PGN - Documento 201607091243111

CLÁUSULA COMPROMISORIA–En contratos de administración de recursos del régimen subsidiado de seguridad social CONTRATACIÓN ESTATAL-Plazo para la liquidación/CONTRATACIÓN ESTATAL-Modalidades de liquidación CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Cómputo del término de caducidad CONCILIACIÓN PREJUDICIAL-Interrumpe el plazo para la caducidad de la acción

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 013 / 2011

Bogotá, D.C., 14 de julio de 2011.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 40.383 (520012331000 2009 00332 00)

Acción Contractual

ACTOR: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES

CAPRECOM DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUMACO El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. LA DEMANDA. El 9 de octubre de 2009, en ejercicio de la acción contractual prevista en el art. 87 del C.C.A, CAPRECOM EPS –Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacionaldemandó al Municipio de Tumaco, para que se liquidaran 15 contratos de Administración de los recursos del

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Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) Régimen Subsidiado en Salud y ordenar el pago de las sumas que se adeudan. Adujo que en los contratos celebrados con el Municipio de Tumaco se estableció en la cláusula vigésima sexto y/o décima sexta que la liquidación se regía por la ley 80 de 1993; que la ley 1122 de 2007 art. 17, dispuso que los Gobernadores y Alcaldes tenían un plazo de 6 meses para liquidar de mutuo acuerdo con las EPS los contratos para la operación de régimen subsidiado pendientes de liquidar y en el art. 12 autorizó a los entes territoriales para destinar recursos no comprometidos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y del Fondo Nacional de Regalías para el pago de deudas con Régimen subsidiado vigentes a 31 de diciembre de 2004 registradas en los estados financieros de las ARS a diciembre de 2005. Sostuvo que la ley 1122 de 207 estableció un plazo de 6 meses para la liquidación bilateral y como se hizo caso omiso, CAPRECOM está facultada para entablar la acción contractual, que no habría caducado porque la ley entró en vigencia el 9 de enero de 2007 y los dos años se contarían a partir del vencimiento de esos 6 meses, esto es, hasta el 9 de julio de 2009, que en este caso se interrumpió por 3 meses al adelantar el requisito de procedibilidad de la conciliación. 1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El Municipio de Tumaco contestó de

forma extemporánea (fls. 201 y 202 C. 1). 1.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. CAPRECOM afirmó que el 26 de julio de 2010 se suscribieron bilateralmente las actas de reconocimiento de saldo pendiente de los contratos No. 33, 31, 118 y 47 de 2001 y 212, J-212 y 600 de

2002. Que respecto de los otros contratos referidos no liquidados se adelanta verificación documental y consultas de giro ante los entes reguladores que permitan la liquidación, “que dada la disponibilidad de tiempo y la necesidad de contar con información integral, no han podido materializar la intención manifiesta del municipio de Tumaco de acceder definitivamente a la liquidación de los convenios suscritos”, por lo que persistía en las pretensiones de liquidación de los contratos No. A-199 de 2005, T-00206, T-00806 y T-1606 de 2006 y 200701101, 200701100, 200700201 y 200700202 de 2007 (fls. 213 a 215 C. 1). 1.4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIAEl Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 19 de noviembre de 2010, se declaró inhibido para fallar por cuanto no se acreditó la representación legal de CAPRECOM en términos de los arts. 139 y 149 del cca, no se acreditó la calidad de Subdirectora Jurídica de la poderdante ni la delegación de la representación de quien dice se le otorgó, además que el poder se presentó en copia simple. 1.5. APELACIÓN. CAPRECOM impugnó el fallo, para que se revocara y se

pronunciara de fondo sobre las pretensiones. Señaló que por la premura de tiempo presentaron poder conferido en copia escáner, pero el despacho, a diferencia de otros, no evidenció el defecto de forma y admitió la demanda entendiéndose que la anomalía se superó. Que antes de la sentencia debió declarar de oficio la nulidad por indebida representación para que se saneara (arts. 140-7, 143 a 145 CPC). Allegó el original del poder y de los soportes que 2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) acreditan la representación legal. Por auto de 2 de maro de 2011, la Consejera Ponente admitió el recurso de apelación y conforme al poder conferido, fl. 242, reconoció personería a la abogada.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO En primer lugar se observa que con la apelación se allegaron los documentos que acreditan la representación de la demandante, saneando la irregularidad evidenciada en primera instancia y que llevó a proferir un fallo inhibitorio.

En segundo lugar se advierte que si bien de acuerdo con las cláusulas de los contratos de administración de recursos de régimen subsidiado de seguridad social – resolución 00838 DE 2004 del Ministerio de protección Social. (Marzo 26) Diario oficial 45.505 de Marzo 29 de 20041-, se pacta cláusula compromisoria,

como quiera que ninguna de las dos partes lo alega, al presentar la demanda y al contestar, excepcionando, debe entenderse que renunciaron a la misma para que el conflicto fuera conocido por la jurisdicción contencioso administrativa. Por tanto, el problema jurídico consiste en determinar si resulta procedente acceder a la liquidación por vía judicial de los contratos de Régimen Subsidiado suscritos entre CAPRECOM y el Municipio de Tumaco, relacionados en la demanda. Se aclara que según los alegatos de fondo previos al fallo de primera instancia, CAPRECOM afirma que ya se suscribieron las actas de pago de saldo de los contratos No. 33, 31, 118 y 47 de 2001 y 212, J-212 y 600 de 2002, por lo que sólo insiste en las pretensiones frente a los restantes contratos. 2.1. La liquidación y la oportunidad de la acción La Ley 80 de 1993, ARTÍCULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.(La Ley 1150 de 2007 (que entró regir el 16 de enero de 2008)

derogó aparte que se subraya) (…) 1 VIGÉSIMA OCTAVA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. Para efectos de dirimir las diferencias que puedan surgir en relación con el desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del presente contrato de aseguramiento, las partes acuerdan someter la decisión a Jurisdicción arbitral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la ley 80 de 1993 3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) ARTÍCULO 61. DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. (Este Artículo fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de

2007. Que entró a regir a partir del 16 de enero de 2008, art. 33.) La SECCIÓN TERCERA, en sentencia de 4 de diciembre de 2006. Radicación número: 76001-23-31-000-1994-00507-01(15239), precisó: 2.5.- La liquidación de los contratos de la Administración y sus modalidades.

En cuanto corresponde a la liquidación de los contratos de la Administración, ha de señalarse que dicha figura corresponde al balance final o corte definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito fundamental

es el de determinar quién le debe a quién y cuánto. Al respecto la Sala, en oportunidades anteriores, ha explicado la noción de la liquidación de los contratos, en los siguientes términos: “La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado queda después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento” 2. Es por ello que el acto contentivo de la liquidación del contrato se encuentra señalado, de manera expresa, como integrante del título ejecutivo que en asuntos contractuales puede configurarse a favor de la correspondiente entidad estatal contratante (artículo 68-4, C.C.A.). Como es bien sabido, la liquidación de los contratos de la Administración pueden revestir alguna de las siguientes modalidades: bilateral, unilateral o judicial.  Liquidación bilateral , corresponde al balance, finiquito o corte de cuentas que realizan y acogen de manera conjunta las partes del respectivo contrato, por tanto, esta modalidad participa de una naturaleza eminentemente negocial o convencional. 2 (pie de página de la cita) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de abril 10 de 1997. Expediente No. 10.608. Este pronunciamiento fue recogido y reiterado por la misma Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la Sentencia de marzo 9 de 1998, expediente No.

11.101. 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) La Jurisprudencia del Consejo de Estado ha destacado la naturaleza negocial de la liquidación bilateral al precisar que una vez convenida o acogida de conjuntamente y sin salvedades por las partes del respectivo contrato, dicha liquidación genera efectos vinculantes y no puede ser desconocida con el fin de alcanzar reconocimientos superiores o adicionales a los acordados en ella, ni siquiera acudiendo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a menos que se pretenda la nulidad de la liquidación por la ocurrencia de algún vicio que hubiere afectado su validez. (…)  Liquidación unilateral , la cual, como su nombre lo indica, no corresponde a una actuación negocial o conjunta de las partes del contrato sino a una decisión que adopta la entidad estatal contratante sin necesidad de contar con la voluntad o con el consentimiento del respectivo contratista particular, modalidad a la cual habrá lugar en los eventos y con las exigencias establecidas para esos casos por la ley; esta modalidad de liquidación ha sido concebida y regulada como subsidiaria de la liquidación bilateral o conjunta. El carácter subsidiario que le corresponde a la liquidación unilateral, respecto de la bilateral o conjunta, lo evidencia la norma legal que la consagra en cuanto supedita su procedencia a una cualquiera de las siguientes hipótesis

fácticas: i) que el contratista particular no se presente a la liquidación, con lo cual imposibilita la realización de una liquidación bilateral o conjunta, ó ii) que las partes no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la liquidación, cuestión que igualmente impide la adopción conjunta del respectivo corte de cuentas. Así pues, sólo si se configura una de las circunstancias enunciadas, la Entidad Estatal queda facultada para practicar la liquidación correspondiente de manera directa y unilateral, caso en el cual procederá a adoptarla mediante la expedición de un acto administrativo debidamente motivado, el cual será pasible del recurso de reposición en vía gubernativa.  Liquidación judicial , es aquella que realiza y adopta el juez del contrato, en desarrollo de un proceso judicial o arbitral, según corresponda, en ausencia de alguna de las modalidades de liquidación antes mencionadas. El juez deriva su competencia sobre esta materia, entre otras disposiciones legales, tanto de los dictados del artículo 87 como de lo dispuesto en la mencionada letra d) del numeral 10 del artículo 136, ambas normas del Código Contencioso Administrativo -C.C.A.-. 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) En efecto, el citado artículo 873 del C.C.A., en su inciso 1º, al consagrar la acción de controversias contractuales -acción por cuya virtud las partes de un contrato quedan habilitadas para acudir ante el juez del mismo-, de

manera explícita dispone que en ejercicio de dicha acción y en relación con el correspondiente contrato estatal, pueden pedirse “otras declaraciones y condenas”, aspecto genérico este dentro del cual, como es natural, tiene cabida perfectamente la posibilidad de solicitar la liquidación del respectivo contrato, norma legal que, a su vez, faculta al juez para hacer los pronunciamientos que correspondan en relación con tales pretensiones. La norma legal en cita encuentra perfecto complemento en la disposición de la letra d) del numeral 10 del artículo 1364 del C.C.A., la cual, al ocuparse de definir el término de caducidad de las diferentes acciones judiciales, faculta al interesado para que -en los casos en que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes, incluidos en esa misma norma-, pueda acudir ante la jurisdicción, es decir ante el juez del contrato, para obtener de éste la liquidación correspondiente. Lo expuesto acerca de las diferencias que surgen al examinar el sentido, las modalidades y los efectos que pueden predicarse en relación con la terminación de los contratos de la Administración Pública, en comparación con la liquidación de los mismos y sus diferentes alternativas, obliga a reafirmar que esas son dos figuras diferentes entre sí, por lo cual no hay lugar a confundirlas y menos, como lo afirmó el a-quo, a sostener que sólo con la liquidación del correspondiente contrato de la Administración pueda tenerse por terminado el respectivo contrato de derecho público. 2.6.- Del plazo u oportunidad para la liquidación de los contratos de la Administración. (…) Según las disposiciones legales actualmente vigentes, contenidas fundamentalmente en la Ley 80 expedida en el año 1993 y el C.C.A., la

oportunidad señalada para la realización de la liquidación conjunta o 3 (pie de página de la cita) Así reza el inciso 1º del artículo 87 del C.C.A.: “Artículo 87.- De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”. 4 (pie de página de la cita) El siguiente es el texto de la letra d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A.: “Artículo 136.- Caducidad de las acciones. “.............................. “10.- En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. “En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: “............................ “d).- En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2)

años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”. (Se deja subrayado). 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) bilateral, corresponde al “… término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia … ”, cuestión que, en criterio de la Sala, no excluye la posibilidad de dicho plazo también pueda ser estipulado o acordado, convencionalmente, dentro del propio contrato. Ahora bien, si en el pliego de condiciones o en el contrato no se consagra un plazo específico para la liquidación, la ley (artículo 60, Ley 80), de manera supletiva, determina que la liquidación bilateral deberá realizarse “… a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato”. En cuanto a la oportunidad que las normas hoy en vigor establecen para el ejercicio de las facultades con que cuentan las entidades estatales para adoptar la liquidación unilateral, cabe señalar que esa materia se encuentra regulada en la citada letra d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., según su contenido a la Administración se le concede un plazo legal de dos (2) meses para adoptar la liquidación unilateral, término que empieza a correr a partir del vencimiento de aquél convenido por las partes para la liquidación bilateral o, a falta de tal plazo convencional, a partir del vencimiento del plazo de los cuatro (4) meses que el artículo 60 de la Ley 80

de 1993 consagra, de manera supletiva, para la liquidación bilateral o conjunta. (…) En este caso la oportunidad para ejercer la acción contractual, cuando la misma se encamina a obtener la liquidación judicial del contrato estatal, se encuentra enmarcada entre el momento en que vence el plazo legal de dos (2) meses con que cuenta la entidad estatal para realizar la liquidación unilateral -dos (2) meses adicionales al plazo convencional o legal establecido para la realización de la liquidación bilateral o conjunta-, y el momento en que fenece el plazo de dos (2) años siguientes al vencimiento del referido término legal de dos (2) meses, que es cuando opera la caducidad de la acción. Bueno es anotar que el vencimiento o agotamiento previo, tanto del plazo convencional o legal establecido para la realización de la liquidación bilateral o conjunta, como del plazo de los dos (2) meses adicionales con que cuenta la entidad estatal para adoptar la liquidación unilateral, constituyen un presupuesto de procedibilidad necesario para el ejercicio de la acción encaminada a deprecar la liquidación del contrato en sede judicial, puesto que la norma legal en cita resulta clara al establecer que el interesado “… podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial…”, únicamente después de que se hayan agotado los tiempos previstos para la realización de la liquidación tanto de manera bilateral como de forma unilateral, amén de que el término de caducidad de la respectiva acción judicial únicamente empieza a correr a partir del momento en que vence el

plazo que la ley consagra a favor de la entidad estatal para que pueda adoptar unilateralmente la correspondiente liquidación.” 7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) 2.2. Caso concreto. De acuerdo con la RESOLUCIÓN NUMERO 00838 DE 2004. (Marzo 26) D.O No. 45.505 de Marzo 29 de 2004, a los contratos para LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO se incorporan, entre otras, las siguientes cláusulas, VIGÉSIMA QUINTA.- CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN. – (…). PARÁGRAFO 1.- Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia del incumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, por cuatro (4) meses EL CONTRATANTE dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. VIGÉSIMA SEXTA.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del presente contrato se rige por la ley 80 de 1993, en consecuencia, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del presente contrato, las partes se

obligan a su liquidación. En todo caso, las actas de liquidación deberán discriminar por cada fuente de financiación del régimen subsidiado, los pagos efectuados y los excedentes generados por cada una de ellas. VIGÉSIMA SÉPTIMA - DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.- En el evento de no lograrse la liquidación de mutuo acuerdo del contrato dentro del término de los cuatro meses, El CONTRATANTE adelantará las acciones administrativas y legales necesarias para proceder a la liquidación unilateral, de conformidad con lo definido por el artículo 50 del decreto 50 de 2003 5 , para lo cual, EL CONTRATANTE deberá expedir el acto administrativo ordenándola, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del término para la liquidación de mutuo acuerdo. En todo caso EL CONTRANTE, debe allegar al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia, el informe de liquidación del contrato antes del 31 diciembre del año correspondiente.6 5 DECRETO 50 DE 2003 (enero 13) Diario Oficial No. 45.063 de 14 de enero de 2003. MINISTERIO DE SALUD. Por el cual se adoptan unas medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones ARTÍCULO 50. LIQUIDACIÓN Y/O ACLARACIÓN Y PAGO DE SALDOS DE LOS CONTRATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley 100 de 1993, en los contratos de administración del régimen subsidiado suscrito entre las entidades territoriales y las Administradoras del Régimen

Subsidiado (ARS) podrá pactarse la cláusula de liquidación unilateral prevista en la Ley 80 de 1993. En el evento que no se pacte, todo contrato de administración de régimen subsidiado suscrito entre las entidades territoriales y las Administradoras del Régimen, ARS deberá ser objeto de aclaración y pago de los saldos pendientes a su favor o en contra, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. Si vencido este término, no se ha efectuado por mutuo acuerdo, la aclaración y pago de los saldos pendientes a favor o en contra, la entidad territorial procederá a realizarla dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de este término. 6 http://mps.minproteccionsocial.gov.co/pars/cajaherram/documentos/Biblioteca/CompendioNormativo/ resolucion_00838_04.pdf 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) Las normas contenidas en los arts. 60 y 61 de la ley 80 de 1993 le resultan aplicables, en tanto que no tienen carácter procesal y se encontraban vigentes en su integridad al momento de la celebración de los contratos. La ley 153 de 1887, dispone que ARTICULO 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.

Exceptúanse de esta disposición: 1o. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y

2o. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. De las pruebas debidamente aportadas y que hacen referencia a los contratos frente a los cuales la parte actora insiste en la liquidación, se tiene (fls. 42 a 96 C. 1): No. A-199: No aparece la minuta inicial, sino 3 otrosíes y un adicional, situación que no permite tener certeza sobre el contrato original.  Otrosí No. 002. Suscrito el 1° de abril de 2005. Vigencia 1 de abril de 2005 a 30 de septiembre de 2005.  Otrosí de 1° de octubre de 2003 prorrogando el contrato A199 desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2003.  Contrato adicional, en tiempo y valor al contrato principal A-199 de 1 de abril de 2003, adicionándolo entre el 1 de diciembre de 2003 hasta el 31 de marzo de 2004.  Otro si 05 de 1 de abril de 2006, vigencia hasta 30 de septiembre de 2006. Se allega una Certificación de Pagos, de 25 de septiembre de 2009, sin firma, que señala que la fecha inicial del contrato A-199 fue 1 de abril de 2006 y final de 30 de septiembre de 2006. Igualmente el número de afiliados, el valor inicial incrementos, valor total, valor pagado y saldo. Otro formato, sin firma, de 22 de abril de 2009, sobre reporte de novedades del contrato A199T, Y un Proyecto sin

firmas del Acta de Liquidación del contrato A-199 (abril a septiembre de 2006), entre el Municipio y CAPRECOM. T-00206 de 2006. Contrato –minuta anexo 1 resolución 00838 de 2004-. Suscrito el 1 de octubre de 2006, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2007. T-00806 de 2006. Contrato suscrito el 1 de octubre de 2006 con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2007. T-1606 de 2006. Minuta de contrato suscrito el 20 de diciembre de 2006 con vigencia hasta el 31 de marzo de 2007. 9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) 200701101 de 2007. Minuta de contrato suscrito el 1 de octubre de 2007 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007. 200701100 de 2007. Minuta de contrato suscrito el 1 de octubre de 2007 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007. 200700201 de 2007. Minuta de contrato suscrito el 1 de octubre de 2007 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007. 200700202 de 2007. Minuta de contrato, suscrito el 1 de octubre de 2007 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007. Se aportan formatos de Pagos o de ejecución de recursos, elaborados por

CAPRECOM con fecha pero sin firmas; Formato sobre reporte de novedades, también con fechas pero sin firmas; facturas de venta de CAPRECOM, con firma de recibo, y Proyectos sin firmas del Acta de Liquidación de algunos de los contratos suscritos entre el Municipio y CAPRECOM. Se allegó Certificación expedida el 1 de julio de 2009, suscrita por Héctor E. Villota Romo (Director Territorial) de CAPRECOM y Alba Coral Fajardo Profesional I, en la que señalan el número del contrato, vigencias, saldo y sin diligenciar una casilla “EXISTEN MONTOS POR FACTURAR? Ajuste UPC, novedades y otros” (fl. 70

C. 1).

Del análisis en conjunto del escaso material probatorio aportado al expediente, debe concluir el Ministerio público que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. (i) La caducidad. La Ley 640 de 2001, dispone: ARTICULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable. Decreto 1716 de 2009 (Mayo 14)

Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: 10 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.383 (520012331000 2009 00332 00) a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 20017, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero. En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente. La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada. Parágrafo único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o prescripción. De acuerdo con la constancia expedida, el 7 de octubre de 2009, por el Procurador 36 Judicial Administrativo, CAPRECOM solicitó conciliación extrajudicial el 7 de julio de 2009 –por lo contratos que son objeto de debate en

este caso-, la cual se declaró fallida en audiencia de 5 de octubre de 2009. (fls. 64 y 65 C. 1). De conformidad con las cláusulas del contrato la liquidación debía efectuarse de común acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato y de no ser posible, la contra