PGN - Documento 201607091830596

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por derrumbe en vía RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Elementos El artículo 90 de la Carta Política, establece una cláusula general de responsabilidad, en virtud de la cual, el Estado deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción u omisión de sus agentes; sin perder de vista tal precepto, la evolución jurisprudencial de la Sección Falladora, ha determinado que para poder endilgar responsabilidad al Estado, se deben acreditar tres elementos imprescindibles, a saber: i) la existencia de un daño, ii) la existencia de una acción u omisión atribuible a la administración y iii) la demostración de un nexo de causalidad entre la actividad de la administración y la producción del daño. CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD-Caso fortuito y fuerza mayor Frente a dicha eximente de responsabilidad el Consejo de Estado ha indicado que la fuerza mayor o caso fortuito es la circunstancia o evento que no se pudo ver o conocer con anticipación como algo posible, o de cuya ocurrencia no se tienen señales previas o indicios; esto es, que dentro de lo normal y lo cotidiano no es factible intuir o esperar que suceda; y que de llegar a ocurrir no es posible hacer oposición que neutralice o anule sus efectos. De modo que ella no solo radica en la irresistibilidad de la acción o violencia que entraña sino también en no poder ser prevista, no se pueda inferir de señal o indicio alguno, y esto dependerá de las circunstancias en que se hallen los sujetos o las personas eventualmente afectadas por ella

En el presente asunto no puede reconocerse la eximente de responsabilidad de fuerza mayor o caso fortuito, pues el desprendimiento de rocas en la vía en la que se presentó el derrumbe era suficientemente previsible y pasible de ser evitado con la clausura permanente de la citada vía, pues existiendo otra para llegar al mismo destino, para una protección efectiva de la vida y bienes de los usuarios de las vías, se debió obligar al uso de la carretera alterna, pese a que ello implicara mayores distancias y costos de combustible y fletes, pues debía primar la protección de las personas por encima de las mayores erogaciones económicos por el cambio de ruta

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 20 de septiembre de 2011

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 850012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756

E. S. D.

Referencia: Concepto 11 – 185

Acción: Reparación Directa Radicado: 850012331000199701013 01 (41058)

Actor: Beatriz Eugenia Roldan Vélez y otros

Demandado: Instituto Nacional del Vías Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría

Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, mediante el cual solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores BEATRÍZ EUGENIA, RAMÓN IGNACIO, DORA ALBA, LEIDIE ELENA, ZOILA ROSA, MARÍA DOLORES, ALEXANDRA MARÍA y JORGE ELIECER ROLDAN VÉLEZ, presentaron demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, con el objeto de que fueran declarados administrativamente responsables de los daños y perjuicios que les fueron ocasionados con la destrucción del camión de placas TMJ 476, del cual eran y son tenedores, poseedores y copropietarios.

En consecuencia de la anterior declaratoria, solicitaron la condena al pago de $22.000.000 correspondiente al valor del vehículo destruido, y $167.050.000 por el lucro cesante dejado de percibir desde el día de ocurrencia del siniestro 2 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 (15 de octubre de 1995), valores de los que se solicitó su actualización conforme a la variación porcentual de los índices de precios al consumidor. Con posterioridad a la admisión de la demanda, la parte actora desistió de sus

pretensiones respecto del Ministerio del Transporte, al considerar que el daño antijurídico que se le había causado solo era imputable al Instituto Nacional de Vías. Contestación Ministerio de Transporte Se opuso a las pretensiones y declaraciones solicitadas en su contra, e indicó que por tratarse de una vía de carácter nacional, la responsabilidad por los hechos que en ella ocurrieran, debían ser reclamados al Instituto Nacional de Vías, por ser la única a la cual se le podrían imputar el posible daño antijurídico. Instituto Nacional de Vías Frente a los hechos de la demanda admitió la ocurrencia de algunos, negó la presencia de otros y que los demás debían ser probados. Señaló que en virtud del contrato interadministrativo 293 de 1993, la entidad entregó al departamento de Antioquia el sector El Chino – Vallesi de la carretera Medellín – Turbo (tramo correspondiente al sector donde ocurrió el accidente) para la ampliación, rectificación y pavimentación; contrato que dio con la suscripción del subcontrato No. 1974–B-O-Pdel 3 de febrero de 1994. Agregó que para la época del accidente la vía tenía restricción de circulación, que se cerraba de 7 a.m. a 6 p.m. por estar en construcción, de lo cual existía enunciación en la señalización existente al comienzo, durante y al final de dicho trayecto, lo cual fue de conocimiento público, además de haber instalado una 3 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 cadena en cada extremo de la vía para impedir el paso de vehículos en el

horario restringido y que la vía donde ocurrió el accidente era de alto riesgo. Propuso como excepciones caducidad de la acción, inexistencia del derecho pretendido, inexistencia de la relación causal predicada, culpa de un tercero y falta de legitimación por pasiva.

CONSORCIO GRANDICÓN S.A. – ESTYMA LTDA.

Con ocasión del llamamiento en garantía y su aceptación por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, dicha entidad se defendió señalando no constarle los hechos de la demanda y que debían ser probados por la parte actora. Se opuso a la pretensión dirigida a la condena del consorcio y propuso las excepciones ausencia de culpa, señalización abundante, visible y que advertía el peligro de transitar por la zona, diligencia y cuidado en la construcción de la vía, obligación impuesta al contratista de mantener durante horarios la vía abierta. LIBERTY SEGUROS S.A. antes LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A. – SUCURSAL MEDELLÍN También con ocasión de llamamiento en garantía, esta vez invocado por el CONSORCIO GRANDICÓN S.A. – ESTYMA LTDA., la compañía aseguradora afirmó desconocer los hechos de la demanda y que debían ser probados. Expuso además que tanto en el lugar del accidente como en toda la vía, había señalización suficiente y era de público conocimiento el peligro que implicaba transitar por la misma. Frente a los hechos que motivaron su llamamiento en garantía, señaló que eran ciertos y aceptó dicha convocatoria, condicionándola a los valores asegurados y 4 050012331000199701013 01 (41058)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 deducibles pactados con el tomador, reservándose el derecho a invocar alguna causal excluyente de cobertura del seguro. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Frente a la caducidad invocada por el Instituto Nacional de Vías, encontró que teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2005 y que la demanda se presentó el 17 de abril de 1997, la acción fue impetrada dentro del término caducidad de dos años establecido para la acción de reparación directa. En lo referente a la excepción falta de legitimación por pasiva, indicó que la misma no estaba llamada a prosperar, pues pese a que el Instituto Nacional de Vías arguyó haber entregado al Departamento de Antioquia la rectificación y pavimentación de la vía en la que ocurrieron los hechos, y que este a su vez, subcontrató dichas labores con el consorcio Construcciones S.A. y Estyma S.A, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, los daños ocasionados durante la ejecución de una obra pública comprometían la responsabilidad de la administración, al considerar que por ser su dueño o titular, se asimila que la estuviera ejecutando directamente. El A quo encontró acreditada la ocurrencia del daño sufrido por los demandantes el día 15 de octubre de 1995, no obstante, precisó que para poder declarar la responsabilidad estatal, dicho daño debía serle imputable, y

para tal efecto realizó las siguientes elucubraciones: “(…) 5 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 En cuanto a la afirmación de que el camión de propiedad de los actores se destruyó como consecuencia de la negligencia de la Administración al no instalar señales que advirtieran sobre el riego de transitar por el sector de la carretera, y permitir que los vehículos circularan por dicha área, debe esta Colegiatura señalar que de conformidad con el informe de interventoría (folios 344 a 346), la declaración de la señora Luz Celly Ardila Londoño-Coordinadora del proyecto que se realizaba y los demás testimonios obrantes en el plenario, el área por donde transitaba el vehículo siempre estuvo señalizada, y en esas señales se indicaba que se realizaban trabajos en dicha zona y el riesgo que representaba el hecho de desplazarse por ese lugar. Atestiguan además los declarantes que era de conocimiento de todos los transportadores y habitantes del lugar por donde se movía el camión la realización de los trabajos públicos y del albur de transitar por el área. Además, que las empresas encargadas de realizarlas labores de rectificación y pavimentación de la vía prohibía el ingreso a la zona entre las 6 am y las 6 pm, adelantando las faenas riesgosas en ese horario, para luego realizar un fregado del área antes de permitir nuevamente el paso de los particulares a la calzada. Se advierte, que no era necesario el uso de la multicitada carretera por parte de los transportadores, pues otra de carácter nacional – la vía que pasa por Montería, Arboletes y Necoclí – que aunque no

tenía para la época de ocurrencia de los hechos las mejores condiciones de transitabilidad y el tramo se hacía un poco más largo, aumentando los costos del flete, permitía a los transportadores que frecuentaban la vía que se encontraba en reparación usar aquella, evitando de esta manera poner en riesgo su vida, y los bienes que transportaban. … El mencionado consorcio cumplió a cabalidad con sus obligaciones en cuanto a la señalización realizada en la calzada mediante la cual se advertía a los transeúntes que se realizaban los trabajos. Además, es claro que la carretera se cerraba durante determinados horarios para evitar que transeúntes y conductores que frecuentaban la zona se expusieran a los posibles riesgos que se podían presentar con motivo de la realización de obras. Sirve de soporte a este argumento el informe de interventoría allegado al proceso según el cual “… Durante el desarrollo de las obras el Consorcio dio adecuado cumplimiento a las normas establecidas para la señalización de la vía de acuerdo a las verificaciones rutinarias que la interventoría realizaba en tal sentido… El Consorcio contratista observó la diligencia y el cuidado previstas en las especificaciones y demás documentos contractuales razón por la cual n se impuso sanción de ninguna índole al mismo…” Con relación a la previsibilidad o no del desprendimiento de las piedras que generaron la destrucción del camión, es necesario 6 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 señalar que ese suceso era imprevisible para la Administración, pues

el mismo resultó súbito o repentino, y no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo de todas maneras acaeció con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. Además, no existe elemento probatorio alguno que indique que las piedras se derrumbaran sobre el vehículo por apatía o desidia de los contratistas, o porque para el día de los acontecimientos no se pudiera permitir el paso. Lo que se vislumbra por la declaración de la Dra. Luz Cely Ardila Londoño, testigo técnica, es que el sitio donde se presentó el accidente es inseguro geológicamente, pues categóricamente manifiesta que “… es una zona supremamente inestable…” (folio 241). No existe entonces evidencias de que el daño originado en el desplazamiento de las rocas fuera imputable al Estado por alguna omisión o acción ya que no se acreditó carencia de señalización, o que en el sitio exacto del suceso se requiriera la instalación de señales preventivas, o que la vía que se encontraba en reparación no estaba señalizada. (…)” Conforme a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que en el caso bajo estudio se presentó la excluyente de responsabilidad de la fuerza mayor, pues el desprendimiento de las rocas fue producto de un hecho de la naturaleza que por no ser previsible, impedía responsabilizar a la administración y a los llamados en garantía. APELACIÓN La parte actora no compartió la determinación del Tribunal de considerar que no se le podía imputar responsabilidad a la administración, al concluir que los hechos narrados en la demanda ocurrieron debido a un hecho dela naturaleza

que constituía la causal eximente de responsabilidad fuerza mayor. En consideración de la impugnante para que exista fuerza mayor o caso fortuito debe demostrarse que el hecho fue intempestivo, súbito, emergente, esto es, imprevisible, que fue insuperable, y que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara, esto es, irresistible. Agregó que no existe prueba alguna que permita concluir que se tratara de un problema irresistible e impredecible, por el contrario, era previsible que la 7 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 montaña podía volverse vulnerable y que ocurrieran desprendimientos de rocas por no haber terminado las labores de remoción y adecuación de la montaña. En dichos términos el recurrente encontró acreditados los supuestos fácticos alegados, los perjuicios causados y la relación de causalidad entre la omisión y la negligencia de la entidad demandada que permitían despachar favorablemente las súplicas de la demanda y la revocatoria de la sentencia impugnada.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problemas Jurídicos  ¿El derrumbe ocurrido el 15 de octubre de 1995 en el kilómetro 2+78, 300 metros antes de llegar al túnel de la Llorona ubicado entre Dabeiba y Mutatá (Antioquia), es atribuible a una falla del servicio del Instituto Nacional de Vías, o de las entidades llamadas en garantía dentro de la presente actuación?  ¿En el presente asunto se presentó la causal excluyente de responsabilidad fuerza mayor?

2. Análisis Jurídico El artículo 90 de la Carta Política, establece una cláusula general de responsabilidad, en virtud de la cual, el Estado deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción u omisión de sus agentes; sin perder de vista tal precepto, la evolución jurisprudencial de la Sección Falladora, ha determinado que para poder endilgar responsabilidad al Estado, se deben acreditar tres elementos imprescindibles, a saber: i) la existencia de un daño, ii) la existencia de una acción u omisión atribuible a la administración y iii) la demostración de un nexo de causalidad 8 050012331000199701013 01 (41058)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 entre la actividad de la administración y la producción del daño. Respecto de esta cláusula general de responsabilidad, la Sala ha manifestado: “(…) La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 901, de una parte, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y, de otra, la obligación de que éste repita contra sus agentes, cuando con su conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado a la reparación patrimonial. La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”2. Pero, se advierte que en la norma constitucional para derivar la responsabilidad del Estado no sólo se requiere

que la víctima no esté obligada a soportar el daño, sino que además se precisa que el daño debe ser imputable a la entidad estatal demandada. (…)”3(negrillas fuera del texto) Caso concreto En el presente asunto, la parte actora señaló que el Instituto Nacional de Vías era administrativamente responsable de los perjuicios que se ocasionaron con la destrucción del camión de placas TMJ-476 de su propiedad, afirmación que soportó en los siguientes hechos: Para el 15 de octubre de 1995 los demandantes eran tenedores y poseedores del camión con carrocería tipo estaca de placas TMJ-476, marca Dodge F8-600197”C, modelo 1969 inscrito a nombre de la señora María Dolores Vélez de Rolda-madre de los demandantes (quien para la fecha de los hechos había fallecido) en la Oficina de Tránsito de Envigado-Antioquia. 1 Artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández 3 Sentencia de junio 6 de 2007, Expediente 16460 9 050012331000199701013 01 (41058)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 Por los trabajos de pavimentación que se estaban adelantando en la carretera al mar y la construcción del túnel de la llorona entre Dabeiba y Mutatá, fueron detenidos en la cadena que quedaba en la bomba de Dabeiba, y hacia las 6 de la tarde se permitió el paso por parte de la persona encargada de contralar el tránsito de vehículos en la zona. Una vez permitido el paso, cerca de 300 metros antes de llegar al túnel de la llorona, cuando ya habían pasado dos buses y 7 camiones por un sitio donde la maquina había estado rebajando la montaña, cayó una piedra sobre el camión de propiedad de los demandantes, dañándo la portezuela del lado derecho y la batería, produciendo el apagado del vehículo, y la salida inmediata de su conductor para proteger su vida. Transcurrienron solo instantes para que se desprendiera de la montaña una gran cantidad de rocas que al caer dejaron inservible el automotor, pues su reparación superaría su valor total. El accidente ocurrió en la carretera que conduce a Urabá, cuyo sostenimiento y señalización para la época de los hechos correspondía al Instituto Nacional de Vías. En el presente asunto, la ocurrencia del daño alegado por la parte actora se encuentra demostrado con el informe del accidente suscrito por las autoridades de tránsito (folio 42 – cuaderno 1), las fotografías tomadas al vehículo objeto del daño (folios 43 a 50 – cuaderno 1), y con la prueba testimonial arrimada al

proceso. Contrario a lo manifestado por el A quo, la imputabilidad del daño ocasionado a la parte actora no puede considerarse como resultado de una fuerza mayor, ya que como se estableció en el expediente, la zona en la que ocurrió el siniestro estaba siendo intervenida por el Consorcio Grandicón S.A. y Estima Ltda., en virtud del subcontrato No. 1974-b-o-p de 1993 celebrado entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Obras Públicas y el consorcio en cita, razón por la 10 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 cual el adecuado manejo y mitigación de los riesgos de dicho terreno, correspondían a los entes públicos y privados que lo tenían a cargo. Caso fortuito o fuerza mayor Frente a dicha eximente de responsabilidad el Consejo de Estado4 ha indicado que la fuerza mayor o caso fortuito es la circunstancia o evento que no se pudo ver o conocer con anticipación como algo posible, o de cuya ocurrencia no se tienen señales previas o indicios; esto es, que dentro de lo normal y lo cotidiano no es factible intuir o esperar que suceda; y que de llegar a ocurrir no es posible hacer oposición que neutralice o anule sus efectos. De modo que ella no solo radica en la irresistibilidad de la acción o violencia que entraña sino también en no poder ser prevista, no se pueda inferir de señal o indicio alguno, y esto dependerá de las circunstancias en que se hallen los sujetos o las personas

eventualmente afectadas por ella5. Tal como se desprende de la prueba testimonial arrimada al proceso y de la defensa de las entidades demandas que intervinieron en el proceso (Instituto Nacional de Vías, Consorcio Grandicón S.A. y Estyma Ltda., y Liberty Seguros S.A.), la vía objeto del siniestro era considerada de alto riesgo e implicaba un peligro para quienes transitaban por ella. En el presente asunto no puede reconocerse la eximente de responsabilidad de fuerza mayor o caso fortuito, pues el desprendimiento de rocas en la vía en la que se presentó el derrumbe era suficientemente previsible y pasible de ser evitado con la clausura permanente de la citada vía, pues existiendo otra para llegar al mismo destino, para una protección efectiva de la vida y bienes de los usuarios de las vías, se debió obligar al uso de la carretera alterna, pese a que ello implicara mayores distancias y costos de combustible y fletes, pues debía 4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION CUARTA - Consejera ponente: MARIA INES ORTIZ BARBOSA - Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008) - Radicación número 25000-23-27-000-2002-01274-01(16123) 5 Sentencia del 24 de enero de 2008, Exp. 2007-00127, M.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA 11 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 primar la protección de las personas por encima de las mayores erogaciones

económicos por el cambio de ruta. Para el Ministerio Público es claro que se produjo un daño imputable a las entidades demandadas, no obstante, con los elementos de prueba allegados al expediente no es posible establecer con claridad el monto de los perjuicios irrogados a la parte actora, ya que si bien es cierto se practicó un dictamen pericial para determinar el valor del daño emergente y el lucro cesante que afectó el patrimonio de los demandantes (folios 359 a 364 y 374 a 377 – cuaderno 1), dicha experticia partió de supuestos no demostrados, y en palabras de la auxiliar de la justicia, sus conclusiones fueron hipotéticas, pues partió de lo que informó la parte actora en su demanda y de indagaciones a personas no determinadas que al parecer conocían del servicio de transporte de carga. La vía en que ocurrió el siniestro era de carácter nacional y su mantenimiento y señalización correspondía al Instituto Nacional de Vías, tal como se indicó en la respuesta que dicha entidad dirigió en respuesta a exhorto dirigido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (folio 295 – cuaderno 1). En el sitio denominado la llorona se estaban ejecutando trabajos por parte del Consorcio Grandicón S.A. – Estyma Ltda., en virtud del subcontrato No. 1974-bo-p de 1993, celebrado entre el Departamento de Antioquia y el citado consorcio. Estando el manejo a cargo consorcio se presentó el siniestro objeto de demanda, pues dicha entidad permitió el tránsito de vehículos por el sitio denominado la llorona, pese a que era de alto riesgo y existía la posibilidad de

que se presentaran derrumbes por la inestabilidad del terreno. Para garantizar la responsabilidad civil por los daños que se generaran en ejecución de las obras de ampliación, rectificación y pavimentación pactadas mediante el subcontrato No. 1974-B-O-P de 1993, el consorcio constituyó una 12 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 póliza con Latinoamericana de Seguros S.A. (FOLIOS 177 A 179 cuaderno 1), entidad que posteriormente fue absorbida por Liberty Seguros S.A., quien paso a asumir las obligaciones asumidas por la primera aseguradora. La abundante señalización en el sitio de ocurrencia del siniestro, además de constituirse en una afirmación defensiva común de las entidades contra quien se dirige la acción, no es un hecho debidamente demostrado ni un factor determinante para evitar su ocurrencia. Es un hecho no discutido que en el sitio de los hechos se estaban adelanto obras de ampliación, rectificación y pavimentación, labores que conforme a los antecedentes geológicos de la zona, generarían su inestabilidad, elevarían las posibilidades de derrumbes y generarían alto riesgo para las personas que debían transitar por dicha vía. La presunta señalización existente el sector no constituía un elemento determinante en la prevención de siniestros, pues por lo inestable del terreno, solo clausurando el tránsito por dicha vía se podía evitar la ocurrencia de accidentes. Conforme a lo anterior, el Instituto Nacional de Vías, el Departamento de

Antioquia, el Consorcio Grandicón S.A. – Estyma Ltda., y Liberty Seguros S.A, estando legalmente vinculadas a la presente actuación, deberán entrar a responder por los perjuicios causados a la parte actora, pues cada una de ellas, sea por motivo de la ley o en virtud de acuerdos contractuales, se encuentra obligada a su resarcimiento. Las entidades que integran la parte pasiva de la presente acción deben responder en forma solidaria por los daños causados a la parte actora, en la proporción que determine el H. Consejo de Estado, una vez se adelante el respectivo trámite incidental requerido para establecer la cuantía de los perjuicios objeto de demanda. 13 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756 CONCEPTO En conclusión, como en el sub examine se demostró la ocurrencia de un daño imputable a las entidades demandadas, deberá declararse su responsabilidad en la proporción que determine el H. Consejo de Estado, del cual en consideración del Ministerio Público por no estar debidamente tasado, se deberá emitir una sentencia genérica para que conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, se realice su liquidación incidental. Por lo anterior, esta Delegada respetuosamente solicitará la revocatoria de la sentencia impugnada. De la señora Consejera, ISNARDO JAIMES JAIMES Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 14 050012331000199701013 01 (41058) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-342756