PGN - Documento 201605012126324

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Alegato 316 Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2006

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "A

CONSEJERO PONENTE: ALBERTO ARANGO MANTILLA

E. S. D.

REFERENCIA:25000232500020021149401

N°. Interno 6844-2005

ACTOR: REINALDO GUILLERMO COTE RUÍZ

DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO ASUNTO: APELACIÓN SENTENCIA __________________________________________ Procede esta agencia del Ministerio Público, dentro del término legal, a emitir concepto en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud de la demanda instaurada por REINALDO GUILLERMO

COTE RUÍZ.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

1.1 PRETENSIONES

2 El ciudadano REINALDO GUILLERMO COTE RUIZ, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el Art. 85 del C. C. A., demandó la nulidad de los actos proferidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante los cuales fueron calificados los servicios del actor en su condición de magistrado, durante el periodo comprendido entre en 1° de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1998, tanto por

el factor calidad, que califica la primera corporación en referencia, como por el factor eficiencia o rendimiento, que califica la segunda, así como las Resoluciones 201 del 6 de mayo de 2003, 390 del 13 de junio de 2002 y 500 del 26 de julio de 2002, por las cuales , respectivamente se decidió la exclusión del demandante del escalafón de la carrera judicial por calificación insatisfactoria por servicios, se confirmó dicha decisión, rechazando el recurso el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto y se rechazó el recurso de queja presentado por el afectado, actos administrativos expedidos por el Director de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y el acto administrativo del 5 de septiembre de 2002, de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se designó el reemplazo del actor en el cargo de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que éste venía desempeñando. Como consecuencia de lo anterior, solicitó, a título de restablecimiento, ordenar al ente demandado, reincorporar al accionante, con todas las prerrogativas y derechos inherentes al escalafón de la carrera judicial. 3 Así mismo, sea reintegrado al cargo que desempeñaba, es decir al de Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y e consecuente pago de todos los salarios y prestaciones que haya dejado de percibir desde el momento de la separación del cargo hasta el día que se cumpla la sentencia, que tales sumas se paguen indexadas, junto con los intereses de mora

desde la ejecutoria de la sentencia hasta el momento del pago. 1.2 HECHOS 1°- Refiere la demanda que desde el 1° de octubre de 1996 el actor venía ejerciendo el cargo de Magistrado. 2°.- Mediante oficio del 1° de noviembre de 2000, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se le solicitó notificarse del acto administrativo que contenía la calificación integral de los servicios del actor como Magistrado en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1998. Dicha calificación fue insatisfactoria, al arrojar un puntaje de 54 puntos. 3°- El actor interpuso recurso de reposición contra el acto de calificación integral el 14 de noviembre de 2000. Mediante Resolución 218 del 11 de julio de 2001, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no repuso el acto de calificación integral del demandante. 4 4°.- Mediante escrito del 15 de agosto de 2001 el accionante solicitó al Consejo Superior de la Judicatura la revocación directa de la Resolución N°. 218. 5°- Mediante Resolución 0303 del 10 de octubre de 2001 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura resolvió revocar la Resolución 218 del 11 de julio de 2001 y excluir de la evaluación del factor de calidad únicamente los formularios correspondientes a los procesos 21.939 A y 24.402 A y en su lugar incluir la evaluación de los procesos 22.682 A y 21684 A, disponiendo a su vez que

realizada nuevamente la consolidación de la calificación del factor de calidad, incluyendo las nuevas evaluaciones, está sigue siendo de 16 puntos. 6°-El accionante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 0303, en el que solicitó la revocación de los ordinales 3,4 y 5 de la parte resolutiva del mencionado acto administrativo y en su lugar que se consolidara la calificación del factor calidad con un puntaje que fuera suficiente para obtener una calificación satisfactoria sobre los servicios prestados por el período en referencia. 7°- La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió la Resolución 0083 del 13 de marzo de 2002, en la que decidió no reponer la Resolución 303, por lo que reafirmó la calificación integral de servicios del demandante en 54 puntos, razón por la cual ésta fue insatisfactoria. 8°- A través de Resolución N°. 201 del 6 de mayo de 2002 de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala 5 Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, invocando la facultad conferida por el Acuerdo 724 de 2000, decidió excluir del escalafón de la carrera al accionante, en atención a la calificación integral insatisfactoria de sus servicios. El mencionado acto administrativo fue notificado el 17 de mayo de 2002, contra el cual el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 9.- Mediante Resolución 390 del 13 de junio de 2002, el Director de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura confirmó en su integridad la Resolución 201 y rechazó por improcedente el recurso

de apelación impetrado.

10. El demandante mediante escrito del 5 de julio de 2002 dirigido a los Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, interpuso recurso de queja por el rechazo del recurso de apelación mencionado. El 26 de julio de 2002, el Director de la Unidad de Administración del Consejo Superior de la Judicatura decidió rechazar por improcedente el recurso de queja formulado por el actor.

11. Mediante oficio del 5 de septiembre de 2002 la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia comunicó al accionante que la Sala Plena de la mencionada Corporación había designado a Gustavo López Algarra en su reemplazo, como consecuencia de su calificación de servicios insatisfactoria.

6 1.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN En el líbelo demandatorio, el apoderado invocó como causales de nulidad de los actos acusados:  Violación del preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 13, 29,125,209, 228 de la Constitución.  Violación de la ley, concretamente los artículos 169, 170, 172, 173 y 175 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 198 del 3 de septiembre de 1996, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Manifiesta, igualmente que la entidad demandada desconoció el Indicó el profesional del derecho que la Corte Suprema de Justicia al vulnerar la normatividad aplicable en el momento de la calificación del factor calidad en cuanto a los servicios prestados por su poderdante

en su condición de Magistrado durante el periodo del 1° de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1998, ocasionó que la calificación integral fuera negativa, por lo cual el actor fue excluido del escalafón de la carrera judicial. El acto de calificación del factor calidad proferido por la Corte Suprema violó el artículo 125 de la Carta Política y los Acuerdos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que de acuerdo a la Constitución, el ingreso y permanencia en el servicio público debe hacerse con base en el mérito. El retiro, sólo es 7 procedente por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, calificación que debe sujetarse a las disposiciones que regulan la actividad de los calificadores, pues la misma es una actividad reglada, en las que se deben seguir las normas del debido proceso y fundarse en el hecho objetivo y probado del carácter no satisfactorio de los servicios que se califican. Así mismo, señaló que en el sub judice la calificación de calidad además de haber sido extemporánea, también fue eminentemente subjetiva y deliberadamente dirigida al resultado negativo, sin fundamento plausible o aceptable como para suponer que el magistrado calificado no respondió a las exigencias de calidad y mérito propias de su trascendental función. Precisó que se violó el artículo 125 Constitucional, en cuanto no se calificó el merito de su defendido con objetividad. Adujo que la Corporación encargada de calificar la calidad de los servicios de su prohijado incurrió en abierta injusticia e incumplió el deber que le correspondía, no sólo por la extemporaneidad de su

decisión, sino por el contenido arbitrario de la calificación, pues se dictaminó que los servicios del actor eran insatisfactorios no con base en protuberantes o garrafales errores desde el punto de vista jurídico, lo que habrá sido adecuado a su función evaluadora, sino por opiniones y conceptos distintos a los del magistrado y sus colegas de Sala, personales y propios de los evaluadores, todos ellos sobre materias eminentemente discutibles, en flagrante invasión de la órbita de autonomía del funcionario judicial, sancionado en ejercicio de sus atribuciones. 8 Reiteró el apoderado que la calificación extemporánea materia del sub judice generó como consecuencia que la misma fuera satisfactoria , de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 198 de 1996, pues la Corte Suprema de Justicia tan sólo remitió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante oficio 1792 del 4 de octubre de 199 la calificación del factor calidad del accionante, excediendo así ampliamente el término que tenía para ello, por lo que hubo una mora en dicha actividad de más de15 meses. Resaltó que la Corte Suprema en la evaluación de los procesos a cargo del actor incurrió en graves irregularidades, como por ejemplo calificar un mismo proceso dos veces, con argumentos y calificaciones distintas, o asumir uno que era de otro magistrado como si fuera del accionante, por lo que sólo hasta el mes de mayo de 2001 remitió la real y completa evaluación del factor calidad y solo hasta el mes de octubre de 2001, la Sala Administrativa realizó la consolidación completa de la calificación integral del demandante, cuando ya había transcurrido inclusive un nuevo periodo por calificar

–el correspondiente a los años 1999-2000.-, por lo que la calificación de servicios debió entenderse satisfactoria, de acuerdo a lo manifestado por el H. Consejo de Estado. Señaló que la calificación impuesta fue injusta, arbitraria y desproporcionada, pues estuvo fundada en un acto sin motivación objetiva, lo cual vicia de nulidad el acto y los que en él se basaron, pues la Corte Suprema asignó al actor una calificación total de 16 puntos sobre 40 posibles en el factor calidad, calificación que de 9 ninguna manera se justifica, máxime si se tiene en cuenta que en las providencias que fueron objeto de evaluación, no se aprecian yerros jurídicos o errores inexcusables para asignarles una calificación tan baja, pues los motivos de dicha calificación, responden a meras apreciaciones, también subjetivas y altamente discutibles, que en la práctica significan que había el deseo de calificar mal, sin importar el fundamento y por fuera de los criterios establecidos en la normatividad vigente. Para el apoderado las providencias calificadas en su contenido y alcance corresponden a interpretaciones razonables aceptadas tanto por la doctrina como la jurisprudencia y el hecho de que no sean coincidente con la alta corte no significa que dichos fallos o decisiones sean insostenibles o de bajo nivel en el terreno jurídico, pues no se debe perder de vista la autonomía del juez. Indicó que la Corte Suprema de Justicia, al revisar las calificaciones de las providencias incurrió en irregularidades, pues no obstante de aceptar los argumentos del demandante mantuvo inmodificable la calificación de éste. Así registró en la copia autenticada por la

Presidencia de dicha corporación que el puntaje del actor era de 18 puntos, sin embargo el puntaje remitido al Consejo Superior de la Judicatura fue de 16 puntos, por lo que el evaluado no tiene certeza ni seguridad de la forma en que se esté manejando su situación por parte de los evaluadores, de unos u otros factores, conculcándose su derecho al debido proceso, poniéndose en tela de juicio el principio de la seguridad jurídica, además que con ello se demuestra una clara falta de fundamentación en la calificación. 10 Expreso que a su prohijado con los actos acusados le fueron conculcados los derechos a la vida digna, al buen nombre, el debido proceso, el derecho a la pensión de jubilación. Igualmente solicitó en escrito separado de la demanda, la suspensión provisional de los actos aquí acusados.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada del Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones del actor, por considerar que los actos administrativos acusados gozan de presunción de legalidad, pues fueron expedidos en uso de las facultades legales y se encuentran en firme.

Indicó que la calificación de servicios del accionante se hizo conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 270 de 1996, por lo tanto es un acto administrativo que goza de toda legalidad, expedido por órgano competente y que se encuentra en firme. Precisó que el actor fue retirado por una de las causales que contemplan la Constitución Política y la ley para dar por terminada la vinculación laboral, como lo es la calificación insatisfactoria, la cual se

dio en cumplimiento de los lineamientos para la calificación de los empleados de carrera. Adujo que los actos acusados gozan de toda legalidad y que a la jurisdicción contencioso administrativa no le corresponde verificar si la calificación era buena o mala, pues el actor debió en vía gubernativa 11 esgrimir los factores contrarios calificados y demostrar a la autoridad que realizó la calificación el posible error en que incurrió, con el fin de que aclarara, modificara o revocara la calificación. Por lo que en este momento procesal sólo corresponde verificar la legalidad de los actos acusados, los cuales gozan de presunción de legalidad, pues fueron expedidos por autoridad competente, debidamente fundamentados, por lo tanto no son violatorios de la Constitución y la ley.

3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El a quo se opuso a las pretensiones de la demanda. Después de hacer el recuento normativo que regula el caso, precisó que si bien la calificación de servicios del actor fue realizada en fecha posterior a aquella en que debió realizarse, tal circunstancia es un vicio de forma que no deja sin efectos el acto administrativo, además que tal calificación se efectuó el 12 de octubre de 2000, es decir antes que hubiera transcurrido el nuevo periodo de calificación correspondiente a 1999-2000.

Indico el Tribunal que dicha irregularidad no afecta la validez y legalidad del acto de evaluación, pues la calificación de servicios cumplió la finalidad prevista en la ley que no es otra que tener un control permanente del desempeño laboral del funcionario judicial escalafonado en carrera. El a quo basó su decisión en la sentencia del 1° de noviembre de

2001 del H. Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Alberto Arango Mantilla. 12 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no encontró que en el sub judice se hubiese conculcado el debido proceso en la calificación en lo relacionado con el factor calidad, porque la copia autentica que remitió la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a petición del accionante, respecto al puntaje total, presentó una diferencia, pues al actor le fueron notificadas las decisiones y él ejerció el derecho de contradicción. Para el a quo la calificación, es un mecanismo de control evaluativo, frente al cual el actor ejerció el derecho de defensa, por lo que consideró que no existe manifiesta contrariedad entre el juicio de valor exteriorizado por el funcionario calificador, consignado en el acto de evaluación de servicios y las pruebas obrantes en el proceso. Por ultimó, señaló que no se advierte la medida adoptada, es decir el retiro del servicio, como consecuencia de la calificación no estuviera orientada a obtener una adecuada prestación del servicio público, o tuviera un propósito diferente y contrario a la ley para hablar de desviación de poder o de atribuciones por parte de la Corporación que efectuó la calificación correspondiente.

4. APELACIÓN El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por el a quo, por considerarla simplemente formal, superficial y que no tocó lo que el aspecto central debatido por el actor en el curso del proceso.

13 Manifestó que la sentencia apelada sólo se refirió a la extemporaneidad en la calificación de servicios, el 12 de octubre de 2000, sin embargo el juez de primera instancia no advirtió que la

calificación real y completa sólo fue posible hasta el mes de mayo de 2001, cuando mediante oficio N°. 0692 del 4 de mayo del señalado año la Corte Suprema de Justicia comunicó al Consejo Superior de la Judicatura los resultados de dicha evaluación, razón por la cual la consolidación de la calificación integral sólo se hizo hasta el mes de octubre de 2001, cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución N°. 0303, es decir cuando ya había transcurrido el siguiente periodo a calificar. Resalto el profesional del derecho que en la resolución antes mencionada se señaló “realizada nuevamente la consolidación de la calificación del factor calidad, incluyendo las nuevas evaluaciones, ésta sigue siendo de 16 puntos” , es decir que si el Consejo Superior tuvo que hacer nuevamente una consolidación respecto del puntaje de su defendido, fue por que la primera resultó fallida, inválida como consecuencia de las irregularidades en que incurrió la Corte Suprema de Justicia, al efectuar el factor calidad. Insistió en que habiéndose realizado la consolidación válida cuando ya había transcurrido el periodo siguiente a calificar, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado ésta debe entenderse como satisfactoria, pues allí reside el núcleo de la controversia del sub lite. Así mismo, indicó que la sentencia recurrida no se pronunció respecto a lo injusto de las calificaciones que en el factor calidad se asignaron 14 a las providencias del demandante, pues de acuerdo al puntaje asignado por la Corte Suprema de Justicia entre 9 y 13 puntos,. significa que las mismas fueron pésimas, lo que se explicaría si fueran un exabrupto jurídico o un error inexcusable.

El apoderado reiteró los argumentos de la demanda respecto a los reproches jurídicos y las irregularidades por parte de la Corte Suprema de Justicia en relación con las decisiones adoptadas por el demandante, irregularidades que constituyen el verdadero debate planteado en el proceso, y que necesitan en su integridad un pronunciamiento expreso y a fondo por parte del fallador para definir la controversia, pues sólo así se puede establecer si el evaluador del factor de calidad, aplicó plenamente los parámetros establecidos en el artículo 14 del Acuerdo 198 de 1996, como era su deber, o si por el contrario sus consideraciones fueron puramente subjetivas, tal como se deduce de los simples y casi inexistentes argumentos que expuso la alta corporación para justificar las bajas calificaciones asignadas a las providencias del actor.

5. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para esta agencia del Ministerio Público la controversia en el sub lite se circunscribe en determinar: 1.- Si la calificación del factor calidad del demandante debe entenderse como satisfactoria, toda vez que la calificación integral fue consolidada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura, cuando ya había transcurrido el siguiente periodo de 15 evaluación, en aplicación del artículo 10 del Acuerdo 198 de 1996 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 2.- Si el puntaje asignado al actor de (16 puntos) en el factor calidad por la Corte Suprema de Justicia, el cual fue determinante en la calificación insatisfactoria de servicios del demandante, adoptada dentro de la calificación integral que efectuó la Unidad de

Administración de la Carrera de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se hizo conforme a derecho.

Antes de resolver el problema planteado, es necesario señalar que en criterio de esta Delegada, en el caso sub examine se configura la causal de nulidad señalada en el numeral 9° del artículo 140 del C.P.C., toda vez que el actor también demando el acto mediante el cual la Corte Suprema de Justicia designó al Dr. Gustavo López Algarra en su reemplazo, sin embargo no le fue notificada la demanda. Precisado lo anterior, para resolver las controversias jurídicas señaladas, resulta pertiente revisar la normatividad que regula la evaluación de servicios en la Rama Judicial:  La Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la administración de justicia-, sobre el particular determinó: “ARTÍCULO 169. EVALUACIÓN DE SERVICIOS. La evaluación de servicios tiene como objetivo verificar que los servidores de la Rama Judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo. Las Corporaciones y los Despachos Judiciales, presentarán el apoyo que se requiera para estos efectos y suministrarán toda la información que posean sobre el desempeño de los funcionarios que deban ser evaluados”. 16 “ARTÍCULO 170. FACTORES PARA LA EVALUACIÓN. La evaluación de servicios de conformidad con el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deberá ser motivada y resultante de un control permanente del desempeño del funcionario o empleado. Comprenderá calidad, eficiencia o rendimiento y organización del trabajo y Publicaciones. En todo caso se le informará al funcionario acerca de los

resultados de la evaluación”.

“ARTÍCULO 172. EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS. Los

funcionarios de carrera serán evaluados por la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura. Los superiores funcionales del calificado, remitirán de conformidad con el reglamento, el resultado de la evaluación del factor calidad , el cual servirá de base para la calificación integral. La evaluación de los Jueces se llevará a cabo anualmente y la de los Magistrados de los Tribunales cada dos años. La calificación insatisfactoria en firme dará lugar al retiro del funcionario. Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa”.

“ARTÍCULO 173. CAUSALES DE RETIRO DE LA CARRERA

JUDICIAL. La exclusión de la Carrera Judicial de los funcionarios y empleados se produce por las causales genéricas de retiro del servicio y la evaluación de servicios no satisfactoria. PARÁGRAFO. El retiro de la Carrera Judicial lleva consigo el retiro del servicio y se efectuará mediante acto motivado, susceptible de los recursos de la vía gubernativa” (subrayas y negrillas extra texto). En cumplimiento del mandato del artículo 170 de la Ley 270 de  1996, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 198 de 1996, en el que reglamentó la calificación de servicios de los funcionarios y empleados del sistema de carrera de la Rama Judicial, en el que señaló: “ARTICULO CUARTO.- La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hará la calificación o evaluación integral de los Magistrados de Tribunales Superiores y Administrativos. Para el efecto, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de

17 Estado respectivamente, remitirán la calificación o evaluación del factor calidad en la forma y oportunidad que más adelante se determinan”. “ARTICULO NOVENO.- La calificación o evaluación de los Magistrados de Tribunales Superiores y Administrativos se llevará a cabo cada dos años. Los jueces y los empleados serán calificados o evaluados anualmente, sin perjuicio de que en el caso de éstos últimos, sea anticipada por necesidades del servicio, a juicio del respectivo superior jerárquico. PARAGRAFO. El período de calificación o evaluación se iniciará el primero de enero y la consolidación de los correspondientes factores se hará en los meses de abril y mayo del año siguiente al vencimiento de éste”. “ARTICULO DECIMO.- Cuando la calificación o evaluación de servicios no se produzca por omisión imputable al evaluador se entenderá satisfactoria para el evaluado, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar”. “ARTICULO ONCE.- La calificación o evaluación de servicios deberá ser motivada y resultante de un control permanente del desempeño del funcionario o empleado y comprenderá los factores de calidad, eficiencia o rendimiento, organización del trabajo y publicaciones, así: - Calidad: se evaluará de 1 a 40 puntos. - Eficiencia o Rendimiento: se evaluará de 1 a 40 puntos. - Organización del Trabajo: se evaluara de 1 a 15 puntos. - Publicaciones: se evaluará de 1 a 5 puntos. La evaluación de los factores y el resultado total de la calificación o evaluación de servicios se dará siempre en números enteros”. “ARTICULO TRECE-. La calificación o evaluación del factor

calidad será realizada por el superior funcional; en caso de que éste sea colegiado por la respectiva Corporación”. “ARTICULO CATORCE. La calificación o evaluación de este factor se fundamentará en el análisis técnico y jurídico de procesos o actuaciones con sentencia o decisión de fondo que en virtud de los recursos ordinarios, extraordinarios o en el grado de consulta, lleguen al conocimiento del calificador durante el período al cual se contrae la evaluación de servicios. En el caso de Jueces deberán corresponder a un mínimo de diez (10) procesos o actuaciones y para Magistrados a no menos de veinte (20). Al efecto, estudiado y analizado integralmente el expediente, la calificación o evaluación se hará de manera concomitante con la 18 decisión del superior funcional, sobre dos grandes aspectos: la dirección del proceso y la sentencia o decisión objeto de recurso. La dirección del proceso se refiere, entre otros, a la conducción de la gestión procesal incluido el ámbito probatorio y la habilidad del funcionario en el manejo general de las audiencias como supremo director de las mismas. La providencia se evaluará teniendo en cuenta la valoración jurídica, desde el punto de vista procedimental, probatorio y sustancial, aspectos éstos que atañen a la comprensión y solución del problema jurídico debatido, al conocimiento del tema y a la lógica del razonamiento para sustentar las tesis que se admiten y refutar las que se rechazan; la comprensión fáctica y de alegatos de las partes; la estética en la presentación, el manejo gramatical, la redacción y la ortografía. Así mismo, de

conformidad con el art. 55 de la Ley 270 de 1996, la pulcritud del lenguaje; la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan, así como en la elaboración de los resúmenes de los alegatos de las partes. La evaluación sobre este aspecto debe ser emitida con observancia de los principios de independencia y autonomía de los jueces, consagrados por la Constitución Nacional” (subrayas y negrillas extra texto).  Por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la ampliación del plazo establecido en el artículo 16 del Acuerdo 198 de 1996, para entregar el resultado de la calificación del factor calidad de los servicios prestados por los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial durante el período comprendido entre el 1º. de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1998 y el otorgamiento de facultad discrecional para evaluar un número inferior a veinte providencias, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 415 de 1998, en el que determinó: “ARTICULO PRIMERO.- Amplíese hasta el 30 de abril de 1999 el término establecido en el artículo 16 del Acuerdo 198 de 1996, para que la Corte Suprema de Justicia haga entrega de los resultados de la evaluación del factor calidad de los servicios prestados por los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial durante el período comprendido entre el 1º. de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1998”. 19 “ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos previstos en el artículo

anterior, la evaluación de este factor podrá comprender, por este único período, hasta un mínimo de diez (10) procesos o actuaciones”.  A su vez mediante Acuerdo 502 de 1999, se amplió nuevamente el plazo para la evaluación del factor calidad hasta el 15 de julio de 1.999. Precisado el entorno normativo que regula el sub judice, frente al primer problema planteado, es necesario definir si en el caso que nos ocupa, el demandante es beneficiario de la presunción legal establecida el artículo 10 del Acuerdo 198 de 1996, es decir si la calificación debe entenderse como satisfactoria, toda vez que había transcurrido un nuevo periodo de evaluación, según lo afirmado por el actor. La revisión de las pruebas que obran en el plenario, demuestran que el accionante fue calificado integralmente en sus servicios por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en octubre de 2000, si bien dicha calificación fue tardía, pues la Corte Suprema de Justicia tenía en principio plazo para entregar el resultado de la calificación del factor calidad d