PGN - Documento 201603111027290
Detalles
- Título
- PGN - Documento 201603111027290
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
Dependencia: Delegada para la Economía y la Hacienda Pública
Radicación Nº: 97-01364-04
Disciplinado: Anselmo Cañas Álvarez y Winder Carihuasari Ríos
Cargo y Entidad: Alcalde y Tesorero de Puerto Nariño (Amazonas) Quejoso: Informe de Contraloría Departamental Fecha de Queja: 21 mayo 2004
Fecha hechos: abril de 2003
Asunto: Fallo de segunda instancia (Artículo 171 de la ley 734 de
2.002) Bogotá DC., 27 de enero de 2006
1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional de Amazonas, mediante Resolución No. 012 del 23 de noviembre de 2005, sancionó a los señores Anselmo Cañas Álvarez y Winder Carihuasari Ríos en su condición de Alcalde el primero y Tesorero el segundo, del Municipio de Puerto Nariño (Amazonas) con Destitución e inhabilidad general por 12 años para ejercer cargos y funciones públicas y suspensión de 10 meses, respectivamente. (Fls. 176 a 188) Mediante escrito visible a folio 194, el señor Winder Carihuasari Ríos, en su condición de investigado, interpuso recurso de apelación contra la referida decisión.
2. CARGOS.
Mediante decisión del 14 de septiembre de 2005, visible a folios 114 a 151, la Procuraduría Regional De Amazonas, formuló cargos a los disciplinados, refiriéndose al señor Winder Carihuasari Ríos, en su condición de Tesorero,
de la siguiente manera: “El señor WINDER CARIHUASARI RÍOS en su condición de Tesorero Municipal de Puerto Nariño, al suscribir el comprobante de egreso 01045 de fecha 9 de diciembre de 2003, por concepto de pago de una cuota de la conciliación pactada con el apoderado de los demandantes del municipio de Puerto Nariño ante el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, en Proceso Ejecutivo Laboral adelantado por el no pago de unas prestaciones sociales causadas, cuota por valor de $15.000.000.oo, comprometió recursos públicos en nombre de la administración municipal, sin el cumplimiento de los requisitos dispuestos en los artículos 45 y 71 del decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto , es decir, sin CDP previo y afectando rubros diferentes al rubro de pago de sentencias, condenas y conciliaciones, tal y como correspondía”.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA La Primera Instancia encontró, que el señor Alcalde de Puerto Nariño ANSELMO CAÑAS ALVAREZ en asocio con el Tesorero Municipal señor WINDER CARIHUASARI RÍOS, suscribieron el comprobante de egreso No. 01045 de fecha 9 de diciembre de 2003, en virtud del cual se pagó en cumplimiento de una conciliación judicial, la suma de $15.000.000.oo al doctor Orlando Rondón Quiceno representante de los demandantes del ente municipal dentro de un Proceso Ejecutivo Laboral surtido ante el Juzgado Civil
del Circuito de Leticia , Despacho ante el cual el 22 de octubre de 2003 en diligencia de audiencia pública surtida dentro del Proceso Ejecutivo laboral Ordinario No. 001 -31-03-001-2003-00085 de fecha 10 de octubre, las partes conciliaron judicialmente por un valor total de $165.119.289.oo pagaderos en cuotas de $40.000.000.oo mensuales, sin dar cumplimiento a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, artículos 45 y 71.
4. APELACION El recurso impetrado fue sustentado en los siguientes términos: “Como lo había manifestado en mi anterior descargo y nuevamente me permito manifestarle, es que yo tuve conocimiento de dicha conciliación judicial cuando ya había una obligación de pago y no antes, situación confirmada por el señor Jefe de Presupuesto, si las cuentas del Municipio no se hubieran embargado yo nunca hubiera tenido conocimiento de ese acto; pero al notar esta situación me traslade a la ciudad de Leticia para tener el claro conocimiento del por que se habían embargado las cuentas bancarias del municipio y fui informado por el señor Gerente del banco que era por una orden judicial, en ese entonces hable con el señor Alcalde y éste me informó que se trataba de una obligación ya vencida con el abogado RONDON sobre las Cesantías de los trabajadores del Municipio y en ese entonces el señor Alcalde me hizo entrega del documento de conciliación judicial firmado el 22 de octubre en donde ordenaba el pago de unas cuotas mensuales de $40.000.000.oo y al percatarme de que dicha suma no podía la administración
cancelar recurrí al señor Personero de esa época, para que me orientara al respecto, y él me manifestó que se tenía que dar cumplimiento a lo ordenado judicialmente ya que se trataba de una obligación laboral y que era de obligatorio cumplimiento, y lo único que se podía hacer era modificar la suma ya que la administración no contaba con los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado, así que se modificó y bajó la suma a $15.000.000.oo de pesos mensuales, suma que se canceló el 9 de diciembre de 2003, mediante el Comprobante de Egreso No. 01045-2003”. “En consecuencia señor Procurador el hecho radica en como se pacto una conciliación sin que el ordenador del gasto haya solicitado previamente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y no como se pago una cuota del valor conciliado; ahora yo actué para dar cumplimiento a una obligación ya generada y a un hecho que era de obligatorio cumplimiento, como es la orden judicial, además el artículo 45 del Decreto 111 de 1996, párrafos 2, 3 y 4 es muy claro, yo no podía correr el riesgo de no dar cumplimiento a esta decisión judicial, para que el juez respectivo, así como embargó las cuentas del municipio, ordenara una investigación penal en contra mía por negligencia, de manera que mi actuación fue como lo dije en mi descargo, por fuerza mayor o caso fortuito”. “Ahora no se tenía por que afectar el rubro de sentencias y conciliaciones ya que el origen de la deuda eran las Cesantías de los trabajadores y como tal se afectaron estos rubros tanto en funcionamiento como en inversión, ya que
contaba con suficiente saldo en apropiación presupuestal, por lo tanto no se afectó otro rubro de diferente naturaleza al cual correspondía la deuda”.
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS
IMPUGNADOS.
El único cargo imputado al disciplinado recurrente, consiste en: “El señor WINDER CARIHUASARI RÍOS en su condición de Tesorero Municipal de Puerto Nariño, al suscribir el comprobante de egreso 01045 de fecha 9 de diciembre de 2003, por concepto de pago de una cuota de la conciliación pactada con el apoderado de los demandantes del municipio de Puerto Nariño ante el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, en Proceso Ejecutivo Laboral adelantado por el no pago de unas prestaciones sociales causadas, cuota por valor de $15.000.000.oo, comprometió recursos públicos en nombre de la administración municipal, sin el cumplimiento de los requisitos dispuestos en los artículos 45 y 71 del decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto , es decir, sin CDP previo y afectando rubros diferentes al rubro de pago de sentencias, condenas y conciliaciones, tal y como correspondía”. El “PAGO”, dentro del proceso de afectación presupuestal, se define como: “Acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previos en el respectivo acto administrativo, o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente…y verificado el saldo en bancos, desembolsa al particular el monto de la obligación…”. Entendiendo en este sentido que el valor de la obligación se desembolsa una
vez verificados todos los requisitos previos a ese momento, valga decir constatar que la cuenta que se va a cancelar contenga los documentos legalmente exigidos para poder realizar su pago, como Orden de Compra, Contrato de prestación de Servicios, Orden de suministro, etc., CDP, Registro presupuestal y demás. De otra parte, El artículo 45 del Decreto 111 de 1996, como lo cita el Recurrente, ordena lo siguiente: “Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de estos”. Claramente se intuye del anterior mandato, que necesariamente se tiene que crear en los presupuestos de cada sección presupuestal (Entidad), un rubro, con cargo al cual se pagarán todo lo relacionado créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales y conciliaciones. Por lo tanto, el hecho de no crearse este rubro, o estando creado no se cancelen por su intermedio, una conciliación, se incurrirá primeramente en violación del artículo mencionado, como sucedió en el caso examinado y muy claramente analizado en Primera Instancia. De otra parte, el artículo 71 del precitado Decreto, manifiesta que: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos” “En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible…”. “Cualquier compromiso que se adquiera con violación a estos preceptos
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones”. Bajo este análisis normativo, el Despacho no acepta los argumentos del apelante, teniendo en cuenta que es el funcionario encargado de revisar los antecedentes de cada cuenta entes de efectuar su pago. Además, como el mismo reconoce, el valor que $15.000.000.oo que canceló mediante Comprobante de egreso No. 01045-2003, tiene claro el concepto de “CONCILIACIÓN”, por lo tanto no se podía utilizar recursos de funcionamiento e inversión, para su pago. Con la conducta realizada por el señor Tesorero Municipal, se estría desvirtuando la legalidad e importancia del presupuesto, como instrumento de planeación y planificación. De otra parte, bajo los argumentos de defensa del disciplinado, no tendría importancia tanta legislación en materia presupuestal, pues bastaría que los entes territoriales, en este caso el Municipio de Nariño (Amazonas), consignaran todos sus ingresos en un fondo común, para de allí cancelar todos sus gastos si discriminación ni condición alguna. Además, con el comportamiento realizado por el señor WINDER CARIHUASARI RÍOS en su condición de Tesorero Municipal de Puerto Nariño, se violó de igual manera el artículo 18 del Estatuto Orgánico de Prepuesto, que refiere al Principio de Especialización, que Reza: “Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto u funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas” De acuerdo con lo anterior, es inaceptable por este Despacho que el señor WINDER CARIHUASARI RÍOS hubiera cancelado Comprobante de Egreso
No. 01045-2003, con recursos de funcionamiento e inversión. En mérito de lo expuesto el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el artículo segundo de la Resolución No. 012 del 23 de noviembre de 2005, de la Procuraduría Regional del Amazonas por medio del cual se sanciona al señor WINDER CARIHUASARI RÍOS, identificado con la CC. No. 15.888.859 de Leticia, en su condición de Tesorero Municipal de Puerto Nariño, con suspensión de 10 meses por encontrarlo responsable disciplinariamente del cargo formulado, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Por la Secretaría de este Despacho notificar personalmente al apelante la determinación tomada en esta providencia, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.
En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.
TERCERO: Cumplido lo anterior, devolver el expediente a la oficina de origen para que remita a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la sanción disciplinaria, envíe copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción y archive las diligencias.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ANDRES VARELA ALGARRA
Procurador Delegado. PU.14. Exp. 097-1189-03