. 3.- Apoderada del Agente DUVIER VELEZ SALAZAR (folio 754 c.o.3). Las pruebas allegadas a la investigación no permiten tener certeza de la responsabilidad disciplinaria de su pupilo, por el contrario, los mismos argumentos expuestos por el a-quo lo eximen de ello, cuando afirma en la decisión recurrida: ”No obstante lo anterior, examinadas las pruebas recaudadas y el comportamiento asumido por el disciplinado en relación con dichas conductas, esta Delegada no encuentra en su actuación la intención deliberada de obstaculizar en forma grave el procedimiento, como tampoco el ánimo de desatender el ordenamiento…siendo de recibo para este despacho que por no ser su especialidad la de Policía Judicial, no tenía la experiencia y el conocimiento suficientes para saber como debía actuar”. 12 Radicación No. 161-03473 La conducta desplegada por VELEZ SALAZAR se enmarca dentro de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria contenida en el artículo 28, numeral 6 de la Ley 734 de 2002, “Con la convic