PGN - Documento 201604160719533

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 037-5738/2001

Disciplinado: Piedad Sánchez Martínez Cargo y Entidad: Jefe del Servicio Seccional de Salud del Vaupés Quejoso: Jorge Rey Espitia Fecha Queja: 2 de diciembre del 2002

Fecha Hechos: 15 de junio de 2001

Asunto: Decreto de nulidad (Arts 143 y 144 ley 734/02).

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil seis (2006) Sería el momento procesal para resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el fallo proferido el 22 de junio de 2004, por la Procuraduría Regional de Vaupés, en el que se absolvió disciplinariamente a PIEDAD SÁNCHEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.839.574 de Cali, en su condición de Jefe del Servicio Seccional de Salud del Vaupés; no obstante, esta Delegada advierte la existencia de una nulidad, que deberá declararse de oficio. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el 21 de septiembre del 2001, el señor Jorge Rey Espitia solicitó al Procurador Regional del Vaupés realizar investigación exhaustiva en el Servicio Seccional de Salud del Vaupés, en relación con irregularidades que se habrían presentado en la compra de droga a entidades “de poca seriedad”. Indicó que, en junio de 2001, la Jefatura del Servicio Seccional de Salud hizo dos pedidos de drogas a BLESS LABORATORIES LTDA, uno por $71.491.676, y otro por $10

906.000, y que los medicamentos entregados presentaban fechas vencidas y eran de pésima calidad, por lo que no pudieron ser entregados a los usuarios del hospital. Además, a pesar de este antecedente, se ordenó un nuevo pedido al mismo distribuidor (Folios 1-2). Indicó el quejoso que el Hospital de San Antonio no tenía médicos suficientes porque no existía presupuesto; sin embargo, se había realizado un traslado de la partida destinada para contratar un cirujano y un anestesiólogo, para gastos en viáticos. También informó acerca de la situación caótica que atravesaba en esos momentos el Hospital de San Antonio, sin que los directivos de la Junta hicieran nada para buscarle solución. En oficio dirigido al Procurador General de la Nación, el 12 de julio de 2002, el señor Jorge Rey Espitia manifestó: En septiembre 21 de 2001, presenté ante la Procuraduría Regional Vaupés memorial solicitando INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA sobre presuntas irregularidades en la adquisición y compra de Drogas del Servicio de Salud de este Departamento a la firma BLESS LABORATORIES LTDA, en razón a que esta firma entrego (sic) a Servisalud Vaupés EXPEDIENTE 037-5738/01 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1 DECRETO DE NULIDAD unos medicamentos en malas condiciones . En cumplimiento de la Cláusula Decimotercera del contrato 041 estipula las características de los medicamentos; el funcionario interventor presentó su informe después de haber analizado y verificado la droga en oficio del 13 de

julio de 2001 GHSA-352, donde al final dice “El concepto de la interventoría es RECHAZAR EN SU TOTALIDAD LOS MEDICAMENTOS POR NO CUMPLIRSE las cláusulas Primera: Objeto del Contrato, la Séptima: De las Obligaciones Especiales y Cláusula Cuarta: Sobre entrega de los medicamentos y Proceder a la Devolución de los mismos. Tomar las acciones pertinentes al respecto” firmado Carmelo José Aguas Sierra, Gerente Hospital San Antonio de Mitú (…)A pesar de lo anterior, el Servicio de Salud canceló a BLESS LABORATORIES LTDA los medicamentos y le hizo nuevas solicitudes mediante contratos sin importarle los antecedentes (Folios 469, 470 y 471 A) (Resaltado del texto). Ahora bien, el informe de interventoría del contrato No. 041 suscrito por el interventor, señor CARMELO JOSÉ AGUAS SIERRA, el 13 de julio de 2001, al que hizo referencia el quejoso, en los diferentes escritos de denuncia, indicó que se presentaron las siguientes irregularidades en la ejecución del mismo: (Folios 472474, 634-636)

1. El contratista BLESS LABORATORIES Ltda, no entregó los elementos objeto del contrato dentro del plazo estipulado, habiéndose informado de ello a la Jefatura del Servicio mediante Oficio No 324 del 08 de junio de 2001 y al Contratista mediante oficio 325, enviado por correo ya que el fax suministrado por el contratista no responde según lo informado por la Secretaría de Gerencia.

2. El Contratista BLESS LABORATORIES Ltda hace entrega de la mercancía a Almacén el

día 9 de julio de 2001.

3. Revisado (sic) los medicamentos se encuentra que la mayoría de los productos no cumplen con las exigencias estipuladas en la cláusula séptima del contrato No. 041, en calidad óptima, manufactura, presentación y especificidad.

4. Los medicamentos no corresponden a un lote específico de clasificación y los productos farmacéuticos que enviaron corresponden a retales de varios lotes y laboratorios.

5. Algunos de los laboratorios son poco conocidos y de registro dudoso ante el Invima.

6. El empaque y presentación de algunos medicamentos se encuentran defectuosos o con magulladuras y etiquetas desprendidas.

7. Las cantidades de medicamentos no corresponden al total de lo solicitado en algunos casos, presentándose faltantes(…)

8. Algunas cantidades fueron completadas con otros productos de presentación y concentraciones distintas a las solicitadas(…)

9. Algunos medicamentos no fueron entregados o despachados(…)

10. Las fechas de vencimiento de algunos medicamentos son relativamente próximas a vencer, periodo menor de dos años a la fecha de entrega.

11. Algunos medicamentos tienen registro Invima vencido.

12. Algunos medicamentos presentan sobreprecios y la mayoría fueron cotizados con precio máximo al público de acuerdo a la revisión por catálogo.

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DECRETO DE NULIDAD Todas las anomalías detectadas están consignadas en el informe de interventoría de relación de la situación encontrada en los diferentes medicamentos que hace parte integral de este informe(…) En concepto de la interventoría es RECHAZAR EN SU TOTALIDAD LOS MEDICAMENTOS

por NO CUMPLIRSE las cláusulas Primera, Objeto del Contrato y la Cláusula Séptima de las obligaciones especiales y la Cláusula cuarta sobre entrega de los medicamentos y proceder a la DEVOLUCIÓN de los mismos. Tomar las acciones pertinentes al respecto (Resaltado del texto). Con fundamento en la queja presentada por el señor Jorge Rey Espitia, la Procuraduría Regional del Vaupés, el 2 de octubre de 2001, ordenó adelantar indagación preliminar, de conformidad con lo establecido en los artículos 138 y 139 de la ley 200 de 1995, y vinculó, mediante exposición espontánea, al señor CARMELO JOSÉ AGUAS SIERRA y a la señora LUZ PIEDAD SÁNCHEZ (Folio 8). Mediante auto del 3 de diciembre de 2001, la Procuraduría Regional del Vaupés ordenó la suspensión provisional de la doctora PIEDAD SÁNCHEZ MAARTÍNEZ, del cargo de Jefe del Servicio Seccional de Salud del Vaupés, por el término de tres (3) meses, con fundamento en el artículo 115 de la ley 200 de 1995. Expresó la Procuraduría Regional que existían serios elementos de juicio que, razonablemente, permitían inferir que la permanencia en el cargo y en el desempeño de las funciones de Jefe del Servicio de Salud del Vaupés, por parte de la señora Piedad Sánchez Martínez, interferirían en el trámite normal de la investigación, y que existía la posibilidad de que reiterara las faltas (Folios 133-141).

Por auto del 3 de diciembre de 2001, la Procuraduría Regional de Vaupés ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la señora PIEDAD SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en su condición de Jefe del Servicio Seccional de Salud del Vaupés, con el objeto de establecer su responsabilidad en la prestación anormal del servicio médico en el Hospital de San Antonio, Mitú, entidad que se encontraba desarrollando asambleas informativas, ordenadas por el sindicato, hasta tanto no se cancelaran los salarios atrasados a los empleados de la sede y del hospital; de igual forma, para determinar su responsabilidad en la celebración, con la firma BLESS LABORATORIOS LTDA de los contratos Nos. 040 del 4 de julio de 2001, por valor de $15757.200; 041, por valor de $52363.155; 049, por valor $71491.696, del 15 de junio de 2001, y el contrato 046, por valor de $10906.600, del 29 de julio de 2001, en los que se presentaron problemas relacionados con la calidad de los productos (Folios 142-145). Mediante oficio de diciembre 4 de 2001, la señora PIEDAD SÁNCHEZ MARTÍNEZ, con fundamento en el artículo 71 del CCA, solicitó la revocatoria directa del auto del 3 de diciembre de 2001, mediante el cual se le suspendió provisionalmente de su cargo como Jefe del Servicio Seccional de Salud del Vaupés (Folios 150-152). Esta solicitud fue negada por la Procuraduría Regional del Vaupés, mediante auto del 20

de diciembre de 2001 (Folios 201-208) Contra dicha decisión, presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, el apoderado de la defensa, el 31 de diciembre de 2001 (Folios 210-213). El 22 de enero de 2002, el Procurador Regional del Vaupés hizo referencia al escrito EXPEDIENTE 037-5738/01 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 3 DECRETO DE NULIDAD presentado por la defensa el 31 de diciembre de 2001 e indicó “estese a lo dispuesto en auto de fecha 20 de diciembre de 2001, que resolvió sobre la solicitud de revocatoria directa impetrada por el doctor Sánchez Calderón del acto que ordenó la suspensión provisional de la citada funcionaria, en el cargo de Jefe del Servicio Seccional de Salud del Vaupés” (Folio 221). Por auto del 1 de marzo de 2002, la Procuraduría Regional del Vaupés prorrogó la suspensión provisional por un término adicional de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento de la suspensión inicial, ordenada mediante providencia del 3 de diciembre de 2001 (Folios 260 a 268). . El 4 de junio de 2002, la Procuraduría Regional del Vaupés levantó la suspensión provisional que había impuesto a la señora Piedad Sánchez Martínez del cargo de Jefe del Servicio Seccional de Salud del Vaupés y ordenó su reintegro a partir del 5 de junio de ese mismo año, así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo que duró la suspensión (Folios 383-384).

LOS CARGOS Mediante proveído del 19 de agosto del 2003, la Procuraduría Regional del Vaupés formuló cargos en contra de la señora PIEDAD SÁNCHEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.839.574 de Cali, en su condición de Jefe del Servicio de Salud del Vaupés. Indicó, en primer lugar, sin aludir a conducta alguna, que la investigada pudo haber infringido los artículos 6°, 23-2 y 129 de la Constitución Política, y el artículo 40, numeral 1, de la ley 200 de 1995. Luego continuó, en los siguientes términos: (Folios 579-589 cuaderno 2) (...)La conducta imputada se halla en abierta contradicción con estas preceptivas constitucionales y legales. En primer lugar el señalado artículo 6ª Superior por ende el comportamiento debe examinarse a partir de los mandatos superiores. Sumado a lo anterior, consagra el artículo 40-1 de la ley 200/95, la observancia a los mandatos de la ley, que para este caso, la implicada con su comportamiento pudo haber violado el Estatuto de Contratación Estatal, al inobservar fundamentalmente los principios de economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva(...) (…)Al tenor del Art. 25-12 de la Ley 80/93, con suficiente antelación se deben elaborar los estudios, diseños y proyectos y los pliegos de condiciones. En este orden de ideas, los estudios y las previsiones aluden al registro nacional de proponentes, certificado sobre las buenas prácticas de manufactura del laboratorio expedida por el INVIMA, además del

certificado de existencia y representación legal, registro del INVIMA de los medicamentos, análisis de precios de mercado de los medicamentos y reactivos, los estudios de conveniencia o inconveniencia, etc. El principio de transparencia, según el cual, (art. 24ib) la escogencia del contratista se hará por licitación pública , salvo las excepciones contenidas en el numeral 1º del referido artículo. Teniendo en cuenta que el presupuesto de la entidad para la vigencia 2001, ascendió a la suma de $15.274.566.000.oo (f 537) y que el contrato No. 049/01, suscrito con BLES LABORATORIES LTDA, para el suministro de medicamentos del área rural ascendió a $71.491.696.oo, de conformidad con la disposición citada se debió adelantar el proceso licitatorio previsto en el artículo 30 ib, previa elaboración de los estudios y confección de los pliegos de condiciones con reglas objetivas, justas, claras y precisas, que permitan la adecuada confección de las ofertas; el acto administrativo de apertura del proceso licitatorio, presentación de las propuestas, EXPEDIENTE 037-5738/01 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 4 DECRETO DE NULIDAD evaluación de las mismas, acto administrativo motivado de adjudicación del contrato, es decir, actuar sin elusión de los procedimientos de selección objetiva y demás requisitos previstos en el estatuto contractual. Como se observa la implicada en su calidad de Jefe del servicio de Salud se limitó a solicitar cotización, pretermitiendo con el principio de Transparencia(…)

En este orden de ideas, en las condiciones planteadas, al suscribir el contrato No. 049/01, pudo resultar contraria al estatuto contractual al quebrantar presuntamente los principios de economía, transparencia y Selección objetiva. Este comportamiento además de configurarse como falta disciplinaria, es antijurídico en su aspecto formal por ser contrario al ordenamiento jurídico y en su aspecto material al traducirse en la afectación al bien jurídico tutelado de la administración pública y en la puesta en peligro al derecho fundamental de la salud. En consecuencia, teniendo en cuenta que se ha afectado el deber funcional por parte de la servidora, al tenor del artículo 5 de la Ley 734/02, se considera que su comportamiento es antijurídico y en su comportamiento no concurre eximente de responsabilidad (Resaltado fuera de texto). La falta se le imputó a la disciplinada a título de dolo por las siguientes razones: “(…)Y en este orden de ideas, cabe preguntar ¿cuál fue el desvalor de acción imputable a SANCHEZ MARTÍNEZ? ¿Su comportamiento corresponde a la expectativa que el rol funcional como JEFE DEL SERVCIO DE SALUD le tiene señalado? ¿Cuál fue el desvalor de resultado? ¿actuó dentro del marco legal y constitucional, o por el contrario, se tradujo en la afectación o en la puesta en peligro al bien jurídico tutelado, que para el caso que nos ocupa son la MORALIDAD Y LA SALUD? (Resaltado del texto). En este orden de ideas, como quiera que la conducta no se tradujo simplemente en la infracción al deber de cuidado, propio del delito culposo, su comportamiento debe

examinarse desde la perspectiva del delito doloso de acción, porque significó el desbordamiento del rol institucional, a sabiendas del proceso contractual que como representante legal y ordenadora del gasto de la entidad debió agotar. (…)En este orden de ideas, frente a la evidencia incriminatoria predicar la culpa resultaría una interpretación benévola, de un comportamiento que pudo haber resultado lesivo a los intereses del conglomerado y que riñe con los supremos postulados que bogan para que la función pública y los servidores públicos estén al servicio de la causa social, en especial, en el caso que nos ocupa en donde los derechos fundamentales a la salud y a la vida son objeto de protección. Así las cosas, el juicio de reproche, como quedó consignado ab initio del presente acápite debe endilgarse a título de dolo porque el sujeto agente de la infracción disciplinaria conoció los hechos constitutivos de la infracción y quiso su realización. Los conoció y quiso su realización cuando envió las referidas invitaciones a cotizar, en abierta trasgresión con los mandatos constitucionales y legales. En consecuencia, la señora SANCHEZ MARTÍNEZ, en su condición de Jefe del Servicio de Salud del Vaupés al parecer ejecutó el contrato No. 049/01 quebrantando las normas constitucionales (arts. 6º, 123 y 209 y la ley 80, art. 24 y 29), desbordando el rol funcional que le es propio y defraudando el querer de la colectividad que espera de sus autoridades actuaciones diáfanas, cristalinas, lícitas y que redunden en beneficio para el conglomerado (Resaltado fuera de texto). La falta imputada a la disciplinada fue calificada como gravísima, conforme a lo

establecido en el numeral 1 del artículo 25 de la ley 200 de 1995, para lo cual se tuvo en cuenta, según lo expuesto por la Procuraduría Regional, el grado de culpabilidad, la perturbación del servicio, la falta de consideración para con los administrados, la EXPEDIENTE 037-5738/01 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 5 DECRETO DE NULIDAD jerarquía y mando que la servidora pública tenía en la época de los hechos, como Jefe del servicio de Salud del Vaupés, según el artículo 27 de la misma ley.

DESCARGOS.

El apoderado de la disciplinada presentó memorial de descargos el 27 de noviembre del 2003 (Folios 601-617). En primera instancia, dijo el apoderado de la defensa que la falta de notificación del auto que ordenó iniciar la indagación preliminar en contra de su defendida provoca la nulidad de la actuación, dado que se inició la etapa de investigación disciplinaria sin haberse notificado la etapa anterior y se pretendió notificar a una persona totalmente diferente a aquélla. Indicó que la solicitud de revocatoria directa se fundó en que el auto que ordenó la indagación preliminar no nació a la vida jurídica, debido a que no se notificó en legal forma, lo que dio lugar a la violación del debido proceso y las formas propias del juicio, y no, como erradamente lo expuso la Procuraduría en el auto de cargos, en el hecho de que existieron vicios de procedimiento y, en especial, por haberse decretado la medida de suspensión provisional sin que se hubiera iniciado la indagación preliminar. Explicó la defensa que el auto de indagación preliminar del 2 de octubre de 2001 no

se notificó conforme a los artículos 44 y 45 del CCA, porque la Procuraduría Regional envió comunicación del 10 de octubre de 2001, que fue recibida en el despacho de la jefatura del Servicio de Salud el 16 de octubre del 2001, fecha en la cual su defendida se encontraba en cumplimiento de comisión oficial, tal como se desprende de las pruebas allegadas al informativo. A pesar de ello, la Procuraduría Regional no subsanó la falta de notificación personal, publicando el edicto respectivo. Por no haberse notificado la decisión de abrir indagación preliminar, la Procuraduría Regional del Vaupés desconoció lo dispuesto en la resolución 274 de septiembre de 2001 de la Procuraduría General de la Nación, basada en directrices establecidas mediante la circular 031 de agosto 28 de 2001, expedida por este mismo ente de control, en la que se dispone. (…)en las actuaciones de carácter preliminar en curso donde no existe constancia de notificación personal o por edicto debe procederse a subsanar la omisión, disponiendo se haga inmediatamente en el estado en que se encuentren las diligencias. Ello significa la obligación perentoria de revisar, en el término de quince (15) días siguientes al recibo de esta circular todas las actuaciones en curso para evitar futuras nulidades por violación al derecho de defensa. También afirmó la defensa que no se respetó el término de la investigación disciplinaria, establecido en seis (6) meses, dado que ésta se inicio por auto del 5 de diciembre de 2001, de modo que el auto de cargos debió expedirse a más tardar el 6

de mayo de 2002; sin embargo, el cargo fue imputado en auto del 19 de agosto del

2003. Indicó que la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que el respeto de los términos procesales por parte de la autoridad encargada de administrarlos constituye la base procedimental fundamental para la efectividad del EXPEDIENTE 037-5738/01 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 6

DECRETO DE NULIDAD debido proceso y el recto funcionamiento de la administración de justicia (Sentencia C-181/2002, M.P. Gerardo Monroy Cabra). Además, por no respetarse el término de la investigación disciplinaria, se vulneraron los principios de celeridad y economía procesal, y se dejó a su poderdante “subjudice” por un tiempo indefinido, violando sus derechos al debido proceso y a la defensa. Con respecto a la inobservancia de los principios de economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva, por parte de su defendida, al contratar con laboratorios BLESS Ltda., dijo que la Jefe del Servicio de Salud de esa época sí cumplió con la elaboración de los estudios, diseños, proyectos y pliegos de condiciones, los análisis de precios de mercado de los medicamentos y reactivos y los estudios de conveniencia que exige la ley 80 de 1993 y, por la misma razón, exigió los registros de la cámara de comercio, las certificaciones sobre las buenas prácticas de manufactura o de comercialización expedidas por el INVIMA, respecto del laboratorio que resultó escogido, así como el registro sanitario de los medicamentos ante esa entidad.

Indicó que, antes de la celebración de los contratos Nos. 040 y 041 de 2001, suscritos con BLESS LABORATORIES LTDA para suministro de materiales y medicamentos, se solicitaron las respectivas propuestas y cotizaciones. Así, se tiene que, para el contrato 040, se solicitó cotización de estos suministros el 6 de marzo de 2001 a DROMAYOR DEL LLANO y a HOSPICOL LTDA, las cuales reposan en la carpeta del respectivo contrato folios 4 y 5; igualmente, existen solicitudes de cotización a MEDIFORMA, el 28 de marzo de 2001, y a CODECUM LTDA, el 3 de abril de 2001. Indicó que, por la cuantía, $15.757.200, para escoger al contratista solo se necesitaba una cotización, y se podía contratar directamente, si la misma llenaba las expectativas económicas de costo-beneficio para la entidad, pero, en el caso concreto, para garantizar la transparencia y la selección objetiva, el Servicio de Salud solicitó varias cotizaciones. Se hizo un análisis de los precios de las ofertas, el cual, en concepto de la defensa, corresponde al análisis de conveniencia que exige la ley 80 de 1993, que fue realizado en relación con los medicamentos y el material quirúrgico objeto de los contratos 040 y 041, análisis que obra en la carpeta del contrato 040 a folios 26 a 29. La propuesta de BLESS LABORATORIES LTDA fue recibida en el Servicio de Salud el 17 de mayo de 2001 y la aprobación de dicha cotización, para el suministro de medicamentos y material jurídico de los contratos 040 y 041 de 2001, se hizo el 21

de mayo de 2001. El 31 de mayo de 2001, se solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal para la compra de los medicamentos del contrato 041 por valor de $52 363.155 y, el 21 de mayo de 2001, se pidió el correspondiente al contrato 040; los dos fueron expedidos el 4 de junio de 2001. Los registros de INVIMA requeridos para la celebración del contrato 041 también fueron solicitados y se encuentran en la carpeta respectiva. De igual forma, antes de celebrar el contrato 046, se solicitaron cotizaciones a HOSPICOL, BLESS, CGK LTDA, GENIRACOL LTDA y MEDIFORMA, y el análisis de los precios de las ofertas, que, para la defensa, corresponde al análisis de EXPEDIENTE 037-5738/01 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 7 DECRETO DE NULIDAD conveniencia. Para escoger al contratista, en este caso, también se necesitaba sólo una oferta, pero se pidieron varias, para garantizar la transparencia y la selección objetiva. El 9 de junio de 2001, fue aprobada la cotización de BLESS, por ser la más favorable en costo – beneficio para la entidad. El 1 de junio de 2001, se solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, el cual fue expedido el 11 de junio de 2001. Dijo la defensa que, respecto del contrato 049, cuyo valor fue de $71491.696, se obtuvo previamente la cotización de BLESS LABORATORIES LTDA, el 31 de mayo de 2001, y no se solicitaron más, por la cuantía, dado que la menor cuantía para contratar en forma directa, por el presupuesto de la entidad, era de 250 SMMLV, que,

en la fecha, correspondía a $71500.000; por lo tanto, no era necesario adelantar el proceso licitatorio previsto en el artículo 30 de la ley 80 de 1993 y, por tal razón, su defendida en ningún momento pretermitió el cumplimiento del principio de transparencia. El 9 de junio de 2001, fue aprobada la cotización, y, el mismo día, fue solicitado el certificado de disponibilidad presupuestal, el cual fue expedido el 12 de junio de 2001. Afirmó que, con las pruebas mencionadas anteriormente, queda demostrado que la señora PIEDAD SÁNCHEZ MARTÍNEZ no quebrantó los principios de economía, transparencia y selección objetiva y no existió afectación al bien jurídico tutelado por la administración pública y, por tal motivo, no existe falta disciplinaria, atendiendo a que se dio cumplimiento a los requisitos que se exigen para contratar directamente, en casos de menor cuantía. Con respecto a que su defendida puso en peligro el derecho fundamental a la salud, porque los medicamentos tenían fechas expiradas y eran de mala calidad, dijo que ésta actuó de buena fe, pues presumió que los medicamentos cumplían con los requisitos de comercialización, al tener el registro sanitario del INVIMA, es decir, confió en que los medicamentos cualitativa y cuantitativamente correspondían al nombre y a la concentración deseada para un óptimo resultado terapéutico. Así, pues, el hecho de que esté probado que algunos medicamentos no son aceptables o que la muestra arrojó resultados insuficientes, no es responsabilidad de su defendida, porque no es ella la que vulneró el interés de la administración pública.

No se puede afirmar, entonces, que su poderdante haya puesto en peligro el derecho fundamental a la salud de la comunidad del Vaupés, por el solo hecho de comprar, de buena fe, como Jefe del Servicio de Salud, medicamentos que, se presumían, cumplían con los requisitos que exige la ley para su comercialización y uso médico. Dijo, entonces, que la falta que se le imputa a su defendida es atípica. Solicitó que se tenga en cuenta el memorial de aportación de pruebas en el que se demuestra que, si bien se solicitó al señor Carmelo José Aguas, Gerente del Hospital San Antonio e interventor de los contratos, que ejerciera su función, y éste remitió sus reportes, en ellos se refiere a la mala calidad de los medicamentos, es decir, que algunos no reunían las normas técnicas, en cuanto a la vía de administración y a su presentación, pero nunca se manifestó si éstos no eran aceptables o suficientes, dado que no podía referirse a los análisis cualitativos ni cuantitativos, porque éstos sólo son realizados por el INVIMA.

EXPEDIENTE 037-5738/01 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 8

DECRETO DE NULIDAD Dijo que, una vez conocidos los informes de interventoría, se adelantó un proceso con BLESS LABORATORIES, con el fin de realizar los correctivos necesarios respecto de las irregularidades señaladas por el interventor, con la participación de la Personería municipal y la Contraloría departamental. Sobre los reportes de análisis del INVIMA de las muestras que, se presume, fueron tomadas por la Procuraduría Regional de Vaupés, en visita realizada a la Farmacia

del Hospital San Antonio de Mitú, el 15 de abril de 2002, no hay certeza de que se trate de las mismas muestras, dado que, en muchos de estos reportes, se indica que estas pruebas fueron solicitadas por la Secretaría de Salud del Atlántico, lo que hace a la prueba dudosa, y toda duda razonable debe resolverse a favor del disciplinado. Por esta misma razón, no se puede establecer, si dichos reportes correspondieron a los medicamentos que remitió el despacho del Procurador Regional del Vaupés a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales – unidad de asesoría técnico científica de la Procuraduría General de la Nación, ni si los analizados por el INVIMA corresponden a dichos medicamentos y reactivos. Dijo, además, que no se ha tenido en cuenta en el proceso que la investigación administrativa preliminar que adelantó la Directora General del Control del Sistema de Calidad, con ocasión de la queja remitida por el señor Jorge Rey Espitia, a la Procuraduría, fue archivada, por no encontrarse mérito para ordenar la apertura de investigación. Con respecto a la calificación de la falta, dijo, que ésta no se puede señalar como gravísima, porque no existió, atendiendo a que su defendida en la celebración de los contratos 040, 041, 046 y 049, actuó respetando la constitución y la ley, pues su actuación, en la etapa precontractual, se ciñó a los principios de buena fe, moralidad, transparencia y selección objetiva e, igualmente, en la etapa contractual, obró con eficiencia y diligencia para corregir las irregularidades presentadas en cuanto a la calidad de los medicamentos y reactivos, una vez el interventor señaló las

inconsistencias. Con base en los anteriores planteamientos, la defensa solicitó la nulidad de lo actuado, por los vicios de procedimiento que se presentaron al inicio de la investigación disciplinaria, por haberse violado por parte de la Procuraduría Regional del Vaupés el debido proceso y el derecho de defensa y, en consecuencia, ordenar el archivo de las diligencias. También solicitó que se tengan como pruebas las que demuestran que sí hubo vicios de procedimiento por parte de la Procuraduría Regional de Vaupés, el memorial de aportación de pruebas presentado por la defensa el 19 de marzo de 2002 y sus cuadernos anexos. Pidió que se rechacen, por inconducentes y por falta de mérito probatorio, los análisis cualitativos y cuantitativos realizados por el INVIMA y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, por las razones ya aducidas. Como pruebas, requirió realizar visita a la Oficina del Departamento Administrativo de Salud, para revisar las carpetas de los contratos 040, 041. 046 y 049 de 2001, donde se prueba, con documentos que dan cuenta de que en la etapa EXPEDIENTE 037-5738/01 – MARTHA LUCÍA AGUILAR