PGN - Documento 201604171146563

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación: 089-2222-04

Disciplinado: David Alfonso Murillo Aragón, Nerio Luis Levette Mejía,

Campo Elías Caicedo Atencio, William Carlos Rodríguez Araos y Martín Del Rosario Zuleta Molina Cargo y Entidad: Concejales del Municipal de Distracción Quejoso: ana clara Fonseca Martínez Fecha de la queja: 17 de marzo de 2004

Fecha de los hechos: 7 de enero de 2004

Asunto: Nulidad. Irregulares consistentes en violación del Régimen de Inhabilidades por parte de los Concejales de Distracción al entrar a elegir al Personero Municipal en persona presuntamente inhabilitada.

Bogotá DC, junio 01 de 2004 Con memorial recibido el día 19 de abril de 2004 el Señor GILDARDO ANTONIO VASQUE GONZÁLEZ en su condición de apoderado de los implicados DAVID ALFONSO MURILLO ARAGÓN, NEIRO LUIS LEVETTE MEJÍA, CAMPO ELÍAS CAÍCEDO ATENCIO, WILLIAM CARLOS RODRÍGUEZ ARAOS y MARTÍN DEL ROSARIO ZULETA MOLINA, en sus calidades de Concejales del Municipio de Distracción de la Guajira, para la época de ocurrencia de los hechos, investigados dentro del expediente radicado bajo el Número 089-2222-04, presenta escrito en el cual interpone recurso de apelación, pero dentro de la sustentación solicita la nulidad del Fallo de Primera Instancia por no haberlo proferido dentro de los términos de

señalados en el artículo 178 de la Ley 734 de 2002, que transcribe: “...la diligencia se podrá suspender para proferir decisión dentro de los dos días siguientes...”; analiza tal situación afirmando que le resultaba claro el vencimiento del término y que la Instancia lo profirió por fuera del mismo considerando que en la sinopsis del proveído ni siquiera hizo referencia a esa circunstancia, ni presentó las justificaciones por la conducta asumida violando con ello la norma mencionada y “haciendo inoponible el fallo, por lo que el Superior debe decretar la nulidad de lo actuado”. Revisada la actuación adelantada hasta la fecha, se observa que en el acta final de audiencia de 1 de abril de 2004 se recepcionaron pruebas, se modificaron las imputaciones a los implicados, de las cuales se corrió traslado a su apoderado quien presentó alegatos de fondo para todos ellos y finalizando el acta la Instancia expresó:”...se procede a fijar fecha para proferir fallo en audiencia el día jueves 15 de abril de 2004 a las 2:30 de la tarde...”, suspendiéndose la audiencia y quedando notificada en estrados (fls. 186-191). Se verificó igualmente que la Instancia profirió el fallo respectivo el 15 de abril de 2004, en audiencia realizada en la sede de la Procuraduría Regional de la Guajira a las 5:45 de la tarde, en presencia de los Concejales y el apoderado de los mismos, dando lectura al proveído, ordenando su incorporación al acta respectiva,

notificándolo en estrados, por lo que el apoderado de los disciplinados apeló la decisión, exponiendo sus inconformidades apoyado en sentencias de la Corte Constitucional y con base en las diferencias entre el Derecho Disciplinario y el Penal, recalcando que la norma solo concede dos días para proferir el fallo a pesar de lo cual se expidió luego de “veinte o quince días después” (fl. 223-224). Esta Delegada verificó que conforme el artículo 178 de la Ley 734 de 2002 el lapso para proferir decisión dentro de los procesos verbales es de dos días contados a partir de la fecha en que concluyen las intervenciones, las cuales en el presente caso finalizaron con el alegato de conclusión del apoderado de los disciplinados 1 realizada el 1 de abril de 2004 y el fallo se encuentra fechado el 15 del mismo mes y año. La audiencia citada se efectúo el jueves 1 de abril de 2004, por tanto el término empezaba a correr a partir del día siguiente hábil, el viernes 2, no se cuenta por efecto de vacancia entre 3 y 11 por corresponder a descanso legal durante Semana Santa, reiniciándose el término para fallar el 12 de abril, es decir que el pronunciamiento se demoró dos días. El apoderado considera que por lo anterior se configura una nulidad sin especificar ninguna en particular, limitándose a expresar que el Superior debería decretarla por existir una mora en efectuar el pronunciamiento, por lo que estimaba que el fallo es

inoponible (sic). Revisadas las causales de nulidad que se establecen en el proceso ordinario, encuentra este Despacho que dada la descripción de la irregularidad procesal que se propone, debe analizarse el asunto bajo las causales traídas en los literales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, es decir por violación del derecho a la defensa del investigado y por la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Al respecto considera este Despacho que no existe violación del derecho de defensa toda vez que se verificó que durante el transcurso de la primera instancia, los acusados fueron legalmente notificados y estuvieron asistidos por un apoderado gozando de defensa técnica durante todas y cada una de las etapas procesales. En relación con una presunta irregularidad sustancial que pudiera afectar el debido proceso, no logra acreditar el apelante dicha circunstancia, por cuanto la ritualidad consagrada en la Ley 734 de 2002, se respetó a cabalidad, se realizaron las audiencias del procedimiento verbal, con la asistencia de las partes, se les corrieron sus traslados para que presentaran sus exculpaciones, se recepcionaron las pruebas decretadas y posteriormente se profirió el fallo respectivo. En lo que respecta a la aplicación de principios consagrados en el Código de Procedimiento Penal, remitiéndonos al mismo, se reproducen en la normatividad disciplinaria, entre ellos el de integración, que lo relaciona con las garantías constitucionales, el de igualdad y libertad, defensa, juez natural, contradicción y legalidad, éste último ordena ser investigado conforme a la ley procesal vigente con

observancia de las formas propias de cada juicio y si bien se presenta una mora de dos días ello no implica que la Procuraduría halla perdido competencia para proferir el fallo, el cual no deja de ser oponible por esta circunstancia comprometiendo eventualmente la responsabilidad subjetiva del fallador por cuanto no puede asimilarse el término para fallar en el proceso verbal con la prescripción de la acción disciplinaria. El apoderado de los investigados menciona también que existe nulidad porque se cambio la calificación de la imputación subjetiva inicial de culpa gravísima a dolo. Para analizar esta situación el Despacho tiene en cuenta que los hechos endilgados no fueron variados, solamente la imputación subjetiva y la variación se dió en audiencia pública dando traslado oportuno a la defensa, señalando con precisión el marco de la acusación y la referencia sobre la cual debería desplegar su defensa, lo que significa que no se presenta violación o irregularidad sustancial que afecte el debido proceso ni violación al derecho a la defensa. De lo expuesto se colige que no resultan valederos los argumentos presentados por el defensor de los implicados por cuanto como se expuso en precedencia las 2 nulidades legalmente consagradas no se configuraron y el fallo citado no se encuentra viciado de nulidad; simplemente nos encontramos frente a una demora ocasionada como es de público conocimiento por la congestión que presentan los diversos Despachos de la Procuraduría General de la Nación, que en nada afectan las garantías otorgadas a los disciplinados, menos aún el resultado del procedimiento que en todo caso, tanto para el proceso ordinario como para el verbal, luego de agotar las etapas consagradas en la normatividad disciplinaria vigente será

el Fallo de Instancia. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, RESUELVE PRIMERO: No decretar la nulidad de la actuación disciplinaria solicitada por el señor GILDARDO ANTONIO VASQUE GONZÁLEZ en su condición de apoderado de los implicados DAVID ALFONSO MURILLO ARAGÓN, NEIRO LUIS LEVETTE MEJÍA, CAMPO ELÍAS CAÍCEDO ATENCIO, WILLIAM CARLOS RODRÍGUEZ ARAOS y MARTÍN DEL ROSARIO ZULETA MOLINA, en sus calidades de Concejales del Municipio de Distracción de la Guajira, para la época de ocurrencia de los hechos, por las razones anotadas en la parte motiva. Continúese el trámite del proceso.

SEGUNDO : Notificar personalmente al Dr. ÁLVARO IGNACIO ALARIO MONTERO en su condición de apoderado sustituto de los implicados, la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, que se deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los tres días siguientes a la última notificación. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará estado en los términos previstos por el art. 321 del CPC.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM / ajad Exp: 089-2222-04 janeth 3