PGN - Documento 201607091830550

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por desplazamiento forzoso y daños en bien inmueble CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Término Respecto de la acción de reparación directa, el artículo 136 del Código antes mencionado, consagra como término de caducidad el “plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”. Aún cuando la norma contenida en el Código Contencioso Administrativa es clara respecto de los términos de caducidad para cada acción, es de anotar, que el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha señalado que el término se puede contar a partir de la fecha en que el afectado tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho dañino. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Momento para incoarla Como se conoce la acción de reparación directa es la llamada a ser incoada cuando el accionante busca la indemnización de un daño ocasionado por la acción u omisión de las autoridades estatales; en el presente caso, se deriva de una actuación de la administración que facilitó la ocurrencia del desplazamiento forzado de los actores y el daño a su propiedad CARGA DE LA PRUEBA-Competencia La carga de la prueba de un hecho le compete a quien lo alega como fundamento de su derecho, de conformidad a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente proceso por remisión de los artículos 168 y 267 del Código Contencioso Administrativo, salvo que se trate de un caso notorio, el cual no se configura en

el presente caso; excepto respecto del hecho de la creación de la zona de distensión por parte del Gobierno Nacional. En relación con los otros hechos expuestos en la demanda no se configura el hecho notorio porque debió determinarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar para definir la materialización del daño Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 Bogotá D.C., 18 de octubre de 2011 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-217

Acción de Reparación Directa Radicado: 50001233100020054003901 (41307) Actor: William Alfredo Arango Triana y Otros Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia el cual se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del

Meta. ANTECEDENTES 1-. Demanda Los señores William Alfredo Villate Torres y Fredy Eduardo Villate Torres, en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda contra La Nación

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con la pretensión de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales y Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 morales causados por los daños ocasionados con la Resolución Ejecutiva 85 de 14 de octubre de 1998, que creó una zona de distensión dentro de la cual hizo parte la hacienda La Cabaña ubicada en la Vereda los Andes del Municipio de Vista Hermosa en el departamento del Meta y por el desplazamiento forzado de que fueron objeto los demandantes por parte del frente 27 de las FARC. 2-. Contestación de la demanda El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República contestó la demanda; se opuso a las pretensiones; manifestó que no le constaban los hechos, y presentó las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación por pasiva y caducidad de la acción. 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo del Meta declaró probada la excepción de caducidad de la acción, al considerar, en síntesis, lo siguiente: (…) Para el caso sub judice, en el peor de los casos, el hecho dañoso que se le imputa a la entidad oficial demandada transcurre desde el momento en que se produce el desplazamiento forzado de los demandantes, causado según el escrito demandatorio en el mes de octubre de 1998; si bien es

cierto, en el sub lite no se indicó el día exacto en que se produjo el hecho, sin embargo, se dijo que el supuesto fáctico que dio origen al presente asunto tuvo ocurrencia en el mes de octubre de 1998, por lo que en el entendimiento de la Sala los dos años que señala la ley como plazo de oportunidad para presentar la acción, se encuentran más que vencidos, según el acta de reparto la demanda arribó al Tribunal solo hasta el 2 de febrero del 2005, concluyéndose que cuando se presentó la acción el término se encontraba fenecido. (…). 4-. La Parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia antes mencionada así. (…) Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 Teniendo en cuenta las anteriores formulaciones podremos determinar que los daños ocasionados a mis representados WILLIAM ALFREDO VILLATE TORRES Y FREDY EDUARDO VILLATE TORRES como consecuencia de la creación de la zona de distensión no se remiten tan solo a un acto como lo infiere la sala en la providencia objeto de la alzada, sino que por el contrario los daños se han producido de forma sistemática, permaneciendo el injusto aún en tiempos posteriores a la terminación de la zona de despeje, no solo como actos ejecutados y redactados en la demanda sino que además se agravan por el

desplazamiento que generó, entre otros, el detrimento patrimonial de mis representados, pérdida del valor económico de su inmueble por decadencia de sus mejoras, pérdida de cultivos, semovientes y pasteras, desocupación y daños morales en estos y sus familias, corolario de ello se desprende de la misma situación que se desprende de la inspección realizada por los auxiliares de la justicia que al desplazarse hasta el predio La Cabaña son testigos de la deprimente situación del inmueble. Así las cosas, en concepto del libelista no podrá realizarse un examen meramente objetivo para determinar la posible fecha de caducidad de la acción de reparación directa que se imputa al Estado, sino que evidenciada la situación del desplazamiento como se demuestra en experticia que se ha referenciado, podrá sostenerse sin lugar a menoscabar el principio de seguridad jurídica, que la acción se podrá intentar mientras exista el daño, que de marras se evidencia y que se desarrolla como de tracto sucesivo. (…) CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO Del recurso de apelación se deduce el siguiente problema jurídico: Determinar si ocurrió o no el fenómeno de la caducidad de la acción en el sub examine. ANÁLISIS JURÍDICO El Código Contencioso Administrativo a fin de garantizar la seguridad jurídica establece en relación con cada una de las acciones en él consagradas el término que Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 se otorga al accionante para iniciar el correspondiente proceso so pena de que opere el fenómeno de la caducidad. Respecto de la acción de reparación directa, el artículo 136 del Código antes mencionado, consagra como término de caducidad el “plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”. Como se conoce la acción de reparación directa es la llamada a ser incoada cuando el accionante busca la indemnización de un daño ocasionado por la acción u omisión de las autoridades estatales; en el presente caso, se deriva de una actuación de la administración (Resolución 85 de 14 de octubre de 1998 mediante la cual se creó una zona de distensión) que facilitó la ocurrencia del desplazamiento forzado de los actores y el daño a su propiedad. Aún cuando la norma contenida en el Código Contencioso Administrativa es clara respecto de los términos de caducidad para cada acción, es de anotar, que el Consejo de Estado en su jurisprudencia1 ha señalado que el término se puede contar a partir de la fecha en que el afectado tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho dañino. 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de marzo de 2011, radicación 05001232400019960218101 (20836) C.P. Enrique Gil Botero. “En relación con la caducidad de

la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. - modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998establece lo siguiente: (…) En ese contexto, la Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio. De otro lado, es posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue en el tiempo, con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, sin embargo, lo cierto es que ello no puede significar que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma no consagra dicho supuesto. Es decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad empieza a correr en el momento en que el daño se concreta por completo, sino que por el contrario determina que el mismo debe empezar a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo. Cosa distinta es que la parte demandante sólo haya tenido conocimiento del daño tiempo después de la ocurrencia del hecho, omisión u operación, pues en tales eventos, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 C.P.), el conteo debe iniciarse a partir de la fecha en que la persona -o personastuvieron conocimiento del daño; una interpretación contraria supondría cercenar el

mencionado derecho fundamental, así como el derecho de acción, y el supuesto lógico de que lo que no se conoce sólo existe para el sujeto cuando lo advierte o se pone de manifiesto”. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 En el caso presente se tiene que los demandantes relatan en los hechos como causa del daño sufrido la expedición de la Resolución No. 85 por el Gobierno Nacional mediante la cual creó la zona de distensión e incluyó en ella los terrenos de la hacienda de su propiedad y el posterior desplazamiento del que fueron objeto por parte de los grupos armados desde el mes de octubre de 1998. Aun cuando los efectos del desplazamiento se prolongaron, es de anotar que desde la fecha en que ocurrió ese suceso los integrantes de la parte actora tuvieron el conocimiento del daño que se les ocasionaba en la medida en que se les limitó desde esa fecha el ejercicio de su derecho a la propiedad y su autonomía para permanecer en los terrenos donde realizaban actividades económicas. Por ello, concordante con lo expuesto en el Código Contencioso Administrativo y en la jurisprudencia, la parte demandante tenía la facultad de ejercer la acción de reparación directa hasta el 31 de octubre de 2000 a fin de evitar que ocurriera el fenómeno de la caducidad de la acción, lo cual se materializó porque la demanda fue

presentada el 25 de febrero de 2004. Esto permite concluir que la sentencia de primera instancia merece ser prohijada por la Subsección de decisión. Copias simples Ahora bien, si en gracia de discusión se expusiera que no ocurrió el fenómeno de la caducidad de la acción en virtud de la aplicación de la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones”, mediante la cual se crean mecanismos de reparación integral para las personas que han sido objeto de desplazamiento forzado y se reconoce su aplicación a daños por hechos ocurridos a partir del 1º. de enero de 1985; o por la condición de garante que asumió el Gobierno Nacional al expedir el acto administrativo que creó la zona de distensión; o por el daño especial que se causó a las personas residentes en esa zona porque se les impuso una carga superior a la que les correspondió asumir a los demás habitantes del país por el acto del gobierno; es de anotar, que tampoco habría lugar al reconocimiento de las pretensiones por falta de pruebas sobre la ocurrencia del daño a los actores. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 La parte demandante adjuntó a la demanda copia simple de los siguientes

elementos:  Escritura pública 02609 de noviembre 10 de 1995 de la Notaría 54 del Círculo de Bogotá, a través de la cual se transfiere el derecho de dominio de un predio a los demandantes.  Papeleta de venta No. 108125 de 7 de febrero de 1982, mediante la cual se acredita la compra de un semoviente.  Factura de venta de ganado de 25 de noviembre de 1984, por la compra de 7 semovientes.  Papeleta de venta No. 9664 por la compra de cinco animales.  Papeleta de venta No 90929 por la compra de un animal.  Papeleta de venta No. 56498 por la compra de un animal.  Papeleta de venta No. 77100 por la compra de 26 animales.  Papeleta de venta No. 85879 por la compra de cinco animales.  Papeleta de venta No. 22807 por la compra de un animal.  Papeleta de venta No. 14144 por la compra de 16 animales  Papeleta de venta No. 16562 por la compra de 12 animales  Papeleta de venta No. 75469 por la compra de un animal.  Papeleta de venta No. 3945 por la compra de un animal.  Contrato de compraventa por la compra de 170 animales.  Papeleta de venta No. 17671 por la compra de 2 animales.  Papeleta de venta No. 19842 por la compra de 2 animales  Papeleta de venta No. 17431 por la compra de 8 animales.  Papeleta de venta No. 365755 por la compra 11 animales.

 Papeleta de venta No. 378708 por la compra de 7 animales.  Papeleta de venta No. 381274 por la compra de un animal. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 168, respecto de las pruebas que son admisibles en los procesos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa2, remite al Código de Procedimiento Civil, el cual frente a las pruebas documentales autoriza que se aporten a ellos en copia ya sea mediante reproducción mecánica o transcripción3. Pero, para que la copia tenga el mismo valor del documento original debe cumplir uno de los siguientes requisitos4:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.

En el presente caso, a la demanda se debió anexar los documentos que acreditaban la propiedad de los demandantes sobre: la hacienda La Cabaña con la copia de la escritura debidamente autenticada por la Notaría donde se encuentra el original o

fotocopia autenticada de aquella con el correspondiente sello de haber sido registrada o con el certificado de libertad y tradición; los semovientes mediante las facturas de compra o fotocopia autenticadas de esas; y la calidad de desplazados con los medios probatorios correspondientes. Pero ello, no fue así, ni tampoco se solicitó en la demanda que se ordenara la práctica de las pruebas durante el curso del proceso. 2 Código Contencioso Administrativo. Artículo 168. Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración. 3 Código de Procedimiento Civil. Artículo 253. Aportación De Documentos. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 116, el nuevo texto es el siguiente:> Los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento 4ARTICULO 254. Valor Probatorio De Las Copias. <: Modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Numeral 117. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 Si bien es cierto que esta Agencia del Ministerio Público no puede desconocer que la

jurisprudencia5 le ha otorgado valor probatorio a aquellas copias simples aportadas al proceso por la misma entidad cuando de estas se derivan consecuencias adversas para ella, esto no ocurre en el sub examine, ya que las copias simples fueron aportadas por la parte actora no para derivar consecuencias adversas para si misma sino para la parte contraria. La carga de la prueba de un hecho le compete a quien lo alega como fundamento de su derecho, de conformidad a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil6, aplicable al presente proceso por remisión de los artículos 168 y 267 del Código Contencioso Administrativo7, salvo que se trate de un caso notorio, el cual no se configura en el presente caso; excepto respecto del hecho de la creación de la zona de distensión por parte del Gobierno Nacional. En relación con los otros hechos expuestos en la demanda no se configura el hecho notorio porque debió determinarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar para definir la materialización del daño. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, radicado 19001-23-31-000-199304002-01(16270), C.P. Myriam Guerrero de Escobar. “A diferencia de los medios procesales incorporados por la parte actora en original, relacionados con la legitimación de los demandantes, que cumplen las exigencias del artículo 254 para su valoración probatoria, las pruebas acompañadas por la entidad pública demandada con la contestación de la demanda, se presentaron en copia simple y en ese sentido no reúnen las condiciones de autenticidad de la norma, bajo el entendido de que las copias tendrán el mismo valor que su original cuando: a)

hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. b) Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. c) Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa, por lo anterior las copias inauténticas o las “fotocopias tomadas de fotocopia” carecen de mérito probatorio. No obstante la restricción de la norma procesal, los documentos acompañados con la contestación de la demanda serán tenidos en cuenta, pues, aunque no cumplan con las exigencias del artículo 254 del C.P.C., se trata de documentos que fueron solicitados por la actora y reconocidos por la entidad pública demandada, puesto que, fueron aportados al proceso por la parte contra quien se oponen y elaborados por la misma entidad contra la cual se aducen por el demandante. Además, como se vera en cada caso, varios de los documentos incorporados por la entidad demandada, fueron requeridos por el juez de la primera instancia, enviados e incorporados nuevamente en la etapa probatoria, los cuales serán valorados por no existir restricción frente a ellos. Nota de Relatoría: Ver sentencia de la Corte Constitucional, C - 023 de 1998”. 6 C.P.C. Artículo 177: “Carga De La Prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

7 C.C.A. Artículo 168. “Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”. Articulo 267. Aspectos No Regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697 Aun cuando no puede desconocerse que el grupo al margen de la ley beneficiado con la zona de distensión realizó muchos actos delictivos en ese lugar, porque así lo relataron los diversos medios de comunicación, es de señalar, que los perjuicios que sufrieron las personas residentes en esa zona no fueron similares en razón a las circunstancias personales de cada una; por ejemplo: a quien era propietario le afectaron su derecho a la propiedad, pero al que era poseedor le afectaron el derecho a la posesión mas no a la propiedad porque no tenía este derecho. CONCEPTO Con los hechos expuestos en la demanda se puede determinar que esta se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa por lo cual operó el fenómeno de la caducidad

de la acción. Aunado a lo anterior, durante el curso del proceso no se demostró el daño antijurídico causado a los integrantes de la parte actora. Por consiguiente, esta Procuraduría Delegada solicita se confirme la sentencia de primera instancia. De la señora Consejera, ISNARDO JAIMES JAIMES Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 50001233100020054003901 (41307) 5aCdeE/IJJ/Almv IUS-2011-374697