PGN - Documento 201603111027245

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 083-2146-03

Disciplinado: HERNANDO QUESADA TRUJILLO y FABIAN VANEGAS Cargo: Secretario de Vías e Infraestructura y Jefe de la División de Planeación del Departamento del Huila Quejoso: CGR - Gerencia Departamental del Huila Fecha queja: 30 de mayo de 2003

Fecha hechos: marzo de 2002

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2006 ASUNTO Se procede a RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto contra la Resolución No. 16 de mayo 26 de de 2006 proferida por la Procuraduría Regional del Huila mediante la cual falló en primera instancia el proceso disciplinario adelantado contra los doctores HERNANDO QUESADA TRUJILLO y FABIAN VANEGAS SILVA, en sus condiciones de Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila y Jefe de la División de Planeación de la misma entidad, respectivamente, sancionándolos con MULTA DE ONCE (11) y SESENTA (60) DIAS DE SALARIO, como responsables de la falta disciplinaria imputada en el proceso No. 08302146/03. HECHOS Fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría Regional del Huila el 30 de mayo de 2003 por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Huila que remitió copia del hallazgo disciplinario detectado en el control excepcional practicado al Departamento en mayo de 2003 a fin de que se investigaran las

irregularidades en la selección del contratista a quien se compró la central telefónica del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera de Neiva, pues la dirección que aparece en la oferta, factura de venta y póliza de seriedad, es la misma que registró el segundo proponente en su oferta. TRÁMITE DEL PROCESO Con fundamento en los documentos remitidos la Procuraduría Regional del Huila dispuso la práctica de pruebas en indagación preliminar (FL. 28), al término de las cuales ordenó apertura de investigación disciplinaria contra los señores HERNANDO QUESADA TRUJILLO y FABIAN VANEGAS SILVA, Secretario y Jefe de la División de Planeación de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, respectivamente (FL. 127). Mediante auto de marzo 18 de 2005, formuló cargos a los investigados (FL. 188 y SS), por las conductas que adelante se señalan, los cuales les fueron notificados personalmente (FL. 214 y 224). El apoderado del doctor QUESADA TRUJILLO descorrió el traslado dentro del término legal, con el documento visible a folios 216 y siguientes. La apoderada del investigado VANEGAS SILVA, lo dejó transcurrir en silencio. Con auto de julio 19 de 2005 se resolvió sobre las pruebas solicitadas (FL. 249) y con providencia de febrero 15 de 2006 se corrió traslado para alegar de conclusión (FL. 280). Mediante Resolución 16 de mayo 26 de 2006 la Procuraduría Regional del Huila profirió fallo de primera instancia, sancionando al investigado HERNANDO

QUESADA TRUJILLO, con MULTA de 11 días de salario y a FABIAN VANEGAS SILVA con MULTA de 60 días de salario, como responsables de los cargos formulados en el proceso. Los sancionados interpusieron y sustentaron dentro del término legal, recurso de apelación (Fls. 316 y 328), contra el fallo de primera instancia, por lo que no observándose causal de nulidad que invalide el proceso, se procederá a resolver los recursos impetrados. CARGOS La conducta por la cual se pidió explicaciones al señor HERNANDO QUESADA TRUJILLO es la siguiente: “en su condición de Secretario de vías e Infraestructura, celebró el Contrato No. 046 el 12 de marzo de 2002 con la señora GILMA CASTAÑEDA, cuyo objeto es “suministro de la central telefónica para el centro de convenciones José Eustacio Rivera en el municipio de Neiva…”, conforme a las estipulaciones del contrato. En la celebración del mismo se presentaron presuntas irregularidades consistentes en no haber cumplido con el procedimiento de selección objetiva, toda vez que las dos ofertas que se requerían para el efecto, no se hicieron en la realidad, puesto que para cumplir con el requisito de ley se hicieron invitaciones suscritas por el doctor HERNANDO QUESADA y FABIAN VANEGAS SILVA, en las que no les aparece siquiera dirección de los invitados a cotizar, y se hicieron a nombre de la señora GILMA CASTAÑEDA y ORLANDO GONZÁLEZ, pero en realidad sólo se utilizó el nombre de ORLANDO GONZÁLEZ, para cumplir en la forma, y dar apariencia de

legalidad, con la obligación de solicitar por lo menos dos (2) ofertas, pero de manera real y material el señor GONZÁLEZ no participó en dicho proceso precontractual. Siendo el doctor QUESADA TRUJILLO el ordenador del gasto y teniendo por disposición legal la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección, no ejerció tal deber de manera eficiente y diligente, toda vez que como se anotó anteriormente se presentaron irregularidades en el proceso de selección; en donde se puede observar que las invitaciones que él mismo firmó, no tienen dirección alguna; no hay plazo para presentarlas, además los números con los cuales se llena la forma del anexo que contienen las dos propuestas, a simple vista se observa que son muy parecidas y podría pensarse que son iguales (ver folios 91 y 102) lo cual le debió ofrecer dudas; además con sólo haber mirado el directorio telefónico, hubiera podido observar que ninguna de las dos personas invitadas a cotizar figuraban en el mismo; además la empresa cuyo certificado de existencia y representación legal se anexó, corresponde a la señora GILMA CASTAÑEDA, tan sólo el día de la invitación se había matriculado. 2 Además de ello, en la invitación que se hizo no se fijó término para la presentación de las propuestas, conforme lo dispone el artículo 3º del decreto 855 de 1994. De igual manera tratándose de contratación directa no se hizo el análisis previo a la celebración del contrato de los factores de escogencia, como la experiencia, toda vez que se observa que la señora GILMA CASTAÑEDA fue contratada como persona natural y no allegó

experiencia ninguna frente al objeto del contrato y el certificado de Cámara de Comercio que se allegó con la propuesta da cuenta que la empresa Telecomunicaciones Panasonic, fue matriculada el mismo día en que se efectuó la invitación a cotizar, el día 6 de marzo de 2002”. (FL.188).” La conducta por la cual se pidió explicaciones al doctor FABIAN VANEGAS SILVA es la siguiente: “en su condición de Jefe de planeación de la Secretaría de vías e infraestructura, adelantó el trámite pre contractual, en lo que tiene que ver con las invitaciones a cotizar y presentación de ofertas del Contrato No. 046 del 12 de marzo de 2002 con la señora GILMA CASTAÑEDA, cuyo objeto es “suministro de la central telefónica para el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera en el municipio de Neiva…”, conforme a las estipulaciones del contrato, suscrito por el doctor HERNANDO QUESADA TRUJILLO. En dicha etapa pre contractual, se presentaron presuntas irregularidades consistentes en no haber cumplido con el procedimiento de selección objetiva, toda vez que las dos ofertas que se requerían para el efecto, no se hicieron en la realidad, puesto que para cumplir con el requisito de ley se hicieron invitaciones suscritas por el doctor HERNANDO QUESADA y FABIAN VANEGAS SILVA, en las que no les aparece siquiera dirección de los invitados a cotizar, a nombre de la señora GILMA CASTAÑEDA y ORLANDO GONZÁLEZ, pero en realidad sólo se utilizó el nombre de ORLANDO GONZÁLEZ, para cumplir en la forma, y dar apariencia de legalidad, con la obligación de solicitar

por lo menos dos (2) ofertas, pero de manera real y material el señor GONZÁLEZ no participó en dicho proceso pre contractual. Además de ello, en la invitación que se hizo no se fijó término para la presentación de las propuestas, conforme lo dispone el artículo 3º del decreto 855 de 1994.” Como normas presuntamente violadas con la anterior conducta fueron citados los artículos 6º, 123 y 209 de la Constitución Política; 40 numeral 1º de la Ley 200 de 1995; 26 numerales 2 y 5, 29 y 24 numeral 8º de la Ley 80/93 y 2 del Decreto 855 de 1994. La falta fue calificada en forma provisional como GRAVE e imputada a título de responsabilidad con CULPA GRAVE, al doctor QUESADA TRUJILLO. Y como GRAVE y DOLOSA al doctor VANEGAS SILVA.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

3 La Procuraduría Regional del Huila declaró responsables a los investigados de los cargos imputados en el proceso, al considerar que las pruebas allegadas demostraban la ocurrencia de las faltas y la responsabilidad de los encartados HERNANDO QUESADA TRUJILLO y FABIAN VANEGAS SILVA, Secretario y Jefe de la División de Planeación, ambos de la Secretaria de Vías del Departamento del Huila, respectivamente, con lo cual habían incurrido en violación de las normas citadas como violadas en el auto de cargos. En relación con el Ingeniero HERNANDO QUESADA TRUJILLO, afirmó que había suscrito el Contrato No. 046 el 12 de marzo de 2002, con la señora Gilma Castañeda

Castañeda, para el suministro de la central telefónica para el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera de Neiva, por valor de $59.450.000,00 conforme a la competencia y delegación que le había sido conferida por el Gobernador del Huila a través del Decreto No. 0026 del 12 de enero de 2001. Que como ordenador del gasto y responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual delegada, así como encargado de adelantar el proceso de selección del contratista, debió verificar el trámite y la documentación presentada, puesto que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública le impone el deber de intervenir en todo el proceso contractual, el cual incluye la etapa precontractual, para garantizar la aplicación de los principios y fines de la contratación. Que eran de su cargo por hallarse bajo una relación de sujeción y como no lo hizo actuó con negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Afirmó que la dirección residencial o laboral de los invitados a cotizar GILMA CASTAÑEDA CASTAÑEDA y ORLANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, no figuraba en el directorio telefónico; que se había omitido la comparación de las ofertas con referencia a criterios de experiencia, pues el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Neiva a la señora GILMA CASTAÑEDA, no refería experiencia anterior, indicaba que la Empresa de Telecomunicaciones Panasonic, fue matriculada el mismo día de la invitación a cotizar, el 6 de marzo de 2002, como se consignó en el auto de cargos. Estimó que no eran de recibo las explicaciones dadas respecto a que el señor

ORLANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, participó en debida forma en el proceso contractual, pues al rendir su testimonio ante la Procuraduría indicó que facilitó a su hermano IVAN DUARTE, su nombre y la documentación, para que presentara la propuesta, como requisito para la adjudicación del contrato. De otro lado, tampoco verificó la experiencia y dedicación de éste contratista, por cual consideró no desvirtuada la falta. Sobre el arquitecto FABIAN VANEGAS SILVA, Jefe de la División de Planeación de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, encargado de adelantar el proceso de selección del contratista para el suministro de la central telefónica cuestionada y quien hizo las invitaciones a cotizar directamente, estimó que efectuó una selección del contratista que no fue objetiva, porque las dos ofertas exigidas por el Decreto 855 de 1994, no se hicieron en realidad, pues la propuesta presentada por la señora GILMA CASTAÑEDA CASTAÑEDA, con quien se firmó el contrato, se elaboró simultáneamente con la oferta presentada por el señor ORLANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, hijo de la anterior, y asesorado por su hermano IVAN DUARTE CASTAÑEDA, para hacer presumir que se trataban de ofertas diferentes. 4 Consideró que el disciplinado FABIAN VANEGAS SILVA, conocía de este irregular procedimiento, pues las dos (2) solicitudes de cotización que hizo fueron a GILMA CASTAÑEDA CASTAÑEDA y ORLANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, de quienes no se tenía la dirección residencial o laboral o el número telefónico donde se pudieran

ubicar, lo cual demuestra que la entrega de las propuestas fue por consenso entre el disciplinado y los oferentes, que tenían como interlocutor común a IVAN DUARTE

CASTAÑEDA.

En la declaración rendida por el señor ORLANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, obrante a folios 159 a 161, afirma que no presentó propuesta para el Contrato No. 046 de 2002 y que la obrante en la documentación, es la realizada de acuerdo con su hermano IVAN DUARTE CASTAÑEDA, para presentarla con su firma, porque se exigía como requisito. No aceptó la justificación dada por el disciplinado en su versión libre, al expresar que envió invitaciones a quienes aparecen en el Directorio telefónico, pues la manifestación se infirma con las pruebas aportadas en el proceso, dado que en el directorio telefónico no aparecen inscritos los oferentes, que sólo figura el señor IVAN DUARTE, hermano de ORLANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA, quien no fue invitado y que la firma Telecomunicaciones PANASONIC no aparece y no podía aparecer porque sólo se matriculó el 6 de marzo de 2002, fecha en que se invitó a cotizar. Encontró demostrada la omisión en fijar término para la presentación de propuestas, con la declaración de GILMA CASTAÑEDA CASTAÑEDA, que manifestó no estar informada del asunto. Asegura el fallador de primera instancia que el disciplinado FABIAN VANEGAS SILVA, tenía pleno conocimiento que una sola persona realmente estaba presentando las dos propuestas, puesta tal invitación estuvo a su cargo y fue quien

seleccionó a la contratista GILMA CASTAÑEDA, que su actuación trató de ajustar el procedimiento contractual al principio de selección objetiva consagrado en el artículo 24 numeral 8º de la ley 80 de 1993, en armonía con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 855 de 1994, pero adrede y con plena conciencia omitió la realización de un estudio de mercados. Que debió invitar a cotizar el suministro de los equipos requeridos a los proveedores de la ciudad de Neiva. Encontró que con su conducta los sancionados habían violado el artículo 6º de la Constitución Política, que establece responsabilidad a los servidores públicos por infracción a la Constitución, a las Leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones; el artículo 40 numeral 1º de la Ley 200 de 1995 vigente por la época de ocurrencia de los hechos, por cuanto incumplieron el deber de observar la ley, en este caso el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en sus artículos 26 numerales 2 y 5 que imponen responsabilidad a los servidores públicos por sus actuaciones u omisiones antijurídicas y al jefe o representante de la entidad por las irregularidades en la dirección y manejo de la contratación a su cargo; 29 que establece el deber de selección objetiva del contratista, conforme al cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés, y que determina qué ofrecimiento es más favorable, es el que tiene en cuenta factores como

cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazos, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos y en el caso de contratación directa, el 5 más ventajoso a la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los antes señalados; los artículos 2º y 3º del Decreto 855 de 1994, conforme al cual en la contratación directa deberá tenerse en cuenta que la selección objetiva deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial el deber de selección objetiva establecidos en la Ley 80/93; y 3º que establece la obtención previa de por lo menos dos ofertas cuando el monto de la contratación no exceda la menor cuantía. La primera instancia calificó la falta endilgada al ingeniero HERNANDO QUESADA TRUJILLO, en forma definitiva como GRAVE, dada la jerarquía y mando del disciplinado, quien ostentaba el cargo de Secretario de Vías e Infraestructura del Huila, el mal ejemplo dado a sus subalternos, la modalidad de la falta, procedimiento de ejecución presupuestal que constituye uno de los más importantes de la función pública y requiere cuidado y diligencia en su ejecución. Y la imputó a título de responsabilidad con CULPA, por que al omitir el deber de verificar el trámite del proceso, fue negligente e inobservó el cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. Y en relación con FABIAN VANEGAS SILVA, calificó la falta también como GRAVE y la imputó a título de responsabilidad con DOLO, al encontrar que actuó con pleno conocimiento de que se trataba de una sola persona y con la intención de burlar el

Estatuto Contractual, que teniendo conocimiento del deber a su cargo se dispuso a actuar en forma contraria. Impuso como sanción disciplinaria al encartado HERNANDO QUESADA TRUJILLO, MULTA equivalente a ONCE (11) días del salario devengado, la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($871.567.oo) PESOS M/CTE. Conforme a la certificación que obra al folio 143 del proceso. Y a FABIAN VANEGAS SILVA, sanción consistente en MULTA equivalente a sesenta (60) días del salario devengado para la vigencia 2002, la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($3.870.000.oo) PESOS M/CTE. conforme a la certificación que obra al folio 141 del proceso. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION El apoderado del sancionado HERNANDO QUESADA TRUJILLO, al sustentar el recurso de apelación, reitera los argumentos de descargos y afirma que la Procuraduría parte de una suposición o simple sospecha, desconociendo las piezas probatorias que aparecen en el expediente y desvirtúan las conclusiones falsas. Que en el proceso aparecen las solicitudes remitidas a dos personas para presentar ofertas para el suministro de la central telefónica, una dirigida a Gilma Castañeda y otra a Orlando González, que aparecen recibidas por ellas, con su número de identificación y dirección. Circunstancia que además fue confirmada por los invitados al rendir su versión en el proceso. Señala que se allegaron las propuestas, las pólizas de seriedad de la oferta y los

demás documentos solicitados en la invitación, tales como fotocopia de las cédulas de ciudadanía, número de identificación tributaria, certificado de matrícula de la 6 Cámara de Comercio de Neiva, lo que permite concluir que la afirmación de la Procuraduría en la primera parte del cargo, no se ajusta a la verdad, dado que las pruebas demuestran lo contrario. Que ocurre igual en el segundo párrafo del cargo, en donde se vuelven a hacer conjeturas a partir de que no aparece la dirección en la invitación, que como suele suceder muchos comerciantes tienen registrado en el directorio telefónico una razón social con su respectiva dirección, pero como son personas naturales solicitan que las invitaciones se hagan a sus nombres como ocurrió en este caso. Al revisar los certificados de Cámara de Comercio se puede apreciar que se trata de personas naturales, con direcciones diferentes. También señala que en el cargo se dice que no se fijó plazo para presentar las ofertas, cuando al leer los documentos a folios 87 y 101, se ve que el plazo otorgado era de 5 días. Que se afirmó que los números de las ofertas son parecidos y entonces invierte la aplicación del principio de buena fe, al darle crédito a la mala fe, sin tener en cuenta que en la contratación estatal éste mandato es perentorio, el hecho de que los documentos en sus números y letras se parezcan, no prueba que haya habido irregularidad, por el contrario las declaraciones demuestran que cada ofertante recibió la invitación, suscribió las propuestas y las presentó ante la gobernación atendiendo la exigencia, circunstancia que desvirtúa la afirmación de la Procuraduría.

Que por el hecho de que el certificado de la Cámara de Comercio señale que se inscribió como persona natural el mismo día de la solicitud de oferta, la Procuraduría no puede deslegitimar la oferta, dado que no existe causal o precepto legal que diga que, no se le podía cursar invitación por ese hecho. Conforme al artículo 28 de la Ley 80/93 en la contratación directa la adjudicación se hace a la oferta más favorable, sin evaluación de experiencia, organización, equipos, plazo y demás, pues este requisito se establece para las licitaciones y concursos, por lo que nuevamente afirma que la primera instancia incurrió en error. Finalmente, señala que por distribución de funciones le correspondía al Jefe de la División ejecutar todo el proceso precontractual y no a su defendido, quien debía ocuparse de otras labores, por lo que mal puede exigírsele la verificación de los proceso previos a la contratación. Encuentra que no se analizó hasta donde puede llegar la responsabilidad de un funcionario cuando a otros les compete realizar determinados cometidos, como acá ocurre y cuando se trataba de un funcionario de confianza, que la responsabilidad no podía extenderse al superior jerárquico. Sobre la calificación de la conducta como falta grave considera que su asistido no actuó en forma negligente en el cumplimiento de su deber, por cuanto ésta era una función que estaba a cargo del jefe de la división de vías e infraestructura, que tenía la obligación de informar cualquiera anomalía y nunca lo hizo; y que no incurrió en incumplimiento del deber, lo que correspondía como ordenador del gasto lo cumplió

a satisfacción y no se extralimitó en su función, ni incurrió en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. Por lo que solicita la absolución de su representado. Por su parte, la apoderada del sancionado FABIAN VANEGAS SILVA, afirma que su defendido realizó las invitaciones a los oferentes vía telefónica, solicitando enviaran 7 las propuestas a su despacho, previa consulta en el directorio telefónico de los establecimientos de comercio que podían prestar el servicio requerido por la entidad. Que consultó las páginas amarillas del directorio telefónico (2001-2002) e invitó a los únicos dos proveedores que contestaron su llamado, por que la otra firma que allí aparece ya no existía. Las direcciones y teléfonos de TELEFONIA PANASONIC y THE PANASONIC, que consigna en el líbelo son las que aparecen en la guía telefónica, de la cual anexa fotocopia auténtica. Por ello, considera que no es cierta la afirmación de la Procuraduría en el sentido que la contratista no figuraba en el directorio telefónico y que la decisión se fundamenta en supuestos con los que consecuencialmente se produjo decisión que falta a la verdad jurídica y real. Afirma que no existió consenso entre el sancionado y los oferentes, ni coordinación de Iván Duarte, como lo señala la primera instancia, pues su cliente invitó a dos establecimientos comerciales abiertos al público, registrados en el directorio telefónico, en donde los dueños tenían apellidos diferentes, lo cual no permitía presumir parentesco entre ellos, que una de las personas con las que se comunicó le

solicitó cursar la invitación a nombre de Gilma Castañeda Castañeda, por que era la actual propietaria del establecimiento, pero no expuso detalles o vínculos de la relación existente con el otro invitado, que tampoco su defendido estaba obligado a conocer el árbol genealógico de éstos. Señala que además del principio de selección objetiva, existen los principios generales del derecho, como lo señala el artículo 23 de la Ley 80/93, que involucra el principio de buena fe, presumible de los oferentes y por ende oponible a la administración. En virtud del cual no puede presumirse que el arquitecto era conocedor del acuerdo entre éstos, ni que hubiera cohonestado su actuación, ni que hubiera permitido y menos buscado la conducta, como parece afirmarlo la Procuraduría, sino que debe reconocerse que actuó de buena fe, que se debió presumir su inocencia, pues fueron los oferentes quienes actuaron en forma deshonesta y lo engañaron. Solicita que se efectué un cotejo entre la copia auténtica que anexa del directorio telefónico 2001-2002 y la prueba que obra en el expediente, incluyendo la factura expedida por Gilma Castañeda, verificando que el logo y literatura es idéntica a la que se aprecia en el pagina 107 del directorio, pero con diferente nombre y que en caso de duda se pida una copia del directorio a la empresa de telecomunicaciones de la región. Adicionalmente, señala que las direcciones registradas por Gilma Castañeda y Orlando González en la Cámara de Comercio son diferentes. De otra parte, considera violado el debido proceso, pues su representado tenía

derecho a ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia. En este caso, la apertura de indagación preliminar se dispuso con auto de junio 10 de 2003 y se le vinculó formalmente el 25 de noviembre de 2003 al rendir declaración juramentada, posteriormente se amplió su versión libre, que en realidad no había sido rendida, violando su derecho de defensa. Por lo cual concluye pidiendo la declaratoria de nulidad el proceso o la revocatoria del fallo sancionatorio.

CONSIDERACIONES

8 SOBRE LA SOLICITUD DE NULIDAD DEL PROCESO Antes de entrar a resolver sobre el fondo del asunto se procederá a hacer pronunciamiento respecto a la solicitud de nulidad del proceso, planteada por la abogada del arquitecto FABIAN VANEGAS SILVA, que no funda en ninguna de las causales que al efecto contempla el artículo 143 de la Ley 734/02, ni plantea dentro del término señalado por el artículo 146 ibidem, situación que no obligaría hacer pronunciamiento al respecto, de acuerdo a lo señalado por el artículo 143 del C. de

P. C. aplicable al proceso disciplinario en virtud del principio de integración normativa contemplado en el artículo 18 del CDU, pero en aras de hacer claridad sobre la presunta violación del derecho de defensa del investigado se procederá a resolver la petición.

Al respecto, encuentra el Despacho que el derecho de defensa del investigado FABIAN VANEGAS SILVA, no resulta conculcado en este caso, pues en su oportunidad fue notificado de todas y cada una de las providencias proferidas en el trámite del proceso, se le escuchó en versión libre el 19 de julio de 2004 como consta

en el acta que obra al folio 162 del proceso, y se le recepcionó la ampliación de versión libre que solicitó el 20 de septiembre de 2004 (FL. 181); y nuevamente se le escuchó en versión el 14 de octubre de 2005 (FL. 272), diligencias que no adolecen del yerro señalado por su apoderada, pues no es cierto que se diga que se trataba de la ampliación de versión, cuando con anterioridad había rendido era una declaración bajo juramento, pues en el encabezado de las actas se anota:

“DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE RENDIDA POR EL DOCTOR FABIAN VANEGAS

SILVA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 79,292.182 DE

BOGOTA” y “VERSION LIBRE RENDIDA POR EL ARQUITECTO FABIAN

VANEGAS SILVA, IDENTIFICADO CON LA C.C. No. 79.292.182 EXPEDIDA EN

BOGOTÁ, RESIDENCIADO EN MANGA CALLE 29 NO. 17-275 APTO 6B CUARTA

AVENIDAA EDIFICIO MAZATLÁN.” Adicionalmente, si bien el investigado rindió declaración bajo juramento en el proceso (FL. 122), lo hizo en indagación preliminar el 25 de noviembre de 2003, antes de haber sido vinculado a la investigación disciplinaria, que tuvo ocurrencia el 30 de enero de 2004 (FL. 127). Ahora bien, tampoco es cierto que la vinculación del señor Vanegas Silva se hubiera producido en la fecha en que rindió declaración bajo la gravedad del juramento, pues

esta actuación no confiere el status de investigado disciplinariamente, sino que se requiere de la expedición de un auto de apertura de investigación disciplinaria en su contra, que se repite ocurrió en este caso, el 30 de enero de 2004. Por tanto, la petición de declaratoria de nulidad del proceso deberá despacharse en forma desvaforable. De otro lado, mal puede alegar violación del derecho de defensa del investigado, su apoderada, cuando fue ella la que omitió presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera instancia; y cuando la abogada a quien reemplazó tampoco presentó descargos, ni solicitó pruebas en el proceso. Actuaciones que no devienen de la Procuraduría, sino del propio investigado y sus apoderadas, a quienes se solicitó investigar disciplinariamente en auto de julio 19 de 2005 (FL. 249). En consecuencia, la petición de nulidad del proceso será despachada en forma desfavorable. 9 SOBRE LOS CARGOS FORMULADOS La situación jurídica de los señores HERNANDO QUESADA TRUJILLO y FABIAN VANEGAS SILVA, se analizará en forma conjunta, pues la falta que se sancionó es la misma. Ahora bien, revisados los argumentos de apelación, los cargos y las pruebas que obran en el expediente, considera el Despacho que la providencia sancionatoria apelada debe ser confirmada, pues la falta disciplinaria imputada no fue desvirtuada, ni puede justificarse con los argumentos dados por los recurrentes, como se pasa a exponer. Sin lugar a dudas la selección del contratista con quien HERNANDO QUESADA TRUJILLO suscribió el Contrato 046 el 12 de marzo de 2002, se hizo violando el

deber de selección objetiva y los principios que rigen la contratación de la administración pública, pues previamente no se obtuvieron las dos ofertas que para contratar exigían las normas sobre la materia. En efecto, si bien la Ley 80 de 1993, autoriza la contratación directa como una forma de adjudicación, esta es excepcional y procede únicamente en los casos taxativamente contemplados en ella. En consecuencia, so pretexto de este carácter excepcional no pueden desconocerse los motivos de interés público que sirven de fundamento y causa a la contratación estatal. Sino que la administración debe someterse a ciertas pautas o reglas mínimas que preserven el mencionado interés, garantizando siempre los principios de economía, transparencia y selección objetiva, por tanto la selección del contratista no puede ser arb