PGN - Documento 201604171146146

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación 077-2392-2004 Investigado Néstor León Ramírez Valero Cargo y Entidad Alcalde Municipal San Vicente del Caguán, Caquetá Quejoso Anónimo Fecha hechos 2003 Fecha queja 25-11-03 Asunto Decreto oficioso de nulidad Bogotá D.C. 3 de octubre de 2007

I. ASUNTO Sería el caso que la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública resolviera el recurso de apelación interpuesto por el defensor de Néstor León Ramírez Valero, contra la providencia sancionatoria proferida el 18 de julio de 2006 por la Procuraduría Regional de Caquetá; sino se advirtiera causales de nulidad que invalidan la actuación.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL La División de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, remitió a la Regional del Caquetá el radicado No.10552, suscrito por la doctora Ana María Echeverry Álvarez, Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, con el fin de investigar el menoscabo al presupuesto del municipio de San Vicente del Caguán, al adquirir un lote para construir el matadero y realizar contratos ficticios. (Cfr. fls 4, 5 C. O.) Por auto del 4 de febrero de 2004 la Procuraduría Regional del Caquetá dispuso indagación preliminar contra el alcalde y tesorero del municipio de San Vicente del

Caguán y la práctica de pruebas. (fls. 6 y 7) El 11 de mayo de 2005, el Procurador Regional (e) del Caquetá ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra de Néstor León Ramírez Valero y otros. (fls. 471 al 472) El 7 de marzo de 2006 la Procuraduría Regional del Caquetá formuló de nuevo pliego de cargos a Néstor León Ramírez Valero, Alcalde de San Vicente del Caguán y se abstuvo de formularle a otros. (fls. 559 al 567) El 18 de julio de 2006 el Procurador Regional del Caquetá al encontrar disciplinariamente responsable del cargo formulado al señor Néstor León Ramírez Valero, Alcalde de San Vicente del Caguán para la época de los hechos, le impuso como sanción destitución e inhabilidad de veinte años para ejercer funciones públicas. (fls. 615 al 626) El 27 de febrero de 2007, previo a resolver la apelación contra el fallo sancionatorio, este despacho ordenó complementar la prueba practicada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi territorial del Caquetá. (fls. 655) Ofrecida respuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante oficio 7832007EE365-O1 –F.1-A.1, en cumplimiento del auto anterior, el 8 de mayo de 2007 se notificó el doctor Paulo Alirio Santacruz Benavides, apoderado del disciplinable para los efectos legales señalados en el artículo 254 del Código de

Procedimiento Penal. (fls. 657 al 701 y 707 C.O. 2)

III. FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El 18 de julio de 2006, la Procuraduría Regional del Caquetá decidió en primera instancia la situación jurídico disciplinaria del señor Néstor León Ramírez Valero, alcalde de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, declarándolo responsable disciplinariamente e imponiéndole como sanción destitución e inhabilidad de veinte años para ejercer la función pública en cualquier cargo o función.

Rechazó el a quo los argumentos esgrimidos por el disciplinado para justificar la aceptación del avalúo del inmueble realizada por la Sociedad de Arquitectos de Colombia, por cuanto legalmente no le era permitido, pues existía la entidad oficial autorizada a la cual debió acudir el sancionado y aplicar el procedimiento previsto en las normas citadas en el pliego de cargos. Que al pagar una suma de dinero tan elevada para la adquisición del inmueble por no haber solicitado el avalúo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, siendo para esta clase de negocio jurídico –compraventatrámite de carácter obligatorio, tal situación contribuyó a que no se conociera en forma imparcial, manifestó el juez disciplinario de primera instancia “…el precio comercial del inmueble y así sentar la base de la negociación en forma previa al perfeccionamiento de la compraventa…”. Por tanto, determinó su responsabilidad respecto del reproche formulado, no desvirtuado con los argumentos expuestos en el desarrollo de su defensa, por su

participación en la etapa precontractual y contractual previa a la adquisición del inmueble identificado por los linderos contenidos en la escritura pública 402, suscrita el 6 de noviembre de 2003, protocolizada ante la Notaría Única del Círculo de El Doncello, Caquetá. (fls. 615 al 626 y 690 al 693)

IV. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN Argumentos expuestos por el defensor del investigado Néstor León Ramírez

Valero. El defensor del inculpado, doctor Paulo Alirio Santacruz Benavides, mediante memorial visible a folios 629 al 639 del cuaderno original, fundamentó el recurso de apelación interpuesto contra la decisión sancionatoria proferida el 18 de julio de 2006 por el Procurador Regional del Caquetá y solicitó revocar la sanción impuesta al disciplinable. Manifestó, al referirse a la validez de la actuación, que al no haberse recibido declaración al señor Douglas Alfonso Romero Sánchez, por cuanto la Procuraduría sólo se limitó a citar al declarante sin agotar otros medios para que aquel compareciera, cercenan el derecho de defensa de su asistido. Ello es así, sostiene el defensor, en la medida de que la declaración de Romero Sánchez <<… otorga elemento de juicio aportador sobre la realidad comercial de la comarca, en la medida que su concepto está edificado en guarismos, analizables, confrontables y controvertibles a través de cualquier medio probatorio >>. Que la comunicación de la Directora del IGAC del 18 de marzo de 2005, oficio

6.6/0452, considerada como plena prueba que, a juicio del juzgador de primera instancia, es el punto de comparación con el valor pagado por el predio, es ambivalente y dubitable por el carácter subjetivo que tiene, por tanto, es inexistente en términos del artículo 140 de la Ley 734 de 2002, además, de no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 415 del código de procedimiento penal, en punto de declaración de perito, por tanto el peritazgo que apoya la sanción no reúne los mínimos requisitos, ni se aplicó la ritualidad exigida para su validez y fuerza probatoria. Rechaza la calificación dada a la conducta como dolosa, pues es ir en contravía del artículo 83 constitucional y aceptar el querer el resultado, cuando precisamente su defendido actuó con la convicción firme de que estaba bien aceptar el peritaje del arquitecto Douglas Romero, más cuando a éste último no le fue oído su testimonio quien pudo ratificarse o rectificarse en su postura por ser el gestor de haber realizado el estudio técnico y científico del predio. Finalmente, solicita se revise lo relacionado con la unidad procesal que ha debido mantenerse, si se tiene en cuenta que la investigación adelantada en el expediente 077-002517-2004, posterior a la adelantada en el 077-2392-2004, se refiere al avalúo del predio cuyo valor apoya la decisión que se apela en el presente expediente, porque no cabe la menor duda que el hecho en sí, hace parte del proceso precontractual cuestionado en el último fallo con ineludible y estrecha conexidad, circunstancia que por mandato del artículo 81 de la Ley 734 de 2002, obligaba a ser

investigado bajo la misma cuerda procesal, con el fin de no dar margen a la figura del non bis in ídem, en el sentido de que nadie puede ser investigado dos veces por el mismo hecho, consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política, concluye el apelante.

V. CONSIDERACIONES De acuerdo con la naturaleza del asunto, la calidad y jerarquía del investigado, la Procuraduría Regional del Caquetá falló en primera instancia este proceso disciplinario, en consecuencia, corresponde a esta Delgada, de acuerdo con lo preceptuado por el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, desatar el recurso de apelación interpuesto a través de apoderado contra la providencia proferida el 18 de julio de 2006.

Para ello el despacho analizará: i) los argumentos del recurrente frente a la decisión adoptada, ii) si se pagó un precio mayor al costo real del inmueble.

Es importante precisar cuál es el procedimiento establecido por la ley para la venta o adquisición de inmuebles por las entidades estatales. De la obligación de solicitar el peritazgo en la compraventa El Decreto 855 de 1994, por el cual se reglamentó la Ley 80 de 1993, en el artículo 17 ordenó para efectos de la venta o adquisición de un bien inmueble, que es deber de las entidades estatales solicitar previamente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o a cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos, para determinar el precio del bien y

sentar la base de la negociación antes del perfeccionamiento de la compraventa. Al efecto establece el artículo 17 del decreto 855 de 1994: <<Artículo 17. Sin perjuicio en lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa. Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo, que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, previa solicitud de la entidad. Si pasados quince días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con tal fin, un experto en la materia. >> Esta norma fue modificada por el artículo 27 del decreto 2150 de 1995, cuyo texto reza: “Avalúos de bienes inmuebles. Los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos. Parágrafo. Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles” (expresiones subrayadas condicionalmente exequibles[1]).

De la nulidad por errónea calificación jurídica y vulneración al principio de legalidad de las faltas, elemento integrante del debido proceso Al observarse que la primera instancia ordenó la práctica de una prueba pericial ante el IGAC, la cual pretendió hacer el avalúo del bien inmueble objeto del presente proceso disciplinario, y que el dictamen adolecía de algunos requisitos de ley, se trató de corregir el yerro de la etapa instructiva disponiendo la ampliación del dictamen y concretando los requisitos previstos en la ley para la práctica de tal medio de prueba. [1] Los apartes subrayados fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-492-96 del 26 de septiembre de 1996. La Corte aclara: "La exequibilidad de los transcritos apartes normativos se declara sólo en el entendido de que, para los efectos que en tales disposiciones se contemplan, las expresiones 'lonjas de propiedad raíz' están referidas a todas las asociaciones y colegios que agrupen a profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles". Empero, al revisar nuevamente el proceso se advierte la existencia de irregularidades sustanciales que afectan irremediablemente la validez de la actuación y que imponen necesariamente la nulidad procesal. Al efecto, en el procedimiento de adecuación típica y de imputación jurídica realizado en el pliego de cargos se observa una errónea calificación jurídica, por cuanto se hizo la subsunción con base en lo normado en el artículo 17 del decreto 855 de 1994, cuando tal norma fue modificada de manera expresa por el artículo 27 del decreto

2150 de 1995; tal como arriba se transcribió. Como se sabe, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que “…nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa…” y, en este proceso, como viene visto se hizo la imputación, juzgamiento e impuso la sanción con fundamento en una norma legal que había sido subrogada, es decir, el artículo 17 del decreto 855 de 1994 no era la ley preexistente, sino el artículo 27 del decreto 2150 de 1995. De esta manera, el principio de legalidad de las faltas y en sí del proceso resulta afectado, por ende, el debido proceso también, por cuanto el operador jurídico está desconociendo un derecho fundamental del procesado, el ser juzgado conforme a la ley preexistente al hecho imputado, tal como se explicó líneas arriba. De esta manera, al advertirse que se ha juzgado apartándose de la legalidad de la falta, que se no se ha juzgado conforme a la ley preexistente, no hay lugar a subsanar la actuación, porque es necesario retrotraerla al estadio en que se presentó la vulneración del principio de legalidad y del debido proceso, y reiniciar el proceso desde esa etapa procesal, haciendo, obviamente, la imputación jurídica conforme a las exigencias constitucionales y legales, garantizando así los derechos que le corresponden al implicado. Por estas breves razones, se decretará la nulidad del proceso, para que se expida el pliego de cargos como corresponde. De la investigación integral Consagra el artículo 129 del CDU (ley 734 de 2002) el deber de imparcialidad del

funcionario en la búsqueda de la prueba y por ello le corresponde buscar “la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio.” Al efecto, en el presente proceso se solicitó al IGAC dictaminar acerca del valor comercial del predio materia del cuestionamiento disciplinario, sin embargo, la prueba no se practicó como dispone el código de procedimiento penal, por cuanto no se siguió el procedimiento previsto en el inciso 3 del artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, que exigen hacer un cuestionario así como explicar las razones tenidas en cuenta para determinar el valor y tampoco se corrió traslado tanto al disciplinable como a su apoderado para los efectos legales señalados en el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal. De esta manera, el acopio probatorio no satisface plenamente las exigencias legales, con lo cual se afecta, de paso, el derecho de defensa, por cuanto el avalúo no permite su controversia; por lo tanto, es necesario que se practique la prueba en los términos previstos en las normas de procedimiento y, además, que se permita su controversia, bien al correr el traslado del dictamen, o en su defecto en el pliego de cargos. Aunque se pretendió por la segunda instancia corregir las falencias de la prueba, se reconsidera la situación y debe decretarse la nulidad de la actuación por falta de investigación integral de los hechos, especialmente en cuanto al real valor comercial

del predio objeto de la compraventa cuestionada, con la capacidad legal de permitir su controversia en forma oportuna y no después del fallo de primera instancia. De esta forma, es del caso decretar la nulidad de la actuación desde la etapa de investigación, con el fin de reestablecer las garantías y derechos del procesado, debiendo la primera instancia ordenar y practicar en debida forma la prueba pericial, conforme al Código de Procedimiento Penal, respecto del avalúo comercial del predio en cuestión especificando la fuente de conocimiento del perito y sobre todo los estudio9s referentes a la ubicación del predio, naturaleza urbana o rural y uso del suelo, vías, acceso a servicios públicos, estrato, si fuera el caso, ,desarrollo urbanístico, etc.; así como hacer la adecuación típica y imputación jurídica conforme a la ley preexistente al momento de la realización del comportamiento por el cual se está acusando. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE PRIMERO: Decretar la nulidad de la actuación, la cual quedará vigente desde la investigación, a fin de que se reponga la misma por la Procuraduría Regional del Caquetá, conforme a los hechos y por las razones expresadas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Notifíquese personalmente al señor Néstor León Ramírez Valero la decisión adoptada y a su apoderado, doctor Paulo Alirio Santacruz Benavides, a través de la Procuraduría Regional del Caquetá.

Al disciplinable se le puede citar a su domicilio en la calle 1C No. 25 A -24 barrio

Santa Isabel en Bogotá y al apoderado en la carrera 7 No. 17-01 oficina 713 de la misma ciudad.

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal realícense las comunicaciones, anotaciones y constancias de rigor.

Remítase el expediente a la Procuraduría Regional del Caquetá.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Delegado para la Moralidad Pública

SGS/JIHS.