PGN - Documento 201604171147008

PROCURADURIA SEGUNDA DELEGADA PARA lA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Bogotá DC, 23 OCT. 2001 De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley 200 de 1995, procede el Despacho a evaluar el mérito de los elementos probatorios aportados en la etapa preliminar con el propósito de decidir si se ordena la apertura del proceso disciplinario o el archivo de la actuación. HECHOS Presentan los quejosos un recuento de su situación laboral como empleados del servicio educativo nacional y en especial mencionan su Inscripción en carrera administrativa por la Comisión Nacional del Servicio Civil una vez cumplidos los requisitos señalados en la Ley 61 de 1987. Aducen que certificado el Departamento de Antioquia por el gobierno nacional en diciembre de 1995, se expidió el Decreto Departamental 5004 por medio del cual se reestructuró la Secretaría de Educación y Cultura y en su artículo 21 dispuso que luego de la certificación se incorporaría en la planta de cargos de esa dependencia, el personal docente y administrativo adscrito a los establecimientos educativos. Finalmente, por Decreto 2073 del 31 de julio de 1997 el Gobernador del Departamento de Antioquia ordenó desvincularlos del servicio por terminación del contrato provisional, con desconocimiento de los derechos adquiridos desde abril de 1996 cuando fueron incorporados a la carrera administrativa.

ELEMENTOS PROBATORIOS RECAUDADOS

1. Oficio del 16 de septiembre de 1988 del Jefe de la División de Personal del Ministerio de Educación comunicando a BERTA MARÍA RAMOS su nombramiento como auxiliar de servicios generales de la Concentración de Desarrollo Rural de

Necoclí (folio 25).

2. Oficio 22733 del 19 de mayo de 1989 suscrito por el Jefe de la División de Personal del Ministerio de Educación al Señor OTONIEL LICONA MEJÍA comunicándole que por Resolución 3311 del 28 de abril fue nombrado provisionalmente en el cargo de celador de la Concentración de Desarrollo Rural de Necoclí (folio 23).

3. Decreto 1039 del 16 de abril de 1991 del Gobernador de Antioquia nombrando a ALEJANDRO MERCADO ROJAS, PEDRO ANTONIO SIERRA PÉREZ y MARÍA DEL ROSARIO ARTEAGA, en el cargo de auxiliar de granja, los dos primeros y secretaria de la Concentración de Desarrollo Rural del Municipio de Necoclí, la última (folios 17 y 18).

4. Acta de Posesión del 18 de mayo de 1991 de ALEJANDRO MERCADO ROJAS como auxiliar de Granja en la Concentración Escolar de Desarrollo Rural de Necoclí

(folio 16).

5. Versión libre del Doctor ELPIDIO CEBALLOS MAYA quien se desempeñó como asesor del Secretario de Educación por la época de los hechos, que se concretó a la presentación de explicaciones sobre el proceso que siguió a la certificación del Departamento de Antioquia una vez asumió la administración del personal docente y administrativo de los establecimientos educativos de carácter nacional, entre el que figuraban lo quejosos en este asunto y una vez recibido el personal y la planta, se realizó el estudio de necesidades de cada plantel y definió su planta de personal con

el criterio de racionalización de los recursos existentes. En esas condiciones se dio la supresión de cargos, desvinculando a los empleados que no estaban inscritos en carrera y aquellos que estaban nombrados provisionalmente o en interinidad. En el caso concreto de los quejosos explicó que no se encontraban inscritos en carrera y no podían estarlo, porque para ello era indispensable que hubieran ingresado mediante concurso. Refutó el argumento de los quejosos conforme al cual tenían derechos adquiridos con fundamento en la Ley 27 de 1992, en el sentido de manifestar que dicha normatividad regula las condiciones de permanencia de los empleados territoriales que ellos no ostentaban y que solo vinieron a adquirir en 1996 con la certificación del departamento y de otra parte, la Ley 61 de 1987 cobija a los empleados del orden nacional y su vinculación se hizo con posterioridad en el año de 1991 (folios 42 y 45).

6. Oficio de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia en el que se precisa que los señores OTONIEL LICONA MEJÍA, PEDRO SIERRA PÉREZ, ALEJANDRO MERCADO ROJAS y BERTA MARÍA RAMOS CARMONA tenían el carácter de

provisionales y por ende no estaban inscritos en carrera; el 20 de diciembre de 1995 mediante Resolución 6000 el Ministerio de Educación Nacional certificó al Departamento de Antioquia el cumplimiento de los requisitos para asumir la administración directa de los recursos del situado fiscal; en el caso en estudio no se requería el concepto previo de la Junta Municipal de Educción para la desvinculación de ese personal, pues la terminación de la provisionalidad es del resorte de la

administración departamental (folios 46 y 47).

7. Decreto 2073 del 31 de julio de 1997, por medio del cual el Gobernador de Antioquia dio por terminado el nombramiento provisional entre otros, de OTONIEL LICONA MEJÍA, PEDRO SIERRA PÉREZ, ALEJANDRO MERCADO ROJAS y BERTA ROJAS CARMONA (folios 75 a 80).

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Se cuestiona la decisión del entonces Gobernador de Antioquia Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ contenida en la Resolución 2073 de julio 31 de 1997, considerando que con la declaratoria de insubsistencia se vulneraron derechos adquiridos por los quejosos, quienes en virtud de la Ley 27 de 1992 debieron ser inscritos en carrera pues de conformidad con el artículo 4 en el momento de la incorporación en abril de 1996, dejaron de ser empleados nacionales para ubicarse en el nivel departamental. Para el análisis de la situación planteada cuenta la investigación con un ejemplar del Decreto 1039 de 1991 por medio del cual se vinculó en interinidad a ALEJANDRO MERCADO ROJAS y PEDRO ANTONIO SIERRA PÉREZ el 16 de abril de 1991, documento con el que se demuestra en que condiciones laborales se encontraban los quejosos para la fecha en que entró en vigencia la Ley 60 de 1993, como punto de partida que permite definir si en realidad tenían no derecho a su incorporación en la carrera administrativa. De otra parte debe tenerse en cuenta que no existe información respecto de la presentación de concurso por parte de los peticionarios, de donde se concluye que no pueden argumentar que por el simple hecho de estar vinculados a la Secretaría

de Educación Departamental, tenían derecho a ser incorporados en carrera administrativa, pues ninguna disposición legal los amparaba y su condición de empleados en provisionalidad, le daba libertad al nominador, en este caso al Gobernador del Departamento de Antioquia de terminar esa situación que por sus mismas características se torna eventual. Ahora bien en cuanto a la cita que se hace del Decreto 5004 del 19 de diciembre de 1995 por medio del cual se reestructura la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, es menester precisar que si bien el artículo 21 dispone que una vez se certifique al Departamento, el personal administrativo se incorporará como personal departamentalizado, conservando su nivel, código, grado y régimen salarial y prestacional de los empleados nacionales y sus incrementos se regirán por las normas nacionales, es entendible que se trataba de aquellos empleados inscritos en carrera administrativa y además sujeta esa incorporación a la planta de cargos aprobada y adoptada para el efecto. De tal manera que frente a la facultad discrecional que tenía el gobernador por la condición de empleados vinculados en provisionalidad, no se vislumbra como pueda considerarse que se violaron derechos adquiridos, cuando las circunstancias demuestran situaciones completamente diferentes a las argumentadas por los quejosos. Por lo demás, resulta importante advertir que ese acto administrativo cuestionado por los quejosos, goza de la presunción de legalidad que ampara las decisiones de la administración, estándole vedado a la Procuraduría inmiscuirse en asuntos que corresponde dirimir a la justicia ordinaria, en el evento en que los quejosos decidan demandar su ilegalidad.

No se dan en el presente caso los presupuestos establecidos en el artículo 144 de la Ley 200 de 1995, por lo que debe disponerse el archivo de la averiguación preliminar en favor del Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ en su condición de Gobernador de Antioquia con la consideración de no constituir el hecho denunciado, falta disciplinaria. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE: PRIMERO: Ordenar el archivo de la presente averiguación preliminar adelantada contra el Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ en su condición de Gobernador del Departamento de Antioquia para la época de los hechos, en aplicación de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 200 de 1995 y conforme a lo considerado en esta providencia.

SEGUNDO: Por la Secretaría de este Despacho librar las comunicaciones de Ley, en especial la estipulada en el inciso 2 del artículo 151 de la Ley 200 de 1995, con la advertencia para el quejoso de proceder contra esta decisión el recurso de apelación que podrá interponer ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

OLGA LUCÍA ZULUAGA VÁSQUEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. OLZV/lina m. Exp. 14-41797.