PGN - Documento 201603161656240

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación 085-11109-02 Disciplinado Ricardo león Castillo Cargo Director Entidad Instituto de Tránsito y Transporte de Nariño IDATT Quejoso De oficio Fecha queja septiembre de 2002 Fecha hechos vigencias 1999 -2000 Asunto Fallo de Segunda Instancia Bogotá, D.C. 29 JULIO 2005 l. ASUNTO Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del Fallo de Primera instancia del 22 de julio de 2004, determinación adoptada por la Procuraduría Regional de Nariño.

II. DECISIÓN IMPUGNADA Mediante resolución 031, del 212 de julio de 2004, la Procuraduría Regional de Nariño profirió fallo en primera instancia y declaró responsable disciplinariamente al implicado RICARDO LEÓN CASTILLO, como Director del IDATT Nariño, por la comisión de una falta calificada como grave y atribuida a título de dolo, por lo que le impuso sanción de multa de sesenta (60) días del salario vigente a la época de los hechos, equivalentes a $5.941.500 (fls. 156 a 169), por el siguiente cargo: "El IDATT Nariño, como entidad estatal que es del orden Departamental en cabeza de un servidor público como lo fue el DR. RICARDO LEON CASTILLO, quien actuando en el cargo de Director de ese Instituto, pudo haber incurrido en presunta omisión de funciones durante la vigencia de los años 1999 a 2000, al no haber celebrado Convenio con ningún Centro de

Diagnóstico o Serviteca particular (función per se asignada en el artículo 22 numeral 6 del Estatuto Orgánico de Creación del IDATTT Nariño en cabeza del Director), para la realización en éste caso de un servicio público como lo es la tramitación de la revisión técnico mecánica de automotores requisito este indispensable para expedir el certificado de movilización, tal como lo previó el Código Nacional de Tránsito Decreto ley 1344 de 1970 en concordancia con el Acuerdo 0051 de 1990 emanado del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito que en su artículo 119 dice al respecto: Para efectuar la revisión técnico mecánica, los organismos de tránsito utilizarán prioritariamente centros de diagnóstico oficiales. En los lugares donde no existan estos centros o que los mismos sean insuficientes, podrán autorizar la revisión en centros de 1 diagnóstico y/o servitecas particulares que cumplan con las condiciones técnicas básicas del Decreto Ley 1314 de 1970". El fallo fue notificado personalmente al implicado, el 27 de julio de 2004 (FL. 171). El 30 de julio de 2004, la defensa interpuso recurso de apelación (fls. 172 a 179) y con auto del 3 de agosto de 2004 (FL. 181) la Procuraduría Regional de Nariño concedió la alzada en el efecto suspensivo.

III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN El investigado, dentro de la oportunidad legal y a través de su apoderado ANDRES VILLOTA ERASO, presentó recurso de apelación en contra del Fallo No. 031 del 22

de julio de 2004, proferido por la Procuraduría Regional de Nariño y solicitó la revocatoria del Fallo y en su lugar absolver de todo cargo al disciplinado Ricardo León Castillo (fls. 172 a 180). Los argumentos presentados por el apoderado del disciplinado pueden sintetizarse de la siguiente manera:  El cargo formulado a su defendido va en contravía del principio de legalidad pues la supuesta omisión en que incurrió su representado no se encuentra tipificada en ninguna preceptiva legal, ni reglamentaria.  Se endilga al doctor RICARDO LEON CASTILLO haber incurrido en presunta omisión de funciones por no haber celebrado un convenio con la Serviteca Bastidas para que realizara las revisiones técnico administrativas a los automotores que se encontraban registrados en el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Nariño, con miras a obtener el certificado de movilización en los años 1999/2000.  En el fallo impugnado se citan como vulnerados el Decreto 1344 de 1970, el Acuerdo 0051 de 1993 y el Decreto 371 de 1993 normas relacionadas con disposiciones de tránsito y transporte y de ellas el fallador colige la obligación a cargo de LEON CASTILLO de suscribir el aludido convenio.  Después de efectuar una trascripción de las normas señaladas por la Regional como violatorias (Decreto 1344 de 1970 art. 74, Acuerdo 0051 de 1993 art. 119 y Decreto 371 de 1993 art. 22 numeral 6º.), observa que del artículo 119

del Acuerdo No. 0051 de 1993 se señala que el Director del organismo de tránsito “podrá autorizar la revisión" en los centros de diagnóstico pero no señala el imperativo de celebrar un convenio para tal efecto, por lo que para entender que el que hacer administrativo del disciplinado era una obligación legal, ello debía expresarse claramente, situación que no se presenta en el caso de marras.  Tampoco resulta de recibo, que la Procuraduría infiera tal exigencia del Decreto 371 pues la misma hace referencia a aspectos generales del funcionamiento de la entidad de tránsito y no se puede inferir que los convenios referidos en tal norma, se predican de una materia tan puntual como lo es la revisión técnico mecánica que deben realizar los propietarios de automotores para poder acceder al certificado de movilización, pues en esa materia, no hay norma legal que exija la obligación de suscribir un convenio, razón por la cual no es posible darle esa interpretación a una norma de menor jerarquía.  No se pretende restar validez respecto del artículo 22 numeral 6º del Decreto 371 de 1993 como lo afirma la primera instancia al manifestar que todo acto administrativo se reputa legal, mientras no sea anulado por la Jurisdicción competente, sino que lo que se cuestiona es la interpretación que le ha dado a la norma utilizándola como sustento de la sanción impuesta a su defendido, pues la revisión a los vehículos no es de aquellas actividades necesarias para el funcionamiento de la entidad de Tránsito y siendo ello así, lo que resulta aplicable es el acuerdo 0051 de 1993 en su artículo 119.

 Por lo tanto, la supuesta exigencia que endilga el fallo de primera instancia resulta ser un aspecto facultativo y por esto no se entiende por qué se desestimó el concepto del funcionario del Ministerio de Transporte Seccional Nariño Javier Calvache Cerón, cuando manifestó: “sobre el particular de conformidad con las normas de tránsito anteriores, como las vigentes no exigen a los organismos de tránsito que deban suscribir convenios con los Centros de diagnóstico o Servitecas autorizadas" o cuando señaló: "Creo que la función de celebrar convenios es facultativa, porque una norma de inferior categoría como lo es el Decreto Departamental 371 de 1993, no podría violar la legislación nacional de tránsito, en donde en los artículos 74 y siguientes del Decreto 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito anterior, vigente para el tema de revisión técnico mecánica porque el nuevo Código Nacional de Tránsito aún no ha sido reglamentado en este capítulo, allí en ninguna parte se obliga a suscribir convenios"  Lo anterior refuerza la tesis de que la primera instancia le ha dado un alcance a la norma departamental que no es correcto, pues un acto administrativo de tal naturaleza no puede reglamentar en una materia específica como lo es la revisión automotriz, al punto de exigir la celebración de un convenio cuando la ley que reglamenta la materia no lo ha previsto como obligatorio.  La obligación legal que le asiste al organismo de tránsito representado por el Director es velar que los propietarios particulares de servitecas cuenten con los mecanismos y aparatos necesarios para efectuar las ediciones de

capacidad, frenado, dirección, luces, emisión de gases lo cual no requiere la existencia de un convenio pues lo que se requiere es que la serviteca tenga la autorización de Tránsito Municipal para prestar esta clase de servicio.  Y este hecho si fue cumplido por el disciplinado pues el diagnosticentro autorizado por éste para la revisión técnica de los automotores, es uno de los mejores en su área en la ciudad de Pasto.  No debe perderse de vista que la función de los centros de diagnóstico no es otra que verificar el buen funcionamiento de los automotores que les permitiera circular normalmente dentro del territorio nacional y para ésta labor bastaba con la sola autorización del Director del organismo de tránsito, sin que mediara celebración de convenio alguno. En cambio, la expedición del certificado que autorizaba la movilización de un vehículo es competencia exclusiva del Instituto Departamental de Tránsito quien en ningún momento delegó la función de expedir tal certificado de movilización al centro de diagnóstico.  La exigencia de suscribir un convenio o contrato se predica de aquellos casos en los que la autoridad administrativa se desprende de sus funciones y las delega en un particular (cita la Ley 489 de 1998 artículos 110 y 111) situación que en el presente caso no se presentó.  La no celebración de un convenio que regulara lo concerniente a la e revisión técnico mecánica de los automotores para que se les expidiera el certificado de movilización, no ocasionó perjuicio alguno en detrimento de las funciones propias del IDATT, puesto que no se produjo un menoscabo al fin que se

buscaba con la revisión automotriz.  La Serviteca Bastidas cuenta con los mejores equipos necesarios para determinar si un vehículo cumple con las exigencias técnicas, lo cual no ha sido desvirtuado por la Procuraduría pues por el contrario, este diagnosticentro ha sido autorizado por la Oficina de Tránsito para realizar dicha revisión.  El no haber celebrado convenio no ocasionó que la revisión técnica se hubiese realizado en forma defectuosa al punto de haberse expedido certificados de movilización a vehículos que se encontraban en mal estado pues ello no aparece señalado dentro del expediente. Con esto se busca destacar uno de los Principios consagrados en el Estatuto Penal y señalado en su artículo 11: "para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa, el bien -jurídicamente tutelado por la ley penal" y cita para el efecto, apartes del concepto de: Consejo de EstadoSala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Javier Díaz Bueno. Febrero 25 de 1999. No. de Rad. 17441-99 (fls. 178 y 179).

IV. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA Del Decreto No. 1344 de 1970 por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre. "Artículo 1. Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones; animales y vehículos por las vías públicas y por las vías privadas que estén abiertas al público.

El tránsito terrestre de personas, animales y vehículos por las vías de uso público es libre, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes" (Resaltos fuera de texto). "Artículo 3. Modificado por el Decreto 1809/90.2ª. El artículo 3º del Decreto-Ley 1344 de 1970 quedará así: Son autoridades de tránsito las siguientes:

1. El Ministerio de Obras Públicas Transporte.

2. El Instituto Nacional de Transponte y Tránsito, INTRA.

3. Las Secretarías, Departamentos, Institutos, Direcciones y demás organismos -de tránsito de carácter departamental, Distrital, intendencial y comisarial. ..", "Artículo 6. Modificado por el Decreto1809/90 5ª. El artículo 69 del Decreto-ley 1344 de 1970, quedará así: Los organismos de tránsito dentro de su respectiva jurisdicción, expedirán las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, con sujeción a las disposiciones del presente código, a sus normas reglamentarias ya las demás que lo modifiquen o adicionen".

Con las normas enunciadas anteriormente y que corresponden al Código de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos, queda claramente establecido que las autoridades de tránsito están instituidas conforme al ordenamiento legal para regular y tomar las medidas necesarias con el objeto de proteger el libre y seguro desplazamiento de personas, animales y vehículos en el territorio nacional. De la revisión técnico mecánica de vehículos automotores

En esta materia señala el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Decreto No. 1344 de 1970) lo siguiente: "Artículo 74. Los vehículos automotores que circulen por las vías públicas o privadas abiertas al público, deberán someterse anualmente a revisión técnico mecánica con el fin de verificar por lo menos su estado general, el correcto funcionamiento de los sistemas de frenos, (capacidad de freno), dirección, luces, suspensión, dispositivo acústico, emanación de gases y de los instrumentos de control y seguridad. (Negrilla fuera de texto). Parágrafo 1º. Se someterán también a revisión técnico mecánica los vehículos automotores de placa extranjera que ingresen temporalmente al país por un período superior a dos (2) meses. Parágrafo 2º. Para efectuar la revisión técnico mecánica las autoridades de tránsito utilizarán centros de diagnóstico. En aquellos lugares donde no haya centros de diagnóstico, la revisión se hará conforme con lo establecido por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito (negrilla fuera de texto). Artículo 75. Para que un vehículo automotor pueda ser sometido a la revisión técnico mecánica, su propietario acreditará previamente que el vehículo está a paz y salvo por concepto de impuesto de timbre, circulación y tránsito y está amparado por el seguro obligatorio vigente por daños a las personas causados en accidentes de tránsito. Artículo 76. La autoridad de tránsito competente, diseñará y utilizará un formulario de revisión, en donde conste el estado de los sistemas revisados.

Artículo 77. La revisión tendrá validez nacional, siempre y cuando se efectúe en un centro de diagnóstico oficial o autorizado por la oficina de tránsito competente. Si el vehículo es revisado en un lugar diferente al del registro, la autoridad de tránsito competente certificará la revisión para obtener el certificado de movilización en la oficina donde se encuentre registrado el vehículo. Artículo 78. El diseño y suministro del certificado de movilización estará a cargo del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito". La revisión técnico mecánica estará entonces a cargo de un centro de diagnóstico oficial o en su defecto, en un centro de diagnóstico autorizado por la oficina de Tránsito. Acuerdo No. 00051 del 14 de octubre de 1993 Expedido por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito (por el cual se dictan disposiciones en materia de Tránsito Terrestre Automotor y se derogan los Acuerdos 034 de 1991, 0022 de 1992 y 0052 de 1992): "Artículo 119.- Para efectuar la revisión técnico mecánica, los organismos de tránsito utilizarán prioritariamente centros de diagnóstico oficiales. En los lugares donde no existan estos centros o que los mismos sean insuficientes, podrán autorizar la revisión en centros revisión en centros de diagnóstico y/o servitecas particulares que cumplan con las condiciones técnicas básicas del Decreto ley 1344 de 1970". "Artículo 121.- Se entiende por revisión técnico mecánica certificada aquella que se efectúa en diagnosticentro oficial, diagnosticentro y/o serviteca particular autorizada por el organismo

de tránsito competente para ello, diferente a donde está registrado el vehículo, realizado en formulario diseñado por este para tal fin, caso en el cual no necesita presentar recibos de impuestos, puesto que ello lo hará en el organismo de tránsito donde está registrado el vehículo al momento de solicitar el correspondiente certificado de movilización. Esta revisión deberá presentarse ante él organismo de tránsito donde esté registrado el vehículo dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de su expedición. Vencido este término carecerá de toda validez". "Artículo 123.- El certificado de movilización que se entrega a los vehículos una vez efectuada la revisión técnico mecánica tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de su revisión, deblent1ose renovar en el mes de su vencimiento". De acuerdo con la normatividad enunciada, la revisión técnico mecánica es aquella a la que deben someterse anualmente todos los vehículos automotores de servicio público y algunos de servicio particular con el fin de que les sea expedido el respectivo certificado de movilización por la autoridad de tránsito competente, para lo cual, según el parágrafo 2, del artículo 74 del Código Nacional de Tránsito, las autoridades de Tránsito utilizarán centros de diagnóstico. En aquellos lugares donde no existan, la autoridad de tránsito será la encargada de regular lo pertinente. Del Decreto No. 371 del 29 de junio de 1993 Expedido por la Gobernación de Nariño (por el cual se crea el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Nariño y se expide su estatuto orgánico),

en lo pertinente preceptúa: "Artículo 22. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. El Director General es -agente del Gobernador y le corresponde ejercer las siguientes funciones:(...)

6. Dictar las actas, realizar las operaciones y celebrar los convenios y contratos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad." (Negrilla fuera de texto).

Se constituye por lo tanto en obligación para las autoridades de tránsito reglamentar lo relacionado con la revisión técnico mecánica de vehículos automotores porque así lo consagran las normas y estas autoridades, como funcionarios públicos que son, están instituidos como representantes de la Administración para cumplir con los fines de la comunidad y sus intereses generales. Una vez enunciadas las normas que fundamentan el fallo de primera instancia y algunas de carácter general, procede la segunda instancia a considerar lo expuesto por el recurrente. Examen de los hechos objeto de censura Es evidente que no todas las actuaciones administrativas ni los actos de los funcionarios corresponden al género de los negocios jurídicos (contratos, convenios, acuerdos, por ejemplo), la administración, de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993 y con el 110 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto, tiene facultad para celebrar todos aquellos que permite la autonomía de la voluntad y que sean necesarios para el cumplimiento de los fines estatales (nominados o innominados), siempre que no sean contrarios a la ley o a Derecho. En este sentido aunque no toda actuación administrativa y su relación con los particulares o con otras entidades estatales debe obligatoriamente realizarse o

concretarse mediante la especie de los contratos o de los convenios, le asiste sí a la administración, dentro de los juicios racionales que en cada caso establezca, la potestad de celebrar esos contratos o convenios dentro de una gama amplia de posibilidades no necesariamente significativas de erogaciones a cargo del erario. Mal haría entonces cualquier sentido lógico jurídico, en obligar a la administración a celebrar en todos los casos no reglados de manera precisa, negocios jurídicos (contratos o convenios) cuando quiera que se requiriese la expresión de su voluntad y su relación con los particulares o con otra dependencia pública, pues en verdad a esta clase de vínculo se llega sólo cuando la ley o las normas reglamentarias así lo obligan, o cuando las reglas de la buena administración lo aconsejan. Dicho de otro modo, la celebración de negocios jurídicos por la Administración con particulares o con otras autoridades públicas, es indispensable cuando una norma legal o reglamentaria lo obliga, o residualmente, cuando dentro de criterios de racionalidad y buena administración resulta conveniente. Las reglas de la buena administración, por su parte, en el caso del manejo de la cosa pública no son asimilables a unas simples reglas de prudencia como ocurre en el manejo de los bienes privados o particulares, sino que están enmarcadas dentro de principios constitucionales previstos en el artículo 209 de la Carta y desarrollados en leyes como la ley 80 de 1993, la ley 489 de 1998, el Código Contencioso Administrativo, el Decreto 111 de 1996, concretados en su conjunto en principios y mandatos de eficiencia, economía, transparencia, publicidad, celeridad, imparcialidad

o en un adecuado cumplimiento de postulados de programación y ejecución presupuestal consignados en el último de los citados decretos. De modo que no basta que el efecto deseado o que el bien o servicio requerido para la satisfacción de los intereses públicos se obtenga, sino que ello debe serio dentro del marco de esas reglas y principios establecidos, lo que por otra parte configura el principio de legalidad en virtud del cual los funcionarios y servidores públicos deben ajustar su actuación al marco que la ley delimita. Todas las premisas anteriores proyectadas sobre el caso en examen, permiten observar lo siguiente: el artículo 119 del Acuerdo No. 0051 de 1993 no prevé como obligatorio que para el caso de las autorizaciones emitidas por la Administración o autoridades de tránsito a los centros de diagnóstico que realicen revisiones técnico mecánicas, éstas deban ser consignadas, expresadas o instrumentalizadas mediante un negocio jurídico (contrato o convenio) con el respectivo centro de diagnóstico. Tampoco así lo estatuye el Decreto 1344 de 1970 artículo 74. Sin embargo, el propio artículo 22 del Decreto No. 371 del 29 de junio de 1993, como en su oportunidad se señaló en el fallo de primera instancia, dispone: "El Director General es agente del Gobernador y le corresponde ejercer las siguientes funciones: ( ) 6. Dictar las actas, realizar las operaciones y celebrar los convenios y contratos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad". Lo cual conduce a establecer que sí existe un mandato administrativo que determina

la necesidad de que la administración establezca una vinculación de carácter contractual para el ejercicio de algunas facultades o autorizaciones con destino a particulares o a otras instancias públicas. En el presente caso es apreciable que el funcionario RICARDO LEÓN CASTILLO, no sólo no celebró un contrato o convenio para efectos de la autorización a la Serviteca Bastidas, sino que toda la actuación se llevó a cabo en una forma discrecional, no formal que no atendió siquiera, aunque se hubiese utilizado otro instrumento u otra vía, esa gama de principios y reglas de la buena administración pública. Se encuentra probado, por la manifestaciones tanto del funcionario público investigado, como del Gerente de la Serviteca Bastidas, señor Julio Cesar Bastidas, que no existió documento, convenio o autorización alguna suscrita entre las partes con el fin de puntualizar lo relacionado con el procedimiento a seguir a efectos de llevar a cabo la revisión técnico mecánica de automotores inscritos en Ipiales, pues asegura el Gerente de la Serviteca que a través de la Asesora Jurídica del IDATT le solicitaron "el favor" verbalmente de hacer revisiones a los vehículos registrados en la ciudad de Ipiales, por diferentes circunstancias y teniendo en cuenta que la serviteca trabajaba los sábados y días de fiesta en la ciudad de Pasto (fls. 114). A su turno el funcionario LEON CASTILLO asegura que no se efectuó convenio escrito porque el Gerente de la Serviteca Bastidas no aceptó tal convenio (fl.82). De hecho sobre tal circunstancia no existe disparidad de criterios entre la defensa y el fallo confutado. Resulta igualmente manifiesta la irregularidad presentada en el manejo de tales

revisiones, porque de acuerdo con lo declarado por el Director del IDATT los formatos para efectuarlas, eran entregados por funcionarios del Instituto a los usuarios, quienes debían trasladarse a la ciudad de Pasto para la respectiva revisión, ya que los vehículos no se desplazaban a Ipiales por razones de costos. Si como manifiesta el Director del IDATT los usurarios del servicio ante la circunstancia de poseer vehículos viejos que solamente se desplazaban los fines de semana a Pasto por ser día de mercado y teniendo en cuenta los altos costos de gasolina que generaba su desplazamiento hasta Ipiales, ¿por qué los formatos o talonarios para la revisión eran entregados en Ipiales por funcionarios del IDATT Ipiales y no en Pasto por la Serviteca si allí sería realizada la revisión? Se evidencia aquí un gran desorden administrativo, ya que el IDATT Regional Ipiales recibía las consignaciones para la revisión técnico mecánica y entregaba los formularios o talonarios para que se efectuara tal revisión (función propia de la serviteca y no del IDATT Ipiales) y a la vez recibía las consignaciones por concepto de pagos de impuestos, trámites y servicios que adeudaban al IDATT Ipiales, estos mismos usuarios (requisito éste previo a la expedición del certificado de movilización), generándose así, una grave inconsistencia que se ve reflejada no solamente en la falta de competencia de funcionarios públicos del IDATT Ipiales para tramitar revisiones técnico mecánicas, labor exclusiva de las Servitecas o centros de Diagnóstico, sino también el caos generado en la consignación indiscriminada de dineros públicos y privados sin que los mismos recaudadores del IDATT Ipiales

tuvieran certeza de cuáles dineros eran del IDATT y cuáles de la Serviteca, situación originada en la ausencia de un convenio que regulara las obligaciones de las partes y facilitara el control de las mismas. Circunstancia que tampoco fue resuelta por el disciplinado LEÓN CASTILLO, ni por el Gerente de la Serviteca, cuando la Regional preguntó insistentemente sobre los porcentajes que correspondían a uno y otro en el caso de las revisiones realizadas. Recuérdese que uno es el trámite a seguir para la revisión técnico - mecánica de los vehículos automotores a cargo de las servitecas o centros de diagnóstico y otro muy distinto el realizado por funcionarios de Tránsito para la expedición del certificado de movilización. Resulta igualmente improcedente y no menos que absurdo, que los dineros que se recaudaban en el IDATT Ipiales, por concepto de la citadas revisiones, se entregaran informalmente al Director León Castillo para que éste, a su vez, los entregara al Gerente de la Serviteca igualmente "a la mano", hecho aceptado por el Director Castillo (fl. 83 A) y el Gerente Bastidas en sus versiones rendidas y corroborado por el funcionario Dixon Ramiro Unigarro, Recaudador del IDATT Seccional Ipiales en su declaración quien aseguró: "... claro, don Franklin me dijo que esa plata no era nuestra, sino de la serviteca entonces había que entregarla al Director. Nosotros no sabíamos si había contrato con esa Serviteca, simplemente le entregamos al Director por el él (sic) nos dio la orden de entregar esos resivos (sic)"

Más adelanta señaló:

"No recuerdo exactamente la cantidad, pero entregar si recuerdo que le entregué personalmente, constancia si no tengo de eso, la fecha tampoco recuerdo". (fls. 71 y 72). No le asiste razón al recurrente cuando afirma que no existió irregularidad ni daño alguno con ocasión de las revisiones así efectuadas: por el contrario ante tal desgreño administrativo, no fue posible para la Administración determinar qué cuantía le correspondía por tales revisiones, creándose un caos sin precedentes que va en detrimento de los intereses de los mismos administrados y por supuesto del erario público. Hechos irregulares ocasionados por la falta de previsión del funcionario LEON CASTILLO quien incumplió de manera manifiesta con las funciones que su cargo le exigía, al no optar por alguna forma de convenio o autorización que defiriera de manera clara las obligaciones de la serviteca y las condiciones en que se desarrollaría de la serviteca y las condiciones en que se desarrollaría tal actividad y sin que se lograra develar por la Procuraduría porqué tal proceder del funcionario LEON CASTILLO, cuando de acuerdo con lo manifestado por el funcionario Unigarro existían otras Servitecas que realizaban tal labor: "la revisión técnico mecánica también se podía hacer con la serviteca Panamericana de la ciudad de Ipiales, pero el usuario hacía su revisión en la serviteca y les cancelaba el dinero por ese concepto directamente a ellos..." (fI.38). Resulta necesario tener presente que fue la misma Oficina de Quejas y Reclamos, del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Nariño IDATT, la que mediante Oficio OQR/CE 078, del 2 de septiembre de 2002, remitió por competencia

el expediente PD 107 adelantado en contra del Inspector de la sede Operativa del IDATT Ipiales, por presuntas irregularidades de carácter administrativo y que en acta de auditoria señalaba: "El usuario cancela los derechos del DATT por certificados de movilización y se le expide el formulario de revisión que se tiene en la Inspección para que se dirija a la serviteca a realizar la revisión del vehículo. Actualmente se tiene un talonario de Serviteca Panamericana Norte de Ipiales. En cuanto a la Serviteca Bastidas se recibía en esta Inspección el valor de la revisión y se entregaba este dinero al ex Director Ricardo León Castillo, en un promedio mensual de $130.000. Los formularios venían con firma del funcionario y sello de la serviteca" (negrilla fuera de texto) (fls. 3 y 4). En su informe de Auditoria a la Inspección de Ipiales la funcionaria de Control Interno de Tránsito recomienda ante las irregularidades detectadas: "Suscribir un convenio con un Diagnosticentro y/o Serviteca particular que cumpla con las condiciones técnicas básicas del Decreto ley 1344 de 1970 en la ciudad de Ipiales, la cual serviría para la expedición de la revisión técnico-mecánica a los municipios de Ipiales, Guachucal y -Pupiales" (negrilla fuera de texto) (fl. 32). De tal manera, es evidente que, como se señala en el fallo recurrido, el funcionario RICARDO LEÓN CASTILLO dejó de celebrar convenios o contratos para el desarrollo de las actividades de la revisión técnico mecánica, en este caso, en virtud del Decreto No. 371 de 1993, pero que ni siquiera, aunque hubiese omitido la

celebración de tal negoci