PGN - Documento 201603111027376

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Radicación: 080-4821-2003

Disciplinados: Adolfo León Palacio Sánchez y Maria Victoria Mejía Orozco Cargos: Gerente y Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia, en la época de los hechos Quejoso: Rodrigo Flórez Ruiz – Contralor General de Antioquia Fecha Queja: 25 de febrero de 2003

Fecha Hechos: 8 de febrero, 2 de mayo y 3 de septiembre de 2001.

Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil seis (2006) Resuelve el Despacho el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de María Victoria Mejía Orozco, contra el fallo del 25 de julio de 2005, proferido por la Procuraduría Regional de Antioquia, en el que se decidió lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probados y no desvirtuados los cargos imputados a la señora MARIA VICTORIA MEJÍA OROZCO identificada con la c.c. 39.184.106, en calidad de Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia, conforme a lo expresado en la motivación de este acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer a la señora MARIA VICTORIA MEJÍA OROZCO, de las condiciones civiles y personales consignadas en el artículo precedente, la sanción de multa equivalente a once (11)

días del salario devengado para la época de los hechos, valga decir el año 2001, de acuerdo a las consideraciones de esta providencia.

ANTECEDENTES

1. QUEJA El 20 de febrero de 2003, el Contralor General de Antioquia remitió a la Procuraduría Regional de Antioquia algunos hallazgos disciplinarios encontrados en la auditoria integral realizada a la Beneficencia de Antioquia.

Los hallazgos se relacionan con la suscripción de tres contratos de prestación de servicios, con personas naturales, sin el lleno de los requisitos exigidos en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 190 de 2005 (presentación del certificado sobre antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, y el certificado sobre antecedentes penales, expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS). Los contratos objeto de la queja fueron los siguientes:  Contrato No. 002 de 2001, suscrito el 8 de febrero del mismo año con CLAUDIA PATRICIA ADERVE PALACIO.  Contrato No. 09A de 2001, suscrito el 2 de mayo del mismo año con GLORIA ASTRID GARCIA PEREZ.  Contrato No. 041 de 2001, suscrito el 3 de septiembre del mismo año con

GUSTAVO ADOLFO BEDOYA PALACIO.

1 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia Dichos contratos fueron suscritos por el doctor ADOLFO LEÓN PALACIO SANCHEZ, en su condición de Gerente de la Beneficencia de Antioquia, en la época de los hechos. Así mismo, la dirección de la oficina jurídica estaba a cargo de la doctora

MARIA VICTORIA MEJÍA OROZCO.

2. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Mediante auto del 15 de mayo de 2003, la Procuraduría Regional de Antioquia abrió investigación contra ADOLFO LEÓN PALACIO SANCHEZ, en su condición de Gerente de la Beneficencia de Antioquia y MARIA VICTORIA MEJÍA OROZCO, en su condición de Directora Jurídica de la misma entidad; señalando lo siguiente (folios 17 a 18): Teniendo en cuenta el informe presentado por la Contraloría General de Antioquia - se puede precisar que respecto de los requisitos de los contratos de prestación de servicios con Personas Naturales no se cumplió con los mismos, razón que encuentra justificación en la Ley 190 de 1995 en su artículo 1 – parágrafo hace alusión a Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al momento de la posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado del DAS. Sólo podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de la autoridad competente (negrillas fuera de texto); lo que permite colegir que en los contratos suscritos, no se actuó de acuerdo a la referida disposición.

De lo anteriormente expuesto, se puede precisar que los hechos motivo de investigación realizados por el Gerente de la Beneficencia de Antioquia – Doctor ADOLFO LEÓN PALACIO, así mismo, por la Dirección Jurídica encontrándose a cargo de la Dra. MARIA VICTORIA MEJÍA OROZCO, llevan a presumir la existencia de los

mismos tipificados como falta disciplinaria en la ley 734 de 2002. En desarrollo de la investigación, se establecieron los siguientes hechos: El 8 de febrero de 2001, el señor ADOLFO LEÓN PALACIO SANCHEZ, en su condición de Gerente de la Beneficencia de Antioquia, en la época de los hechos, suscribió el contrato No. 002 de 2001 con Claudia Patricia Aderve Palacio. Dicho contrato presenta el certificado de antecedentes disciplinarios de fecha 9 de agosto de 2002 y certificado del DAS con última fecha de refrendación 30 de marzo de 1995. El 2 de mayo de 2001, el señor ADOLFO LEÓN PALACIO SANCHEZ, en su condición de Gerente de la Beneficencia de Antioquia, en la época de los hechos, suscribió el contrato No. 09A de 2001 con Gloria Astrid García Pérez. En la carpeta de dicho contrato no reposan el certificado de antecedentes disciplinarios, ni el certificado del DAS. El 3 de septiembre de 2001, el señor ADOLFO LEÓN PALACIO SANCHEZ, en su condición de Gerente de la Beneficencia de Antioquia, en la época de los hechos, suscribió el contrato No. 041 de 2001 con Gustavo Adolfo Bedoya Palacio. Dicho contrato presenta el certificado de antecedentes disciplinarios de fecha 25 de junio de 2002.

3. PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

2 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia Mediante auto de fecha 25 de febrero de 2004, la Procuraduría Regional de

Antioquia ordenó prorrogar la investigación disciplinaria, por el término de tres meses, con el fin de continuar con la etapa probatoria.

4. AUTO DE CARGOS Y ARCHIVO DEFINITIVO El 21 de octubre de 2004, la Procuraduría Regional de Antioquia, de conformidad con lo previsto en los artículos 162 y 164 de la Ley 734 de 2002, formuló pliego de cargos contra la doctora MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO y ordenó el archivo definitivo de la investigación adelantada en contra del doctor ADOLFO LEÓN PALACIO SANCHEZ, señalando lo siguiente (folios 45 a 52): Como argumento exculpatorio el Doctor ADOLFO LEÓN PALACIO expone que su función como gerente era determinada por el Manual de Funciones, lo mismo que para la Directora Jurídica quién era la responsable de verificar al ciento por ciento cumplimiento de los requisitos. analizado el material probatorio y los argumentos exculpatorios del disciplinado se advierte que éste es suficiente para concluir que no existe conducta que pueda reprochársele disciplinariamente que conlleve a ordenarse en contra de él Pliego de Cargos, toda vez que como Gerente de la Beneficencia de Antioquia no le compete la revisión de los contratos de prestación de servicios que se suscriben en la entidad; así como lo expresó en la diligencia de versión libre existía una Directora responsable en revisar y constatar que se cumplieran los requisitos exigidos para suscribir contratos de prestación de servicios con personas naturales; así las cosas lo anterior implica en este sentido ausencia de fundamento para continuar con el análisis jurídico y fáctico de las diligencias seguidas en contra del citado; por lo que deberá ordenarse la

terminación de la actuación y el ARCHIVO DEFINITIVO de la investigación adelantada en contra del Doctor ADOLFO LEON PALACIO. Por el contrario no son de recibo los argumentos exculpatorios de la Doctora MARIA VICTORIA MEJIA OROZCO al expresar que si eventualmente se trató de una omisión al momento de legalizarse los contratos, no hubo dolo ni mala fe en ello, y que la prueba del Certificado muy posiblemente fue subsanada con posterioridad; además de no haberse causado ningún perjuicio a la institución, toda vez que al no verificar la existencia de estos documentos al momento de legalizar los contratos con su omisión incurrió en violación de las disposiciones contenidas en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 190 de 1995, que taxativamente consagra la obligación de que quien celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Por lo anteriormente expuesto, la Procuraduría Regional de Antioquia resolvió, en cuanto a la disciplinada María Victoria Mejía Orozco: PRIMERO: Formular el siguiente CARGO UNICO a la Doctora MARIA VICTORIA MEJIA OROZCO, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.184.106, en calidad Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia. (…) La doctora MARIA VICTORIA MEJÍA OROZCO en su calidad de Directora Jurídica

de BENEDAN, omitió verificar que los contratos 002, 041 y 09A contuvieran dentro de sus documentos anexos los respectivos Certificados de Antecedentes Disciplinarios y del DAS al momento de ser suscritos por la Beneficencia de Antioquia los días 8 de febrero, 2 de mayo y 3 de septiembre de 2001 respectivamente (…) 3 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia En relación con este hecho, el a-quo sostuvo que la naturaleza del cargo que ocupaba la doctora MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO le imponía la obligación de conocer la normatividad vigente sobre el tema y, en consecuencia, verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales para la celebración de contratos de prestación de servicios. Según lo expuesto en la providencia, la disciplinada: - Desconoció lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la ley 190 de 1995, toda vez que omitió verificar que los contratos cuestionados contuvieran, al momento de ser suscritos por la Beneficencia de Antioquia, los respectivos certificados de antecedentes disciplinarios y del DAS (folio 48). - Incumplió los deberes consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, en concordancia con el artículo 38 de la misma ley y con los artículos 6 y 123 de la Constitución Política. - No tuvo en cuenta las funciones que le fueron asignadas al cargo de Director Jurídico, en el Manual de funciones de la Beneficencia de Antioquia, verbigracia, “velar por el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de licitación,

adjudicación, celebración, ejecución y liquidación de los contratos administrativos” (negrilla fuera de texto). Finalmente, la falta se calificó provisionalmente como grave, y se consideró cometida a título de culpa.

5. DESCARGOS El 11 de noviembre de 2004, la apoderada de María Victoria Mejía Orozco presentó su defensa en relación con el CARGO ÚNICO, así (folio 66): - Frente al contrato 002 de 2001, suscrito con la señora Claudia Adarve Palacio: “como se indicó en el aparte pertinente la simple omisión formal en el tramite de la legalización del contrato no puso en peligro, ni causó daño a la administración pública, pues se encuentra probada que la contratista no ha sido sancionada ni penal, ni disciplinariamente hasta la fecha. Por lo tanto no ha estado incursa en inhabilidad alguna para contratar con el estado, además la conducta de la doctora Mejía Orozco, no fue realizada ni siquiera con culpa leve, pues se trató de un mero error al legalizar el contrato, producto de la buena fe de la disciplinada.” - Respecto al contrato 09A de 2001, celebrado con la señora Gloria Astrid García Pérez: “en atención a la duración del contrato que para este evento fue de un mes, de conformidad con el artículo 141 del Decreto 2150 de 1995, este requisito no era exigible para la legalización del contrato.” - En relación con el contrato 041 de 2001, suscrito el día 3 de septiembre de 2001, con Gustavo Adolfo Bedoya Palacio: “se encuentra probado que la disciplinada – Maria Victoria Mejía Orozcono se encontraba ejerciendo el cargo de Directora

Jurídica, toda vez que estaba haciendo uso de vacaciones legalmente concedidas, tal como consta en el certificado adjunto.” 4 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante escrito de fecha 2 de junio de 2005, la apoderada de la investigada reiteró los argumentos que expuso al rendir descargos.

7. FALLO RECURRIDO El 25 de julio de 2005, la Procuraduría Regional de Antioquia profirió fallo de primera instancia. Sancionó a la doctora María Victoria Mejía Orozco, Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia, con multa equivalente a once (11) días del salario devengado en la época de los hechos (folios 124 a 135).

El a quo señaló que los hechos imputables a la disciplinada se contraen a los contratos Nos. 002 y 09A del 8 de febrero y 2 de mayo de 2001, respectivamente, suscritos con Claudia Patricia Adarve Palacio y Gloria Astrid García Pérez, teniendo en cuenta que, respecto del contrato 041 del 3 de septiembre de 2001, la conducta no pudo haber sido cometida por ella, visto que, en la época de suscripción, se encontraba gozando de vacaciones. Sostuvo que, en los dos primeros contratos, se evidencia como cierta la omisión que se le atribuye a la disciplinada como Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia, quien tenía dentro de sus funciones la de “velar por el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de licitación, adjudicación, celebración, ejecución y

liquidación de los contratos administrativos”. Agregó, en relación con el contrato No. 002 de 2001, que el hecho de que la contratista Claudia Patricia Adarve no tuviera antecedentes disciplinarios no desvirtúa el comportamiento censurado a la Directora Jurídica de la Beneficencia, toda vez que la finalidad que se persigue con la exigencia de los certificados es acreditar que quienes contratan con el Estado sean personas íntegras, que no tengan tacha alguna que les impida vincularse o contratar con el mismo. Al respecto, precisó lo siguiente: Pretende la inculpada que se justifique su comportamiento en razón a (sic) que no generó que el Estado estableciera relaciones contractuales con una persona que estuviera afectada en su integridad moral o legal, porque así se pudo constatar con la contratista Claudia Patricia Adarve, de quien se demostró que no tenía antecedentes disciplinarios con el certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación, allegado como prueba solicitada por la implicada en su memorial exculpatorio. No obstante, el hecho de que la señora Adarve Palacio, no tuviera antecedentes disciplinarios, no desvirtúa el comportamiento censurado a la implicada, porque está suficientemente acreditado que la funcionaria investigada incumplió la función establecida en el manual de funciones de la entidad, y por ende, las normas aludidas en la acusación, comportamiento con lo que se afectó el deber funcional en tanto se colocó en riesgo los principios de moralidad y transparencia administrativa, principios dentro de los cuales se enmarca la función pública, si tenemos en cuenta que con la

exigencia de los antecedentes disciplinarios y penales para quienes aspiren a contratar o vincularse con el Estado, lo que se pretende es evitar que quienes han sido sancionados penal o disciplinariamente, establezcan algún tipo de relación laboral o contractual con el Estado, o en otras palabras, pretende la ley proteger la moralidad administrativa y la confianza de la comunidad en la administración pública, siendo precisamente la aplicación de estos principios la que se colocó en riesgo con el comportamiento omisivo asumido por la investigada. 5 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia En cuanto al contrato No. 09A de 2001, manifestó que, si bien el contrato se suscribió por un plazo inferior a tres (3) meses, dicha circunstancia no eximía a la Directora de la Oficina Jurídica del deber de verificar la acreditación de los certificados de antecedentes disciplinarios y penales de la contratista, antes de la celebración del respectivo contrato. El argumento expuesto por el a quo fue el siguiente: En cuanto al contrato 09A suscrito el 2 de mayo de 2001, celebrado con la señora Gloria Astrid García Pérez, insiste la implicada que de acuerdo con el artículo 141 del Decreto 2150 de 1995, no era necesaria la exigencia de los antecedentes disciplinarios ni del DAS, porque el citado artículo establece que para la celebración de contratos de prestación de servicios, basta la presentación de la cédula de ciudadanía; y que una vez suscrito el contrato con una duración superior a tres (3) meses, la entidad pública procederá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a solicitar los antecedentes

disciplinarios y judiciales, luego, según ella el hecho de que este contrato tenía un término de duración inferior a tres (3) meses, significa que no estaba obligada a dar cumplimiento a la exigencia de los antecedentes disciplinarios y judiciales para que estos se allegaran con el contrato, por el hecho de que este solo era por tres meses. Al respecto, no comparte el despacho el argumento esgrimido por la defensora de la implicada, porque la Ley 190 de 1995, en el parágrafo del artículo 1 que se encuentra plenamente vigente, señala: PARÄGRAFO: “Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar el certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad competente.” Es bien claro que la Ley 190 de 1995, prima sobre el Decreto 2150 de 1995, como quiera que en la pirámide jurídica está por encima la ley sobre los Decretos; y que el decreto en mención no puede modificar ni derogar una norma de orden legal como la que nos ocupa en este caso. En gracia de discusión, si admitiéramos el argumento esgrimido por la defensa de la implicada, tendríamos que concluir que los contratos de prestación de servicios que se celebren por un término inferior a tres meses, pueden realizarse con personas inhabilitadas o sobre las cuales pesen medidas de aseguramiento o sanciones

penales, porque según la implicada, a estos no es obligatorio exigirles el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas legales, planteamiento que como ya se dijo no comparte este despacho. Por último, señaló la Procuradora Regional que, en este caso, se configuran los elementos para determinar la responsabilidad de la inculpada, en atención a que la conducta omisiva tipifica una falta disciplinaria prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 40 de la ley 200 de 1995, vigente en la época de los hechos, los cuales establecen, como deberes del servidor publico:

1. Cumplir y hacer que se cumplan la Constitución, los Tratados Públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los Estatutos de la Entidad, los Reglamentos, los Manuales de Funciones (…).

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función.

En cuanto al grado de culpabilidad, afirmó que está suficientemente claro que la funcionaria fue negligente al no verificar que los contratistas acreditaran los documentos exigidos, por lo que calificó la falta como grave, y la consideró cometida a título de culpa. 6 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia Con fundamento en lo anterior, decidió “declarar probados y no desvirtuados los cargos imputados a la señora MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO identificada con

c.c. 39.184.106, en calidad de Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia (…)”

8. RECURSO DE APELACIÓN El 8 de agosto de 2005, la Abogada defensora de María Victoria Mejía Orozco interpuso recurso de apelación contra la mencionada providencia, con fundamento en los siguientes argumentos (folios 139 a 154): Manifiesta la apoderada que, respecto del primero de los contratos, esto es, el 002 de 2001, debe señalarse que, con ocasión de la no verificación -por parte de la disciplinadade la vigencia de los certificados de antecedentes disciplinarios y penales de la contratista Claudia Patricia Adarve Palacio, no se generó daño a la función pública, y que la moralidad, transparencia y eficiencia que debe caracterizar a todo aquél que presta sus servicios al Estado no fueron transgredidas por la implicada.

Señala, además, que no resulta justo que se imponga una sanción a la Dra. María Victoria Mejía Orozco, cuando la conducta que la originó no causó daño o perjuicio alguno al Estado. Resulta un contrasentido que se sancione por sancionar, sobre todo si se tiene en cuenta que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 200 de 1995, en virtud de la cual regía, como principio rector de la responsabilidad, entre otros, la antijuricidad, postulado según el cual, para que procediera a hacerse efectiva la responsabilidad en cualquiera de sus modalidades, no bastaba que el funcionario o el particular incurriera en el tipo previsto legalmente, sino que era, además, necesario que el acto tuviera alguna relevancia jurídica y resultara contrario

al bien jurídico tutelado. En relación con el contrato No. 09A de 2001, expone la recurrente que, en el fallo de primera instancia, la Procuradora Regional de Antioquia decidió, en contra de la disciplinada, no dar aplicación al Decreto 2150 de 1995, porque simplemente considera que éste se encuentra, en la pirámide jurídica, por debajo de la Ley 190 de 1995. Frente al anterior argumento, manifiesta la recurrente que se hace necesario precisar que el Decreto 2150 es un decreto-ley, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que otorgó el Congreso al Presidente de la República (artículo 83, ley 190 de 1995), facultades que son de rango constitucional, tal como se señala en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. En este orden de ideas, concluye la recurrente que el artículo 141 del Decreto 2150 de 1995 se limitó a reglamentar el parágrafo del artículo 1 de la Ley 190. Por lo tanto, debe entenderse que los certificados de antecedentes disciplinarios y del DAS sólo son exigibles en aquellos contratos cuya duración sea superior a tres (3) meses. Finalmente, se solicitó revocar la providencia recurrida, en el sentido de declarar desvirtuados los cargos imputados a la Dra. Mejía Orozco y, en consecuencia, no imponer sanción disciplinaria alguna en su contra. 7 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia

9. COMPETENCIA La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal es competente para

conocer el recurso de apelación interpuesto por la abogada defensora de María Victoria Mejía Orozco, contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional de Antioquia, de conformidad con el numeral 4 del artículo 25 y el numeral 19 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000.

10. CONSIDERACIONES Con el fin de determinar si hay lugar a revocar la decisión impugnada, esta Delegada analizará, en primer lugar, los cargos formulados contra la disciplinada; en segundo lugar, estudiará los hechos probados en el proceso, y, en tercer lugar, se referirá a los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

A. PRECISIONES SOBRE LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA LA DRA.

MARIA VICTORIA MEJÍA OROZCO: Como se expresó con anterioridad, la Procuraduría Regional de Antioquia formuló un único cargo contra la doctora María Victoria Mejía Orozco, que se resume de la siguiente manera: - Omitir verificar que los contratos 002, 09A y 041 de 2001 contuvieran, al momento de ser suscritos por la Beneficencia de Antioquia, los respectivos certificados de antecedentes disciplinarios y del DAS.

Con la conducta antes descrita, la doctora María Victoria Mejía Orozco, en su condición de Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia, desconoció, a juicio del investigador, lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 del la Ley 190 de 1995, e incumplió los deberes establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 40 de la Ley

200 de 1995, en concordancia con el artículo 38 de la misma ley y con los artículos 6 y 123 de la Constitución Política. Igualmente, inobservó las funciones que le fueron asignadas al cargo de Director Jurídico, en el manual de funciones de la Beneficencia de Antioquia. La Conducta objeto de la investigación disciplinaria es, pues, la omisión en la verificación del cumplimiento de un requisito legal y, adicionalmente, el incumplimiento de una función asignada al cargo de Director Jurídico de la Beneficencia de Antioquia. En efecto, lo legalmente procedente era que la disciplinada verificara el cumplimiento de todos los requisitos legales en los contratos de prestación de servicios que se fueran a suscribir, ya que, como lo señala el parágrafo del artículo 1 de la Ley 190 de 1995, “quien fuere nombrado para ocupar un cargo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.” Esa obligación que tiene el particular de cumplir con un requisito legal (aportar unos documentos al momento de posesionarse o de firmar un contrato con el estado) se 8 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia traduce en un deber correlativo para la administración, el cual es el de verificar el cumplimiento de dichos requisitos. En este orden de ideas, y en la medida en que la doctora María Victoria Mejía

Orozco, en su condición de Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia, no haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la suscripción de los contratos de prestación de servicios citados, tendría que concluirse que incumplió el deber establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, los cuales disponen: “Son deberes de los servidores públicos los siguientes:

1. Cumplir y hacer que se cumplan la Constitución, los Tratados Públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los Estatutos de la Entidad, los Reglamentos, los Manuales de Funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función.”

B. LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO A la disciplinada se le formuló como cargo único: omitir verificar que los contratos 002, 09A y 041 de 2001 contuvieran, al momento de ser suscritos por la beneficencia de Antioquia, los respectivos certificados de antecedentes disciplinarios y del DAS.

De la lectura del cargo, se observa que a la Directora de la Oficina Jurídica de la Beneficencia de Antioquia se le imputa haber incurrido en la misma omisión en relación con los tres (3) contratos suscritos.

La formulación del cargo está soportada en las siguientes pruebas, además de las que se relacionan individualmente para cada uno de los contratos suscritos: - Versión libre rendida por el Dr. Adolfo León Palacio Sanchez (folio 42) - Versión libre rendida por la Dra. María Victoria Mejía Orozco (folios 40 y 41). - Copia del manual de funciones de la Beneficencia de Antioquia, en el aparte referido al cargo de Director Jurídico. Allí consta que una de las funciones es: “velar por el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de licitación, adjudicación, celebración, ejecución y liquidación de los contratos administrativos.” (folios 43 y 44). - Oficio No. 001285 de fecha 8 de marzo de 2004, en el cual el Gerente de la Beneficencia de Antioquia relaciona los documentos que reposan en la carpeta de los contratos Nos. 002, 09A y 041 de 2001 (folio 39). - Prueba de la calidad de Directora Jurídica que tenía la investigada en la época de los hechos (folios 171 y 175) En relación con el contrato No. 002 de 2001, obran las siguientes pruebas en el expediente: 9 Exp. 080-4821 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia

1. Copia del contrato No. 002 de 2001, suscrito entre la Beneficencia de Antioquia y Claudia Patricia Adarve Palacio, el 8 de febrero de 2001, por un término de 4 meses.

(folio 4 y 5).

2. Copia del certificado de antecedentes disciplinarios de Claudia Patricia Aderve Palacio, de fecha 9 de agosto de 2002 (Folio 6).

3. Copia del Pasado judicial de Claudia Patricia Aderve Palacio, con última fecha de refrendación 30 de marzo de 1995 (Folio 7).

4. Certificación de fecha 5 de noviembre de 2004, en la cual la Directora Jurídica de la Beneficencia de Antioquia, hace constar que (folio 79): La Doctora CLAUDIA PATRICIA ADARVE PALACIO c.c. 42.898.096 y Tarjeta Profesional 66.530, presta sus servicios a la Entidad, desde el 8 de febrero de 2001, como Asesora Externa bajo la modalidad de prestación de servicios.

En la actualidad, tienen vigente el contrato No. 64 de 2004.

5. Oficio No. 3200416 de fecha 6 de abril de 2005, dirigido a Procuraduría Regional de Antioquia, en el cual la Jefe de la División Centro de Atención al Público – CAP señala (folio 98): La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, el(la) señor(a) CLAUD