PGN - Documento 201604100848001

Dependencia : Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación No : 035-1316/2008

Investigado : ARGEMIRO GALVIS ACOSTA Cargo y entidad : Concejal Municipal de Cumaribo (Vichada) Quejoso : GIOVANNY BOLÍVAR y otros Fecha queja : Marzo 13 de 2008

Fecha hechos : Octubre 28 de 2007

Asunto : Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C. 10 de Marzo de 2009 Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación de un fallo sancionatorio. LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 15 del Decreto 262 de 2000 y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Procedentes de la Procuraduría Regional del Vichada, se encuentran las diligencias radicadas con el No. 035-1316/2008, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor GUSTAVO ALIRIO NUPIA ROMERO, Defensor del investigado, señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA, contra el Fallo de Primera Instancia del 31 de octubre de 2008, por medio del cual dicha dependencia del Ministerio Público lo sancionó disciplinariamente con Destitución e Inhabilidad General por el término de doce (12) años. SEGUNDO.- En el recurso de alzada, la defensa solicitó decretar la nulidad de la actuación procesal, porque, señaló, que si se consideraba que la falta era Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso.

Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 1 gravísima, debió tramitarse como procedimiento verbal, conforme a lo señalado por el artículo 175 del Código Disciplinario Único. Así mismo, invocó violación al principio de igualdad, porque la falta cometida con carácter culposo no ameritaba la sanción impuesta, porque ésta se aplicó por homicidio a miembros del Ejército Nacional, razón por la cual no se podía equiparar las sanciones a dos conductas que tienen connotaciones completamente diferentes. Con relación a la endilgación objeto del Pliego de Cargos y posterior sanción, no compartió la decisión, ya que las pruebas allegadas al proceso, no demuestran que hubo intención en infringir la Ley, aunque acepta que hubo culpa en el proceder del señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA, al señalar que “ (…) mi defendido es una persona indígena no quiere significar que no pueda ser considerado como un ciudadano Colombiano, el cual puede y tiene derecho a ocupar un cargo público, tal y como el (sic) lo logro (sic), no lo que se quiere significar es que por ser de origen indígena esta (sic) lejana a un actuar doloso, y que si bien pudo llegar a ser concejal, lo realizo (sic) dentro de su idiosincrasia de indígena (…)”- fls. 116 a 120 -. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Antes de resolver el fondo del asunto, se debe dilucidar la petición hecha por la defensa sobre la nulidad de la actuación procesal. Las nulidades no son soluciones a cada uno de los vicios que se presentan en

la actuación procesal, sino que buscan subsanar las fallas protuberantes del proceso que no puedan ser enmendadas por ningún otro medio. Se pretende asegurar el apego a la ley, es decir que toda irregularidad no significa que procede su declaratoria, porque para ello es indispensable verificar la existencia de los presupuestos. Las causales de nulidad son taxativas. La Ley 734 de 2002 las contempla en el artículo 143 y en ellas se contempla la violación en los numerales 2 y 3 “(…) La violación del derecho de defensa del investigado (…)” y “(…) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso (…)”, causales que Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 2 puede inferirse son citadas por el recurrente, pues no citó expresamente ninguna de ellas. 1.- Sostuvo que no se tramitó proceso verbal. El artículo 175 de la Ley 734 de 2002, se refiere a la aplicación del procedimiento verbal, en los siguientes términos: “(…) El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. “ También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48, numerales (...) de esta ley. “ En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de

valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará audiencia”. Es decir, que el procedimiento verbal se aplica únicamente para los siguientes cinco (5) casos:

1. Cuando el implicado es sorprendido en flagrancia o con elementos que provengan de la ejecución de la conducta.

2. Que exista confesión.

3. Que la falta sea leve.

4. En las faltas gravísimas señaladas en el inciso 2º del artículo 175 del C.U.D., entre ellas el numeral 17: “Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad, o conflictos de intereses (…)”

5. En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 3 La expresión “en todo caso”, no se refiere a las señaladas en los dos primeros incisos del artículo 175, sino que es independiente y, por el contrario, se agrega otra causal para adelantar el procedimiento verbal. Esta debe ser la interpretación, lo que significa que cualquiera sea el sujeto disciplinable y la naturaleza de la falta disciplinaria cometida, se debe citar a audiencia si al momento de hacer la evaluación de la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos

(artículos 161 y 162 de la mencionada Ley). El espíritu del legislador para aplicar el procedimiento especial, llamado verbal, fue consagrado con la finalidad de que su trámite fuera más ágil y sin desconocer el debido proceso y la defensa técnica del investigado. De ahí, que el operador disciplinario tiene la obligación de tramitar los procesos de manera verbal cuando se presenten los parámetros señalados y sin recurrir al proceso ordinario cuando se trate de las faltas gravísimas del artículo 48 del C.D.U, referidas en el inciso 2º del artículo 175 ídem. Lo anterior en concordancia con el artículo 177 del Estatuto referido, que establece: “Audiencia. Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro de del término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno”. La citación a audiencia es de obligatoria ocurrencia, cuando al evaluar la Investigación Disciplinaria se dan los elementos sustanciales para proferir el Pliego de Cargos en el proceso ordinario. Sobre las faltas gravísimas descritas en el artículo 48, numeral 17, el doctor JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS en el libro “Dos Estudios de Derecho Sancionador Disciplinario No. 3 del Instituto de Estudios del Ministerio Público, páginas 89 y 90, dijo: “ “ (…) “El legislador decidió asimismo prescribir el seguimiento de procedimiento verbal para un listado de faltas gravísimas. Al repasar el texto de dichas

tipicidades puede observarse un denominador común: se trata de descripciones fundamentalmente objetivas; desde luego, esto no quiere decir que la estructuración del tipo no precise el elemento subjetivo, pues, como es fácil observar, en el proceso se podrá establecer que se actuó dentro de un error invencible. Incluso podrá llegarse a la conclusión que se actuó de manera Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 4 imprudente y por lo tanto que la falta haya de sancionarse sólo como falta grave. Así pues, la razón del legislador para disponer la investigación de estas faltas por medio del proceso verbal, en términos generales, es que las dificultades probatorias son de menor intensidad en la medida que el objeto del debate se haya esclarecido desde la propia redacción de la norma. Esto sin embargo, no deja de ser hipotético. En tal sentido resulta necesario agregar un criterio adicional, de cariz político-criminal y es el traído a cuento por la Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad de la falta. En efecto, la alta Corporación es de la opinión que tal trámite verbal es legítimo en la medida que se trata de ser eficaz con faltas que causan una particular alarma social. Dijo la Corte: ‘Comparte además la Corte la opinión del Ministerio Público de que la naturaleza especial de algunas faltas gravísimas justifican que el legislador haya establecido para las mismas el trámite verbal y no el ordinario. En efecto,

todas ellas tienen un denominador común: se trata de faltas relacionadas con el servicio o la función, con el manejo de la hacienda pública y de los recursos públicos o con la contratación estatal, cuya característica principal es por tratarse de conductas que no ameritan un extenso debate probatorio como el señalado en el proceso ordinario ya que al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación están dado todos los requisitos formales para proferir pliego de cargos y citar a audiencia’ (Sentencia C-1076/02) Por ello, como aquí no se parte de que estén dados todos los requisitos para hacer cargos, el trámite verbal dependerá en gran parte de una exitosa indagación preliminar que permita satisfacer con largueza las demandadas del art. 162 CDU (requisitos para hacer cargos)” Sin embargo, no se incurre en ningún tipo de vicio o irregularidad por haber agotado un procedimiento dotado de más garantías, ya que el proceso verbal por ser menos riguroso y más ágil en su trámite, no significa que desconozca el derecho a la defensa igual que sucede en el ordinario. A propósito, al absolver la Consulta No. 123 de 2004, la Procuraduría Auxiliar señaló “ (…) Si el proceso disciplinario es reglado y se encuentra sometido a Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 5 unos parámetros que deben ser observados, como en efecto lo está y las nulidades están previstas para corregir fallas procedimentales y adecuar el

proceso para que cumpla con el fin que persigue, precisamente porque las normas que lo regulan se encuentran establecidas para que sean respetadas no solo por el investigado sino también por el operador, pues ello es lo que permite el pleno ejercicio de todos los derechos y garantías, así como de los intereses comprometidos, esos supuestos imponen que en el caso de que se adelante el proceso por un procedimiento que no es el determinado por la ley, se genere la violación de las formas propias del debido proceso y por ende, puede predicarse la nulidad de lo actuado. No obstante, debe precisarse que, si bien todo procedimiento contiene unas reglas precisas que han de cumplirse y que al operador jurídico le corresponde acatar, las causales de nulidad serán entonces el último mecanismo que puede utilizar para restarle eficacia a la actuación procesal, toda vez que no toda irregularidad vicia el procedimiento y, para el caso concreto, se destaca que el procedimiento ordinario, por su misma naturaleza, se presenta como más garantista en tiempo y posibilidades, en atención a la amplitud de los términos y de las etapas que lo componen, pero no por ello podría afirmarse que el procedimiento verbal carece de las garantías procesales que aquél ofrece, y viceversa. En esa medida, cuando se considere que ha de surtirse uno u otro trámite, el cambio del ordinario al verbal debe propiciarse con el mayor respeto por la ritualidad que cada uno de ellos contiene y, en el evento de advertirse anomalías que lo alteren, éstas han de evaluarse conforme a los principios orientadores que en esta materia regula el Código de Procedimiento Penal,

para su declaratoria o convalidación”.

En síntesis: Por ser el procedimiento ordinario tan garantista como el procedimiento verbal, se considera que no se ha transgredido ningún derecho del señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA. El investigado desde la formulación del Pliego de Cargos, contó con su apoderado, el doctor GUSTAVO ALIRIO NUPIA ROMERO, por lo que se ratifica la defensa técnica que tuvo el investigado desde esa etapa procesal, aclarando que el citado Profesional del Derecho no pidió la práctica de pruebas.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 6 El cargo formulado al señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA, fue del siguiente tenor: “ (…) resultó electo como Concejal del Municipio de Cumaribo para el período constitucional 2008-2001, según Actas de Escrutinio 26 (E-26 CO) emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil Seccional Vichada, visible a (folio 4146 c.o) por el movimiento político “Colombia Viva”, cargo que empezó a desempeñar a partir del dos (2) de enero de 2008, según el Acta de posesión de la misma fecha, visible a (fl. 69), función para el cual posiblemente estaría inhabilitado por cuanto un año antes de su elección desempeñó el cargo de Inspector de Policía rural en la Inspección de GUANAPE, Jurisdicción del Municipio de Cumaribo – Vichada, desde abril 08 de 2005, Acta de Posesión

No. 020 de abril 08 de 2005, visible a (fls. 22-23 c.o) Y, luego Inspector de Policía Urbano del municipio de Cumaribo Vichada desde septiembre 09 de 2005 hasta febrero 07 de 2007, según certificado de tiempo de servicios expedida por la Secretario (sic) General según certificado de tiempo de servicios ANZULA CAROLINA NIÑO MIRELES visible a (folio 21), y Decreto No. 020 de febrero 07 de 2007, mediante el cual se le aceptó la Renuncia visible a (fls. 28-29 c.o), circunstancia esta (sic) que lo inhabilitaría para desempeñar dicho cargo”. Como normas violadas fueron citados los artículos 261 (parágrafo) de la Constitución Política y 43 de la Ley 136 de 1994 - fls. 76 a 81 -. Conforme a dicha endilgación y a las normas señaladas como transgredidas, si se tiene en cuenta el contenido del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 (43 de la Ley 136 de 1994), el procedimiento que debió seguirse era el verbal, dado que la inhabilidad objeto de endilgación se encuentra descrita como gravísima en el numera 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pero dadas las circunstancias señaladas, no hubo ninguna violación a los derechos del investigado, ya que éste tuvo plenas garantías en el procedimiento ordinario. Diferente es que el defensor no solicitó la práctica de pruebas. No se ha transgredido ningún derecho del señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA; más aún, el investigado desde la formulación del Pliego de Cargos,

contó con apoderado, el doctor GUSTAVO ALIRIO NUPIA ROMERO, por lo que se ratifica que tuvo defensa técnica desde esa etapa procesal, aclarando que el citado Profesional del Derecho no pidió la práctica de pruebas, lo cual Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 7 demuestra que las pruebas que debían practicarse no eran muchas para demostrar la falta disciplinaria. 2.- La defensa manifestó que la sanción era exagerada en el entendido que la destitución y la inhabilidad general por el término de 12 años había sido aplicada a militares por homicidios. En este aspecto se deben tener en cuenta tres (3) factores: a) La clase de sanción definida por el artículo 44 de la Ley 734 de 2002: “Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. b) El límite de la sanción, según lo establece el artículo 46 ídem: “La inhabilidad general será de diez a veinte años (…)”. c) La naturaleza de la falta según su gravedad: “Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: (...)" - artículo 43 ibídem -. Del texto del artículo 43 citado, se infiere que las faltas gravísimas están

expresamente consagradas como tales y ese evento ocurre en el artículo 48 que, precisamente, se titula “Faltas Gravísimas”, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el numeral 17, citada en el Pliego de Cargos para sustentar la endilgación como gravísima a título de culpa gravísima. Entonces, si se tiene en cuenta que la falta cometida por el señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA es gravísima, la cual fue probada y no justificada, la sanción acorde con los hechos investigados, es la destitución y además, la inhabilidad general establecida en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002. La comparación entre la sanción de destitución impuesta al señor GALVIS ACOSTA por la inhabilidad en que incurrió, y seguramente, la misma sanción que se impuso a militares por haber incurrido en delito de homicidio, aunque similares en la categoría de la falta, no admiten comparación de rango y circunstancias, porque las faltas gravísimas tienen la misma sanción, aunque Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 8 admite atenuación en los años de inhabilidad; la Ley dio ese margen, precisamente, para que el intérprete pueda condicionar los hechos a la sanción prevista en el artículo 46 del C.D.U. Por ello, no procede las nulidades impetradas. De otra parte, la defensa sustentó el recurso de apelación en que la falta se

cometió con culpa, más “no con intención de violar norma alguna”, pues las pruebas así lo demuestran, por lo que solicitó aplicar la sanción contemplada en el artículo 4º, numeral 3º del C.D.U (suspensión entre 1 mes y 12 meses). Aunque incurrir en una de las causales de inhabilidad configura falta gravísima, grave o leve, según cada circunstancia, el comportamiento intencional con conocimiento de una causal de inhabilidad, se torna en una falta disciplinaria, lo cual no da lugar a interpretaciones diferente a aquella de aplicar la sanción más drástica de nuestra escala disciplinaria. Se reitera que para que la inhabilidad sea sancionada con destitución e inhabilidad, necesariamente tiene que llevar aparejada la intencionalidad o sea el tipo subjetivo doloso o la culpa gravísima, ya que de lo contrario, la falta puede considerarse como grave o leve. Partiendo de la base que procede la sanción de destitución para la inhabilidad general, la cual comporta como accesoria necesaria la inhabilidad de diez (10) a veinte (20) años, se procede a revisar si los doce (12) años que se impuso en la sanción se ajusta al artículo 46 de la Ley 734 de 2002. El señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA desempeñó inicialmente el cargo de Inspector de Policía Rural en la Inspección de Guanare, Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada, en el lapso 8 de abril de 2005 hasta el 8 de septiembre del mismo año (5 meses), y posteriormente como Inspector de Policía Urbano desde el 9 de septiembre de 2005 hasta el 7 de febrero de 2007

(aproximadamente 17 meses), tiempo suficiente para conocer personalmente o a través de su movimiento político denominado “Colombia Viva” sobre las inhabilidades que tienen los servidores públicos que aspiren a ser Concejales Municipales. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 9 Sin duda, la culpa gravísima del señor GALVIS ACOSTA es evidente, al presentarse como candidato y resultar electo como Concejal Municipal de Cumaribo para el período constitucional comprendido entre los años 2008 a 2011, además de posesionarse como tal el 2 de enero de 2008, pese a que el 7 de febrero de 2007, aún desempeñaba las funciones de Inspector de Policía Urbano del municipio de Cumaribo Vichada, violando el numeral 2º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (40 de la Ley 617 de 2000), que dice: “ Inhabilidades de los Concejales. (…) 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito (…)”. El señor apoderado del investigado manifiesta que las pruebas recaudadas

demuestran que no hubo el dolo requerido para la sanción de destitución, pero no las señala, simplemente porque no obran en el plenario. Es que resulta muy difícil probar que el señor GALVIS ACOSTA conocía o no la inhabilidad legal, pero la Procuraduría Regional del Vichada entendió, como lo hace el Despacho, que su condición de Inspector Policía Rural, y posteriormente, como Inspector de Policía Urbano, lo habilitan para ejercer funciones importantes con conocimientos específicos en materias como las jurídicas, suficiente para entender que debía saber o investigar las posibles incompatibilidades o inhabilidades en que podría estar incurso si aspiraba a una curul en el Concejo Municipal. Resulta loable que una persona que pertenezca a una comunidad indígena intente superarse para defender a su comunidad ante el ente territorial municipal, pero por la misma razón, en su oportunidad, debió cerciorarse de la inhabilidad en que incurriría con esa aspiración. El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos que conforman la Planta de Personal Global de la Alcaldía Municipal de Cumaribo, obrante a folios 17 a 20, señala las funciones de los Inspectores de Policía Municipales, entre ellas conocer en primera instancia de las contravenciones especiales que sean de su competencia, de acuerdo a la norma legal; de las contravenciones comunes ordinarias y de las infracciones Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 10 de tránsito (numerales 2º a 4º); velar en su jurisdicción por el respeto a los

derechos civiles y garantías sociales, conservando el orden público interno y emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las autoridades de policía (numeral 5º) y hacer aplicar las sanciones correspondientes a los comerciantes e industriales que violen las normas que sobre precios, pesas, medidas y calidades se encuentren vigentes (numeral 12). El Inspector de Policía Municipal tiene autoridad y jurisdicción, no sólo porque lo establece el señalado Manual Específico de Competencias Laborales del Municipio de Cumaribo (fls. 18 a 20), sino que la Ley 1333 de 1986 les asignó dichas funciones en el artículo 320, como las de “conocer de los asuntos o negocios que les asigne la ley, las ordenanzas y los acuerdos de los Concejos Municipales (literal a); conocer en primera instancia de las contravenciones especiales a que se refiere la Ley 522 de 1971 (literal b) y conocer en única instancia de las contravenciones comunes ordinarias de que trata el DecretoLey 1355 de 1970 (literal c). El Inspector de Policía del orden municipal depende jerárquicamente del Alcalde Municipal, pero la Ley le fijó determinadas funciones para actuar de manera autónoma. Obsérvese como el legislador (Ley 1333 de 1986) autorizó a los Concejos Municipales para asignar funciones a los Inspectores de Policía, obviamente sin sobrepasar a las que expresamente relacionó en dicha disposición legal. También se comparte la Graduación de la Sanción que hizo la Procuraduría Regional del Vichada, al fijar como Inhabilidad el término de doce (12) años,

porque el señor GALVIS ACOSTA continuó desempeñando su curul en el Concejo Municipal de Cumaribo, a sabiendas de la existencia de la inhabilidad, como se puede advertir con la versión libre rendida el 16 de mayo de 2008, en cuya diligencia manifestó ser Presidente del Concejo Municipal de Cumaribo (fls. 31 a 33) y en el memorial suscrito el 21 de junio del mismo año por el señor GALVIS ACOSTA, en el cual manifiesta ser Concejal (fl. 62). En consecuencia, se ratificará la sanción impuesta. En mérito a lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de las facultades legales referidas, Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 11

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el Fallo de Primera Instancia, proferido el 31 de octubre de 2008, por medio del cual, la Procuraduría Regional del Vichada, dispuso SANCIONAR al señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.048.802 , en calidad de Concejal Municipal de Cumaribo (Vichada), con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de doce (12) años.

SEGUNDO: Por la Procuraduría Regional del Vichada, NOTIFICAR la presente decisión al señor ARGEMIRO GALVIS ACOSTA (Barrio Alcavarán, respaldo del

Juzgado de Cumaribo, Vichada, teléfono 3124328005) y a su apoderado, doctor GUSTAVO ALIRIO NUPIA ROMERO (Edificio Prollano, calle 38 No. 3241, Oficina 1104, teléfono 6624363, celular 3107678417, Villavicencio, Meta) advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrense las respectivas comunicaciones, indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudieren notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

TERCERO: DEVOLVER el expediente a la oficina de origen para que remita a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la sanción disciplinaria, envíe copia de los Fallos de Primera y Segunda Instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción y archive las diligencias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBA CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 12 Expediente No 035-01316/2008

ACGS/CAZC

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5ª No 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819Fax Extensión 10896 13