PGN - Documento 201605012125375

PRUEBAS-Requisitos para valorar las copias simples El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 168, respecto de las pruebas que son admisibles en los procesos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remite al Código de Procedimiento Civil, el cual frente a las pruebas documentales autoriza que se aporten a ellos en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción, pero, para que la copia tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa., En el presente caso, a la demanda se debió anexar las constancias originales sobre la calidad de soldado conscripto del demandante, el informe sobre el accidente ocurrido y que le generó la incapacidad permanente parcial y el acta de la Junta Médica Laboral, a fin de demostrar los hechos y pretensiones alegados en la demanda, o bien pudo allegar dichos documentos en copias debidamente autenticadas por los funcionarios correspondientes en el evento de haber sido expedidas por servidores públicos o por el Notario autorizado para ello, pero no fue así.

CARGA DE LA PRUEBA-Le compete a quien lo alega como fundamento de su

derecho/ CARGA DE LA PRUEBA-Jurisprudencia de la Corte Constitucional El objeto del sub judice además de probar el hecho causante del daño requiere de probar el nexo causal entre la actuación de la Administración Pública y el perjuicio ocasionado, ya que el título de imputación, falla del servicio o daño especial o riesgo excepcional le corresponde al Juez, no obstante, la parte actora aportó unos elementos que no permiten probar la existencia de una actuación de la Administración ni el nexo causal ni los perjuicios ocasionados. La carga de la prueba de un hecho le compete a quien lo alega como fundamento de su derecho, de conformidad a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente proceso por remisión de los artículos 168 y 267 del Código Contencioso Administrativo, salvo que se trate de un caso notorio, el cual no se configura en el presente caso; máxime en el presente evento, en que se trata de probar la existencia de un perjuicio ocasionado por el Ejército Nacional a uno de sus conscriptos. COSA JUZGADA-Alcance y contenido La cosa juzgada ha sido instituida con el objeto de que las partes tengan certeza de que las decisiones proferidas por las autoridades judiciales, una vez se encuentren en firme, los hechos y derechos discutidos en dicho proceso no van a ser objeto de nuevos fallos; lo cual permite generar en los ciudadanos, seguridad jurídica y confianza en los mecanismos de solución de conflictos. 25000232600020050179001 (36755) Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Teléfono 5878750

5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 Se ha considerado que la cosa juzgada desarrolla el principio non bis in idem porque una vez resuelto determinado asunto por las autoridades judiciales este no puede ser objeto de otro proceso o mecanismo aceptado por la legislación, salvo las excepciones legales. Al ser la cosa juzgada una institución procesal de orden público su existencia puede ser declarada a petición de parte, cuando se le presenta como excepción, o de oficio, por la autoridad judicial, y el momento para su declaración es la sentencia ya sea de primera o de segunda instancia. Para la prosperidad de la excepción de cosa juzgada se debe acreditar en el proceso, una serie de requisitos establecidos tanto en el Código Contencioso Administrativo art. 175 como en el Código de Procedimiento Civil, art. 332, ya sea ésta de manera formal o material, tales como: i) que los procesos versen sobre el mismo objeto, ii) que tengan la misma causa, y iii) que exista identidad jurídica de las partes. Aun cuando al recurso se anexó únicamente la sentencia de 7 de septiembre de 2007, , de esta se puede extractar los datos necesarios para verificar que sí se cumplen los presupuestos de la cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada es una de las excepciones de fondo que puede ser declarada aún de manera oficiosa por el funcionario judicial cuando ella se encuentra probada en el proceso, tal como ocurre en el presente caso, lo que genera como consecuencia que la Sub sección la estudie, declare su existencia y se esté a lo resuelto por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia - Amazonas.

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2010 Doctora

OLGA VILLA DE DE LA HOZ

Consejera Ponente Sección Tercera - Sub sección C

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 10-192

Acción de Reparación Directa 25000232600020050179001 (36755)

Actor: Ernesto Gabriel Regino Sotelo 2 25000232600020050179001 (36755)

5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército

Nacional.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el cual, como se verá, concluye con la solicitud de que se revoque la sentencia impugnada, con fundamento en lo siguiente:

Antecedentes. 1-. Demanda El señor Ernesto Gabriel Regino Sotelo, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con la pretensión de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales, morales, cambios a las condiciones de existencia y fisiológicos, causados por la incapacidad relativa y permanente derivada de las lesiones sufridas durante la prestación del servicio militar obligatorio. 2-. Contestación de la demanda La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a través de apoderado,

contestó la demanda. En relación con los hechos manifestó no constarle, unos, y estar en desacuerdo con otros por no corresponder a la situación fáctica en que ocurrieron los mismos. Respecto de las pretensiones se opuso porque el perjuicio ya había sido indemnizado. 3 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 3-. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección A declaró administrativamente responsable a la Nación Ministerio de Defensa, y consecuencialmente la condenó a pagar al demandante, a título de indemnización de perjuicios: materiales, en cuantía de $59.742.097,15; daños morales, en la suma de cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes; y a la vida de relación, en cuantía de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se fundamenta la sentencia, entre otras, en la siguiente consideración: “(…) es evidente que las lesiones que sufrió el soldado Regino Sotelo Ernesto Gabriel fueron ocasionados dentro del establecimiento militar, con armas de la institución mientras se encontraba prestando el servicio militar como soldado regular, y en momentos en que se desarrollaba la labor encomendada, cual era la de armar las colas de las granadas de practica del mortero de 60 MM, con el C3 Lopez Vélez Juan Felipe, procedían a introducir los cartuchos impulsados en cada una de las espoletas cuando el C3, Lopez al golpear con la barra de silicona para deslizar hacia adentro del cartucho, accidentalmente se produjo un estallido resultando lesionado el aquí

accionante. (…)”. 4-. Recurso de Apelación Dentro de la oportunidad legal, la parte demandada, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, apoyada en síntesis, con los siguientes argumentos: La existencia de “(…) la excepción de cosa juzgada, al considerar que en el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia, Amazonas, cursó el proceso No. 9100133100120040234401 Actor Ernesto Gabriel Regino Sotelo, y con sentencia de 7 de septiembre de 2007, declaró a la Nación Ministerio de Defensa Nacional extracontractualmente responsable por las lesiones ocasionadas a Ernesto Gabriel Regino Sotelo, el día 13 de octubre de 2003 en hechos sucedidos en las instalaciones del Batallón de infantería No 50 4 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 “General Luis Acevedo Torres”, jurisdicción del Municipio de LeticiaAmazonas. Como consecuencia de lo anterior condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional a pagar: Por concepto de perjuicios morales a Ernesto Gabriel Regino Sotelo, cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por concepto de perjuicios a la vida de relación a Ernesto Gabriel Regino Sotelo, veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por concepto de lucro cesante a Ernesto Gabriel Regino Sotelo, la suma de $61.835.342=. De lo anterior se evidencia que se presentó dos veces el mismo proceso con el mismo actor por los mismos hechos, y ya se pagó por parte del Ministerio

de Defensa Nacional la indemnización al señor Ernesto Gabriel Rengifo Sotelo del proceso más antiguo que fue admitido el 10 de marzo de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera y con la creación de los Juzgados Administrativos, se asignó el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia – Amazonas, lo cual consta en la Resolución No. 972 del 18 de marzo de 2009 y certificado de la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 18 de marzo de 2009. (…).” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico a resolver en el sub examine es: Determinar sí hay lugar a declarar la existencia de cosa juzgada con pruebas presentadas durante el trámite de la segunda instancia. Análisis Fáctico Probatorio Los elementos de convicción que obran en el proceso para acreditar la ocurrencia del daño antijurídico, tienen la constancia de la Notaría Sesenta y Dos del Círculo de 5 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 Bogotá, mediante la cual indica que son fotocopias de copias, sin especificar que las copias presentadas para surtir el trámite fueran auténticas1. De dichas fotocopias se puede resumir los siguientes supuestos fácticos:  El señor Ernesto Gabriel Regino Sotelo, fue incorporado al Ejército Nacional por encontrarse apto para prestar el servicio militar obligatorio y asignado al Batallón de Selva 50 “General Luis Acevedo Torres”.

 El día 13 de octubre de 2003, mientras se encontraba en el Área de Instrucción en el sector del Polígono, como auxiliar, armando las colas de las granadas de práctica de mortero de 60 mm, tuvo una lesión en las manos que le ocasionó una incapacidad permanente parcial, y una disminución de la capacidad laboral de 42.92%.  Las autoridades militares competentes calificaron la lesión como ocasionada en el servicio por causa y por razón del mismo. Las partes solicitaron pruebas documentales, estas fueron decretadas por el funcionario judicial, pero, vencido el término probatorio y el requerimiento judicial, las partes no realizaron las actividades necesarias para arrimar al expediente lo solicitado a fin de acreditar de manera fehaciente la ocurrencia de los hechos. Análisis Jurídico Valor probatorio de las copias. Previo a resolver el problema jurídico planteado es menester llamar la atención sobre los elementos de convicción aportados al proceso en copias, que aunque poseen un sello de la notaría sobre la constancia de ser iguales a la copia que a dicha entidad se llevó, no cumplen con los requisitos señalados en las normas procesales para probar los hechos objeto de discusión en el proceso contencioso administrativo en la medida en que dicho sello no le otorga autenticidad al documento. 1 Folio 1-17 cuaderno No. 2 6 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 168, respecto de las pruebas que son admisibles en los procesos ante la Jurisdicción Contencioso

Administrativa2, remite al Código de Procedimiento Civil, el cual frente a las pruebas documentales autoriza que se aporten a ellos en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción3. Pero, para que la copia tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos4:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa., En el presente caso, a la demanda se debió anexar las constancias originales sobre la calidad de soldado conscripto del demandante, el informe sobre el accidente ocurrido y que le generó la incapacidad permanente parcial y el acta de la Junta Médica Laboral, a fin de demostrar los hechos y pretensiones alegados en la demanda, o bien pudo allegar dichos documentos en copias debidamente autenticadas por los funcionarios correspondientes en el evento de haber sido expedidas por servidores públicos o por el Notario autorizado para ello, pero no fue así. 2 Código Contencioso Administrativo. Artículo 168. Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y

criterios de valoración. 3 Código de Procedimiento Civil. Artículo 253. Aportación De Documentos. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 116, el nuevo texto es el siguiente:> Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento 4ARTICULO 254. Valor Probatorio De Las Copias. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 117. 7 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 Nótese que las copias que poseen el sello de la Notaría no proceden del original ni de copias autenticadas como lo exige el Código de Procedimiento Civil para tenerse como autentica una copia aportada al proceso como prueba documental. El objeto del sub judice además de probar el hecho causante del daño requiere de probar el nexo causal entre la actuación de la Administración Pública y el perjuicio ocasionado, ya que el título de imputación, falla del servicio o daño especial o riesgo excepcional le corresponde al Juez, no obstante, la parte actora aportó unos elementos que no permiten probar la existencia de una actuación de la Administración ni el nexo causal ni los perjuicios ocasionados. La carga de la prueba de un hecho le compete a quien lo alega como fundamento de su derecho, de conformidad a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil5, aplicable al presente proceso por remisión de los artículos 168 y 267 del Código Contencioso Administrativo6, salvo que se trate de un caso

notorio, el cual no se configura en el presente caso; máxime en el presente evento, en que se trata de probar la existencia de un perjuicio ocasionado por el Ejército Nacional a uno de sus conscriptos. El anterior concepto se ha reconocido en sentencias de las altas cortes, entre ellas, de la Corte Constitucional, que al respecto se pronunció en sentencia C-646 de 13 de agosto de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis, así: “Como lo ha señalado reiteradamente esta Corporación7, dentro de los distintos trámites judiciales, es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones, o, como sucede en el presente caso, cargas procesales. 5 C.P.C. Artículo 177: “Carga De La Prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. 6 C.C.A. Artículo 168. “Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”. Articulo 267. Aspectos No Regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.

7 Ver entre otras las Sentencias C1512 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis y C1104 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández S.V. Alvaro Tafur Galvis. 8 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha hecho las siguientes precisiones a las que se ha remitido esta Corporación en su jurisprudencia: “(...) De los que la doctrina procesal ha dado en denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación jurídico-procesal se distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas procesales que imponen tanto al Juez como a las partes y aun a los terceros que eventualmente intervengan, la observancia de ciertas conductas o comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De esos imperativos, los primeros se hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad, las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en razón del propio interés. Son deberes procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.), otras a las partes y aun a los terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (arts. 39, 72 y 73 ibídem y Decreto 250 de 1970 y 196 de 1971). Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y,

por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6° del Código. Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa. “El daño que se cause con ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante la condenación en costas”. (“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, número 130). Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa.” 8. En este sentido el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo para quienes acuden al mismo con el objeto de resolver sus conflictos jurídicos, “en tanto que de esa subordinación depende la validez de los

actos que de ellas resulten y la efectividad de los derechos sustanciales”9. La omisión de una carga procesal puede traer consecuencias desfavorables para quien la incumple, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material”. No obstante corresponderle la carga de la prueba a la parte actora sobre los hechos y pretensiones de la demanda, se detecta en el plenario una omisión a su cargo al no interponer los recursos correspondientes contra el auto que declaró cerrada la etapa probatoria y ordenó correr traslado a las partes para alegar. 8 Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427. citada en la Sentencia C1512 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 9 Ver Sentencia C1512/00 M.P. Alvaro Tafur Galvis 9 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 Por consiguiente, las consecuencias por la omisión de probar los hechos que permitían configurar la existencia de la responsabilidad de la entidad demandada deben recaer en la parte que no cumplió con su obligación. Cosa Juzgada La cosa juzgada ha sido instituida con el objeto de que las partes tengan certeza de que las decisiones proferidas por las autoridades judiciales, una vez se encuentren en firme, los hechos y derechos discutidos en dicho proceso no van a ser objeto de

nuevos fallos; lo cual permite generar en los ciudadanos, seguridad jurídica y confianza en los mecanismos de solución de conflictos. Se ha considerado que la cosa juzgada desarrolla el principio non bis in idem porque una vez resuelto determinado asunto por las autoridades judiciales este no puede ser objeto de otro proceso o mecanismo aceptado por la legislación, salvo las excepciones legales. Al ser la cosa juzgada una institución procesal de orden público su existencia puede ser declarada a petición de parte, cuando se le presenta como excepción, o de oficio, por la autoridad judicial, y el momento para su declaración es la sentencia ya sea de primera o de segunda instancia. En el sub examine, la cosa juzgada fue alegada por la parte demandada en el marco del recurso de apelación, y para su demostración allegó fotocopia autenticada de la sentencia proferida por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia, Amazonas, el 7 de septiembre de 2007, dentro del proceso identificado con la Radicación No. 910013310120040234401, cuyas partes fueron: Ernesto Gabriel Regino Sotelo y Otros, en calidad de demandante y La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional actuó demandada. Para la prosperidad de la excepción de cosa juzgada se debe acreditar en el proceso, una serie de requisitos establecidos tanto en el Código Contencioso Administrativo art. 175 como en el Código de Procedimiento Civil, art. 332, ya sea ésta de manera 10 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463

formal o material, tales como: i) que los procesos versen sobre el mismo objeto, ii) que tengan la misma causa, y iii) que exista identidad jurídica de las partes. Aun cuando al recurso se anexó únicamente la sentencia antes mencionada, de esta se puede extractar los datos necesarios para verificar sí se cumplen los presupuestos de la cosa juzgada. El objeto del presente proceso es la reparación del daño causado a la parte actora con ocasión de la lesión recibida durante la prestación del servicio militar obligatorio, el 13 de octubre de 2003. De la sentencia allegada con el recurso de apelación se tiene que el objeto del proceso que culminó con ella, también era lograr la reparación de los daños causados al señor Regino Sotelo por los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2003, esto es, mientras prestaba el servicio militar obligatorio. En ambos procesos se persigue la misma causa petendi, esto es, la declaración de responsabilidad a cargo del Estado y la condena por los perjuicios morales, fisiológicos y materiales causados al señor Regino Sotelo durante la prestación del servicio militar obligatorio. Aunado a lo anterior, se observa que las partes en ambos procesos son las mismas, el señor Ernesto Gabriel Regino Sotelo en calidad de demandante o actor y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, obrando como demandada. Los supuestos fácticos tanto del libelo introductorio del sub examine como los resumidos en la sentencia de 7 de septiembre de 2007, son coincidentes en señalar que el señor Ernesto Gabriel Regino Sotelo, mientras prestaba su servicio militar en el Batallón de Infantería No. 50 “General Luis Acevedo Torres” ubicado en Leticia –

Amazonas, sufrió el 13 de octubre de 2003 un accidente que le ocasionó lesiones en sus manos y una incapacidad permanente parcial, afectando de esta manera su capacidad laboral en un porcentaje de 42.92%. 11 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 Corolario de lo expuesto, se tiene que efectivamente con la sentencia aportada al proceso con el recurso de apelación se prueba la existencia de la cosa juzgada, en la medida en que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia de 7 de septiembre de 2007, resolvió el asunto que se tramita a través del sub examine. Si bien es cierto, la excepción de cosa juzgada no fue planteada por la parte demandada durante la contestación de la demanda, es de anotar, que el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia - Amazonas profirió la sentencia el 7 de septiembre de 2007, y para esa fecha ya se había presentado la demanda que dio origen al sub examine (1 de agosto de 2005) y contestada la misma (7 de abril de 2006). Siendo esta la razón por la cual el Magistrado Ponente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ordenó tener como prueba los documentos que acreditan tal situación, como consta en el auto de 15 de enero de 2010. La excepción de cosa juzgada es una de las excepciones de fondo que puede ser declarada aún de manera oficiosa por el funcionario judicial cuando ella se encuentra probada en el proceso, tal como ocurre en el presente caso, lo que genera como

consecuencia que la Sub sección la estudie, declare su existencia y se esté a lo resuelto por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia - Amazonas. Otra de las causas que dan lugar a revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se origina en los elementos de convicción aportados al proceso por la parte actora, ya que estos no cumplen con los requisitos señalados en las normas procesales para acreditar la ocurrencia de los hechos y de los perjuicios y así reconocer las pretensiones de la demanda. CONCEPTO Respecto al problema jurídico planteado se tiene por las pruebas obrantes en el sub examine y las consideraciones de esta Delegada, que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub sección A, el 22 de enero de 2009 merece ser revocada por lo siguiente: 12 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463 Se configura la existencia de la cosa juzgada y por tal razón debe ser declarada y estarse a lo resuelto en la sentencia de 7 de septiembre de 2007, proferida por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia – Amazonas. Aunado al hecho de que no se acreditó en el proceso los elementos que dan lugar a declarar la responsabilidad a cargo del Estado, en la medida en que los documentos allegados al proceso no cumplen los requisitos señalados en las normas procesales. De la señora Consejera, atentamente, ANTONIO GOMEZ MERLANO Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado ( E )

13 25000232600020050179001 (36755) 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-359463