PGN - Documento 201606261505326

Dependencia Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Radicación No. 085-11835-06 Disciplinados RAFAEL HUMBERTO VALLEJO LOBATO, ÁLVARO ESTRADA PANTOJA Entidad y cargo Gerente y Subdirector Administrativo y Financiero del Hospital Eduardo Santos de La Unión, Nariño Quejoso Miguel Ángel Aroca Belalcazar Fecha de la queja 18 de mayo de 2005 Fecha de los hechos Enero de 2004 a mayo de 2005 Asunto Fallo de 2ª instancia y resuelve sobre nulidad Bogotá D.C., 23 de enero de 2009 El Despacho, una vez cumplido el trámite procesal correspondiente, procede a proferir fallo de segunda instancia en el proceso, previa evaluación de la solicitud de nulidad interpuesta por el apoderado del disciplinado Álvaro Eduardo Estrada Pantoja, quien pretende que se declare la nulidad de lo actuado en el proceso por violación del debido proceso.

I. ANTECEDENTES.

a. Mediante comunicación del 18 de mayo de 2005 el señor Miguel Ángel Aroca Belalcazar instauró queja disciplinaria en contra de los directivos del Hospital Eduardo Santos del Municipio de La Unión en el Departamento de Nariño por la presunta comisión de algunas faltas e irregularidades administrativas y presupuestales en el centro de salud mencionado. (fls.1 a 8 cdno.1).

2. Las diligencias fueron asumidas por la Procuraduría Regional de Nariño en donde se abrió el expediente número 085-11730-05 y se dispuso la apertura de Indagación Preliminar y la práctica de algunas pruebas mediante auto del 26 de mayo de 2005

(fl.12 cdno.1) por hechos que en dicha providencia se denominan unos de naturaleza contractual y otros de naturaleza administrativa.

3. En providencia del 22 de junio de 2005 se ordenó la apertura de Investigación Disciplinaria por la totalidad de los hechos y conductas denunciadas. (fl. 228 – 242 cdn. 1).

4. El 12 de octubre de 2005 se dispuso tramitar la actuación por el procedimiento especial y citar a audiencia, según providencia que obra a folio 314 del cuaderno número 2. Al inicio de dicha decisión, en el acápite “Origen y hechos de la investigación” se dice que “…la presente investigación se ocupará del asunto contractual, en tanto se dispone que el administrativo se tramite por separado, para lo cual se desglosarán los respectivos documentos y actuaciones”, sin hacer consideraciones ni motivaciones adicionales que justificaran su decisión, ni incluir en la parte resolutiva de la providencia disposición en ese sentido.

5. En audiencia del 28 de noviembre de 2005 se decretó la nulidad de lo actuado desde la providencia del 12 de octubre a que nos referimos en el numeral anterior y se ordenó, por violación al debido proceso, dar al mismo el trámite del procedimiento ordinario.

6. Mediante providencia del 8 de noviembre de 2005 (fl. 424 cdn. 2) se ordenó abrir pliego de cargos por las conductas que la Procuraduría Regional denominó como de naturaleza contractual, sin mencionar en la parte resolutiva las de índole administrativo ni haber ordenado el desglose de los documentos ni la ruptura de la unidad procesal para tramitar en expediente diferente aquellas conductas de

naturaleza administrativa. La única mención en la providencia sobre esta última clase de conductas se hace en el aparte de “Antecedentes” del auto, en el cual se menciona que se procede a hacer la evaluación de las actuaciones disciplinarias de naturaleza contractual “…en tanto, las administrativas se determina tramitarlas por separado desglosando los documentos respectivos y demás realizaciones.”, pero sin embargo, en el acápite que contiene la parte resolutiva del auto, que tiene carácter vinculante y que es por ende obligatorio, omite la mención siquiera de la intención de desglosar el expediente y de tramitar algunas conductas en actuación distinta, así como también se echan de menos motivaciones para justificarlo.

7. En providencia del 13 de diciembre de 2005 (fl. 457 cdn. 2) se ordenó la práctica de pruebas de descargos solicitadas por los apoderados de los vinculados.

8. Sin que obre constancia de la apertura de expediente disciplinario nuevo para tramitar los hechos o conductas “administrativas”, ni el origen ni razones o motivos de tal decisión, ni decisión motivada que lo dispusiera, mediante providencia que obra a folio 475 del cuaderno número 2 del expediente, emitida el 20 de enero de 2006, se dispuso tener en cuenta como soporte para continuar con la Investigación Disciplinaria contra los señores Rafael Humberto Vallejo Lobato, Álvaro Estrada Pantoja y Diego Viveros, las copias de los documentos tomados del expediente original número 085-11730-05 ordenadas mediante providencia del 8 de noviembre de 2005, según se expresa en el auto mencionado en primer término.

9. Sin origen claro o evidente, pero con base en las copias de que trata el auto

anterior, mediante providencia del 19 de febrero de 2006 (fl. 578 cdn. 2) se dictó en el nuevo expediente (085-11835-05) Pliego de Cargos contra los disciplinados por los hechos calificados por la regional de conocimiento como de naturaleza administrativa.

10. Mediante providencia del 22 de marzo de 2006 se ordenó la práctica de pruebas de descargos solicitadas por los apoderados de los disciplinados. (fl.952 cdn. 3)

11. El 12 de julio de 2006 se corrió traslado a los disciplinados para que presentaran los correspondientes alegatos de conclusión.

12. Mediante decisión del 19 de octubre de 2006 se dictó fallo de primera instancia

(fl. 1160 cdn. 4) el cual fue oportunamente recurrido.

13. Con providencia del 29 de agosto de 2007 (fl. 1194 cdn. 4) el ad-quem decretó la nulidad de lo actuado desde el auto que abre pliego de cargos contra los implicados, dictado el 19 de febrero de 2006, por imprecisión de las normas pretendidas como vulneradas por los funcionarios, y como consecuencia de ello se revocó el primer fallo de primera instancia que se dictó en el proceso, dado lo cual el expediente regresó a la Procuraduría Regional de Nariño para que allí se emitiera nuevo pliego de cargos contra los implicados, que al efecto se dictó el 18 de febrero de 2008

(fl.1226 cdn. 4)

14. Nuevo Pliego de cargos.

Mediante providencia del 18 de febrero de 2008, luego de un amplio recuento de los

hechos y de las pruebas recaudadas en el proceso, se dictó auto de cargos contra los disciplinados RAFAEL HUMBERTO VALLEJO LOBATO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 10.539.152 de Popayán y ÁLVARO ESTRADA PANTOJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 12.957.716 de Pasto, en su condición de Gerente y Subdirector Administrativo-Financiero del Hospital Eduardo Santos del Municipio de la Unión, Departamento de Nariño, respectivamente, por cuanto se encontró que los mismos, con sus actuaciones, pudieron contrariar normas legales y deberes superiores, de la siguiente manera: (i) Las conductas endilgadas a. RAFAEL HUMBERTO VALLEJO LOBATO. “Al doctor RAFAEL HUMBERTO VALLEJO LOBATO; 1º.- Por cuanto en su condición de Representante legal y ordenador del gasto, pudo haber incurrido en falta disciplinaria al haber autorizado y ordenado de manera irregular el pago de avances de viáticos a su favor, como a nombre del Sub director Administrativo, la Médico General y Conductor de ese Hospital, bajo las orientaciones y liquidación de los topes establecidos dentro de las Resoluciones Números 284 de 21 de febrero de 2003 y 0086 de 30 de enero de 2004, emanadas del Instituto Departamental de Salud de Nariño; sin que hubiere mediado acto administrativo que acogiera tales resoluciones y tarifas, con lo cual, se rompería con los principios constitucionales de planeación y legalidad del gasto y con ello habría dejado a un lado la función de velar por la utilización eficiente de

los recursos financieros de la Empresa.”( flio. No. Así, el operador disciplinario de manera genérica indica la posible comisión de faltas disciplinarias del funcionario encausado, sin indicar cuales faltas en concreto cometió ni los deberes funcionales vulnerados con su actuación, por haber autorizado y ordenado de manera irregular el pago de avances de viáticos. La posible irregularidad se desprende, según el texto transcrito, del hecho de haberse ordenado y liquidado con base en normas que no eran, según el operador, aplicables al Hospital Eduardo Santos, por no estar cobijada dicha entidad dentro de las entidades a las cuales dicho régimen cubría o por no haberse adoptado dichas normas por el propio ente para regular los eventos administrativos que tienen que ver con la autorización, expedición y liquidación de viáticos. Igualmente, el pliego de cargos carece de consideraciones o de la indicación de los deberes funcionales vulnerados con la actuación del funcionario cuestionado en este proceso y se limita a hacer la simple indicación genérica y amplia de normas que se consideran violadas, a pesar de que en su momento se encontró que un anterior pliego inculpatorio fue anulado por esta Delegada, lo que ameritaba un mayor cuidado al elaborar los nuevos cargos. b. ÁLVARO ESTRADA PANTOJA. “Al doctor ÁLVARO ESTRADA PANTOJA; “Por cuanto eventualmente habría en forma irregular liquidado y con ello contribuido a la irregular autorización y al pago de avances de viáticos a favor del Dr. Rafael Humberto Vallejo Lobato Gerente; de la Médico Betty Chávez Millán, del conductor y suyos, cuando liquidó los mismos bajo las orientaciones establecidas dentro de las Resoluciones

Números 284 del 21 de febrero de 2003 y 0086 de 30 de enero de 2004, emanadas del Instituto Departamental de Salud de Nariño, sin percatarse que no mediaba acto administrativo que acogiera tales resoluciones y tarifas, con lo cual, se rompería con el principio constitucional de legalidad del gasto.” En este evento se cuestiona la liquidación irregular de los viáticos por parte del vinculado, sin que el operador haya indicado cual es el deber funcional concretamente vulnerado con dicha actuación. La liquidación de viáticos resultaría equivocada por cuanto, según el ad-quo, para ello se aplicaron normas que no podían aplicarse al Hospital pues éstas comprendían a otras entidades entre las cuales, aunque no se dice explícitamente en el fallo, no se comprende al Hospital Eduardo Santos. Sumado a esto el Hospital tampoco acogió dicha normatividad mediante acto declarativo en tal sentido para regular lo referente a los viáticos, lo que conllevaría a vulnerar el principio de legalidad del gasto, según el operador. Por otra parte el cuestionamiento disciplinario se derivaría, tal como se concibe en el fallo y en el pliego de cargos, no tanto del hecho mismo de la liquidación errónea por la aplicación de normas impertinentes para dicha entidad, sino por haber contribuido con dicha liquidación a la “irregular autorización y al pago de avances de viáticos”, es decir, por haber conducido eficientemente al doctor Vallejo a hacer las autorizaciones para el pago de avances de viáticos, quien a la postre los autorizó con base en la liquidación del señor Estrada, que obra en los mismos actos.

Así, entonces sería cuestionable, según el ad-quo la responsabilidad o la injerencia de este funcionario en las actuaciones autónomas de su superior jerárquico que autorizó las comisiones y el pago de viáticos de manera irregular y no el hecho de la liquidación o aplicación de tarifas que no correspondían para proceder al pago de dichos emolumentos, lo cual en efecto no se cuestiona en el pliego de cargos, pues como vimos la tacha al encartado tiene que ver con su injerencia o determinación en la actuación de su superior. En este sentido la actuación del señor Estrada resulta exculpatoria de la adelantada por el doctor Vallejo quien pudo haber actuado con un error invencible ocasionado con la actividad del primero de los inculpados mencionados, tal como pretende establecer el apoderado del doctor Vallejo en los argumentos del memorial que contiene los descargos. En este aspecto el fallo de instancia guarda poca coherencia con el resto del fallo pues para un caso la conducta es autónoma si se trata de culpar y sancionar al señor Vallejo en su condición de Director del hospital por autorizar indebidamente avances de viáticos, sin considerar que para ello fue determinado por el doctor Estrada y en segundo término, para proferir fallo sancionatorio contra el señor Estrada el ad-quo considera para hacer su reproche, que este último pudo determinar e inducir la actuación irregular del Director del ente de salud. (ii) Las normas vulneradas. a. Por parte del doctor RAFAEL HUMBERTO VALLEJO LOBATO: En la providencia se citan como vulneradas las siguientes normas:

Artículo 18 de la Ordenanza No. 48 de 1996; artículos 29 numerales 1, 4, 6, 14, 15, artículo 34, 35 numerales 1, 2, 3, 13, 18, 22, 23, 26 y parágrafo del artículo 26 y el artículo 54 del Acuerdo 001 del 21 de marzo de 1997 que contiene los estatutos de la empresa; artículos 9, 36, 37, 39, 40 y numeral 1 del artículo 53 del Decreto 284 de 2002; artículos 6, inciso 2º del artículo 123, artículos 209, 339 y 341, inciso 2º del artículo 346 de la Constitución Política; artículo 2 del Código de lo Contencioso Administrativo; artículos 14, 18, 30 y 40 del Decreto 360 de 1995; artículos 12 y 14 del Decreto 111 de 1996; numerales 1, 2, 3, 4, 8, 15, 21 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2000; y los artículos 3º y 4º de la Ley 489 de 1998. La simple enumeración de normas vulneradas en el pliego de cargos y en el fallo no suple la valoración y determinación que exige la ley disciplinaria del deber funcional transgredido, cuya ausencia se evidencia en el fallo de instancia, pues no se encuentra que el ad-quo haya establecido cuales deberes se vulneraron, ni como ocurrió su violación. b. Por parte del doctor ÁLVARO ESTRADA PANTOJA;

Artículo 35 numerales 1, 2, 3, 13, 18, 22, 23, 26 y parágrafo del artículo 26 y el artículo 54 del Acuerdo 001 del 21 de marzo de 1997 que contiene los estatutos de la empresa; artículos 6, inciso 2º del artículo 123, artículos 209, 339, 341, inciso 2º del artículo 345 de la Constitución Política; artículo 2 del Código de lo Contencioso Administrativo; artículos 14, 18, 30 y 40 del Decreto 360 de 1995; numerales 1, 2, 3, 4, 8, 15, 21 del artículo 34 y el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2000; Este Despacho encuentra insuficiente la mera enumeración de normas violadas como fundamento de la responsabilidad disciplinaria, pues el operador debió determinar cual deber funcional vulneró el encartado y establecer como lo hizo, valoración que se echa de menos en el fallo y anteriormente en el pliego de cargos que contiene esta misma carencia. (iii) Calificación de la falta y forma de culpabilidad. a. del doctor RAFAEL HUMBERTO VALLEJO LOBATO “El comportamiento desplegado por el doctor RAFAEL HUMBERTO VALLEJO LOBATO: se califica como GRAVE bajo los criterios de la ley 734 de 2002, artículo 43º ibidem, numerales 1, grado de culpabilidad, con conocimiento; 2 : la naturaleza esencial del servicio, 4, la Jerarquía y mando, se trata del representante legal y ordenador del gasto; 5 por la trascendencia social que traería mal ejemplo a subordinados y usuarios; con ello,

pudo inobservar los deberes citados e incurrido en las prohibiciones señaladas, por esta conducta igualmente responderá a título de DOLO, en atención a que tenía capacidad de comprender su ilicitud y buscó ese resultado, el que se reporta alejado de la Constitución y la Ley, incumpliendo en definitiva los deberes funcionales que se comprometió a respetar y atender.”. b. del doctor ÁLVARO ESTRADA PANTOJA “Respecto del señor ÁLVARO ESTRADA PANTOJA, la falta endilgada es de naturaleza grave, calificación que se hace bajo los criterios del artículo 43º de la Ley 734 de 2002, numerales 1, 4 en su condición de Sub Director Administrativo y Financiero, liquidaría en forma irregular el pago de avances de viáticos, 5 daría mal ejemplo a compañeros y subordinados, y usuarios, cometida con culpa precisamente por haber aparentemente con su conducta determinado, permitido y tolerado tales irregularidades, con ello, pudo inobservar los deberes citado e incurrido en las prohibiciones señaladas, en atención a que tenía la capacidad de comprender su ilicitud y evitar ese resultado de haber actuado con prudencia y diligencia.”.

15. Descargos.

El apoderado del doctor Rafael Humberto Vallejo Lobato presentó el correspondiente escrito de descargos el 18 de abril de 2008 (fls. 1249-1254 cdn. 4) mediante el cual pretende desvirtuar los cargos formulados contra su defendido alegando que actuó de buena fé siguiendo lo que se venía practicando en el hospital en materia de viáticos y atendiendo para ello lo indicado por otros funcionarios particularmente por el señor Estrada, también vinculado a este proceso, y por ende actuó con el

convencimiento de que obraba de conformidad con la ley. Por su parte no se presentó escrito de descargos por parte del apoderado designado por el señor Álvaro Estrada Pantoja.

16. Ninguno de los disciplinados presentó alegatos de conclusión.

17. El apoderado del doctor Rafael Humberto Vallejo Lobato presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia dictado en su contra, que al efecto obra a folios 1351 a 1354 del cuaderno número 5 del expediente.

Por su parte el apoderado del señor Álvaro Estrada Pantoja también presentó el correspondiente recurso de apelación contra el fallo de instancia que consta a folios 1356 a 1363 del cuaderno número 5 del expediente.

II. CONSIDERACIONES.

1. Nulidad propuesta por el apoderado del disciplinado Álvaro Eduardo

Estrada Pantoja. Antes de proceder a decidir de fondo el negocio se debe despachar en primer término la solicitud de nulidad propuesta por el apoderado del disciplinado Álvaro Estrada Pantoja (fl. 1360 cdn. 5), amén de verificar la existencia de otras nulidades que hayan permanecido latentes en el proceso y que no fueron evidenciadas en el recurso pero que pudieren afectar gravemente la legalidad procesal y con ello vulnerar derechos fundamentales de los encartados. Precisión sobre la solicitud de nulidad. A folio 1360 del cuaderno número 5 del expediente el apoderado del disciplinado Álvaro Eduardo Estrada Pantoja, manifestó la existencia de una nulidad procesal por violación al derecho a la defensa material y técnica generada con la omisión del

anterior apoderado a defender los intereses del encartado comoquiera que no presentó escrito explicativo en favor del disciplinado para defenderlo de los cargos levantados en su contra en providencia del 18 de febrero de 2008. En efecto, en el escrito se establece: “En aras de defender sus derechos e intereses mi procurado, cuando se abrió esta nueva investigación, nombró como abogado de confianza al Doctor Victor Hermógenes Reveló Palacios, a quien le extendió poder y se autenticó en la Notaría Única del Círculo de la Unión Nariño. Con sorpresa, se mira que en el contentivo de la investigación, el profesional del derecho ni siquiera presentó escrito de explicación en su favor, quedando indefenso a los cargos a él indicados. El artículo 29 de la Constitución Política, se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Concordante Art. 6 de C.D.U. La presencia e intervención del abogado defensor para la recta administración de justicia se hace necesaria para garantizar los principios rectores de celeridad, eficacia, eficacia (sic), moralidad, oportunidad de la prueba, contradicción, el debido proceso y derecho de defensa. Manifiesta mi patrocinado que nada hizo por él. Generándose con ello una nulidad, por derecho a la defensa material técnica (Art. 17-92 Num.2; 155 inc. 1º. Del C.D.U.” Como se puede observar, la expresión anteriormente transcrita parte de la existencia de una nueva investigación disciplinaria en la cual el apoderado inicial no actuó y dejó indefenso al disciplinado posteriormente frente a las imputaciones contenidas en el pliego de cargos elevados en su contra.

A este respecto, el Despacho encuentra que en el presente proceso (085-11835-06) no se inició nueva Investigación Disciplinaria, como parece haberlo entendido el recurrente, sobre los hechos que el ad-quo calificó originalmente como de naturaleza administrativa en el expediente No. 085-11730-05, de donde se desprendieron las diligencias que nos ocupan en este momento. Así, en principio, el expediente original mencionado cobijó los hechos definidos por el operador disciplinario como de naturaleza “administrativa” y “contractual”, distinguiendo entre ambas especies de hechos, que en algún momento se escindieron para ser tramitados por cuerda procesal diferente, sin que resulte claro en que momento se dispuso la apertura de nuevo expediente para tal efecto, ni los motivos ni razones para ello y sin que medie providencia que dispusiere lo propio como era lo procedente, pues la simple manifestación en el acápite de “antecedentes” de la providencia que contiene el pliego de cargos de que trata el auto del 8 de noviembre de 2005 en el proceso número 085-11730-05 o anteriormente en providencia del 12 de octubre de 2005 en el título “Origen y hechos de la Investigación”, de la intención del operador de tramitar las conductas administrativas en proceso distinto, no es obligatoria ni vinculante por no encontrarse en la parte dispositiva de la providencia en mención y tiene el alcance procesal de ser simplemente una manifestación de lo que se pensaba hacer, sin que haya encontrado concreción ni justificación alguna. Sin embargo, aunque al efecto no se encuentra orden de la escisión procesal

mencionada, o en los términos del Código Disciplinario Único, de la ruptura de la unidad procesal, posteriormente a la evaluación de la Investigación Disciplinaria efectuada el 8 de noviembre de 2005, se abre de hecho un nuevo expediente, con número diferente, para conocer de las actuaciones denominadas “administrativas”, partiendo no sólo de las copias tomadas del expediente original y primigenio, sino que se continúa a partir de las etapas procesales ya superadas en este último como fue la Investigación Disciplinaria, pues en efecto la orden de tener en cuenta las copias dispuestas en la parte de antecedentes de la providencia del 8 de noviembre de 2005 se emitió el 20 de enero de 2006 en el expediente nuevo. En efecto, el ad-quo evaluó la Investigación Disciplinaria abierta por ambas clases de hechos en el proceso original número 085-11730-05, en los términos del inciso tercero del artículo 156 del CDU, y abrió pliego de cargos únicamente por los hechos de naturaleza contractual, guardando silencio respecto de los otros, de naturaleza administrativa, sobre los cuales, como se expresó anteriormente, únicamente en el acápite de “antecedentes” y de “Origen y hechos de la Investigación” de las providencias mencionadas atrás, se dice que se adelantarán en expediente distinto sin llegar a tomar determinación en concreto en ese sentido. En estas condiciones se originó entonces el proceso 085-11835-06 mediante el cual se tramitaron las conductas de naturaleza administrativa y continúo el trámite del proceso 085-1173005 con las de naturaleza contractual.

Luego de ello el proceso 085-11835-06, originado en la ruptura de la unidad procesal mencionada, en estudio, sufrió un tortuoso camino, pues en efecto fue objeto de la declaratoria de una importante nulidad por defectos encontrados por el a-quem en el pliego de cargos y por tanto debió retrotraerse nuevamente hasta la elevación del pliego inculpatorio, con el propósito de que éste fuera reformulado y poder dictar nuevo fallo de instancia, que fue apelado y cuya resolución del recurso de apelación en su contra es lo que ahora nos ocupa. A este respecto el Despacho encuentra que el rompimiento de la unidad procesal de hecho, que dio como fruto el proceso 085-11835-06, no atiende las condiciones previstas por las normas procesales pues nunca se dispuso su apertura, ni en el proceso original (número 085-11730-05) se ordenó tal ruptura o escisión procesal para que los hechos de naturaleza administrativa se tramitaran en actuación diferente y, en todo caso, no se encuentra justificación o motivación de dicha decisión y por tanto pudo ser fruto de la arbitrariedad. Inclusive, existiendo los presupuestos que las normas y la doctrina establecen para romper la unidad procesal, aún en la etapa de Investigación Disciplinaria, esta decisión debió ser expresa y plasmarse en una providencia obligatoria y debidamente motivada, lo cual no se realizó, pues debió manifestarse y evidenciarse que se podía realizar la susodicha ruptura procesal por estarse ante los supuestos previstos en la ley y debió hacerse al menos un somero análisis sobre ello, de manera que se justificara tal determinación. A este respecto, de aplicarse inclusive las normas del Código de

Procedimiento Penal en atención a la integración normativa, en las cuales se establecen unos supuestos para que opere la figura, también aquí el ad-quo debió verificar que se estaba dentro de uno de los supuestos para poder proceder con la ruptura procesal, análisis que se echa de menos. Aún en gracia de discusión de si la ruptura de la unidad procesal procedía en este caso por encontrarse el proceso en la etapa de la Investigación Disciplinaria, como lo indica la doctrina imperante en la Procuraduría General de la Nación, es claro por un lado que la ruptura de la unidad procesal debe decretarse por el operador sin que quede lugar a dudas de su decisión, es decir que debe concretarse en una orden expresa y vinculante y que dicha decisión debe motivarse suficientemente, a riesgo de que de no hacerse tal justificación, resulte inválida y pueda entenderse como fruto de la arbitrariedad, en contradicción con derechos fundamentales de los vinculados, lo cual el operador no efectuó, pues como se mencionó anteriormente la decisión de escindir los hechos o conductas según su naturaleza, que podían ser en principio conocidos por el mismo funcionario y bajo el mismo trámite, que determinó la ruptura de la unidad procesal, no se plasmó en providencia alguna o en decisión de tal calibre y por ende la misma se debe entender como inexistente para todos los efectos, con la consecuencia lógica de tener que declarar la nulidad de lo actuado en el nuevo proceso originado, con número 085-11835-06, en el cual se conocieron las conductas de carácter “administrativo”. Por otra parte, y comoquiera que en el proceso número 085-11730-05 en el cual se

estaban estudiando todas las conductas, tanto aquellas “contractuales” como aquellas “administrativas”, se calificó la Investigación Disciplinaria y se determinó abrir pliego de cargos únicamente por las mencionadas en primer lugar, guardando silencio respecto de las demás y sin romper la unidad procesal, se debe entender que al guardar silencio en la providencia sobre esas conductas, lo hizo por no encontrar mérito para abrir pliego de cargos por las mismas, en los términos del inciso tercero del artículo 156 del CDU y por tanto procedía su archivo, pues no hacerlo dejaría en un limbo jurídico a los vinculados que a todas luces verían vulnerados derechos que gozan de especial protección constitucional como son el debido proceso y el derecho de defensa. Tampoco en momento posterior se podría evaluar nuevamente la Investigación Disciplinaria pues la oportunidad de levantar cargos se agotó con la calificación realizada en el proceso original, que debió ser integral y contener la valoración total de lo investigado, salvo que la unidad procesal se hubiera deshecho válidamente, que no es el caso, pues permitir una nueva calificación, y con base en ella levantar cargos a los disciplinados sería violatorio del principio jurídico del “non bis in ídem”. En el caso que nos ocupa es evidente que el indebido rompimiento de la unidad procesal en el expediente número 085-11730-05 causó lesiones a derechos fundamentales de los disciplinados, lo cual determina la nulidad de la ruptura procesal comentada y de la totalidad de las actuaciones adelantadas en el proceso número 085-11835-06 originada en aquella, que conduce al archivo definitivo de las diligencias respecto de las conductas determinadas como “administrativas”, que no

podrían ni pueden ser objeto de nueva valoración por lo anotado, al resultar indebida la escisión procesal mencionada. Es claro que lo que correspondía en su momento, una vez terminada la etapa de la Investigación Disciplinaria, era u ordenar la ruptura de la unidad procesal en decisión vinculante y obligatoria, debidamente sustentada y motivada y disponer el tramite de los hechos según su naturaleza en dos procesos diferentes, si así lo quería el adquo, o calificar la Investigación Disciplinaria y abrir pliego de cargos también por estos hechos, lo cual no se hizo. Así, los disciplinados no deben verse afectados por las consecuencias de los errores u omisiones del operador disciplinario que no plasmó en decisión concreta su determinación de romper la unidad procesal ni motivó dicha decisión, sino que simplemente en un primer momento se limitó a enunciar su intención de hacer dicha ruptura procesal, pero no concretó su decisión y, en otro momento, sin caer en cuenta de su omisión, abrió un nuevo expediente con nuevo número y tramitó allí las conductas que él había definido como administrativas. A este respecto varios pronunciamientos del ente de control se refieren al rompimiento de la unidad procesal. A este respecto baste con citar el pronunciamiento de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal en el proceso con número de Radicación Nº 021-115292-04, en el cual se establece: “En opinión de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, sin embargo, este pronunciamiento de la Vice-procuraduría no alude a situaciones como la que se

presentó en el caso concreto. En efecto, si bien resulta claro que, en el proceso disciplinario, puede darse aplicación al artículo 92, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal, según el cual no se conservará la unidad procesal, entre otros eventos, cuando «la resolució