PGN - Documento 201603111027280

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la

Vigilancia Administrativa

Radicación: 061-00939-04

Disciplinado: Selma Susana Smith Aguilar Cargo y entidad: Operaria Verificador del Aeropuerto de

San Andrés Quejoso: De oficio Fecha queja: Febrero 9 de 2004

Fecha hechos: Febrero 8 de de 2004

Asunto: Irregularidades al cobrar dinero a los turistas.

Estado: Fallo de segunda instancia

Bogotá DC, 15 de septiembre de 2006 ASUNTO Esta Delegada en virtud de la competencia otorgada por el numeral 4 del artículo 25 del decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, conoce en segunda instancia la decisión adoptada mediante providencia del 3 de febrero de 2006, por medio de la cual la Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en fallo de primera instancia sancionó disciplinariamente a la señora Selma Susana Smith Aguilar, en su calidad de particular que cumplía funciones públicas en la Gobernación Departamental de San Andrés, como operario verificador en la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCRE de la Gobernación de San Andrés, con suspensión del cargo por un mes e inhabilidad especial por el término de treinta (30) días. ANTECEDENTES PROCESALES Se originó la presente actuación disciplinaria con fundamento en el informe rendido el 9 de febrero de 2004, por funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en el que señaló, que siendo aproximadamente las 11:25, la señora Selma

Susana Smith, quien prestaba su servicio en la sala de espera número 3 del Aeropuerto Rojas Pinilla de San Andrés, al notar que dos turistas que se disponían a abordar el vuelo 7513 de Aerorepública con destino a Medellín, no portaban la tarjeta de turismo, por lo que les indicó que debían cancelar la suma de $17.000, por cada uno, y que el funcionario del DAS, le encontró en sus manos la suma de $34.000, dinero pagado por los turistas (folios 2 a 5). Por esa conducta la Procuraduría Regional de San Andrés mediante auto del 12 de mayo de 2005, le formuló el siguiente C A R G O: (folio 67 a 78) “4.1.1.- Usted, SELMA SUSANA SMITH AGUILAR, a quien le fue encomendado la función pública de verificador operario de la Oficina de la OCCRE ubicada en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, mediante la orden de prestación de servicio No. 924 de 30 de septiembre de 2003, pudo haber recibido sin estar autorizada, de dos turistas que se disponían a abordar el vuelo No.7513 de Aerorepública con destino a la ciudad de Medellín, la suma de $34.000, el día 8 de febrero de 2004, en razón a que no portaban la tarjeta de turismo correspondiente.” Como norma violada le fue citado el numeral 10 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002.

DESCARGOS: Una vez notificada la investigada, presentó sus descargos a través del apoderado, doctor Andrés Brandt Mcnish, quien entre otros, señaló que la ley 734 de 2002,

determina claramente cuáles particulares son disciplinables, para lo cual los determina en los que cumplen labores de interventoria, los que ejercen funciones públicas en lo que tiene que ver con estas, los que prestan servicios públicos a cargo del Estado, los que administran recursos del Estado, los conciliadores y árbitros descritos en el parágrafo 2º del artículo 55 del CDU y los notarios. Que los contratistas de prestación de servicios, como la implicada, no se encuentran dentro de los anteriores; describe lo reglado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 52 es-judem, además transcribió apartes de la sentencia C-280/96, para determinar que éstos, no son destinatarios del régimen disciplinario, agrega la defensa, que cualquier interpretación contraria a los planteamientos por él esbozados, es una prepotencia burocrática, que los contratos de prestación de servicios que impliquen subordinación y dedicación de tiempo completo, están prohibidos por la ley 734 de 2002, que constituye falta gravísima. Por otra parte, señala la defensa que, el informe rendido por el funcionario del DAS, no fue ratificado ante la Procuraduría, por lo que considera que éste no tiene valor probatorio, ni indiciario, que antes de recibir el testimonio a la señora Amparo Forbes, no se le informó a la implicada, para que ejerciera el derecho de controvertirlo, vulnerándose el debido proceso, que los testimonios de las señoras Selma Smith y Heidi María Smith, son concordantes y coinciden que su prohijada, no tuvo en sus

manos el dinero, puesto que se encontraba en el counter, y que la capacitación por ella recibida, fue para ejercer funciones en la oficina administrativa del archivo de la OCCRE. Agrega el defensor que, al hacer el análisis del aspecto subjetivo de la falta, se le endilgó una conducta omisiva, porque la investigada omitió verificar en el sistema, si los turistas habían adquirido la tarjeta, comportamiento totalmente opuesto y diferente al que se la describió por cobrar a dos turistas por la tarjeta de turismo y recibió el dinero, situación contraria a la verdad y a la realidad probatoria, porque que quedó demostrado que la investigada no exigió el pago de ese dinero, ni lo recibió, sino que le comunicó a los turistas que debían adquirir la tarjeta ante la funcionaria de Aerorepública, que se trató de un hecho desafortunado que no tuvo consecuencia, ni perturbó la prestación del servicio, y que la jefe inmediata le llamó la atención a la investigada, por lo que consideró que, no era necesario poner en funcionamiento el aparato represivo de la Procuraduría. Culminó la defensa solicitando decretar la nulidad por las causales contempladas en el artículo 143 del Código Disciplinario Único. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA (fol. 144 a 165) Mediante providencia del 3 de febrero de 2006, la Procuraduría Regional de San Andrés falló en primera instancia el proceso, que culminó con sanción de suspensión 2 del cargo por un mes, e inhabilidad especial de treinta (30) días para la señora

SELMA SUSANA SMITH AGUILAR.

Sostuvo el aquo en su decisión que, los argumentos presentados por la defensa no cuentan con respaldo legal ni probatorio, puesto que el informe rendido por el funcionario del DAS, y la declaración de la señora Amparo Forbes, corroboran los hechos, que además las versión libre rendida por la señora Heidi María Smith y la propia implicada Selma Smith, riñen con el informe rendido por el Das, desestimó los argumentos de la defensa relacionados con la ausencia de mala intención de la encartada, por falta de capacitación y por la inexperiencia de ésta, señalando que el cargo se le formuló por extralimitación en sus funciones, cuando ejecutaba el contrato 924 de 2003, porque solicitó y recibió de los turistas la suma de $34.000, para la compra de tarjetas de turismo sin estar autorizada y que no se estaba investigando el delito. Acepta la primera instancia que, dentro del plenario no existe prueba que demuestre que la investigada obró con conciencia del quebrantamiento de la ley, pero que su comportamiento sí fue negligente, señalando un aparte del contenido del parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de 2002, que prescribe “(…). La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.”, que por lo tanto la señora Selma Smith, no estaba exenta de obrar con cautela y prevención, en consecuencia no debió apresurarse a tomar la decisión de pedir a los turistas el valor de la tarjeta de turismo, pues si hubiera revisado el sistema se podría dar cuenta que estos ya habían pagado dicha tarjeta.

No aceptó la Procuraduría Regional de San Andrés, el argumento de la implicada, señalado en la falta de inducción y capacitación de su labor en la oficina OCCRE, teniendo en cuenta que la oficina jurídica de la Gobernación, certificó que dicha señora, sí recibió el programa de capacitación para el desempeño de las funciones de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, que además la prueba que conduce a la certeza de la falta y a la responsabilidad de la disciplinada es el testimonio de la señora Amparo Forbes Evans, el cual avala el informe del funcionario del DAS. Por otra parte señaló el a-quo, que si bien es cierto la implicada no es funcionaria de la planta de personal de la Gobernación, a folio 61 del expediente obra la orden de prestación de servicio 924 del 30 de septiembre de 2003, por lo tanto desarrollaba una función pública, inherente a la naturaleza del ente público contratante, en consecuencia, para la época de los hechos, era sujeto pasivo de la acción disciplinaria, puesto que las labores del mencionado contrato corresponden a funciones públicas. En cuanto a la nulidad solicitada por la defensa, señaló el fallador de primera instancia, que el argumento que solicita la nulidad, fue analizado y valorado en acápite anterior, y que quedó demostrado que la implicada Smith Aguilar, contratista de la Gobernación de San Andrés, desarrollaba una función pública. Consideró la primera instancia que, la conducta de la señora Selma Susana Smith, fue culpable, típica y antijurídica, por lo que se hizo merecedora a la sanción por parte de la Procuraduría, la cual cometió a titulo de culpa y se le calificó como

3 gravísima, al señalar que el tipo disciplinario adoptado por ella era el contenido en el numeral 10 del artículo 53 de la ley 734 de 2002. Para la graduación de la sanción, la Procuraduría Regional de San Andrés, se apoyó en el contenido de los artículos 44 numerales 2, 46 y 47 ibídem. APELACIÓN (folios 169 a 174) Luego de surtirse la notificación del fallo sancionatorio de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional de San Andrés, el apoderado de la implicada impugna el fallo exponiendo casi la mayoría de los argumentos expuestos en los descargos. Solicitó finalmente que se revoque la decisión de instancia. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Luego de revisadas las diligencias, encuentra el despacho que efectivamente, existen causales de nulidad que afectan el debido proceso; como la existencia de irregularidades sustanciales, tanto en el auto de cargos del 12 de mayo de 2005, como en el fallo de primera instancia, sin embargo, este despacho no la declarará, toda vez que el implicado no puede ser responsable de las falencias del Estado, y que además las pruebas que obran al plenario, permiten desvirtuar la imputación, por lo que declararla, seria un desgaste innecesario para la administración, lo cual permite desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 3 de febrero de 2006, mediante la cual la Procuraduría Regional de San Andrés, en fallo de primera instancia, sancionó disciplinariamente a la implicada Selma Susana Smith Aguilar, en su calidad de verificador operario en la Oficina de Control de Circulación y

Residencia-OCCRE de la Gobernación de San Andrés, vinculada mediante la modalidad de orden de prestación de servicio. Antes de desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la investigada Selma Susana Smith, es del caso señalar, que efectivamente el auto de cargos carece del requisito reglado por el numeral 8 del artículo 163 del Código Disciplinario Único, puesto que allí se señala, que el operador disciplinario en el contenido de la decisión de cargos, debe hacer un análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Sin embargo, el Despacho observa, que en dicha providencia la Procuraduría Regional de San Andrés, no es que haya olvidado pronunciarse al respecto, sino que contrario a la realidad procesal, en el numeral 5 del auto de cargos (folio 74), señaló “5.-Argumentos de la investigada Hasta la fecha no se registra en el expediente disciplinario la existencia de escritos contentivos de explicaciones o argumentos expresados por la investigada en su defensa.” Sin tener en cuenta que la investigada Selma Susana Smith, había rendido versión libre ante ese Regional el 24 de junio de 2004, y allí expuso sus argumentos en el ejercicio del derecho a la defensa, es decir, el aquo desechó de plano lo afirmado por la implicada. Situación que sin lugar a dudas configura una causal de nulidad de la actuación, puesto que estos deben ser analizados en el auto de cargos, tal como lo dispone la norma antes citada. La doctrina ha reiterado el respeto por el cumplimiento de los requisitos formales del auto de cargos, señalando, que éste continúa erigiéndose como el pilar que sostiene

el proceso disciplinario, acogiendo los lineamientos jurisprudenciales en esta materia, 4 especialmente en cuanto a la exigencia para que se analicen los argumentos expuestos por los sujetos procesales, garantizándose con mayor fuerza el derecho de defensa y el debido proceso, lo cual redunda a favor del disciplinado y obliga al operador jurídico disciplinario a tener un mayor cuidado en la formulación del cargo. El desconocimiento de estos requisitos genera nulidad del acto administrativo que lo contiene, de allí que se haya construido una dogmática jurídico-administrativa como resultado de la constante labor de los operadores disciplinarios en todos los órdenes jerárquicos (Nulidades en el Derecho Disciplinario-Instituto de Estudios del Ministerio Público Colección Derecho Disciplinario No. 11). Por otra parte, el fallo de primera instancia en la valoración de la culpa, la Procuraduría Regional sostiene que, “(…) existen suficientes elementos de convicción para demostrar su negligencia grave toda vez que de conformidad con el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 “La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones” (fl 53). Olvidó la Procuraduría Regional, que estaba investigando a un particular que transitoriamente cumplía funciones públicas, porque este artículo está destinado exclusivamente para clasificar las sanciones que se deben imponer a los servidores públicos, mientras que la sanciones de los particulares destinatarios de la ley disciplinaria, son las señaladas en el artículo 56 del CDU, además, con esos

argumentos le ha señalado que la culpa fue grave, pero en el análisis de culpabilidad y determinación de la falta, la señala como gravísima a titulo de culpa, y para graduar la sanción se apoya nuevamente en el artículo 44, además de los artículos 46 y 47 de la Ley 734 de 2002, cuando el correspondiente era el artículo 57 ibídem, es decir, se le impuso a la implicada una sanción que corresponde a los servidores públicos y que por lo tanto, no se le podía aplicar. Estas circunstancias indudablemente, encuadran dentro de la causal 3 del artículo 143 del Código Disciplinario Único, puesto que son irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Sin embargo, como lo señaló esta Delegada al inicio de las consideraciones, no es procedente a esta altura del proceso declarar su nulidad, puesto que las pruebas obrantes al plenario, son suficientes para revocar la decisión de primera instancia y absolver de responsabilidad a la encartada, veamos: Se le endilgó a la señora SELMA SUSANA SMITH AGUILAR, haber recibido sin estar autorizada, de dos turistas que se disponían a abordar el vuelo 7513 de Aerorepública con destino a la ciudad de Medellín, la suma de $34.000, el día 8 de febrero de 2004, en razón a que no portaban la tarjeta de turismo correspondiente. En virtud del principio de legalidad corresponde a la ley determinar las conductas que constituyen faltas disciplinarias, es así como el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, establece como infracciones a la ley disciplinaria, el incumplimiento de los deberes,

el abuso o extralimitación de los derechos o funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses. Por su parte, el artículo 142 ibídem, es claro en precisar, que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza 5 sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del implicado, significa lo anterior, que para poder sancionar al implicado deben darse dos supuestos, el primero de ellos es la existencia de la falta que vulnere el buen funcionamiento de la administración pública, el cual dentro de la presente actuación disciplinaria no se dio, en el texto de la presente actuación, no existe ninguna prueba de que efectivamente la señora SELMA SUSANA SMITH, haya exigido a los turistas el dinero correspondiente al valor de las tarjetas de turismo, con algún interés personal, porque el propio informe del funcionario del DAS, da cuenta de que efectivamente tales turistas, no tenían en su poder las tarjetas que les permitiera dejar el aeropuerto o abordar su vuelo, ya que era un requisito para proceder a abordar. Pues según el artículo 14 del decreto departamental 2762 de 1991, las personas que deseen visitar el departamento de San Andrés, deben obtener la tarjeta de turista y presentarla a los funcionarios correspondientes, por lo tanto, la señora SMITH AGUILAR, al notar que dichos turistas no contaban con la tarjeta de turistas, los requirió para que estos la adquirieran, ahora, si bien es cierto ya la habían cancelado, igual lo es que al momento de abordar el avión no la llevaban con ellos.

Por otro lado, el segundo supuesto que debe darse conforme lo dispone el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, es la responsabilidad subjetiva de la disciplinada en un acto como hecho voluntario de su conducta, lo que vale decir, demostrar la autoría del hecho, el cual dentro del caso subjúdice, no se dio, porque al plenario se allegó el material probatorio que determina la inimputabilidad de la conducta, que determina con claridad, que no existía ningún interés personal por parte de la señora SELMA SUSANA SMITH, mas que el de cumplir con el deber de exigir a los viajeros la correspondiente tarjeta de turista, además si efectivamente en algún momento les requirió el valor de de esta tarjeta, no está probado que haya intentado apropiarse de ese dinero, pues como lo señaló la primera instancia, no fue esa la imputación que se hizo en el auto de cargos, sino el haberse extralimitado en el ejercicio del cargo al recibir de los turista el valor de las mencionadas tarjetas, lo que tampoco constituye falta disciplinaria, puesto que dicha conducta no se adecua a los postulados del artículo 23 de la Ley 734 de 2002. En declaración de la señora EDELMIRA IDILIA BROWN STEELE (folios 45 a 47), quien era la funcionaria de Aerorepública que para la fecha de los hechos se encontraba en el aeropuerto de San Andrés y encargada de vender las tarjetas de turistas, señaló que, por ser los dos últimos pasajeros y por el tiempo de abordaje, pudo ser que no se acercara al counter donde se encontrara la señora Smith Aguilar, para entregar dichas tarjetas, que igualmente pudo ser posible que le haya pedido a

Smith, que tomara los datos de los dos pasajeros, versión que no fue valorada en el curso de la investigación y que tampoco se tuvo en cuenta al momento de proferir el fallo de primera instancia, el cual sirve de indicio para determinar que la implicada en ningún momento quiso transgredir el ordenamiento jurídico. Además, en las declaraciones de las señoras AMPARO FORBES, quien se desempeñaba en la época de los hechos como Coordinadora de la OCCRE, y HEIDI MARÍA SMITH, funcionaria de la misma oficina, señalaron que, efectivamente la implicada Selma Susana, no tenía experiencia en el cargo que se encontraba desempeñando, puesto que, acababa de ser trasladada de la oficina de archivo, y no había recibido capacitación sobre las funciones a desarrollar en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de San Andrés, frente a la exigencia de la tarjeta de turista a los viajeros. 6 Testimonios que debieron ser tenidos en cuenta, como pruebas de la ausencia de culpabilidad de la investigada, aún cuando al plenario se allegó un oficio expedido por la Oficina Jurídica de la Gobernación de San Andrés, en el que da cuenta, que a la señora SELMA SUSANA SMITH, se le capacitó, sobre las funciones que debía cumplir. El operador disciplinario, olvidó el contenido del artículo 129 del Código Disciplinario Único, que le impone el deber de buscar la verdad real, puesto que no estableció, qué clase de capacitación se le brindó a la implicada, y si efectivamente se le indicó cuál era el procedimiento a seguir, frente a los viajeros que no presentaran la tarjeta

de turista, porque, como está plenamente demostrado, la señora Smith Aguilar, venía de desempeñar funciones en la oficina de archivo, es decir, de trámite de documentos y no atención a los usuarios del aeropuerto, lo cual varía ostensiblemente de funciones. Por lo tanto, los testimonios de las funcionarias de la OCCRE, no merecen rechazo alguno sobre la inexperiencia de la investigada SELMA SMITH, pues dentro del proceso no se vislumbran circunstancias que hagan dudar de la honestidad y buena fe de las declarantes, por lo tanto, deben considerarse eficaces, conducentes y pertinentes puesto que no existen motivos lógicos para suponer lo contrario, así mismo teniendo en cuenta, la personalidad de las testigos y de las circunstancias subjetivas y objetivas en que obtuvieron el conocimiento de los hechos, debe determinar el operador jurídico la credibilidad de los testimonios. El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, señala que son sospechosas para declarar la personas que en concepto del Juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés con relación a las partes, situación que no se presenta en esta actuación disciplinaria y por el contrario ofrecen serios motivos de credibilidad. Por otra parte, para el tratadista HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, en su libro Teoría General de la Prueba Judicial tomo 2, pág. 25, señala: “Pero desde un punto de vista rigurosamente jurídico, el testimonio es un acto

procesal, por el cual una persona informa a un juez sobre lo que sabe de ciertos hechos;” “En cambio para que pueda decirse que un testimonio sirve de prueba (completa o incompleta) de un hecho, es indispensable que en él consta que proviene de quien tenga conocimiento del mismo por haberlo percibido, que es capaz y tiene aptitud física y moral para el acto.” Tampoco existe tipicidad de la conducta, pues debemos recordar, que de conformidad con lo reglado por el artículo 122 de la Constitución Política, “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento (…)”, por lo tanto, si la función que estaba desempeñando la encartada SMITH AGUILAR, como lo señala la Regional de San Andrés, era una función pública, dicho cargo debía tener la especificación de las funciones en el correspondiente reglamento del Departamento o de la OCCRE, en los que se le indiquen los deberes, obligaciones y prohibiciones, las cuales no fueron aportadas al expediente, como tampoco descritas en el auto de cargos, ni en el fallo de primera instancia, por lo tanto no se le puede endilgar responsabilidad sobre unas funciones inexistentes, es decir, la norma que le 7 prohibía recibir dinero de los viajeros para proceder a adquirir las correspondientes tarjetas de turistas; como relación de sujeción entre el deber funcional y la conducta que se reprocha, por lo tanto no existe ilicitud sustancial, para soportar el cargo endilgado. El derecho disciplinario se fundamenta en la llamada relación especial de sujeción, esto es, en el vínculo que se genera entre el Estado como empleador y el servidor

público, que es el medio a través del cual el Estado puede cumplir sus fines constitucionales y legales, quiere ello decir, que el derecho disciplinario se ocupa de la conducta del servidor público, o el particular que transitoriamente cumple funciones públicas, precisamente en relación con la función que éste cumple, es decir, con su deber funcional originado en esa relación especial de sujeción, y el quebrantamiento de ese deber funcional, es el que constituye la ilicitud sustancial, que es la que debe ser sancionada. Por lo tanto, si no existe manual de funciones específicas asignadas a la implicada Selma Smith, no existe tal relación de sujeción frente al Estado como empleador y en consecuencia, no hay ilicitud sustancial. Por lo que el despacho tendrá que revocar la decisión de primera instancia contenida en la providencia del 3 de febrero de 2003, y en su lugar habrá de absolver de responsabilidad disciplinaria a la señora SELMA

SUSANA SMITH AGUILAR.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, en ejercicio de sus facultades jurídicas y legales, RESUELVE: PRIMERO: Revocar la decisión objeto de apelación, mediante la cual la Procuraduría Regional de San Andrés, en providencia del 3 de febrero de 2006, DECLARÓ responsable disciplinariamente, del cargo formulado a la señora SELMA SUSANA SMITH AGUILAR, identificada con la Cédula de Ciudadanía 40.987.052, en su condición de Verificador Operario de la OCCRE, vinculada mediante contrato de prestación de servicios, para la época de los hechos, para en su lugar absolverla

respecto del cargo formulado, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar esta providencia a la implicada y/o su apoderado personalmente, haciéndoles saber que contra la misma no procede recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa; para tal efecto líbrense las respectivas comunicaciones. En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del art. 107 del CDU.

TERCERO: Infórmese por la Oficina de origen, las decisiones de los fallos de primera y segunda instancia, así como las constancias de notificación y ejecutoria a la entidad correspondiente, al igual que a la oficina de Registro y Control de la Procuraduría General, en la forma indicada en la Circular 055 de septiembre 23/02, proferida por el Procurador General.

CUARTO: Por Secretaría de este Despacho, remitir copia de esta decisión al nominador.

8

QUINTO: Efectuar las anotaciones y comunicaciones de rigor. Oportunamente se archivará el expediente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Primero Delegado Vigilancia Administrativa CAAM

P. EMC

R. EARCH Exp. 061-00939-04 mbm

9