PGN - Documento 201603111027501

Dependencia : Procuraduría Segunda Delgada para la Contratación Estatal Radicación : 052 07357-2001

Investigado : Jesús Antonio Buchelly López Cargo : Secretario de Hacienda del Municipio de Mocoa Quejoso : De oficio Fecha Hechos : 14-06-00

Asunto : Presuntos hechos cumplidos al legalizar contrato mediante la orden 406 y otra Estado procesal : Resolver recurso de apelación contra fallo de primer grado

Bogotá, D.C., 7 de junio de 2005 Al despacho se encuentran las presentes diligencias, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado proferido por la Procuraduría Regional de Putumayo. Con tal fin se exponen estos

I. ANTECEDENTES PROCESALES: Surtidas las fases de indagación preliminar e investigación disciplinadas, dispuestas mediante autos calendados el 13 de marzo de 2001 y 11 de abril de 2002, folios 30 a 31 y 81 a 84 del informativo, a través de providencia adiada el 30 de junio de 2004 obrante en las hojas 163 a 168, se formuló proveído de imputaciones contra Jesús Antonio Buchely López en su condición de secretario de hacienda del municipio de Mocoa, en los siguientes términos: El inculpado “…presuntamente incumplió con sus deberes y obligaciones al violar la interpretación de las reglas contractuales… el deber de selección objetiva…, las actuaciones de los servidores públicos… y el principio de responsabilidad… al contratar (orden de compra No. 406 de junio 14 de 2000, valor… $2’200.000,oo y

suministro de materiales de construcción para el reparcheo de las calles del municipio de Mocoa, valor … $2’500.000,oo de manera irregular con el señor Idelfonso Delgado, por solicitar favor de legalización, por hechos cumplidos…En lo anterior hubo irresponsabilidad por parte del funcionario precitado a cargo de estas tareas toda vez que es evidente el no cumplimiento de sus funciones, situación que condujo a la administración a realizar un contrato violando la normatividad contractual; podrían estar incurso en falta disciplinaria al faltar al cumplimiento de sus deberes de dirección y control de sus funciones…”. Notificado de la acusación formulada en su contra, Jesús Antonio Buchely López presentó el escrito que reposa en la página 175 del expediente. Practicadas las pruebas ordenadas de manera oficiosa y descorrido el término para alegar de concusión, con fecha 18 de enero de 2005 la Procuradora de instancia profirió fallo de primer grado, mediante el cual sancionó al enjuiciado con la imposición de una multa equivalente a 60 días de salario, folios 209 a 215. Exp. 065 1129 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 2 Contra la decisión así proferida interpuso Jesús Antonio Buchely recurso de alzada, cuyos argumentos reposan en el escrito visible en las hojas 218 a 222, sobre los cuales se pronunciará el despacho a renglón seguido, previas estas,

II. CONSIDERACIONES: Teniendo como norte la acusación formulada al implicado, relativa a la intervención del encausado en la comisión de un hecho cumplido, señala el despacho que la

facultad para conocer de tal comportamiento está dada por la designación que como Agente Especial le hiciera el Procurador General de la Nación, mediante auto del 7 de junio de los cursantes visible en el folio 231. Los hechos que rodearon el irregular acontecimiento que dio lugar a la presente investigación, atañen a la adquisición de unos elementos para construcción (cemento), que adelantara en forma previa a la suscripción de los respectivos acuerdos y omitiendo el procedimiento establecido para ello, el Secretario de Hacienda Jesús Antonio Buchely con el contratista Idelfonso Delgado. Según las pruebas que obran en el cartulario, esto es, las declaraciones del inculpado y del contratista, aunado a los argumentos expuestos por el primero en las distintas intervenciones realizadas durante el decurso de este proceso, se encuentra acreditado que el aquí acusado adelantó en forma indebida un trámite ajeno a los parámetros legales expresamente consagrados por el Estatuto de Contratación, tendiente a conseguir a una persona que suministrara cemento a la Administración para la pavimentación de unas vías del municipio, que a su juicio y según directrices del alcalde local debían efectuarse en forma rápida e inmediata. Esgrimió el encausado en su escrito sustentatorio de la apelación incoada, que ante la grave crisis que atravesaba el Municipio ninguna persona le fiaba a la administración el suministro de bienes o elementos de ninguna clase, razón por la cual el burgomaestre le pidió que realizara algunas diligencias tendientes a conseguir un cemento para ejecutar las obras de pavimentación en el Barrio Kennedy, tarea a la que se dio y que culminó con el ofrecimiento por parte de Javier Gómez,

propietario de un almacén de tubos de concreto y de ladrillo, de un cemento que tenía en su poder. Agregó el apelante que finalmente el material se entregó al almacén del municipio y la legalización se hizo con un obrero de Javier Gómez, vale decir, con Idelfonso Delgado, por petición de aquél quien manifestó que no tenía tiempo para estar detrás de la administración cobrando unos pocos recursos. Que su papel al solicitar la legalización obedeció a que el actuó como un “galante” entre la administración y el señor Gómez y por el hecho de que estaba arriesgando su propio peculio, pues fue el directamente quien hizo la negociación con Javier Gómez. De los sucesos expuestos por el inculpado, se advierte con claridad palmaria y absoluta, que Jesús Antonio Buchely vulneró todas las normas que regulan la fase precontractual relacionadas con el principio de transparencia, economía y responsabilidad, al escoger un contratista sin que previamente se surtieran las fases de planeación mediante la realización de términos de referencia, estudios de necesidad y conveniencia, diseños y planos, consecución de ofertas o consulta de Exp. 052 07357 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 3 precios de mercado según fuere el caso, obtención del certificado de disponibilidad presupuestal, etc. La actuación así adelantada, culminó con la firma irregular de unas órdenes de compra, la 406 del 14 de junio de 2000 y la suscrita igualmente el 19 del mismo mes y año, folios 15 y 23 respectivamente, que posteriormente fueron canceladas sin la

observancia de las formalidades arriba mencionadas, conllevando a la comisión de un hecho cumplido, consistente en la legalización de los actos omitidos. En este orden la situación fáctica y jurídica descrita, al despacho no le cabe duda sobre la participación del inculpado en los hechos acaecidos, como el mismo lo expuso en la versión que reposa en el acta obrante en la páginas 47 y 48, sin contar con los escritos obrantes en las hojas 94 a 99, 159, 175 y en la apelación atrás detallada, circunstancias ratificadas con la exposición de Idelfonso Delgado obrante en las hojas 40 a 42 del cartulario. Es evidente para la Delegada que el actuar del Secretario de Hacienda desbordó los lineamientos establecidos para los servidores públicos que le imponen dentro de la esfera del principio de responsabilidad proteger los intereses de la entidad, cumplir los fines estatales y observar a cabalidad los principios de transparencia, economía y responsabilidad, entre otros, que regulan la contratación de la administración. Tal comportamiento se tradujo en un incumplimiento de los deberes legales y constitucionales consagrados en el artículo 209 de la Carta Política, y 40 numeral 1 de la ley 200 de 1995, vigente para la época en que incurrieron los hechos narrados. No encuentra reparo el despacho para la calificación que a título de dolo le hiciera el juzgador de instancia, pues es evidente que una conducta como la desplegada, teniendo en cuenta el cargo ostentado por el inculpado y el conocimiento de las obligaciones que este le imponía como el mismo acusado lo admite en su apelación,

evidencia un querer dirigido a obtener el resultado conseguido. No tiene justificación ninguna que un secretario de un ente municipal desconozca bajo ningún pretexto la observancia de las normas y formalidades exigidas para celebrar un contrato. No puede ser posible que dicho servidor crea posible adelantar una negociación en los términos por él mismo relatados, sin que de bulto se palpe se evidencia, se deduzca un interés claro en trastocar la Ley, sin que sea de recibo la explicación alusiva a la crisis de la entidad, la orden dada por el alcalde y otros planteamientos esbozados, que dicho sea de paso, carecen de soporte probatorio en el sub lite. Por el contrario, a juicio de la oficina la calificación de la falta a debido de estimarse gravísima ante el hecho cierto de que se causó un incremento patrimonial a una persona que no tuvo que demostrar condiciones ninguna en un plano de igualdad frente a otros proveedores. Empero ante el hecho cierto que la apelación no puede hacer más gravosa la situación del único apelante, se mantendrá la acusación, calificación, imputación y sanción impuesta por la Procuradora de primera instancia. En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, Exp. 052 07357 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza 4

III. RESUELVE: III.1. CONFIRMAR el fallo proferido por la Procuraduría Regional de Putumayo el 18 de enero de 2005, por el cual sancionó con multa de 60 días de salario al Secretario de Hacienda del municipio de Putumayo Jesús Antonio Buchely López, identificado

con la cédula de ciudadanía 12’980.290 de Pasto, atendiendo los argumentos plasmados en la parte considerativa de esta decisión. III.2. NOTIFICAR al interesado y/o a su abogado defensor, el contenido de esta decisión por conducto de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal y el Centro de Notificaciones, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno por vía gubernativa. III.3. REMITIR por la Unidad Coordinadora un ejemplar de esta providencia a la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo. III.4. EFECTUAR por el mismo conducto las anotaciones legales, efectuar el registro de sanción respectivo y devolver el cartulario a la Procuraduría de origen.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado Exp. 052 07357 Fallo de segundo grado Irina Lopesierra Mendoza