PGN - Documento 201604231612161

Bogotá, 24 de Julio de 2006. PAD

C-208-2006

Doctor

LUIS MANUEL NEIRA NUÑEZ

Secretario General Ministerio de Defensa Nacional Avenida El Dorado CAN carrera 50 Bogotá, D. C.

Ref.: Su oficio fechado el 9 de junio de 2006 y radicado en esta oficina el 27 del mismo mes y año.

Respetado Doctor: En el escrito de la referencia, pregunta usted lo siguiente: (…) Teniendo en cuenta que la sanción impuesta al Capitán de Navío HERNANDO ALFONSO JAMA ARJONA en el fallo de única instancia de fecha 12 de septiembre de 2005, fue suspensión del cargo, pero al encontrarse este retirado del servicio se dispuso dar aplicación al artículo 46 de la Ley 734 de 2002, convirtiendo la suspensión en salarios de acuerdo con el monto devengado para el momento de la comisión de la falta, siendo competencia del Gobierno Nacional la ejecución de la sanción cuando esta se trate de suspensión y separación absoluta de las fuerzas Militares, se plantean los siguientes interrogantes: 1.¿Debe el señor Presidente de la República, ejecutar la sanción disciplinaria impuesta por el Procurador General de la Nación en fallo de fecha 12 de septiembre de 2005, al Capitán de Navío HERNANDO

1 ALFONSO JAMA ARJONA, cuando la suspensión fue convertida en salarios, es decir, se convierte en multa?

2. En caso afirmativo, ¿cuál sería el sustento jurídico que faculta al Presidente de la República para ejecutar la sanción de multa al citado

Oficial retirado de las Fuerzas Militares? Al respecto, me permito manifestar: El artículo 172 de la Ley 734 de 2002 estatuye de manera categórica los funcionarios competentes para ejecutar las sanciones impuestas por los operadores disciplinarios y, entre ellos, se indican: «El presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de distrito, y el nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera». En la situación que se plantea, el Capitán de Navío ® de la Armada Nacional fue sancionado —suspensión convertida en salarios (artículo 46, inciso 3.°, CUD— cuando ya se encontraba desvinculado de dicha fuerza, por lo que, conforme al artículo 173 de la Ley 734 de 20021, debió pagar el monto en salarios en un plazo máximo de treinta días siguientes a la ejecutoria del fallo, en caso tal de que se le hubiera requerido para ello, y si no lo hizo, su cobro debe ser por jurisdicción coactiva; por consiguiente, surgen dos inquietudes: una, ¿a quién le corresponde ejecutar la sanción de suspensión convertida en salarios? y, la otra, ¿quién tiene que promover el cobro coactivo? 1 ARTÍCULO 173, INCISOS 1,2 Y 3 DE LA LEY 734 DE 2002. PAGO Y PLAZO DE LA MULTA. Cuando la sanción sea de multa y el sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en forma proporcional durante los doce meses siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe

por descuento. Cuando la suspensión en el cargo haya sido convertida en multa el cobro se efectuará por jurisdicción coactiva. Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado sus servicios el sancionado, de conformidad con el Decreto 2170 de 1992. Si el sancionado no se encontrare vinculado a la entidad oficial, deberá cancelar la multa a favor de ésta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la impuso. De no hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa. 2 En cuanto a la primera pregunta, se debe empezar por decir que la sanción impuesta es suspensión en el ejercicio del cargo y no multa, sino que, por no encontrarse el sancionado vinculado a la institución a que pertenecía en el momento que se produjo el fallo, se convierte el tiempo de suspensión en salarios2, sin que ello signifique que se trata de una multa en el sentido estricto de dicha sanción y, por ende, debe darse aplicación al artículo 194, numeral 2.°, de la Ley 836 de 20033, que es la norma que constituye el sustento jurídico para hacer efectiva la sanción de suspensión convertida en salarios, mas no de multa como equivocadamente se ha entendido. En este sentido, debe considerarse que aunque no se trata de una multa propiamente dicha, sí se constituye —por la conversión— en un correctivo de carácter pecuniario equiparable por su naturaleza económica a la multa, en virtud

de lo cual es posible aplicar la norma antes mencionada (artículo 194, numeral 2.°) y tener como competente al superior con atribuciones disciplinarias del sancionado. Pero, en lo tocante al segundo interrogante, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que el Presidente de la República, con fundamento en el artículo 183, numeral 19, de la Constitución Política, goza de la discrecionalidad para adoptar las decisiones relativas al ascenso de oficiales y la concesión de grados a los miembros de la fuerza pública, en ejercicio de la autoridad que nace del cargo de comandante supremo de las fuerzas armadas y en desarrollo de sus funciones de dirección (artículo 189, numeral 3.°, CP), no lo es menos que el artículo 115 de la misma Constitución Política consagra que el Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa, que junto con 2 ARTÍCULO 46, INCISO 2.°, LEY 734 DE 2002.La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. 3 ARTÍCULO 194. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN. La sanción impuesta se hará efectiva al recibo de copia de los fallos debidamente ejecutoriados por: 1.° El superior con atribuciones disciplinarias del sancionado.

2.° El nominador para efectos de separación absoluta y suspensión. 3 «el ministro o director de departamento correspondiente, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno». En este sentido, el titular del Ministerio de Defensa Nacional, con arreglo al artículo 1.° del Decreto 1512 de 2000, tiene a su cargo, por una parte, «la orientación, control y evaluación del ejercicio de las funciones de los organismos y entidades que conforman el Sector Administrativo de Defensa Nacional» y, por la otra, la de «dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre la materia» (artículo 8.°, numeral 16, del Decreto 1512 de 2000), lo cual hace que le corresponda al Ministerio de Defensa Nacional suscitar el cobro coactivo en contra del ex miembro de la Armada. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-208-2006

MLRR/JBM

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