PGN - Documento 201607091242254

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Al vencimiento del plazo de dos años De conformidad con el precedente, en concepto del Ministerio Público en el presente caso no ha operado la caducidad de la acción, toda vez que el daño se concreta con el proveído del Tribunal Superior de Medellín que desató el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria de fecha 5 de enero de 2005, el termino para que el actor pudiera instaurar la demanda de reparación directa comenzó a correr a partir de la fecha en que quedó en firme la providencia del 22 de mayo de 2006. Como la demanda se presentó el 21 de mayo de 2008, no hay duda que la acción se promovió en forma oportuna. PRINCIPIO DE INDUBIO PRO REO-Falta de pruebas/PRINCIPIO DE INDUBIO PRO REO-Jurisprudencia del Consejo de Estado Sobre el problema jurídico de la responsabilidad por privación injusta de la libertad la jurisprudencia del Consejo de Estado ha predicado la imputación de responsabilidad objetiva a la administración por casos de privación injusta de la libertad en los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y cuando se absuelve aplicando el principio de in dubio pro reo (strictu sensu). IMPUTACIÓN DEL DAÑO-Falla en el servicio Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C.P.P.

de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se absuelva al procesado o se precluya la investigación a su favor porque operó una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, corresponde resolver la disputa bajo el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Legitimación en la causa por activa Con el Registro Civil de Nacimiento del hijo se acredita su parentesco con la víctima. Obran los testimonios de algunas personas que acreditan a una señora como compañera permanente de la víctima. PERJUICIOS MORALES-Se infieren en la víctima directamente Frente a la prueba de los perjuicios morales sufridos por los demandantes debe decirse que, según las reglas de la experiencia, acogidas por la jurisprudencia, pueden válidamente inferirse en la víctima directa. El perjuicio moral se presume sufrido también por los parientes cercanos.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) PERJUICIOS MATERIALES-Daño emergente y lucro cesante El sindicado, reclama a título de indemnización la suma de dinero que dejó de devengar durante el tiempo que estuvo recluido en la cárcel. Alega que para el 25 de julio de 2002 devengaba la suma de $ 300.000, más el producido del taxi que era la suma de $ 1.800.000.

Se solicita que se reembolse al sindicado la suma de $ 10.000.000 que pagó por su defensa judicial; al respecto obra en el plenario certificación expedida por el defensor en donde señala que le prestó servicio profesional como abogado dentro del radicado 0436, Juzgado Tercero Especializado de Medellín, cobrándole como honorarios la suma de $ 10.000.000, suma esta que la sentencia deberá ordenar sea reembolsada debidamente indexada. De otro lado se solicita indemnización por la pérdida del taxi el cual se tuvo que devolver al vendedor al no poder cumplir con los pagos. Reclama lo que dice haber pagado.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 210 / 2012

Bogotá D.C, 9 de Agosto de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 44.074 (050012331000200801434 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Carlos Alberto Builes Velazquez y Otros

DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACIÓN.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 21 de Mayo de 2008 (fls. 1 al 8 c. 1), CARLOS ALBERTO BUILES VELASQUEZ y MARTHA RUBIELA CATAÑO GARCIA, quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo ANDRES FELIPE BUILES, demandaron a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que se les declarara responsables por la privación injusta de la libertad de que fué víctima del señor CARLOS ALBEIRO BUILES VELASQUEZ entre el 25 de julio de 2002 y el 25 de junio de 2003, a quien sólo se le resolvió de manera definitiva la situación el 22 de mayo de 2006.

El día 25 de julio de 2002 el señor CARLOS ALBEIRO VELASQUEZ fué capturado por agentes de la Sijin, sindicado del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Le fué resuelta situación jurídica el 15 de agosto de 2002 imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación; el 20 de junio de 2003 la Fiscalía precluye la investigación a su favor,

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PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) recobrando la libertad el 25 de junio de 2003. El Ministerio Público apeló, el día 5 de enero de 2005 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín dicta sentencia absolutoria a su favor, la cual fue apelada por la Fiscalía resolviéndose el recurso por parte del Tribunal de Medellín el 22 de mayo de 2006. 1.2. Contestación de la demanda. - La Procuraduría General de la Nación (fls. 40 al 43 del c.1) se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto no profirió decisión alguna dentro del proceso penal. Indica que intervino por medio de Agente Especial cuyas intervenciones y opiniones no tienen carácter vinculante. Los conceptos y las solicitudes del Ministerio Público no obligan al operador penal. Propuso como excepciones la falta de legitimación por pasiva e inexistencia de causa. - La Dirección Seccional de la Rama Judicial de Antioquia – Chocó: (fls. 51 al 59 c.1), indicó que la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que probarse en el transcurso del proceso, ya que no se aportó prueba alguna que demuestre el daño ocasionado, Para que el daño sea indemnizable tiene que ser cierto, es decir, que no se trate de meras posibilidades o simples especulaciones. Que la Fiscalía General de la Nación, tiene la capacidad suficiente para intervenir de manera directa y autónoma en los diferentes asuntos litigiosos por contar con autonomía administrativa y financiera independiente de la del Consejo Superior de la Judicatura.

• La Fiscalía General de la Nación (fls. 63 al 71 del c.1) se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto no se refiere a ninguna situación que permita hablar de una actuación injusta de la entidad con la que se vieran afectados los demandantes. Indica que para la medida de aseguramiento se exigen dos indicios graves de responsabilidad, no certeza, de la presunta responsabilidad del investigado. Propone como excepciones: Caducidad, aplicación de la teoría de las cargas públicas, ausencia de daño antijurídico, prudencia, diligencia y cuidado en la actuación de la Fiscalía General de la Nación, actuación conforme a derecho y en cumplimiento de un deber legal, inexistencia de la obligación de indemnizar y tasación excesiva del perjuicio. 1.3. La sentencia de primera instancia. (fls. 178 al 186 c. del Consejo de Estado) El

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) Tribunal Administrativo de Antioquia1 declaró probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la Fiscalía General de la Nación, por cuanto entre el momento del hecho administrativo que originó el perjuicio que alegan los demandantes (25 de junio de 2003 fecha en que fue dejado en libertas el señor Carlos Albeiro Builes Velásquez), y la presentación de la demanda (21 de mayo de 2008), transcurrieron más de los dos años

de que trata el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Advierte la Sala que el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín mediante providencia del 5 de enero de 2005 absolvió al señor Builes Velásquez por el delito de concierto para delinquir, y que si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación este no se interpuso en contra Carlos Albeiro Builes Velásquez, entendiendose que la decisión del Juez de primera instancia que absolvió al señor Carlos Albeiro Builes Velásquez no fue objeto de recurso de apelación, quedando ejecutoriada tal decisión para él el 5 de enero de 2005. 1.4 La apelación: (fls. 188 y 195 del c del C.E) la apoderada de la parte actora indica que la sentencia absolvío al señor Buila Velásquez fué del 5 de enero de 2005, la cual fue apelada y resuelta dicha apelación el 22 de mayo de 2006. Alega que no existen ejecutorias parciales, por lo que dicho señor fue absuelto totalmente de los cargos imputados en el año 2006

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. El problema jurídico consiste en determinar si efectivamente en el presente caso operó la caducidad de la acción no pudiéndose estudiar el fondo del mismo, si la privación de la libertad del señor CARLOS ALBEIRO BUILLES VELASQUEZ fue injusta y si por ello las entidades demandadas deben ser declaradas responsables y condenadas a indemnizar los perjuicios que reclaman los

demandantes. 2.2. Caducidad de la Acción de Reparación Directa 1 Sentencia del 23 de enero de 2012.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) Al respecto, la sentencia del 30 de marzo de 2011, radicación 66001233100020040077401, proceso 33238 indica lo siguiente: “3. Caducidad de la acción 1 La Sala después de estudiar el material probatorio encuentra que la acción de reparación directa impetrada por los demandantes contra la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación no se encuentra caducada y así se declarara. 2 En ese sentido, se acreditó que por sentencia del 12 de junio de 2002 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira absolvió a los demandantes por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y de lavado de activos. Así mismo, se demostró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, por providencia del 4 de septiembre de 2002 confirmó la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. En dicha sentencia el Tribunal Superior no se pronunció acerca de la absolución de los demandantes, y no podía hacerlo respetando el principio de la reformatio in pejus, ya que los únicos apelantes fueron las personas condenadas en la sentencia de primera instancia. 3 En este marco, la Sala debe analizar los anteriores extremos a la luz del numeral 8º del artículo

136 del C.C.A., en el que se establece que el término de caducidad de la acción de reparación directa es de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En materia de privación injusta de la libertad, el precedente de la Sala indica que, “… caduca al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión. (…) (...). Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el sólo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga2”3 (subrayado fuera de texto). (…) 5 Como la providencia del juez de primera instancia se produjo cuando ya había entrado en vigencia la ley 600 de 2000, es necesario tener en cuenta cuándo se produce la ejecutoria de la sentencia en dicha instancia. En cuanto a lo primero, contrario a lo señalado por el Delegado del Ministerio Público, teniendo en cuenta que el fallo del Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, se profirió el 12 de junio de 2002, se tiene que una vez surtidas las notificaciones del

mismo su ejecutoria, sin perjuicio del recurso interpuesto y de su efecto, sólo se debía producir el 25 de junio de 2002, fecha a partir de la cual, como lo señala el precedente de la Sala, debía computarse el término que los demandantes tenían para el ejercicio de la acción de reparación directa, a tenor de lo consagrado en el numeral 8º, inciso 1º del artículo 136 del C.C.A., el cual vencía el 25 de junio de 2004. Y visto que la demanda fue presentada el 15 de junio de 2004, se 2 (pie de pagina de la cita) Sentencia de 30 de agosto de 2006. 3 (pie de pagina de la cita) Sentencia de 25 de febrero de 2009. Exp.15983.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) entiende que la acción no había aún caducado y que, por lo tanto, era procedente dar curso al proceso llevado a cabo por el Tribunal. Sin embargo, no es este el criterio que decide si operó o no la caducidad de la acción sino que debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 204 de la ley 600 de 2000, según el cual en los procesos penales en los que se investiga y juzga conductas punibles conexas existe unidad procesal y, por lo tanto, cuando la sentencia de primera instancia resuelve varias situaciones de forma diversa y esta es impugnada sólo por aquellos que tienen

interés jurídico, las diferentes decisiones que hayan sido adoptadas en la providencia –así no hubieren sido apeladassólo quedarán en firme con la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia 4 , tal como en este caso se produjo, de manera que el computo del término para ejercer la acción de reparación directa solamente empezó a correr los días 13, 16 y 17 de septiembre de 2002, lo que significa que la demanda podía ser interpuesta hasta el 17 de septiembre de 2004, fecha en la que, como ya se dijo, los demandantes ya habían ejercido la acción de reparación directa. (Resalto y subrayo) De conformidad con el precedente, en concepto del Ministerio Público en el presente caso no ha operado la caducidad de la acción, toda vez que el daño se concreta con el proveído del Tribunal Superior de Medellín del 22 de mayo de 2006 (fls. 290 a 374 C. 3) que desató el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria de fecha 5 de enero de 2005, el termino para que el actor pudiera instaurar la demanda de reparación directa comenzó a correr a partir de la fecha en que quedó en firme la providencia del 22 de mayo de 2006. Como la demanda se presentó el 21 de mayo de 2008, no hay duda que la acción se promovió en forma oportuna. Teniendo claro lo anterior, es pertinente abordar el problema jurídico de fondo para determina si la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación son responsables patrimonialmente por la privación de la libertad del señor CARLOS

ALBEIRO BUILLES VELASQUEZ. 2.3. PRECEDENTE: 2.3.1. Sobre el problema jurídico de la responsabilidad por privación injusta de la libertad la jurisprudencia del Consejo de Estado ha predicado la imputación de responsabilidad objetiva a la administración por casos de privación injusta de la libertad en los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y cuando se absuelve aplicando el principio de in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó: “En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones5, al interpretar el artículo 4 Sentencia de 19 de julio de 2002. Exp.37410.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) 414 del Decreto 2700 de 19916 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias 7 , se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible . La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 19978 y reiterada recientemente9, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de

la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo”, pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia10 y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) 2.3.2 Existen precedentes jurisprudenciales de la Sección Tercera que han adoptado como criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C.P.P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se absuelva al procesado o se precluya la investigación a su favor 5 (pie de página de la cita) Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José Martínez

Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chávez López y otros. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

6 (pie de página de la cita)Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991 7 (pie de página de la cita) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis. Demandado: Nación, Ministerio de Justicia.

Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía

General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros.

Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

8 (pie de página de la cita) Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 9 (pie de página de la cita) Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 10 (pie de página de la cita) “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”.

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PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) porque operó una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad, corresponde resolver la disputa bajo el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. “(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si bien el último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v.gr. legítima defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v.gr. error de prohibición o de tipo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C.P.P. de 1991; a contrario sensu, cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera parte del precepto en comento, razón por la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es que corresponde al ciudadano en aras de obtener la correspondiente reparación del daño que supuso la privación de la libertad, acreditar que la misma provino de una falla del servicio como por ejemplo de un análisis inadecuado de las pruebas o de los indicios en que se fundamentó la medida de aseguramiento o de restricción de la libertad.”11 (resalto y subrayo)

2.4. CASO CONCRETO

2.4.1. DEL DAÑO: La privación de la libertad. Se encuentra demostrado que el señor CARLOS ALBEIRO BUILES VELASQUEZ estuvo detenido desde el 1 de agosto de 2002 hasta el 25 de junio de 2003 (fl. 139 del c.1). 11 Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117 (Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) 2.3.2. DE LA CAUSA DEL DAÑO. Las decisiones en la actuación penal Al proceso se aportaron los siguientes documentos: - Providencia del 20 de junio de 2003 proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín, mediante la cual se califica el merito del sumario por el delito de concierto para delinquir y trafico de drogas en la cual se precluye la investigación a favor de CARLOS ALBERTO BUILES VELÁSQUEZ entre otros y se ordenó su libertad (fls. 15 al 186 del c.1) en la cual se indica a fl. 77 y ss: “BUILES VELASQUEZ CARLOS ALBEIRO y MOLINA JIMENEZ CESAR AUGUSTO El primero, primo de Jairo Builes y hermano de Edilberto, miembros de la organización, acorde con el informe fls 255, tomo 2; transportaba a los integrantes de la misma y en veces la droga para

su comercialización (…) Niega dedicarse a actividades de narcotráfico; desconoce las conversaciones telefónicas interceptadas que se le atribuyen, indicando que conoce en ellas la voz de su primo JAIRO, más ignora los temas allí tratados.

Se considera: (…) solo pudo obtenerse una conversación (…). En ella tiene como interlocutor a Jairo Alberto Builes Molina, primo suyo y lider, sin lugar a dudas, de la organización al margen de la ley que se investiga en tal diálogo, como es el común denominador, utilizan términos velados, frases cortadas, aluden precios,

(…). Es cierto que para este estadio procesal, no caben las probabilidades, las hipótesis y las conjeturas, sino que conforme al artículo 397 del C. de P. Penal, el hecho imputado debe estar probado y debe existir pruebas acerca de la presunta responsabilidad del sindicado, para que proceda la resolución de acusación. Para el momento actual solo dudas quedan acerca de si el señor CARLOS ALBEIRO BUILES estaba concertado, por lo menos con su primo JAIRO ALBERTO, para que la comisión de delitos de trafico de drogas, de ahí que en aplicación de los principios universales del In dubio pro reo y la presunción de inocencia consagrados en el artículo 7 del C. de P. Penal, según los cuales, de un lado, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia definitiva sobre su responsabilidad; y de otro “En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del procesado”, el despacho deba acceder a la petición de preclusión de la instrucción a su favor. (resalto y subrayo)

• Providencia del 9 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de algunos sindicados y por el Ministerio Público en la que se resulte revocar el numeral cuarto y convocar a juicio entre otros al señor Carlos Albeiro Builes

Velásquez.

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Ext:12056 10

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 PACG Expediente No. 44.074 (050012331000200801434 01) - Providencia del 5 de enero de 2005 (fls. 250 al 281 del c.2), proferida por el Juzgado Tercero Penal de Circuito Especializado de Medellín, mediante el cual se decidió absolver al señor Carlos Albeiro Builes Velásquez por el cargo de concierto para delinquir, puesto que no se reunieron a cabalidad los presupuestos exigidos en el art. 232 del ordenamiento procedimental: “No obra pues en el proceso prueba suficiente que nos pueda llevar al convencimiento de que en el comportamiento desplegado por estos procesados se den los tres elementos esenciales del concierto y si no existe tal certeza no es posible imputárseles tal conducta punible. Y si no se puede sostener un ánimo real de asociación con carácter de permanencia para transgredir indistintamente el ordenamiento sustantivo como lo exige el tipo penal, debe entonces desecharse (…). Así las cosas en este aspecto igual debe proceder la judicatura a descartar responsabilidad penal de los procesados por el punible de concierto para delinquir, pues de las llamadas que en

transcripción obran en el expediente, no es posible ni aconsejable deducir que efectivamente haya existido con carácter permanente una comunidad de designio criminoso, que en ellas se hable de manera indeterminada de la comisión de delitos o de concertarse para llevar a cabo varios hechos punibles, ante lo cual queda impedido el despacho para proferir sentencia condenatoria entre los precitados (…) Carlos Albeiro Builes Velásquez, por cuanto no existe la prueba suficiente, para tan trascendental decisión – por tanto habrá de absolvérseles de dicho cargo (…). Providencia del 22 de mayo de 2006, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y el Ministerio Público contra la sentencia absolutoria proferida el 5 de enero de 2005. Para el Minister