PGN - Documento 201604231611434

Bogotá, 28 de noviembre de 2007 PAD

C-367-2007

Señor

EDIMER MÉNDEZ MONROY

Calle 6.ª 1-42, barrio La Pola Ibagué (Tolima) Ref.: Su documento fechado el 26 de octubre de 2007 y radicado en esta oficina el 20 de noviembre del año en curso, después de ser remitido por la Procuraduría Regional del Tolima.

Respetado Señor: En el escrito de la referencia, pide lo siguiente: … me sean recepcionados descargos para probar que no estoy inhabilitado para cargos públicos o para ser elegido a una corporación pública (…). Para poder ser elegido concejal del período 2008-2011.

Al respecto, me permito manifestar: Con relación al asunto planteado, es pertinente anotar ante todo que en materia consultiva, conforme a la Circular 038 del 13 de septiembre de 2001 del Procurador General de la Nación, no se admite la absolución de casos particulares y concretos y, por ende, las respuestas sólo pueden contener pautas generales sobre el tema objeto de cuestionamiento. Una vez efectuada esta precisión, debe decirse lo siguiente: Según el Certificado de Antecedentes Válido Únicamente para Investigación n.° 7627586, del 26 de noviembre de 2007, el señor EDIMER MÉNDEZ MONROY, identificado con la cédula de ciudadanía n.° 93.355.872, candidato al concejo, tiene registrada la sanción penal de pena de prisión, durante 20 meses, impuesta por el Juzgado 6 Penal Municipal de Ibagué, por el delito de ABUSO DE CONFIANZA,

mediante sentencia de fecha 12/09/2005, con efectos jurídicos desde el 27/09/2005. 1 El artículo 174 de la Ley 734 de 2002 indica que las autoridades deberán reportar a la Procuraduría General de la Nación las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía, la cuales deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes. También dispone el citado articulo que «…la certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento…». Dicha disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1066 del 3 de diciembre de 2002, y en la cual se dijo:…«Declarar EXEQUIBLE el inciso final del articulo 174 de la Ley 734 de 2002, en el entendido que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición, las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieran a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento…».

Al respecto, la Viceprocuraduría General de la Nación, en caso similar al presente, manifestó «…no importa que se haya cumplido o ejecutado la sanción de prisión impuesta, tal como ocurre en el presente caso, de todas maneras deberán permanecer registradas en el archivo de antecedentes de la Procuraduría para efectos de consulta cuando se necesite expedir el certificado de antecedentes especial y para su respectiva anotación. La cancelación del registro en la base de datos de la Procuraduría, solo es procedente cuando el acto administrativo o sentencia judicial se revoque directamente, se anule o se ordene hacerlo por parte de la autoridad administrativa o judicial correspondiente. En lo que respecta al certificado ordinario es preciso señalar que automáticamente el sistema excluye de dicho documento las anotaciones que superen el periodo o término a que se refiere la citada disposición…». En este orden de ideas, el peticionario debe examinar para aspirar al cargo de concejal las causales de inhabilidad previstas en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y, en especial, la del numeral 1.°, a saber:

ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo

43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 2 Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de

diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios

o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. La presente respuesta únicamente constituye criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984.un Con toda atención, 3

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-367-2007

MLRR/JBM

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