PGN - Documento 201607091242065

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que negó la incorporación a la planta de personal SUPRESIÓN DE EMPLEOS-Derechos de los empleados inscritos en carrera administrativa RETIRO DEL SERVICIO PÚBLICO-Deber de demostrar los motivos ajenos al buen servicio Sobre los temas en discusión, se considera que no le asiste razón a la parte demandante y recurrente, porque no se observan elementos probatorios que dieran convicción plena de la intención concreta y específica de retirar del servicio a la actora por motivos ajenos al buen servicio y la optimización de éste con los recursos que se tenían y, concretamente, la fundamentación del recurso de apelación parte de una interpretación equivocada, en cuanto la primera instancia no afirmó que la dependencia o el cargo no hubieran desaparecido, dijo con toda claridad y sí en forma reiterada, que la Contraloría no fue suprimida, que la dependencia y funciones no pasaron a otra entidad, lo que no contradice en manera alguna los fundamentos de la apelación. SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Las Asambleas y los Concejos están limitados a determinar la oficina que ejerce esta función RETIRO DEL SERVICIO PÚBLICO-Deber de la administración de dar trámite ante autoridad competente en materia de carrera administrativa/RETIRO DEL SERVICIO PÚBLICO-Derecho de permanecer en carrera administrativa en otra entidad En el entendido de que la apelación se refiere a la concesión del derecho a permanecer en carrera en otra entidad, proviniendo de una institución de control fiscal, estima este Despacho, que en este entendimiento le acude razón a la

demandante, en cuanto, la respuesta contenida en el acto demandado y, que ahora su representante judicial, explica, que se debía entender en el sentido del agotamiento del trámite de incorporación ante la Comisión Seccional del Servicio Civil, conforme al Decreto 1568 de 1998, implica que la administración dio una respuesta que no tenía fundamento legal, pues dichas disposiciones no era posible aplicarlas, debido a la declaración de inexequibilidad de las disposiciones que crearon esas dependencias territoriales encargadas de la administración de la carrera administrativa a nivel local; y, no es cierto que esos trámites y diligencias fuera posible hacerlo ante la C.N.S.C., pues claramente la sentencia C-372 de 1999, dejó esa materia a cargo del legislador. Todo lo cual lleva a concluir, que el burgomaestre, como nominador, no tenía porqué remitir a la realización de gestiones ante autoridades inexistentes, sino que le acompañaba el deber de resolver de fondo la opción elegida por una servidora de carrera cesante por virtud de un ordenamiento expedido por esa Alcaldía. RETIRO DEL SERVICIO PÚBLICO-Deber de la administración de resolver la opción escogida por el empleado con supresión del cargo Sí, debía el Alcalde decidir el derecho ejercido por la actora, porque podía hacerlo y estaba de por medio el derecho a la estabilidad laboral y a la permanencia en el servicio de una empleada pública inscrita en el escalafón de carrera administrativa, pues era el nominador y las normas de la ley 443 de 1998 eran aplicables materialmente (Art. 3º) y le concedían la posibilidad y el derecho a la peticionaria

de ser incorporada en la planta de personal de una entidad territorial de la rama ejecutiva (Art 39 numeral 1.4), en cuanto dichas disposiciones le eran aplicables mientras se expidiera el estatuto de carrera de la contralorías. SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA-En las contralorías territoriales se aplica temporalmente la ley 909 RETIRO DEL SERVICIO PÚBLICO-Derecho del empleado de carrera a ser incorporado en otra institución La interpretación de la primera instancia, en el sentido que el artículo 39 de la ley 443 permitía exclusivamente la incorporación en la misma entidad reestructurada o modificada en su planta de personal, no es compartida por este Despacho, en cuanto la propia ley, invocada en la demanda específicamente, previó que “1.4 En cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso.”, procedía la incorporación, siendo esta la última posibilidad del orden establecido por el artículo 39, lo que era completamente lógico, pues se trata de servidores del Estado, inscritos en el escalafón de carrera, que en casos como el presente, pueden ser provistos, por la naturaleza de las funciones en otra institución, sin que se afecte ninguna de las entidades y si se garanticen los derechos fundamentales y legales de los servidores público. 2

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 285 – 2013

SIAF 2013 - 273178

Bogotá D.C. 26 de agosto de 2013 Honorables Consejeros de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve

E. S. D.

No. INTERNO : 2665 - 2012

EXPEDIENTE : 050012331000200203004 01

ACTOR : Liliana Arango Granados DEMANDADO : Municipio de Bello –AntioquiaACCIÓN : Nulidad y Restablecimiento del Derecho ASUNTO : Concepto del Ministerio Público TEMA : Reintegro y pago de derechos laborales por supresión del cargo.

Procede esta Agencia del Ministerio Público a presentar concepto, dentro del referido proceso que conoce en segunda instancia la Sección Segunda del Consejo de Estado por recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 13 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones.

I. DEBATE PLANTEADO Se demanda la nulidad del acto administrativo que negó la incorporación en la nueva planta de personal de la Contraloría Municipal de Bello o del Municipio mencionado, porque existían las vacantes y debían protegerse los

derechos de los servidores de carrera; posición no compartida por la demandada que afirma que la desvinculación de la actora, fue realizada mediante las facultades previstas en la ley, con el cumplimiento de todos los requerimientos de ese proceso y por autoridades competentes para ese efecto y que además que no existían cargos de igual o superior jerarquía y los que podían ofrecerse tenían remuneración inferior, lo que causaría un perjuicio a la solicitante de la incorporación. 3

1. PRETENSIONES La Señora Liliana Arango Granados, mediante apoderado judicial, Dr. Luis Gonzalo Cadavid Martínez, en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho (Artículo 85 C.C.A.), demandó de la Jurisdicción Especial, que se declarara la nulidad del siguiente acto administrativo: Expedido por el Alcalde Municipal de Bello, de fecha 4 de marzo de 2002, por el cual se negó la incorporación a la demandante a un cargo equivalente al que venía desempeñando. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le ordenara al Municipio de Bello que incorporara o reintegrara a la demandante a la planta de cargos del Municipio de Bello en un empleo igual al que desempeñaba o a otro de condiciones similares o mejores, con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de recibir, desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo, considerando para todos los efectos que hubo continuidad en la relación laboral. Que a los valores adeudados se les hagan los ajustes conforme al artículo 178 del C.C.A. Que el cumplimiento de la sentencia se ajustara a los artículos 176 y 177 del C.C.A. Que se condene en costas al demandado.

2. HECHOS La Señora Liliana Arango Granados, fue nombrada como Secretaria en la Contraloría Municipal de Bello, mediante Resolución 272 del 4-11-1997, después de superar concurso de méritos; se posesionó el 10-11-1997 mediante acta 65; una vez superado el periodo de prueba fue inscrita en el

escalafón de carrera administrativa como empleada pública en el cargo de Secretaria de la Contraloría del municipio de Bello. Por Decreto 088 del 7-2-202 el Contralor Municipal de Bello suprimió el cargo

ocupado por la actora; luego por Resolución 008, expedida por el mismo funcionario, se ejecutó la supresión del cargo y se ordenó el retiro de la servidora, lo cual fue notificado en oficio del 8-2-2002, desde cuando se le desvinculó de la administración. El 11-2-2002 la demandante pidió al Alcalde de Bello que la incorporara a la planta de cargos de la administración Municipal, pues en ese momento había 26 cargos vacantes que tenían funciones iguales o similares y para los cuales se exigían perfi.es y requisitos iguales o similares a los del cargo de Secretaria suprimido en la Contraloría. 4 El 4-2-2002 se respondió la petición negando el derecho a la incorporación con el argumento que: “la actual normatividad sobre el sistema de carrera administrativa en materia de supresión de cargos (art. 39 de la ley 443 de 1993 (sic) y su Decreto reglamentario 1568 de 1998), cuando se trata de una entidad a otra, debe ser tramitado siguiendo los lineamientos que para estos casos establece el Decreto en mención en sus artículos 50, 51 y 52, tramitar de manera directa y favorable su solicitud implicaría una perfecta extralimitación de funciones…” Cuando se suprimió el cargo la actora devengaba $596.298 pesos.

4. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN El acto acusado violó los principios constitucionales contenidos por los artículos 1º, 6º, 25, 53 y 125; también las siguientes disposiciones legales: artículo 3º, parágrafo 2 y, artículo 39 numeral 1.4. de la ley 443 de 1998; los

artículos 44 y 47 del Decreto ley 1568 de 1998; los artículos 2-3 y 135 del Decreto 1572 de 1998, modificado por los artículos 1º y 6º del Decreto 2504 de 1998. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo85 del C.C.A. se acusa al oficio del 4 de marzo de 2002, por el cual se negó la incorporación de la demandante a la planta de personal del Municipio de Bello, por cuanto su contenido y decisión no respetaron las normas en las que debía fundarse, en cuanto debió reconocer el derecho preferencial que tenía la actora como empleada escalafonada en carrera administrativa para ser incorporada en la planta de personal del Municipio, habida cuenta la supresión del cargo que desempeñaba y por la existencia de cargos iguales o similares que se encontraban vacantes. El acto acusado no señaló los términos para los recursos, ni expresó cuales procedían y, aún más, fue expedido por el mismo nominador, por lo que puede demandarse directamente ante la jurisdicción contenciosa, sin agotar vía gubernativa. Explicó la violación a los artículos constitucionales señalados como tal; partiendo del primero, en cuanto Colombia es un Estado Social de derecho que tiene como uno de sus principios fundantes, al trabajo, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, lo que no fue garantizado por el acto acusado que infringió ese derecho sin atender las reglas de la carrera administrativa. En sentido similar sostuvo la violación de los principios constitucionales citados como tal, aplicando en cada uno de estos su contenido y

confrontándolo con el acto acusado, para concluir que éste violó los derechos que le acompañaban por ser servidora inscrita en carrera, como que se le garantizara el trabajo que es una obligación social al que tiene derecho toda persona, en condiciones dignas y justas; igualmente debía 5 garantizarse la estabilidad en el empleo y la regla general que los cargos del Estado son de carrera y no libre nombramiento. Citó apartes, que dijo haber tomado de sentencias de la Corte Constitucional, bien en materia de constitucionalidad o bien en materia de tutela. En el capítulo referente a las violaciones de orden legal, señaló la parte actora que tanto la Contraloría Municipal como el municipio de Bello eran entes territoriales sujetos y sometidos a las normas de carrera administrativa previstas por la ley 443 de 1998, tal como lo señalaba el artículo 39 de ésta; norma a la que se le estudió su constitucionalidad en la sentencia C-372 de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo (folios 7 y 8). Aclarado el hecho que las dos entidades estaban sujetas a las normas de carrera, explicó, con la cita del artículo 39, numeral 1.4 de la ley 443, que la incorporación procede en cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso; por lo tanto la incorporación pedida estaba amparada por el numeral 1.4.del artículo 39 de la ley 443 y procedía en cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso. Aludió a la sentencia C-994 de 2000.

Específicamente el artículo 2º, numeral 3º del Decreto 1572 de 1998, preveía que la provisión definitiva de los cargos de carrera se haría, entre otros casos, “con el personal de carrera administrativa al cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser incorporados a empleos equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el artículo 135 de ese Decreto, el que decía que los empleados a los que se les suprimiera el cargo desempeñado en titularidad, tenían derecho a optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a percibir una indemnización, conforme al artículo 137 de ese mismo Decreto. El Municipio demandado violó esta disposición porque no proveyó los cargos conforme a la norma mencionada, manteniendo servidores en provisionalidad, a pesar de no tener derechos adquiridos de carrera, menoscabando los derechos de los inscritos en carrera a quienes se les suprimió el cargo y que contaban con derecho preferencial a ocupar esas plazas. La incorporación debía hacerse en un término perentorio de 10 días, conforme al artículo 47 del Decreto 1568 de 1998, norma posterior y especial que prima sobre el artículo 39 de la ley 443 que establecía un término de 6 meses, pero que debía entenderse aplicable para los casos de no existir vacantes; por lo que si existían vacantes, debieron hacerse los nombramientos inmediatamente y, en caso de no existir, debían agotarse los 6 meses hasta que resultare una vacante, de no aparecer la entidad que suprimió el cargo debía proceder a indemnizar. La respuesta dada en el oficio demandado respecto a la imposibilidad de

incorporar por la aplicación de los artículos 50, 51 y 52 de la ley 443, no fue correcta, por cuanto esas disposiciones salieron del ordenamiento jurídico al 6 declararse la inexequibilidad de las normas que establecían las Comisiones Departamentales del servicio civil, en virtud de la sentencia C-372 de 1999. Por lo que esas disposiciones en las que fundamentó el oficio demandado no eran aplicables, resultó arbitrario y violatorio de leyes superiores, pues no podía darse una motivación negatoria con base en procedimientos inexistentes, lo que evidenció una falsa motivación. Si con fundamento en el Decreto Ordinario 088 de 2002, el Alcalde del Municipio de Bello, garantizó a los servidores públicos de la Contraloría un mínimo de beneficios prestacionales, económicos, legales y extralegales, de los servidores del Municipio, por tanto no podía desconocer los derechos de carrera de la actora, pues contradecía el Decreto por el mismo expedido.

5. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA El Municipio demandado contestó el libelo introductorio por apoderada especial del Municipio de Bello, Dra. Engrith Marcela Acosta González (folios 97 a 105); escrito en el que se opuso a las pretensiones por estimarlas contradictorias entre sí, por las siguientes razones: El oficio acusado no permite deducir un perjuicio real a la accionante, porque se dio cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos legales previstos por la ley 443 de 1998 y sus Decretos Reglamentarios, especialmente el Decreto 1568 de 1998, artículos 49 y ss., de donde puede destacarse que la

actuación se realizó con estricta sujeción a las disposiciones de carrera administrativa y, en ese sentido se le dio respuesta a la actora, argumentándole que debía cumplirse con el trámite consagrado en el Decreto mencionado, acudiendo a la Comisión del Servicio Civil competente, trámite que no agotó la demandante e interpretó “motu propio” como una negativa para su incorporación. Paralelo a lo anterior, no existía en la planta de personal del Municipio un cargo vacante que fuera equivalente al suprimido por la Contraloría, conforme la definición del artículo 158 del Decreto Reglamentario 1572 de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto 1173 de 1999; pues de incorporarla en otro no equivalente se le habrían menoscabado sus derechos. Frente a los hechos, aceptó los primeros seis y luego hizo las siguientes precisiones: al hecho séptimo, fue parcialmente cierto que existieran más de 26 cargos vacantes en los que se desempeñaban funciones similares y que exigían perfil similar al cargo de Secretaria; al hecho octavo, fue parcialmente cierto, pues el acto acusado no obedeció a una negación al derecho de incorporación, simplemente se explicó que no era posible en ese momento “tramitar de manera directa y favorable su solicitud, porque implicaría una perfecta extralimitación de funciones, pues esa solicitud debía tramitarse bajo los lineamientos de la ley 443 y su Decreto Reglamentario 1568 de 1998, 7 artículos 50-51 y 52. Aceptó el hecho noveno, relativo al sueldo de la accionante al momento de la supresión. Formuló excepciones, así:

Inexistencia del perjuicio. Porque el acto demandado no negó la petición, sino que indicó cual era el procedimiento a seguir por la ausencia de un cargo equivalente (igual nivel, igual salario), por lo que debía agotar la interesada los procedimientos previstos por el Decreto 1568 de 1998, pues era la Comisión del Servicio Civil la encargada de estudiar la situación de ubicar la peticionaria en un cargo de inferior categoría, que era lo que se podía ofrecer en ese momento. El artículo decía: “Si de acuerdo con la decisión de que trata el artículo anterior no fuese posible la incorporación del exempleado en un empleo equivalente al suprimido, la Comisión del Servicio Civil competente iniciará la actuación administrativa tendiente a obtener la incorporación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de este Decreto”. Por lo anterior, no pudo derivarse perjuicio alguno, pues no había cargo equivalente y era la instancia competente la encargada de evaluar la incorporación en un cargo de inferior salario, no el municipio que no podía agotar dicho trámite. Petición antes de tiempo. La accionante presentó su petición de incorporación el 11 de febrero de 2002; el derecho que le asistía era el de ser incorporada, siempre y cuando la vacante se presentara en los 6 meses siguientes al retiro, por lo que al haber presentado la demanda el 28 de junio de 2002, lo hizo 2 meses antes de vencerse el término de los 6 meses que tenía la administración para incorporarla. Legalidad del acto administrativo. Explicó que la administración puede adecuar su funcionamiento a las necesidades del servicio, por lo que entre otras medidas, puede suprimir cargos, aun siendo estos de carrera

administrativa, pues nada obliga al Estado a mantenerlos, pues hay razones para hacer la supresión; por ello, quienes ocupen esos cargos de carrera no tienen seguridad de inamovilidad, pues hay motivos de interés general y de consecución de los cometidos estatales y los inscritos en carrera deben ceder ante tales intereses. Relató el proceso de modificación de la planta de personal, mencionando los actos que hicieron parte de aquel hasta llegar al acto demandado, insinuando que todo fue realizado dentro de los márgenes legales. Ausencia de falsa motivación. Luego de exponer sobre la posición de la demandante, dijo disentir de esta, en consideración a que la sentencia C-372 de 1999 no hizo referencia a la aplicación o no aplicación de los artículos 50, 51 y 52 de la ley 443 de 1998, los cuales mantiene su vigencia y aplicabilidad en el ordenamiento jurídico, por lo que el trámite previsto ante las Comisiones del Servicio Civil debía atenderse; por esto, no pudo darse falsa motivación en el acto acusado, porque este indicó que la interesada debía 8 agotar el trámite ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, como lo indicó el artículo Cuarto de la sentencia C-372 de 1999.

5. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó la prosperidad de las pretensiones en sentencia del 13 de junio de 2012 Lilian (folios 157 a 171 Vto.), luego de precisar aspectos relevantes del proceso, como las pretensiones, los hechos, las normas violadas y el concepto de violación, la historia procesal, la posición de la demandada y los alegatos; pasó a

expresar las consideraciones del caso para decidir; explicó que el problema jurídico planteado se refiere a establecer la legalidad del acto administrativo demandado, por el cual se negó a la accionante la incorporación a la planta de personal del Municipio de Bello. Entró en materia, estudiando la normatividad aplicable, partiendo de la ley 443 de 1998 que reguló la carrera administrativa y, en particular dijo que el artículo 39 de este ordenamiento previó las posibilidades en caso de supresión del cargo, mediante el derecho de opción entre pedir la incorporación en empleos equivalentes o recibir una indemnización (transcribió la norma; además esta disposición señaló las reglas a tener en cuenta para incorporar a los servidores que ocuparan cargos suprimidos en el término de los 6 meses siguientes a la supresión, en empleos equivalentes que se encontraran vacantes, de forma excluyente según el caso, así: si se trataba de supresión de dependencias, empleos o funciones, sin que desapareciera ni se liquidara la entidad; si la supresión obedecía al traslado de funciones a otra entidad y; si la eliminación de cargos obedeciera supresión de la entidad; hipótesis d las que puede deducirse que en los casos en que no se suprimía ni liquidaba la entidad, procedía la incorporación para la misma entidad y, sólo cuando ésta trasladaba funciones a otra entidad o se liquidaba definitivamente, procedía la incorporación a plantas de otros entes públicos. El Decreto 1568 de 1998 reguló “el régimen procedimental especial de las actuaciones que deban surtirse ante el Sistema Nacional de Carrera Administrativa y de la función pública” y, señaló el trámite a seguir en caso

de supresión del cargo y opción de incorporación a un cargo equivalente, que en los artículos 50 y 51 trataron el tema haciendo referencia a la incorporación a empleos equivalentes en caso de supresión de la entidad, que es el caso en el cual procede. Señaló el trámite a seguir ante la supresión, conforme a los artículos 44 y 47 del Decreto mencionado, citándolos para su mejor comprensión. Explicó que artículo 45 de la ley 443 reguló lo relacionado con la Comisión Nacional del Servicio Civil, exceptuando que sus funciones incluyeran a las Contralorías Territoriales; adicionalmente esa ley creó las Comisiones Departamentales del Servicio Civil y del Distrito Capital, norma declarada inexequible en la sentencia C-372 de 1999, por lo que a la Comisión Nacional del Servicio Civil no tenía atribución alguna en lo relativo a la carrera de los servidores de las Contralorías. 9 Hizo una relación de las pruebas obrantes en el expediente, de las cuales destacó el nombramiento, el acta de posesión, la inscripción en carrera; el acto de ajuste a la planta de personal de Bello y el acto de ejecución de la supresión; además el escrito de notificación, la petición formulada para la incorporación y su respuesta del 4 de marzo de 2002, del que citó parte de su contenido; escrito solicitando certificación de la totalidad de los cargos de la planta de personal, certificado del Contralor de Bello y, el manual de funciones y requisitos de los cargos de secretaria. En el capítulo del caso concreto, afirmó que de las pruebas aportadas al

proceso se estableció que la actora fue nombrada como Secretaria, nivel 2, grado 5, mediante Resolución 272 del 4-11-1997, tomando posesión del cargo el 10-11-1997 y, fue inscrita en escalafón de carrera administrativa. En ejercicio de las facultades constitucionales otorgadas a los Alcaldes, el burgomaestre de Bello decidió ajustar la estructura administrativa y la planta de cargos de la Contraloría General de Bello, ordenamiento en el que se suprimió el cargo desempeñado por la demandante, lo que fue ejecutado mediante Resolución 8 del 7-2-2002 y comunicado el 8-2-2002 (citó apartes de este documento). La accionante pidió incorporación a la planta de personal el 11-2-02 y le respondieron mediante el escrito demandado en este proceso. Afirma la primera instancia que a la Comisión Nacional del Servicio Civil se le excluyó de la administración de la carrera de las Contralorías, por lo que resultaba inadmisible que el Municipio dispusiera a la actora que agotara el trámite de los artículos 50-52 del Decreto 1568 de 1998. Pese a que el acto demandado no decidió de fondo, ni orientó adecuadamente a la peticionaria; consideró la primera instancia que si se trató de una acto definitivo porque no permitió continuar el trámite; por lo que procede el control de legalidad. El acto de comunicación informó sobre el derecho de opción y, como quiera que la institución no fuera suprimida, ni la función o dependencia trasladas a otra entidad, , debe aceptarse que se ajustó la actuación al artículo 39 de la

ley 443 de 1998, cuya aplicación era excluyente y por tanto no podía ejercerse el derecho de opción al arbitrio de la empleada. La actora no ejerció el derecho de opción ante la entidad a la que le laboraba, siendo esa la única opción que legalmente tenía, pues la primera regla del artículo 39 de la ley 443, que decía: “En las entidades en las cuales venían prestando sus servicios, si no hubieren sido suprimidas. Fue claro para el Tribunal de instancia, que la accionante no ejerció el derecho de opción en debida forma, no aportó prueba, no demostró que hubiera solicitado a la Contraloría Municipal su incorporación, que era la indicada conforme al artículo 39 citado; por lo tanto la aplicación del numeral 10 1.4 de esta disposición devenía improcedente, por el no desaparecimiento de la entidad, ni haberse trasladado la función o la dependencia a otro organismo público. Aclaró que la opción de incorporación no indica indefectiblemente el derecho a reintegrarse al servicio, porque esto depende de la disponibilidad de empleos equivalentes en los 6 meses siguientes a la supresión., dentro de los cuales, si no surge una vacante, procede la indemnización; sin que pudieran habilitarse las otras posibilidades de incorporación en circunstancias diferentes previstas por el artículo 39 mencionado; por ello al pedir la incorporación en otra institución en la que si hubieren vacantes proveídas en provisionalidad o por encargo no implicaba la incorporación, pues no le interesaba a esa otra entidad solucionar un asunto que no le era exigible.

6. Apelación.

La parte demandante recurrió la sentencia desfavorable a su posición (folios

166 a 170), luego de transcribir los fundamentos básicos de la sentencia de primera instancia manifestó su inconformidad con la decisión de primera instancia, afirmó que ésta se encuentra incursa en vía de hecho por defecto fáctico y no siguió ni respetó el precedente jurisprudencial. El juez omitió realizar el análisis juicioso y detallado del material probatorio aportado al proceso y, de las normas de carrera aplicables al caso, por cuanto con la Resolución 272 de 1997, por la cual se nombró a la demandante, se estableció su vinculación como Secretaria N2 G5, cargo adscrito a la Dirección de Control Ambiental y de Proyectos de la Contraloría Municipal. La Resolución 1 de 1998 de la Contraloría de Bello, probó la inscripción de la demandante en carrera administrativa en el cargo mencionado y adscrito a la Dirección de Control Ambiental. Mediante el Decreto Extraordinario 088 de 2002, que ajustó la estructura administrativa y la planta de cargos de la Contraloría de Bello, se probó que la estructura orgánica de la Contraloría Municipal quedó compuesta únicamente por tres dependencias: 1. El Despacho del Contralor, 2. La Dirección Jurídica y de Procesos Fiscales y, 3. La dirección de Control de Gestión y Financiero. De las afirmaciones anteriores, se pregunta el impugnante ¿en dónde quedó la Dirección de Control Ambiental y de Proyectos de la Contraloría Municipal de Bello?, a lo que se contesta, que nada más ni nada menos había sido suprimida de la estructura orgánica de la Contraloría.

Asó lo corroboró el artículo 6º de es Decreto 088, que señaló: “Suprimir de la estructura orgánica de la Contraloría General de Bello, la Direcciones Administrativa y la de Control Ambiental y de Proyectos… “, a pesar que 11 algunas de sus funciones y empleos fueran trasladados a otra dependencia, a la Dirección de Control de Gestión y Financiero, lo que no ocurrió con el cargo ocupado por la demandante, por lo que no quedó en la planta empleo en el que ésta pudiera ser incorporada, entonces, ¿Qué caso tenía pedir esa opción? Si se probó suficientemente que la dependencia y el cargo desempeñado por la actora si fueron suprimidos, contrario a lo expresado por la sentencia de primera instancia que dichas funciones y oficina no habían desparecido de la Contraloría y que por tanto la demandante estaba obligada a pedir su incorporación a dicha Contraloría. No fueron analizadas ni valoradas las pruebas aportadas al proceso, incurriendo en forma grave y reiterada en defecto fáctico, como lo ha explicado la Corte Constitucional, cuando resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal que fundamentó la decisión. “La negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”. Aunque fueron decretadas y practicadas las pruebas, arbitrariamente se omitió considerarlas en el juicio, por lo que es evidente la presencia de un

defecto fáctico. No se