PGN - Documento 201607091242224

INHABILIDAD DE DIPUTADO-Intervención en negocios o contratos No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado, quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel Departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros. La jurisprudencia que se ha elaborado en torno a la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos ha señalado que si la gestión culmina con la celebración del contrato, la inhabilidad se estudia como intervención en la celebración de contratos; por el contrario, si la gestión adelantada no tiene éxito, la causal ha de estudiarse como gestión de negocios propiamente dicha. En el caso en estudio entraremos a abordar el estudio de ambas causales de inelegibilidad, toda vez que tanto los cargos propuestos en la demanda, como el análisis de la sentencia de instancia, así como los argumentos del apelante, hacen relación a que el electo Diputado de Putumayo, se encontraba incurso en la inhabilidad, tanto en la gestión de negocios, así como en la celebración de contratos ante entidades públicas. GESTIÓN DE NEGOCIOS-Para configurar la inhabilidad no importa el resultado obtenido Como evento de inhabilidad para ser elegido Diputado, la gestión de negocios consiste en la intervención directa en diligencias y actos positivos ante entidades públicas, del nivel departamental, tendientes a la consecución de un negocio de que pueda derivarse lucro o un beneficio cualquiera, dentro del año anterior a la elección. Se considera que en este evento de inhabilidad lo relevante es la potencialidad de la participación en dichas

diligencias o actos que pueden otorgar al aspirante que interviene, ventajas sobre el electorado frente a los demás candidatos; de manera que para su configuración no importa el resultado obtenido, es decir, si se realizó el negocio o no, sino que efectivamente se realizaran tales gestiones. INHABILIDAD DE DIPUTADO-Supuestos que deben demostrase para configurar la inhabilidad por intervención en gestión de negocios En consecuencia, para constatar su ocurrencia es suficiente demostrar que el elegido efectivamente intervino en la gestión y ello requiere de la prueba de los siguientes supuestos: i) la elección del Diputado demandado, ii) la intervención en diligencias tendientes a conseguir un negocio del que pueda derivarse lucro u otro beneficio cualquiera, iii) que las diligencias se realizaran dentro del año anterior a la elección, y iv) la naturaleza pública y, en este caso, de orden departamental de las entidades ante quienes se realizaron dichas diligencias. En el caso en estudio, no se configura, toda vez que como se indicó de manera antecedente, para su configuración se requiere de manera categórica que la gestión ejercida por el funcionario elegido, se haya efectuado ante una entidad de rango Departamental. Así pues, como la supuesta gestión de negocios deprecada del demandado, se refiere a una entidad del orden municipal, esto es, Municipio de Orito Putumayo, y no a una Departamental, por lo que este cargo se encuentra llamado al fracaso.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co INHABILIDAD DE DIPUTADO-Supuestos que deben demostrase para configurar la inhabilidad por celebración de contratos/CELEBRACIÓN DE CONTRATOSComo causal inhabilitante no puede extenderse a actuaciones posteriores a la suscripción Sobre la celebración de contratos como causal inhabilitante para aspirar y ser elegido Diputado Departamental, ha señalado la Jurisprudencia del Consejo de Estado que requiere para su configuración de tres elementos a saber: i) que el demandado, dentro del año anterior a su elección, haya celebrado o intervenido en la celebración de contratos, ii) que éstos fueran celebrados con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros y, iii) que se deban ejecutar o cumplir en el respectivo departamento. Se ha establecido que este evento de inhabilidad se circunscribe únicamente a la participación directa del demandado en la celebración del contrato estatal, de manera que las actuaciones posteriores a la celebración como la ejecución, liquidación o incluso prórroga no constituyen inhabilidad. Conforme a lo anterior, la pretensión del apelante, en el sentido de indicar que « el contrato si bien se suscribió el 14 de septiembre de 2010, su ejecución se extendió hasta el 14 de noviembre del mismo año y el último pago fue efectuado el 29 de diciembre de 2010, esto es, dentro del término inhabilitante, pues el mero trámite de la cuenta de cobro constituye gestión de negocios», no puede ser tenida en cuenta por cuanto la inhabilidad en estudio únicamente se encuentra referida a la participación directa en la celebración

del contrato, pero no en actuaciones posteriores a su suscripción. …Refuerza lo anterior, el hecho de que para la prosperidad de la causal de inhabilidad en estudio, debe tenerse como fecha inhabilitante, única y exclusivamente la de la suscripción del acuerdo de voluntados, no los actos posteriores a la consecución del negocio jurídico como aquellos efectuados para su ejecución o para obtener el pago de las sumas acordadas como consecuencia de su suscripción. Considerando lo señalado en la jurisprudencia que se deja citada, se concluye, entonces, que para efectos de configurar la causal de inhabilidad derivada de la intervención o la celebración de contratos se debe tener en consideración que el elegido Diputado debe intervenir en la celebración o suscripción (celebrar) del contrato dentro del año anterior a su elección, pero de manera alguna el periodo inhabilitante debe o puede ser extendido a los actos de ejecución contractual, tales como aquellos actos por medio de los cuales el contratista pretende la cancelación total del contrato por parte de la entidad contratante. El hecho de que el contrato suscrito se haya ejecutado dentro del periodo inhabilitante, y así mismo este se haya liquidado y producido su pago dentro de ese mismo tiempo, no es óbice para declarar la prosperidad de la inhabilidad estudiada, toda vez que ella, única y exclusivamente se predica para la celebración o suscripción del contrato, no respecto de los actos posteriores.

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Bogotá D.C. Enero 17 de 2013 Concepto No. 003 Doctora Susana Buitrago Valencia

H. Consejera Ponente (E)

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 520012331000201100647 01

Radicado interno número: 2011-0647

Actor: Jairo Humberto Tez Morillo.

Demandado: Wilder Trujillo Luna.

Contenido: Apelación de la sentencia del 03 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se denegó la nulidad del acto de elección del señor Wilder Trujillo Luna como Diputado del Departamento del Putumayo, periodo 2012-2015.

Respetada doctora: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 13 de noviembre de 2012 y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes  La demanda y sus pretensiones El ciudadano Jairo Humberto Tez Morillo, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección del señor Wilder Trujillo Luna como Diputado del Departamento del Putumayo para el periodo constitucional 2012-2015. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «1. Que son nulos los actos de elección del formato E-26 AS del 4 de noviembre de 2011, por medio de los cuales la Comisión Escrutadora Departamental de MOCOA Putumayo declaró la elección de, WILDER TRUJILLO LUNA, como Diputado por el Departamento de Putumayo, para el periodo 2012, 2015, como consta en las Actas de Escrutinio General y parcial cuyas copias auténticas adjunto.

2. Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de Diputado por el Departamento de Putumayo, para el periodo 2012, 2015, deberá ser ocupado por, JAIRO HUMBERTO TEZ MORILLO, según renglón de la lista respectiva, del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO). » Hechos de la demanda Señala el actor que el pasado 30 de octubre de 2011, se llevaron a cabo las elecciones para Diputados y demás corporaciones locales, en el Departamento de Putumayo, en las cuales se eligió al señor Wilder Trujillo Luna como Diputado de ese ente territorial por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), cuyo segundo renglón es ocupado por el ciudadano Jairo Humberto Tez Morillo.

Que el candidato Wilder Trujillo Luna, estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido como Diputado, de conformidad a lo normado por los numerales 3 y 4 del

artículo 33 de la Ley 617 de 2000, porque dentro de los 12 meses anteriores a la elección, prestó servicios profesionales remunerados y además contrató con entidades públicas, entre ellas, el municipio de Orito, Putumayo, mediante contrato No. 232 del 14 de septiembre de 2010. Que al tenor de lo dispuesto por el artículo 226, inciso final, del Código Contencioso Administrativo, el cargo deberá ser ocupado por Jairo Humberto Tez Morillo, segundo en las listas que inscribió el partido Movimiento de Inclusión y Oportunidades.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  Los numerales 3 y 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.  El numeral 5 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante: Que el Diputado electo, estuvo prestando servicios profesionales remunerados, dictando capacitaciones, discriminadas en 40 talleres teórico prácticos en cultivo de palmito en cumplimiento de las órdenes de contrato emanadas por la Alcaldía de Orito, Putumayo, recibiendo posteriormente los pagos que fueron hechos con cargo a los presupuestos oficiales, el 24 de septiembre y 27 de diciembre de 2010, con lo cual se demuestra que realizó mediación de negocios y celebró contratos,

que debieron cumplirse o ejecutarse en el respectivo Departamento. Que la celebración y ejecución de los contratos se realizó dentro de los 12 meses en que opera la prohibición, pues la ejecución del contrato se hizo hasta el 14 de noviembre de 2010; además, la intervención en la gestión de negocios en interés propio se realizó hasta el 27 de diciembre de 2010, periodo dentro del cual dictó las capacitaciones, y gestionó el cobro de sus honorarios.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, en sentencia del 03 de agosto de 2012, dispuso negar las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones: Que respecto de la primera causal, establecida en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, es ineludible concluir que el demandado no fungió durante los últimos 12 meses previos a la fecha de la elección, como empleado público, o que en esa condición, hubiera intervenido como ordenador del gasto. Que el señor Wilder Trujillo Luna estuvo vinculado a la administración municipal de Orito, Putumayo, no en condición de servidor público, sino como contratista, contrato que suscribió con más de un mes de antelación al comienzo del término inhabilitante.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que en lo que respecta a la gestión de negocios, ella opera mediante las diligencias tendientes a la consecución de un negocio del que pueda derivarse

lucro u otro beneficio cualquiera, lo cual no se encuentra probado, toda vez que lo que se presentó durante el año anterior a la elección del demandado, fue la ejecución de un contrato que se había suscrito previamente, y tal como lo ha indicado la Sección Quinta del Consejo de Estado, la gestión de negocios se refiere a la intervención directa en la diligencia y actos positivos ante entidades públicas para la consecución de un negocio, no para su ejecución, toda vez que, la gestión se refiere a los actos previos a la transacción. Que en lo correspondiente a la celebración de contratos, ello tampoco se encuentra probado, toda vez que el contrato suscrito por el demandado, fue celebrado el 14 de septiembre de 2010, esto es, fuera del término inhabilitante. Que conforme a lo anterior, es posible establecer que no se cumplen los requisitos establecidos para que se configuren las causales de inhabilidad invocadas, toda vez que, el señor Trujillo Luna no intervino en la gestión de negocios, ni celebró contrato dentro del año anterior a su elección.  Apelación de la sentencia de primera instancia El demandante, por intermedio de su apoderado, en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal de instancia, aduciendo que éste al considerar que la suscripción del contrato de prestación de servicios No. 0232 del 14 de septiembre de 2010 fue un año antes a la elección del candidato, no se valoró con precisión la acción de la ejecución del contrato, así como también la gestión de negocios dentro del año anterior a la elección. Que no comparte la decisión atacada por cuanto es contraria a la interpretación de

la norma vulnerada, se denota en el fallo interpretaciones restringidas, que no tiene en cuenta la relación de las pruebas con las que se demostró que el Diputado demandado, realizó negocios dentro de los 12 meses anteriores a su elección, la cual se llevó a cabo el 30 de octubre de 2011.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que el Tribunal no tiene en cuenta que el Diputado electo, dentro del año anterior a la elección, estuvo prestando servicios profesionales remunerados, dictando capacitaciones, recibiendo posteriormente los pagos que fueron realizados el 24 de septiembre y 29 de diciembre de 2010, con lo cual se encuentra demostrado que realizó mediación de negocios con la celebración de contratos que deban ejecutarse en el respectivo Departamento dentro del año anterior a la elección. Que no se tuvo en cuenta que los contratos de tracto sucesivo se prolongan en el tiempo y su ejecución se efectúa dentro de los 12 meses anteriores a la elección, como bien se denota la ejecución del contrato hasta el 14 de noviembre de 2010. Que quien gestione un negocio ante una entidad del orden municipal, para efectos de la inhabilidad, independiente del resultado, debe realizar una conducta dinámica, positiva y concreta que tiene que estar adecuadamente probada y permita determinar el elemento temporal que contiene la inhabilidad y precisar el momento en el que se lleva a cabo la intervención, tal como sucede en el presente

asunto, donde el contrato si bien se suscribió el 14 de septiembre de 2010, su ejecución se extendió hasta el 14 de noviembre del mismo año y el último pago, fue efectuado el 29 de diciembre de 2010, esto es, dentro del término inhabilitante, pues el mero trámite de la cuenta de cobro constituye gestión de negocios.  Admisión del recurso Mediante auto del 13 de noviembre de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 03 de agosto del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el caso en estudio, haremos alusión precisa a los argumentos esbozados por el apelante mediante los cuales solicita se proceda a revocar el fallo impugnado y, por ende, se decrete la nulidad del acto de elección demandado, toda vez que en su sentir, el demandado suscribió un contrato y gestionó negocios dentro de los 12

meses anteriores a su elección, ya que el contrato si bien se suscribió el 14 de septiembre de 2010, su ejecución se extendió hasta el 14 de noviembre del mismo año y el último pago fue efectuado el 29 de diciembre de 2010, esto es, dentro del término inhabilitante, pues el mero trámite de la cuenta de cobro constituye gestión de negocios. La norma Legal que indica el demandante como vulnerada, señala: « Artículo 33. De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado: (…)

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.» Tal como se desprende de la norma pre-transcrita, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado, quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel Departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros.

La jurisprudencia que se ha elaborado en torno a la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos ha señalado que si la gestión culmina

con la celebración del contrato, la inhabilidad se estudia como intervención en la celebración de contratos; por el contrario, si la gestión adelantada no tiene éxito, la causal ha de estudiarse como gestión de negocios propiamente dicha.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el caso en estudio entraremos a abordar el estudio de ambas causales de inelegibilidad, toda vez que tanto los cargos propuestos en la demanda, como el análisis de la sentencia de instancia, así como los argumentos del apelante, hacen relación a que el electo Diputado de Putumayo, se encontraba incurso en la inhabilidad, tanto en la gestión de negocios, así como en la celebración de contratos ante entidades públicas. En primera medida analizaremos lo correspondiente a la gestión de negocios. Como evento de inhabilidad para ser elegido Diputado, la gestión de negocios consiste en la intervención directa en diligencias y actos positivos ante entidades públicas, del nivel departamental, tendientes a la consecución de un negocio de que pueda derivarse lucro o un beneficio cualquiera, dentro del año anterior a la elección. Se considera que en este evento de inhabilidad lo relevante es la potencialidad de la participación en dichas diligencias o actos que pueden otorgar al aspirante que interviene, ventajas sobre el electorado frente a los demás candidatos; de manera que para su configuración no importa el resultado obtenido,

es decir, si se realizó el negocio o no, sino que efectivamente se realizaran tales gestiones. En consecuencia, para constatar su ocurrencia es suficiente demostrar que el elegido efectivamente intervino en la gestión1 y ello requiere de la prueba de los siguientes supuestos: i) la elección del Diputado demandado, ii) la intervención en diligencias tendientes a conseguir un negocio del que pueda derivarse lucro u otro beneficio cualquiera, iii) que las diligencias se realizaran dentro del año anterior a la elección, y iv) la naturaleza pública y, en este caso, de orden departamental de las entidades ante quienes se realizaron dichas diligencias2. En el caso en estudio, la presunta gestión de negocios que se endilga al Diputado electo del Departamento de Putumayo, señor Wilder Trujillo Luna, no se configura, toda vez que como se indicó de manera antecedente, para su configuración se 1 Consejo de Estado. Sentencia de la Sección Quinta del 6 de marzo de 2003 exp. 3064, y la de 10 de marzo de 2005 exp. 3451. 2 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de febrero de 2009. radicado No. 73001-23-31-000-2007-00714-01

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co requiere de manera categórica que la gestión ejercida por el funcionario elegido, se haya efectuado ante una entidad de rango Departamental.

Así pues, como la supuesta gestión de negocios deprecada del demandado, se refiere a una entidad del orden municipal, esto es, Municipio de Orito Putumayo, y no a una Departamental, por lo que este cargo se encuentra llamado al fracaso. En segunda medida analizaremos lo correspondiente a la celebración de contratos. Sobre la celebración de contratos como causal inhabilitante para aspirar y ser elegido Diputado Departamental, ha señalado la Jurisprudencia del Consejo de Estado que requiere para su configuración de tres elementos a saber: i) que el demandado, dentro del año anterior a su elección, haya celebrado o intervenido en la celebración de contratos, ii) que éstos fueran celebrados con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros y, iii) que se deban ejecutar o cumplir en el respectivo departamento3. Se ha establecido que este evento de inhabilidad se circunscribe únicamente a la participación directa del demandado en la celebración del contrato estatal, de manera que las actuaciones posteriores a la celebración como la ejecución, liquidación o incluso prórroga no constituyen inhabilidad4. Conforme a lo anterior, la pretensión del apelante, en el sentido de indicar que « el contrato si bien se suscribió el 14 de septiembre de 2010, su ejecución se extendió hasta el 14 de noviembre del mismo año y el último pago fue efectuado el 29 de diciembre de 2010, esto es, dentro del término inhabilitante, pues el mero trámite de la cuenta de cobro constituye gestión de negocios», no puede ser tenida en

cuenta por cuanto la inhabilidad en estudio únicamente se encuentra referida a la participación directa en la celebración del contrato, pero no en actuaciones posteriores a su suscripción. 3 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de febrero de 2009. radicado No. 73001-23-31-000-2007-00714-01. 4 Ver el fallo señalado en la nota al pie anterior.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Lo anterior, en el entendido de que cuando en este caso, el apelante se refiere a la gestión de negocios, lo hace es respecto de la celebración o intervención en la celebración de contratos, toda vez que, como se indicó anteriormente, en el caso en estudio no existe la gestión de negocios, por lo que ella se depreca solamente ante entidades de carácter Departamental. En el caso en estudio, encontramos que el contrato referido, conforme al cual se le endilga la inhabilidad al elegido Diputado de Putumayo, fue suscrito por el demandado con mas de 12 meses de anterioridad a la fecha de su elección, tal como lo reconoce la apelante en su escrito de impugnación y se constata por la fecha de suscripción del contrato No. 032 el 14 de septiembre de 2010. Refuerza lo anterior, el hecho de que para la prosperidad de la causal de inhabilidad en estudio, debe tenerse como fecha inhabilitante, única y exclusivamente la de la suscripción del acuerdo de voluntados, no los actos

posteriores a la consecución del negocio jurídico como aquellos efectuados para su ejecución o para obtener el pago de las sumas acordadas como consecuencia de su suscripción. Así lo ha entendido y expresado el Consejo de Estado, por intermedio de su Sección Quinta en donde se ha aseverado reiteradamente: «Es sabido que en la conformación y vigencia de los contratos, existen dos momentos claramente definidos en materia de inhabilidades de carácter electoral: a) el de la celebración del contrato y b) el de su ejecución, cumplimiento y desarrollo. Por ello es razonable pensar que siendo dichas inhabilidades de derecho estricto, si el canon constitucional invocado se refiere de manera expresa a la situación que señala el nacimiento del contrato como hecho impeditivo para la elección de congresistas, el Juez no puede desconocer la voluntad del constituyente, haciendo extensiva la aplicación de la norma a la etapa de su ejecución. Si esta tesis se admitiera …, se estaría creando por fuera del texto constitucional y mediante un criterio de interpretación, una inhabilidad de carácter doctrinario que en nuestro sistema de derecho, no tiene aplicación por ser contrario al mandato legal».5 5 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – M.P: dr.: LUIS EDUARDO JARAMILLO. Sent. de febrero 17 de 1995. Procesos acumulados 1102-111.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Considerando lo señalado en la jurisprudencia que se deja citada, se concluye, entonces, que para efectos de configurar la causal de inhabilidad derivada de la intervención o la celebración de contratos se debe tener en consideración que el elegido Diputado debe intervenir en la celebración o suscripción (celebrar) del contrato dentro del año anterior a su elección, pero de manera alguna el periodo inhabilitante debe o puede ser extendido a los actos de ejecución contractual, tales como aquellos actos por medio de los cuales el contratista pretende la cancelación total del contrato por parte de la entidad contratante. El hecho de que el contrato suscrito se haya ejecutado dentro del periodo inhabilitante, y así mismo este se haya liquidado y producido su pago dentro de ese mismo tiempo, no es óbice para declarar la prosperidad de la inhabilidad estudiada, toda vez que ella, única y exclusivamente se predica para la celebración o suscripción del contrato, no respecto de los actos posteriores. La interpretación hecha por el apelante no tiene cabida dado que, la interpretación que se haga de las normas que restringen derechos fundamentales de las personas, debe hacerse de carácter restrictivo; las normas que crean inhabilidades, deben ser interpretadas en su sentido estricto, esto es, en el caso en estudio el Legislador indicó que el término inhabilitante opera desde la suscripción o celebración del contrato, no respecto de los actos de ejecución, razón por la cual, el operador judicial, no se encuentra facultado para hacerla extensiva como lo pretende el demandante. Corolario de lo señalado, el fallo impugnado debe confirmarse.

III. CONCLUSIÓN Con fundamento en lo anteriormente considerado, esta Delegada le solicita a la H.

Sala que confirme la decisión de primera instancia objeto de la presente alzada, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño denegó las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener la nulidad del acto de elección del señor Wilder Trujillo Luna, como Diputado de la Asamblea Departamental de Putumayo, periodo 2012-2015.

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ANTONIO EDUARDO GÓMEZ MERLANO

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado

AEGM/JAPF.

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