PGN - Documento 201604231611446

Bogotá, 31 de Octubre de 2007 PAD

C-331-2007

Doctor

JULIO JOSÉ OROZCO ORCACITAS

Jefe Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno Fiscalía General de la Nación Diagonal 22B (avenida Luis Carlos Galán) 52-01, bloque C, piso 3.° Bogotá, D.C.

Ref.: Su oficio 6543 fechado el 4 de octubre de 2007 y radicado en esta oficina el 12 de del mismo mes y año.

Respetado Doctor: En el escrito de la referencia, previas consideraciones jurídicas sobre la inconstitucionalidad de establecer prohibiciones en «los reglamentos» y de mencionar las sentencias de la Corte Constitucional C-448 de 1998 y C-329 de 2003, pregunta lo siguiente: …Lo anterior por cuanto si bien es cierto la resolución en cita constituye un reglamento interno de la Fiscalía General de la Nación [Resolución 006 del 12 de enero de 1993] que a su turno contiene un deber que deben cumplir los servidores adscritos a la misma, no lo es menos que al hacerse una remisión al Decálogo de Seguridad para el Uso de las Armas de Fuego, éste consagra en su numeral 5 una prohibición expresa [«No mezcle bebidas alcohólicas con el manejo de armas] y por lo tanto, la inquietud radica en si dicha prohibición se encuentra o no cobijada por la inconstitucionalidad que predicó la Corte respecto a las prohibiciones contenidas en los reglamentos, teniendo en cuenta que como el citado artículo 35, numeral 1, es una

norma en blanco que necesariamente debe remitir a otra, como ocurre en el caso planteado, en el que además, para adecuar el comportamiento del infractor, debe hacerse uso de una disposición (catálogo) que no hace parte como tal de los reglamentos internos de la Fiscalía, sino que tiene aplicación general para cualquier persona que maneje armas de fuego. 1 Al respecto, me permito manifestar: Con relación al asunto planteado, es pertinente anotar ante todo que en materia consultiva, conforme a la Circular 038 del 13 de septiembre de 2001 del Procurador General de la Nación, no se admite la absolución de casos particulares y concretos y, por ende, las respuestas sólo pueden contener pautas generales sobre el tema objeto de cuestionamiento. Una vez efectuada esta precisión, debe decirse lo siguiente: Como bien se anota en las motivaciones de la petición, la inquietud planteada hace alusión a los principios de legalidad y de reserva de ley, puesto que de ello emana el conocido postulado de que solo la ley puede imponer limitaciones o restricciones al ejercicio de un derecho fundamental, por disposición de la propia Constitución Política; y para tal fin, cuando se trata de reglamentación, se deben respetar los principios constitucionales y, en especial, los que atañen al debido proceso. De allí surge el interrogante que nos ocupa: ¿si una prohibición establecida a determinados servidores públicos por medio de un acto administrativo (reglamento) es ajustada a derecho? Como bien lo ha manifestado, en distintos pronunciamientos, la Corte Constitucional, en los artículos 114 y 150, numerales 1.° y 2.°, de la Constitución

está instituida una cláusula general de competencia para el legislador, «conforme a la cual, por un lado “...el órgano que tiene la potestad genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho es el Congreso...”1, y, por otro, “... el desarrollo de la potestad reglamentaria por el Gobierno exige que la ley haya previamente configurado una regulación básica o materialidad legislativa, a partir de la cual, el Gobierno puede ejercer la función de reglamentar la ley con miras a su debida aplicación, que es de naturaleza administrativa, y está entonces sujeta a la ley ...”2» (C-690 de 2003). Esto significa que los asuntos atribuidos al Legislador, mediante la cláusula general de competencia, no pueden ser objeto de regulación por parte de las 1 Sentencia C-280 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero 2 Sentencia C-474 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 2 distintas autoridades y mucho menos reglamentados sin que él lo autorice. En efecto, ha dicho la Corte Constitucional que la mera existencia del principio de legalidad, no implica, en principio, que el legislador deba agotar la regulación de todas las materias hasta el detalle, puesto que «no significa que la ley deba obligatoriamente agotar toda la materia, pues una cosa es que determinada materia corresponda primariamente al Legislador, en virtud de la cláusula general de competencia, y otra que se trate de un asunto que tenga reserva legal, por mandato específico de la Carta. En el primer caso, la ley no tiene que desarrollar integralmente la materia, pues puede delimitar el tema y permitir su

concreción por medio de reglamentos administrativos. En cambio, si se trata de una materia que tiene reserva legal, entonces corresponde exclusivamente al Legislador desarrollarla, pues la reserva de ley “es una institución jurídica, de raigambre constitucional, que protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular aquellas materias que el constituyente decidió que fueran desarrolladas en una ley”.”3 Al hilo de lo anterior, en lo que hace a la reserva de ley prevista en la Constitución Política para el régimen disciplinario, la Corte Constitucional reiteró, en la sentencia C-328 de 2003, lo dicho en otros fallos de que las prohibiciones de los servidores públicos deben ser estipuladas por el legislador. Pero «en lo que respecta a los deberes funcionales, en concordancia con los artículos 6.º, 122 y 123 de la Constitución, la misma ley puede establecer que el funcionario que se extralimite, infrinja u omita el ejercicio de sus funciones, aún las detalladas en el reglamento, incurre en una falta disciplinaria»; sin embargo, «cuando el legislador emplea esta técnica legislativa, la configuración de la falta depende tanto de la ley, que crea la prohibición y remite a una norma de menor nivel jerárquico que delimita su contenido, como del reglamento, que detalla las funciones del funcionario», o sea, que para establecer la prohibición en el reglamento — con la especificidad de las actividades o funciones de una entidad— la ley tiene que autorizar dicha estipulación expresamente. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de

la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención, 3 Ibid. 3

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-331-2007

MLRR/JBM

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