PGN - Documento 201607091243103

Exp 40.797 (00076) CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Es necesario que las inconformidades consten en el acta de liquidación del contrato Cuando en las controversias contractuales se pretende hacer reclamaciones que derivan de la ejecución de un contrato respecto del cual se hizo la liquidación bilateral, es necesario que las inconformidades consten en el acta respectiva y que éstas correspondan a las mismas que se alegan en vía judicial, salvedades que además deben ser claras y concretas. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Si se efectuó por mutuo acuerdo queda en firme y no puede ser impugnada judicialmente ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Las constancias consignadas deben ser claras, concretas y específicas Respecto de las constancias que se dejan consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato y que constituyen las salvedades de cualquiera de las partes contratantes, se exige de éstas la identificación clara, concreta y especifica de los problemas surgidos durante el desarrollo del contrato, pues en caso de no cumplir con estas exigencias, la reclamación que posteriormente se pretenda ventilar ante la jurisdicción contenciosa se torna insuficiente e ineficaz. PRUEBA DOCUMENTAL-Presunción de autenticidad/PRUEBA DOCUMENTALValor probatorio CARGA DE LA PRUEBA-El demandante debe acreditar la prueba que sustente la privación injusta de la libertad

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 021 /2011

Bogotá, D.C., 22 de julio de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Dra. OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso No 40.797 (25000232600020060007601)

Acción Contractual

Actor: VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. – VICON S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda .- VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. – VICON S.A., en ejercicio de la acción de controversias contractuales, instauró demanda1contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, para que se declare que durante la ejecución del contrato No 772 de 2000 se presentó un desequilibrio económico en desmedro de los intereses del contratista, por causas únicamente imputables a la entidad pública contratante, el cual no fue reconocido ni restablecido dentro de la respectiva acta de liquidación bilateral del contrato. 1.2 Contestación de la demanda.- El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (fls 34 a 74 c. 6), se opuso a las pretensiones y propuso como única excepción “Inexistencia de desequilibrio económico que afecte los intereses del contratista”,

pues advierte que para que proceda su reconocimiento en los términos de la Ley 80 de 1993, se requiere acreditar los elementos que lo conforman, esto es “Que se rompa el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de pérdida, es decir, que el valor intrínseco de la remuneración pactada se altere o modifique durante la vigencia del contrato; que esa ruptura ocurra por una situación imprevista; y que la situación no sea imputable al contratista que la alega”. Cuestionó todos y cada uno de los argumentos de la actora sobre los cuales 1 16 de diciembre de 2005 (fl 92 vlto c. ppal)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Exp 40.797 (00076) edifica el rompimiento económico del contrato. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A negó las pretensiones de la demanda. El a-quo encontró que los documentos aportados por la demandante no pueden valorarse como prueba, pues fueron allegados en copia simple y no cumplen con los requisitos que exige el artículo 254 del C. P.C. Que de los pocos soportes documentales allegados en debida forma no es posible determinar el contenido del pliego de condiciones que dio origen al contrato No 772, como tampoco la existencia de éste y consecuente con ello no es posible determinar las condiciones presentadas por el contratista en su propuesta, las obligaciones de

las partes, la existencia de actas semanales y mensuales de obra, ni mucho menos el tiempo con que contaba la entidad contratante para cancelarlas. Que tampoco se acreditó la pérdida del poder adquisitivo del dinero del anticipo, como tampoco que los sobrecostos por las prórrogas y suspensiones del contrato fueran imputables al IDU. No aceptó el contenido y conclusiones del dictamen pericial rendido dentro del proceso, pues los documentos que lo soportan obran en copia simple. 1.4 Apelación.- El apoderado de Vías y Construcciones S.A. - VICON S.A. (fls 449 a 462 c. 6) alega que a su poderdante se le vulneró el derecho de defensa, dado que el Tribunal no valoró las pruebas regularmente aportadas al proceso. Que si bien los documentos aportados con la demanda obran en copia simple, ello no es razón suficiente para no otorgarles valor probatorio, pues el pliego de condiciones y demás pruebas son documentos públicos de los se presume su autenticidad y dan certeza sobre su veracidad, los que además no fue tachados de falsedad por parte de la entidad demandada. Solicita que se valoren los soportes documentales allegados con la demanda y se acepte el dictamen pericial rendido dentro del proceso, pues con ellos se demuestra el rompimiento del equilibrio económico del contrato imputable a la entidad demandada y la cuantificación de los perjuicios ocasionados a la sociedad contratista. Impetra la practica de pruebas en segunda instancia, al tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 361 del C.P.C. En concepto del Ministerio Público la solicitud de pruebas formulada por la

recurrente en su recurso alzada, no debía ser atendida, pues no se enmarca dentro de los presupuestos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo. En concepto del Ministerio Público, aunque la Señora Consejera que conduce el proceso no se pronunció frente a la solicitud de pruebas, tal omisión quedó saneada, toda vez que la parte actora no recurrió el auto que corrió traslado para alegar de conclusión alegando la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud probatoria formulada.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Exp 40.797 (00076) El Consejo de Estado2, frente a casos similares ha precisado: “Debe advertir la Sala que junto con el recurso de apelación se solicitó, por la parte actora, la ampliación del dictamen pericial emitido por el doctor Eduardo MBA E., y que si bien, dicha petición no fue resuelta en su momento por el Consejero Director del proceso, es claro que esta omisión quedó completamente saneada, por dos razones básicamente, a saber: i) Porque la única oportunidad de solicitar la ampliación del experticio era en los términos del artículo 238 del C.P.C., motivo por el cual en el caso concreto, la solicitud no se enmarca dentro de las hipótesis normativas del artículo 214 del C.C.A. y, ii) porque la parte actora ha debido recurrir el auto que corrió traslado para alegar de conclusión en la segunda instancia, con el fin de advertir que hacía falta un pronunciamiento sobre la mencionada prueba, circunstancia que no acaeció y,

por lo tanto, debe entenderse que la irregularidad antes referida quedó plenamente saneada” (resalto y subrayo)

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Bajo el entendido que se trata de apelante único, el Ministerio Público concentrara el análisis de la controversia jurídica únicamente en aquellos temas cuestionados por la actora.

Para resolver sobre la inconformidad del recurrente, corresponde absolver en su orden los siguientes problemas jurídicos: (i) presupuesto necesario e indispensable para reclamar ante la jurisdicción contenciosa, cuando las partes contratantes han suscrito acta de liquidación bilateral del contrato (ii) valor probatorio de las copias simples aportadas al proceso y, (iii) caso concreto: (i) Cuando en las controversias contractuales se pretende hacer reclamaciones que derivan de la ejecución de un contrato respecto del cual se hizo la liquidación bilateral, es necesario que las inconformidades consten en el acta respectiva y que éstas correspondan a las mismas que se alegan en vía judicial, salvedades que además deben ser claras y concretas. El Consejo de Estado, sobre este tema en particular ha sido enfático en precisar: “La liquidación de un contrato por mutuo acuerdo queda en firme y por lo tanto no puede ser impugnada judicialmente, si el acta respectiva es aceptada y suscrita por las partes, sin salvedad alguna y sólo en la medida en que se formulen salvedades, el contratista se reserva la posibilidad de reclamar judicialmente. De tal manera que una vez liquidado el contrato por mutuo acuerdo de los contratantes, dado su carácter bilateral tal acto no es susceptible de enjuiciarse ante el órgano judicial a

menos que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o que dicha liquidación se haya suscrito con salvedades o reparos por alguna de ellas en el mismo momento de su firma, que es la oportunidad para objetarla. Acerca de la inconformidad del contratista con relación a la liquidación del contrato, se ha sostenido que puede manifestarla ya sea no firmando el acta que pone a consideración la entidad contratante, cuando es ésta la que la elabora (en la práctica, usualmente es la interventoría la que elabora el acta de liquidación) y la otra, firmándola, pero dejando a salvo en el cuerpo del mismo documento los 2 Sección Tercera, sentencia de 19 de septiembre de 2007. Exp: 15.382

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Exp 40.797 (00076) puntos que no comparte o que no acepta o que a criterio del contratista hace falta que allí se incluyan y definan las reclamaciones que se hicieron durante la ejecución del contrato, que son precisamente los factores relacionados con la ejecución del contrato sobre los cuales se reserva presentar posteriores reclamaciones….”3 (resalto y subrayo) Respecto de las constancias que se dejan consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato y que constituyen las salvedades de cualquiera de las partes contratantes, se exige de éstas la identificación clara, concreta y especifica de los problemas surgidos durante el desarrollo del contrato, pues en caso de

no cumplir con estas exigencias, la reclamación que posteriormente se pretenda ventilar ante la jurisdicción contenciosa se torna insuficiente e ineficaz. Así lo precisó el Consejo de Estado4: “...es claro que en el cuerpo del acta de liquidación existe aceptación expresa y total, por parte del contratista, de lo acordado; esta circunstancia le impide cualquier reclamación posterior como lo ha reiterado en varias oportunidades la Sala; si quedó inconforme, por ejemplo, porque no se le reconoció todo lo que a su juicio se le debía, debió expresarlo así de modo concreto, estableciendo, si no las cantidades, sí los hechos de los cuales derivaba su descontento. Pero hacer -luego de aceptar el contenido del actauna afirmación tan genérica y abstracta como “el contratista se reserva el derecho de reclamación” es a todas luces insuficiente y por lo mismo ineficaz para dejar abierta la posibilidad a la controversia jurisdiccional. Da lo mismo, en este caso, haber guardado silencio respecto del contenido de la liquidación como (sic) hacer la anterior afirmación, pues la indefinición que tal expresión envuelve la torna inocua”.5 (…) Lo anterior significa que la constancia de inconformidad no se satisface con una formulación genérica, que no identifique la razón de ser de la salvedad del contratista; tal conducta impide la claridad necesaria en la conclusión de la relación negocial -bien porque las partes están de acuerdo en forma plena, o bien porque subsisten diferencias entre ellas. La Sala lo ha dicho, al definir hechos a los que conoce en esta oportunidad: “De acuerdo con lo anterior, la nota dejada por el demandante en el acta de liquidación del

contrato suscrita el 8 de abril de 1991 ME RESERVO EL DERECHO A RECLAMAR, así para el juzgador pueda entenderse que es para pretender el reconocimiento de lo que reclamó directamente a la administración sin resultado positivo alguno, no abrió la instancia judicial para su examen al haber aceptado en forma expresa el acta de liquidación. Por ello, la pretensiones del demandante no están llamadas a prosperar ya que la liquidación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes y sin salvedades expresas y concretas impide el examen judicial de la revisión de los precios del contrato.”6 (resalto y subrayo) (ii) Sobre el valor probatorio de las copias simples ha conceptuado en forma reiterada esta Agencia del Ministerio Público7: 3 Sección Tercera. Sentencia de 22 de junio de 2001, Radicación No 25000-23-26-000-1995-1144-01(14201) 4 Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2005 Exp 14113 5 ? (Pie de página de la cita) Sentencia del 29 de agosto de 1995, exp. 8884; reiterada en sentencia del 9 de marzo de 2000, exp. 10.778. 6 (Pie de página de la cita) Sentencia de 9 de marzo de 2000, exp. No. 10.778. 7 Concepto No 205 de 2009. Exp: 36.839; Concepto No 090 de 2010. Exp 37.463; Concepto No 270 de 2010. Exp 38.507; Concepto No 279 de 2010. Exp 38.857 y Concepto 008 de 2011 Exp 38.823, entre otros.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Exp 40.797 (00076) “Por regla general, las partes están obligadas a aportar los originales de los documentos que requieran para soportar sus pretensiones o medios de defensa; excepcionalmente, y en los casos señalados expresamente por el legislador, se autoriza la presentación de copia auténtica de los mismos, bajo el estricto cumplimiento de las formalidades allí establecidas. En términos del artículo 254 del C. P. C: “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C – 023 de 1998, señaló: “Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

“De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial” Y agregó que con relación a que la exigencia de la autenticación de copias no equivale a presumir la mala fe de quien las aporta. “Así, la exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos. “Sostener que el exigir una copia autenticada en el caso del numeral 2 del artículo 254 es presumir la mala fe de quien pretende hacerla valer como prueba, sería tanto como afirmar que también desconoce la presunción de buena fe la exigencia de solemnidades ad substantiam actus en algunos contratos (como en la compraventa de inmuebles), porque con el argumento de la buena fe deberían eliminarse las escrituras públicas, el registro de la propiedad inmobiliaria, el registro del estado civil, etc. Nada más absurdo y más contrario a las relaciones jurídicas y, en especial, a la seguridad, a la certeza, que debe haber en ellas.” Sobre el valor probatorio de las copias se ha dicho en la jurisprudencia del Consejo de

Estado8: ¿Pero será que la presunción de autenticidad recae sobre cualquier estado en que se aporte el documento? Para resolver este interrogante es indispensable acudir a 8 Sección Tercera. Sentencia del 23 de enero de 2003. C.P. María Elena Giraldo G. Radicación número: 19001-23-31-0002001-2057-01. (No. Interno 23.144).

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Exp 40.797 (00076) la ley procesal civil en materia de la aportación de documentos en la cual se exige lo siguiente sobre la prueba documental: Que se aportarán al proceso en originales o en copia y que ésta podrá consistir en trascripción o reproducción mecánica del documento (art. 253); Que para que la copia tenga el mismo valor del original es necesario que se obtenga de una de las formas previstas en el siguiente artículo: "ARTÍCULO 254. ( ) 1º. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2º. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3º Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa" (…) Con todo lo anterior se aprecia que los documentos amparados con la presunción

de autenticidad de que trata el artículo 11 de la ley 446 de 1998 son solamente

LOS ORIGINALES O DE DOCUMENTOS PRIVADOS O DE DOCUMENTOS

PÚBLICOS.

Por lo tanto, cuando se aportan copias de documentos, para que los mismos tengan valor se requiere que las copias en las cuales se contienen estén autenticadas de alguna de las formas establecidas en el artículo 254 del C. P. C., para que puedan tener el mismo valor probatorio del original.” En síntesis, para que un documento posea eficacia probatoria, además de las otras exigencias legales, debe ser aportado al proceso en original o en copia que cumpla las condiciones señaladas en el artículo 254 del C. P. C. Si se presenta a la litis en copia carente de las formalidades allí descritas, estaría, por lo tanto, desprovisto de su calidad probatoria. (iii) Caso concreto Pretende la parte actora reclamar del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, el restablecimiento económico del contrato No 772 de 2000. Alega que, por causas sucedidas durante su ejecución e imputables de manera exclusiva a la entidad contratante, se le ocasionaron perjuicios patrimoniales que no le fueron reconocidos en el acta de liquidación bilateral del contrato y que refieren a la demora en la iniciación del contrato, mayor permanencia en obra, stand by de maquinaria, negativa tanto del ajuste del anticipo como de los ítems ambientales, mora en el pago mensual de éstos últimos y de actas de obra, intereses de crédito que debió asumir para lograr el cumplimiento del contrato, sobrecostos por el cierre de la escombrera ramada, mayores costos por concepto de vigilancia y

mantenimiento de la obra por un periodo superior a los 5 meses y retención indebida de $830.259.035, como consecuencia del extenso período de liquidación del contrato. La parte actora para acreditar el fundamento de sus pretensiones se limitó a allegar con la demanda copias simples del pliego de condiciones (fls c.4 AZ 3),

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Exp 40.797 (00076) del contrato No 772 de 2000 y sus adicionales 1 y 2 (fls 1378 a 1396 c. 5 – AZ 4), de las actas de suspensión, de obra, de recibo final y de liquidación bilateral del contrato (fls 1397 a 1808 c. 5 – AZ 4). Soportes documentales que no tienen el carácter de prueba, por carecer del requisito de autenticidad que exige el artículo 254 del C.P.C, por tanto imposible de valorarlos para efectos de adoptar una decisión. Se advierte que en la demanda se solicitó oficiar al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para que allegara copia auténtica de los documentos antes referidos, prueba que fue decretada por el Tribunal a costa de la parte actora (fl 147 a 148 c. ppal), oficiando para el efecto a la entidad demandada (fl 152 c. ppal). Esta última atendió de manera oportuna lo solicitado, pues manifestó al Tribunal que los documentos requeridos se encontraban a disposición del demandante, quien debía asumir los costos de fotocopiado y presentar el respectivo recibo de pago

para efectos de obtener la expedición de copias auténticas (fls 75 a 77 c. 6), requerimiento que no fue atendido, razón suficiente para se mantenga la falencia probatoria por causa imputable al demandante y por tanto no proceda subsanar tal deficiencia en esta instancia. Contrario a lo afirmado por la apelante, las copias simples con la cuales pretende acreditar la existencia del pliego de condiciones, del contrato y su respectiva acta de liquidación bilateral no se encuentran dotadas de autenticidad, pues tal presunción sólo opera respecto de documentos públicos que han sido aportados al proceso en original o en copia que cumplan las condiciones señaladas en el artículo 254 del C. P. C., lo que en el caso concreto no se cumplió. Esta falencia probatoria impide estudiar el contenido y alcance de los soportes documentales aportados por la parte actora y por ende establecer si resultan acertadas o no sus afirmaciones tendientes a demostrar que durante la ejecución del contrato y por causas imputables a la entidad demandada se rompió el equilibro económico del contrato No 772 de 2009 en desmedro de sus intereses patrimoniales, pues por sustracción de materia no existe posibilidad de determinar las obligaciones pactadas entre las partes, como tampoco establecer, cual fue el objeto del contrato, su valor y plazo. Tampoco es posible verificar si las salvedades u observaciones que eventualmente pudieron quedar consignadas en el acta de liquidación bilateral del contrato corresponden a las pretensiones que hoy se ventilan por vía judicial (presupuesto necesario e indispensable para acudir a la jurisdicción contenciosa), con el agravante que tampoco resulta posible verificar si aquellas cumplen con la

condición de ser claras y concretas y si éstas refieren de manera especifica a los problemas surgidos durante el desarrollo del contrato. No sobra advertir, que si bien la entidad demandada aportó en copia autentica varias comunicaciones que dan cuenta de la correspondencia cruzada entre el contratista e interventor (fls 1 a 96 c. 7) que refieren a los requerimientos u observaciones realizados por éste último durante el desarrollo del contrato, y algunas actas de recibo parcial de obra y de terminación del contrato por vencimiento del plazo contractual (fls 98 a 102 – 131 a 155 c. 7), lo cierto es que tales soportes documentales, por si solos, no tienen la contundencia suficiente

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co Exp 40.797 (00076) para suplir la omisión probatoria de la parte actora, pues ante la falta de prueba idónea que acredite la existencia del contrato y su respectiva acta de liquidación bilateral, es imposible determinar si las manifestaciones contenidas en las precitadas comunicaciones guardan relación con el contrato del que se reclama el quebrantamiento de la ecuación económica, y si aquellas corresponden a situaciones acaecidas durante su ejecución, lo que igualmente imposibilita cotejar si las reclamaciones que hoy se ventilan por vía judicial y que constituyen el soporte para solicitar el restablecimiento económico del contrato, corresponden a las mismas salvedades que han debido quedar consignadas de manera clara y

expresa en el acta de liquidación bilateral. El análisis que antecede resulta suficiente para concluir que la parte demandante incumplió con la carga procesal de la prueba, onus al que se refiere el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “……incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen…”, omisión que dejó huérfanos de prueba los fundamentos de sus pretensiones, lo cual conlleva necesariamente a que las mismas sean desestimadas. A voces del Consejo de Estado9, tal carga probatoria “se basa en el principio de autoresponsabilidad de las partes y como requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable”10 CONCLUSIÓN En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita al H. Sala confirmar la sentencia denegatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente, FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado 9 Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp 16211, C. P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio 10 “La carga de la prueba es una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autoresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales

hechos…”. PARRA QUIJANO Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda.., 2004, pág

242. Y, “…Frente a las partes, se afirma que la carga de la prueba es una norma de conducta para éstas porque indirectamente les señala los hechos que a cada una le interesa probar si quiere sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable…” BETANCUR JARAMILLO, Carlos, De la Prueba Judicial, Ed. Dike.1982, pág 147.

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