PGN - Documento 201604100848040

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación No: 106-2922 de 2007

Investigado: JOSÉ LUIS DURÁN HERRERA

Cargo y Entidad: Alcalde Municipal Sardinata (Norte de Santander) Quejoso: Isabel Sánchez Sánchez Fecha Queja: 26 de marzo de 2007

Fecha hechos: Vigencia 2007

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C. 11 de septiembre de 2008

I. ASUNTO Procede la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, como funcionario especial, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la abogada de Oficio doctora KEINNY ESTUPIÑÁN RAMÍREZ, contra el fallo del 7 de abril de 2008, a través del cual la Procuraduría Provincial de Cúcuta, sancionó al señor JOSÉ LUIS DURAN HERRERA, en su condición de Alcalde de Sardinata (Norte de Santander) con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de diez años.

II. HECHOS Se inició la presente investigación disciplinaria con fundamento en la queja presentada el 22 de marzo de 2007 por la señora ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, contratista de la Alcaldía de Sardinata, contra el Alcalde JOSÉ LUIS DURÁN HERRERA, en la que pone en conocimiento la persecución política de que fue objeto, pues, pese a ejercer durante seis años las funciones de coordinadora del SISBEN y de enlace municipal del programa Familias en Acción del Municipio de Sardinata, con contratos de 3 y 6 meses, a finales del 2006 el Alcalde le exigió

estando en compañía del candidato a la Alcaldía Roque Julio Gómez Serrano, trabajar para éste y de eso dependían los contratos por 6 meses, por lo que por razones políticas, el último contrato fue por 60 días. Además, en febrero de 2007, le asignó las funciones de enlace municipal del Programa Familias en Acción y para ejercer las del SISBEN designó a María Molina Pabón y nombró a Carmenza Durán Jiménez, Secretaria del Programa Familias en Acción, creando tres puestos burocráticos, engrosando la politiquería y el clientelismo. A mediados de febrero de 2007, el Alcalde la citó al despacho para que hiciera entrega de “todo lo correspondiente a la oficina del SISBEN a la nueva coordinadora” le gritó que acompañara a su candidato o no habría más contrato; dice que los señores Carlos Pérez Riveros y Jairo Buitrago escucharon los gritos. Al día siguiente le fue entregada copia de la orden de trabajo por 45 días “y fue por esto que el 15 de febrero le envié un oficio al Señor Alcalde donde solicito que alguien me reciba por escrito y que me extrañaba que mi orden de trabajo haya terminado por persecución política. La asesora me comunica que haga caso omiso a la orden de trabajo por los 45 días y me entrega una orden de trabajo, por sesenta días” (fs.1 a 2). La Procuraduría Provincial de Cúcuta, en el transcurso de la indagación preliminar, detectó que el señor Alcalde municipal de Sardinata no ha hecho entrega de la totalidad de los kilt escolares adquiridos, así como no ha dado a las personas

desplazadas de los corregimientos de la Victoria y las Mercedes, los elementos donados por Acción Social, en el mes de agosto de 2006 (fs. 371 a 372).

III. ACTUACIÓN PROCESAL  De los cargos formulados el 7 de mayo de 2007 en audiencia pública. “(…) Cargo Primero: Usted en ejercicio de sus funciones como Alcalde del Municipio de Sardinata, presuntamente, a finales del mes de diciembre de 2006, citó a su despacho a la señora ISABEL SANCHEZ SANCHEZ, … vinculada por contrato a esa administración … para exigirle que en las próximas elecciones debía trabajar a favor de su candidato a la Alcaldía Doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, quien se encontraba en ese momento en su oficina, y le dijo que, de ella dependía si volvía a contratar por seis meses o sino quedaría a prueba cada dos meses, manifestándole ella que era empleada del gobierno y que no podía hacer proselitismo político.

Antes del 14 de febrero de 2007, nuevamente usted citó a su despacho a la quejosa, para exigirle otra vez, acompañara al Doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, como aspirante a la Alcaldía, y ante la negativa de la señora SÁNCHEZ SÁNCHEZ, tomó usted una actitud irreverente en contra de la contratista del Municipio, y golpeando su escritorio le grito, QUE SI NO HACIA LO QUE USTED LE ORDENABA, NO HABRÍA MÁS CONTRATO, expresiones de las que da fe el Señor JAIRO BUITRAGO SANDOVAL, quien declara bajo la gravedad de juramento haber

escuchado junto con el señor CARLOS PÉREZ, las exigencias hechas por usted a la señora ISABEL SANCHEZ SANCHEZ, en el acompañamiento del doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, como su candidato a la Alcaldía de Sardinata. El 14 de febrero de 2007, le fue entregada a la contratista una orden de trabajo por cuarenta y cinco (45) días, con fecha 3 de enero de 2007, enterándose entonces que su contrato de sesenta (60) días celebrado inicialmente el día 03 de enero de 2007, había terminado, probando con esto que su contrato había terminado única y exclusivamente por persecución política… Usted, en el afán de colocar al servicio de la campaña política del aspirante a la candidatura de la alcaldía doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, los recursos públicos del municipio y de prescindir de los servicios de la señora ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, dividió los dos cargos que ésta ejercía, “Coordinación del SISBEN y Coordinación del Programa de Familias en Acción”, en dos, asignándole funciones de Coordinadora del SISBEN, a la señora MARIA INÉS ROLON JIMÉNEZ, en contrato firmado el 3 de enero de 2007, y a la señora SANCHEZ SANCHEZ, las funciones de la Coordinación del Programas familias en Acción, cada una con una asignación de $900.000,oo mensuales y como si fuera poco contrató los servicios de la señora CARMEN DURAN JIMÉNEZ, también el día 03 de enero de 2007, por dos

meses como secretaria de la Coordinación del Programa Familias en acción, con una asignación de $550.000,oo, y posteriormente en este último cargo a la señora MARTHA BOTELLO ESPINEL, por tres meses, el día 1 de marzo de 2007, día en que contrató nuevamente con la señora CARMENZA DURAN JIMÉNEZ, ya no como secretaria de la Coordinación de familias en Acción sino como Coordinadora, por un término de tres meses, incrementando así los gastos mensuales de la administración municipal en $1.450.000,oo entre los meses de enero y junio para un total de $8.700.000,oo, injustificadamente, sólo con el ánimo de conseguir funcionarios manejables y que trabajasen en sus cargos a favor de la campaña del señor GÓMEZ SERRANO, como candidato a la Alcaldía de esa municipalidad. Como se dijo, la Señora ISABEL SANCHEZ SANCHEZ, ejercía los dos cargos sin secretaria y solo por $900.000,oo mensuales, pero usted en una clara y ceñida persecución política, aumento los gastos burocráticos y privó al municipio de los servicios de una contratista con experiencia para el manejo del SISBEN y del Programa Familias en Acción… Con lo anterior queda en evidencia que la desvinculación de la señora SANCHEZ SANCHEZ, no estuvo encaminada al mejoramiento del servicio sino a cuestiones de tipo político partidista. Igualmente el aumento de la burocracia va en contravía de la racionalización del gasto público y no existe razón que justifique para que un cargo que lo ejercía con eficiencia una sola persona, pase a ser ocupado por dos y una

secretaria, lo que implica un detrimento al erario público… Resulta tan pronunciada la persecución en contra de la citada contratista, que usted ha cancelado a las demás contratadas sus emolumentos, de acuerdo a la presentación de la cuentas de cobro, absteniéndose de hacerlo a la señora SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien por obvias razones debía tener prelación en el pago, denotándose con ello la animadversión por cuestiones de carácter político, pues no es justo que habiéndose culminado su contrato el día 2 de marzo de 2007, y habiéndose presentado cada uno de los requisitos para la legalización del pago, usted se haya negado a firmar los documentos necesarios como lo son la constancia de trabajo, la resolución ordenando el pago, que fueron elaboradas el mismo 2 de marzo y firmado el cheque de fecha 9 de marzo de 2007, perjudicando económicamente así a la señora ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien el 16 de marzo de 2007, elevó ante usted una petición pidiendo se le cancelaran los dos meses trabajando y a 28 de abril de 2007, según constató esta procuraduría, aún permanezcan los referidos documentos en al tesorería del Municipio sin su firma, y obviamente a la señora SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sin cancelarle los meses de enero y febrero de 2007 (…)”. “(…) Cargo Segundo: Usted en su condición de Alcalde del Municipio de Sardinata celebró contrato de suministro No.001 el día 27 de enero de 2007, con la

FUNDACIÓN HUMANISTA HUELLAS DEL AMOR, para el suministro de 6000 kits escolares, con destino a la dotación de los diferentes planteles educativos del Municipio, por un valor de $86.100.000 y a 27 de marzo de 2007, según relación entregada por el señor EDGAR MENDOZA ROLON, persona encargada de recibir y entregar los kits escolares depositados en la Casa de la cultura “ELISEO VARGAS PEÑARANDA”, se habían entregado únicamente 2432 kits, y a 02 de mayo de 2007, faltaban por entregar 1560 kits , cuando la totalidad de estos elementos debieron haberse entregado una vez los recibió el Municipio y no entregarlos a cuenta gota, y que a estas alturas del año escolar hayan personas pobres como lo declaran bajo gravedad de juramento las señoras RAFAELA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ y LUZ MARINA GUARÍN PABON, esperando que usted le entregue los cuadernos que les prometió y haya tenido que pedir la señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, de limosna los cuadernos para sus nietos poder iniciar sus labores estudiantes. …no cabe duda que, usted está sometiendo a este requisito las ayudas de la Alcaldía extendidas injusta y arbitrariamente a la comunidad estudiantil más vulnerable, obligaciones a las que usted mal ha denominado “ayudas”, cuando no son ayudas sino programas de gobierno municipal, que se deben cumplir a cabalidad, dándole entonces a dicha obligación de la Alcaldía, una connotación de carácter político a favor del Doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, aspirante a

la Alcaldía, quien laboraba en el municipio como Jefe de la Umata, y renunció para aspirar a la Alcaldía en las próximas elecciones del 28 de octubre de 2007. Es decir, que usted, inició la campaña proselitista a favor del aspirante a la Alcaldía GÓMEZ SERRANO, una vez renunció, sin esperar si quiera que se inscribiera como tal, colocando de entrada en desventaja a los demás aspirantes a ese cargo público, porque usted lo está favoreciendo, le está preparando el terreno como candidato a la Alcaldía y para ello usted dispuso que las “ayudas”,s e hagan por intermedio del señor Gómez SERRANO, es decir usted está condicionado los programas sociales al comprometimiento de apoyo a su candidato a la alcaldía municipal (…)”. “(…) Cargo Tercero. Usted en calidad de Alcalde del Municipio de Sardinata, no entregó las ayudas que, la Agencia Presidencial “ACCIÓN SOCIAL”, hiciera a las familias desplazadas de los corregimientos de la Victoria y las Mercedes, según documento de donación No.9413 de fecha 16 de agosto de 2006, consistente en alimentos y productos de aseo, que fueron recibidos por esa Alcaldía Municipal por un valor de $7.761.768,oo, según lo certifica el doctor CARLOS EDUARDO GUTIÉRREZ, Coordinador Unidad Territorial, mediante oficio UTNS-0010, de fecha 17 de abril de 2007, dirigido a la señora LUZ MARIA ROLON, Presidenta Asociación de familias desplazadas del Municipio de Sardinata “ASOFUDSAR”, La no entrega a

las familias desplazadas fue denunciada ante esta procuraduría por el señor JAIRO BUITRAGO SANDOVAL, Secretario de ASOFUDSAR el 28 de abril de año que avanza, quien además dice que en el mes de diciembre de 2006, se enteraron de la donación en comento, y en compañía de la presidenta de ASOFUDSAR, y de los señores EMILIO VÁSQUEZ y PEDRO BERMUDEZ, lo abordaron en su despacho, y le preguntaron al respecto y usted les dijo: “Yo no soy ningún ladrón, y para eso tengo mi profesión y no necesito robarle a nadie nada, esas cosas que enviaron ahí están y el que las iría a repartir sería el doctor ROQUE JULIO GÓMEZ”. Posteriormente el señor BUITRAGO SANDOVAL, se dirigió junto con el señor BENJAMÍN BOTELLO, a donde el doctor ROQUE JULIO, a indagar sobre dichas ayudas y este les dijo que, en tres días aproximadamente entregarían esas ayudas, que la demora estaba en que se debían armar en paquetes, llegado el día volvieron donde el Doctor ROQUE JULIO, insistieron en las entregas pero no les dieron nada… El señor JAIRO BUITRAGO SANDOVAL…bajo la gravedad de juramento… dijo también que es de público conocimiento que para acceder a ayudas de la Alcaldía del Municipio de Sardinata, se deben solicitar por conducto del Doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, candidato a esa Alcaldía, a quien ha visto en el transcurso de este año y luego de haber renunciado a la UMATA, par aspirar a la

Alcaldía municipal, sacar paquetes en la camioneta de la basura del municipio de la casa del señor Alcalde y salir junto con este. Aquí, una vez más, encontramos su intención de poner los bienes públicos, a favor de la campaña política del aspirante a la candidatura como Alcalde del Municipio de Sardinata, Doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, pues no existe otra razón para que usted condicione dichas ayudas a que se deban pedir y entregar por intermedio de éste (…)”. La Procuraduría Provincial de Cúcuta, precisó que con el anterior comportamiento, el disciplinado incurrió en falta disciplinaria, por posible trasgresión de los deberes previstos en el artículo 34 numerales 1, 3, 4, 8, 15 y 2; “(…) conforme a la descripción y determinación de las conductas cometidas por el indagado LUIS JOSÉ DURAN HERRERA, se concluye que las mismas se encuadran dentro de las faltas disciplinarias gravísimas, especificadas en los numerales 1, 39, 40 y 49 del artículo 48 del CDU., por cuanto el implicado realizó objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cometida en razón, con ocasión y como consecuencia de la función o cargo, y abusando del mismo (numeral 1 [la descripción típica es la del delito consagrado en el Código Penal como intervención en política]. Asimismo utilizó el empleo para participar en las actividades políticas a favor de GÓMEZ SERRANO, candidato a la Alcaldía, reteniendo los kits y

las donaciones y presionó a una contratista del Municipio a respaldar una causa o campaña política y ante su negativa prescindió de sus servicios (numerales 39 y 40) y a su vez con estas conductas quedó incurso en la comisión de conductas previstas en la Constitución o en la ley como causales de mala conducta (numeral 48) (…)”. Vulneró lo previsto en los artículos 2, 123 inciso 2; 209; 110; 127; 135; 355 de la Constitución Política; artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998; artículo 5 de la ley 136 de 1994 y artículo 422 del Código Penal (fs. 371 a 386).  Del fallo de primera instancia Surtidos los correspondientes trámites procesales, la primera instancia, el 7 de abril de 2008, declaró responsable y sancionó al señor JOSÉ LUIS DURAN HERRERA, en su condición de Alcalde Municipal de Sardinata (Norte de Santander), con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de diez (10) años. Dejó sin valor probatorio las declaraciones rendidas por los señores PÉREZ

VIVEROS CARLOS ARTURO y JAIRO BUITRAGO SANDOVAL.

Se le censura al señor JOSÉ LUIS DURAN HERRERA, en su condición de Alcalde del Municipio de Sardinata, para la época de los hechos, haber terminado el contrato a la señora SANCHEZ SANCHEZ, como coordinadora de FAMILIAS EN ACCIÓN por no querer trabajar para el doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, como

aspirante a la alcaldía de Sardinata, lo que constituye en una verdadera persecución política, pues los testimonios de Carmenza Durán Jiménez, Inés Rolón Jiménez, Martha Botello Espinel por ser subalternas del Alcalde Durán Herrera y las directas favorecidas con la división de cargos del SISBEN Y FAMILIAS EN ACCIÓN por lógica son parcializadas; ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí y con él, para declarar, encontrando pronunciadas contradicciones. Con tales declaraciones pudo establecerse: la reunión a la que se refiere ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en la que el alcalde DURAN HERRERA, la citó para hablar de la colaboración al aspirante a la alcaldía GÓMEZ SERRANO, reunión en la que este hacia parte, no asistieron las señoras CARMENZA DURAN JIMÉNEZ, ni INÉS ROLON JIMÉNEZ, lo que significa que en efecto se realizaron dos reuniones, una con GÓMEZ SERRANO, SÁNCHEZ SÁNCHEZ y el alcalde DURAN HERRERA, para exigirle la colaboración a favor del aspirante a la candidatura a la alcaldía y otra muy diferente entre SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROLON JIMÉNEZ y el alcalde DURAN HERRERA, esta última con la que pretendió defenderse el investigado, haciendo ver esta, como en la que él había tomado la decisión de no renovarle el contrato a

SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

El alcalde se negó a cancelarle los dos meses, se llevó consigo la cuenta, anexos y

el cheque firmado por el Tesorero, es la más clara manifestación de la mala aversión del alcalde en contra de quien fue su subalterna, mala aversión con fundamento en la negativa a seguir al doctor GÓMEZ SERRANO, en las aspiraciones políticas. Respecto del segundo cargo, la no entrega oportuna de los kits escolares, no son de recibo los argumentos defensivos del investigado, porque lo lógico es que se entregaran primero los kits a los establecimientos mas cercanos casco urbano; que sentido tenía que estos esperaran hasta que el alcalde entregara los del área rural, tampoco fueron entregados de manera personal en cada uno de los establecimientos. El alcalde argumenta el hecho de no haber entregado ningún kits a persona particular en la zona urbana, como medio de defensa para que no se “crea que los estaba entregando para hacer campaña política a favor del doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO y este argumento para el despacho no es creíble, primero porque se debieron entregar inmediatamente se recibieron y segundo de acuerdo a las declaraciones de RAFAELA RODRÍGUEZ DE R. y LUZ MARINA GUARÍN PABON, cuando el alcalde se le solicitaba cualquier ayuda del municipio, las mandaba a que primero hablaran con el doctor ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, quien procedía anotarlas en su agenda personal porque sería quien en adelante haría entrega de las ayudas del municipio, no queda otra conclusión diferente a que, en efecto la demora en la entrega de los kits escolares tenía como fin, que fueran entregados por el doctor GÓMEZ SERRANO, para de esta forma ayudar con su

campaña política, pues el estaba aspirando a ser candidato a la alcaldía de Sardinata.

En cuanto al tercer cargo: no haber entregado a los desplazados de los corregimientos de la Victoria y de las Mercedes, las ayudas donadas por la Agencia Presidencial Acción social, según documento No.9413 de fecha 16 de agoto de 2006, por $7.761.768,oo, el señor DURAN HERRERA, no aporta la lista de las personas que dice recibieron las comentadas ayudas de Acción Social, luego no es posible llamar a declarar a ninguna, de donde se verifica que el no aporte del acta, obedece a que en efecto no hizo entrega de las ayudas y es confirmado por los declarantes fiscal y secretaria de ASOFUDSAR quienes declaran que en el 2006 no recibieron los desplazados ayuda alguna de manos del alcalde, que lo poco que han recibido ha sido en el año 2007 y no del alcalde sino de acción social y en la ciudad de Cúcuta, que la no entrega de las ayudas consistente en alimentos y útiles de aseo, es porque mediaba un interés particular, que era el de ayudar a su candidato a la alcaldía, el señor GÓMEZ SERRANO, quien por decisión suya era la persona a quien se le debía pedir ayudas: no le importó no hacer la entrega en su momento, esperando se iniciara la campaña política, intención que se le truncó, primero porque la Procuraduría le inicio esta investigación y segundo porque fue retirado de su cargo a mediados del 2007.

Por lo que no es posible absolver de los cargos formulados el 7 de mayo de 2007 a

JOSÉ LUIS DURAN HERRERA por no logar desvirtuarlos, al contrario quedó demostrado que actuó con dolo pues siempre actúo con la intención de hacer daño a los residentes menos favorecidos de Sardinata, solo con el fin de favorecer una campaña que iniciaba su amigo y ex subalterno funcionario de la UMATA, ROQUE JULIO GÓMEZ SERRANO, y como consecuencia de ello se deba sancionar con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por diez (10) años  De la apelación La abogada de oficio KEINNY ESTUPIÑÁN RAMÍREZ, presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, solicita revocar en su totalidad la providencia y en su lugar exonerar de responsabilidad a su defendido de la conducta endilgada y ordenar el archivo definitivo. Arguye, en cuanto al primer cargo, no existe prueba alguna que permita concluir que la señora ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ fue víctima de persecución por parte del alcalde municipal y que éste fue el motivo que originó la terminación de las órdenes de prestación de servicio. Ello obedeció al vencimiento del término pactado, tal como se afirmó en audiencia por el señor JOSÉ LUIS DURAN HERRERA, primero porque no es cierto que el poner a trabajar a dos personas más, en el cargo que era ocupado por una sola persona, haya obedecido simplemente al interés de ayudar al entonces candidato; eso se hizo para dar cumplimiento a la disposición de acción social, tampoco es cierto que la misma debía ser aplicada en julio de 2007, esa

aseveración que carece de sustento probatorio más aún si se observa el convenio de cooperación No. FA 301 en donde se establece en la cláusula segunda como obligación del municipio la condición del enlace debe ser estable de dedicación exclusiva para municipios entre 351 a 1800 familias inscritas, el convenio se suscribió el 25 de agosto de 2006, es decir desde esa fecha, empezaba a regir lo consagrado en el mismo, por lo que no es cierto que debía aplicarse desde julio de 2007. Y en lo referente a que con tales contrataciones se favoreció enormemente a la quejosa, en perjuicio del fisco municipal, cuando debió dividir el sueldo que ganaba Isabel Sánchez y pagar el 50% para la otra coordinación, la salida salomónica sugerida por el despacho es totalmente improcedente, pues se debe tener en cuenta para establecer la asignación salarial de un empleado público el procedimiento previo fijado por el gobierno, lineamientos establecidos para cargos de igual jerarquía y los topes sugeridos como incrementos salariales para el respectivo periodo, además de tener en cuenta el salario mínimo mensual fijado por el Gobierno para cualquier empleado En cuanto al segundo cargo. Analizadas las declaraciones de Rafaela Rodríguez y Luz Marina Guarín, la primera, habla de unas ayudas en materiales para la construcción que había solicitado y no se evidencia coerción por parte del alcalde para que beneficiara a uno u otro precandidato; igual sucede con el otro testimonio, por lo que este cargo tampoco se encuentra probado y se deben tener en cuenta los testimonio de los profesores de establecimientos escolares quienes afirman que se recibieron los kits escolares.

Del Tercer cargo. En el proceso no se estableció si las personas que declararon eran a quienes iban dirigidas las ayudas ya que al parecer debían ser desplazados de los corregimientos de la Victoria y las Mercedes, además no se recibieron los testimonios de Alfonso Garavito y Benjamín Botello, quienes al parecer eran los representantes de los desplazados de los corregimientos beneficiados con la ayudas. CONSIDERACIONES Procede la Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto, revisando únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, en primer término (i) analizar lo relativo a la competencia que le asiste a ésta delegada para conocer de la actuación; (ii) los hechos imputados de acuerdo con el material probatorio recaudado y a las normas imputadas como vulneradas; los argumentos expuestos por el apelante, para finalmente (iii) tomar la decisión que corresponda, ya sea confirmando, modificando o revocando el fallo de primera instancia. De la competencia Conforme lo dispone el parágrafo del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, el Procurador General de la Nación, por considerarlo necesario para garantizar la transparencia, imparcialidad y demás principios rectores de la función disciplinaria, designó como “funcionario especial” al Procurador Delegado para la Moralidad Pública, para conocer la segunda Instancia, en el proceso seguido contra JOSÉ LUIS DURAN HERRERA. En el presente caso tenemos que la decisión de primera instancia se profirió por el Procurador Provincial de Cúcuta, motivo por el cual ésta

Delegada es competente. Contexto jurídico de la participación en Política La Constitución al prohibir la intervención en política a ciertos funcionarios del Estado, propugna por el respeto al derecho que tienen los ciudadanos de participar en la vida democrática del país, primero limitándoles a “...tomar parte en las actividades de los partidos y movimiento políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio...” (Art. 127 Constitución Política y art. 41 numeral 14 de la Ley 200 de 1995), y además, tipifica como falta disciplinaria utilizar su cargo para influir en procesos electorales y/o presionar para respaldar una causa o campaña política (art. 25 numeral 6 Ibíd.), así como, poner los bienes del Estado al servicio de la actividad, causa, campañas de los partidos y movimientos políticos (art. 25 numeral 7 Ibíd.). En desarrollo de su función constitucional y legal, la Procuraduría General de la Nación se ha ocupado de analizar, en no pocos casos, la indebida intervención en política como falta disciplinaria; por esto, se han proferido decisiones que partiendo del marco constitucional existente en el país lograron su exacta aplicación a la democracia social vigente. Una de ellas fue proferida en un fallo de primera instancia por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en la que se expresó: “...En la hora actual, no se discute el papel protagónico que el ejercicio de la política organizada como oficio, cumple. Los partidos como expresión de la racionalidad política, tienen como fin primero convertir sus parciales ideologías y principios en

hechos concretos de gobierno, para lo cual la primera meta es alcanzar la meta del poder por vías legítimas; así entonces, es dable decir que el gobierno se desenvuelve en el contexto de las ideologías pero su misión trascendente es convertirlas en acciones en beneficio general. En el marco descrito, el proceso político se da por la controversia ideológica y partidista, mediante la cual grupos organizados luchan por el poder con el propósito de disponer de los instrumentos legales para convertir sus políticas en actos jurídicos, sin embargo una vez en el gobierno, la Constitución Política limita el ejercicio de la actividad Política, al consagrar la prohibición, de la práctica partidista o electoral a favor de un grupo o ideología. Es dable decir entonces que el mandatario por el hecho de serlo no renuncia a su origen político, como tampoco lo hace de su ideología o del grupo por el que fue elegido, pero ello no significa que puede colocar el ejercicio de la misión constitucional de GOBERNAR al servicio de su partido, de sus seguidores, su comarca o sus amigos. Nada de ello quiso ser impedido por la Constitución Política, pues ella reconoce, la forzosa relación entre el gobierno y las ideologías políticas como parte del proceso necesario para permitir la buena marcha del gobierno, pero la Constitución sí impone una claridad, a saber, que no es admisible la utilización del poder para favorecer electoralmente a un grupo determinado o para incidir en el desarrollo de debates políticos relacionados con el funcionamiento, organización interna y resultados electorales. Se pretende marginar a ciertos empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de

dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral y de control, de toda actividad que pudiese incidir en el debate democrático que debe ser libre y ajeno de cualquier presión oficial. Por ello se ha dicho que “esta prohibición se interpreta como instrumento para garantizar el equilibrio de las fuerzas que concurren a la contienda política y evitar que la burocracia estatal altere las condiciones de igualdad material que deben rodear todo debate electoral. La imparcialidad estatal constituye un dispositivo más, si no uno de los más importantes, para que la democracia se realice efectivamente”1 Surge así la prohibición de intervención en política consagrada constitucionalmente, restricción a la que están sometidos los servidores a que se refiere el artículo 127 de la Carta, quienes por su actividad deben abstenerse de ejecutar actos que puedan tener implicaciones electorales y vulnerar así la imparcialidad propia del gobierno. La Corte Constitucional ha destacado que la estructura y funcionamiento de la administración pública están determinadas por la idea del interés general; así entonces la prohibición de participación en política deriva del propósito estatal de neutralidad en la toma de decisiones y en la aplicación de las mismas, como condición indispensable para la protección de éste.2 La Constitución reconoce el derecho que asiste a toda persona de participar en actividades de índole política, pero no ha plasmado derechos absolutos y, por tanto, a nadie le es posible alegar en su favor uno de ellos para sacrificar el bien de todos. Así, el ejercicio del derecho al sufragio no constituye un argumento para usar de manera indebida o con parcialidad el cargo o elementos destinados al servicio público. La Carta di