PGN - Documento 201607091831332

Procurador General CARRERA ADMINISTRATIVA-Los funcionarios judiciales de carrera tienen unos derechos propios/CARRERA ADMINISTRATIVA-Los servidores que pertenecen a ella no pueden equipararse a los otros Pertenecer a la carrera de los funcionarios, en este caso judiciales, es un elemento relevante para el régimen jurídico aplicable. Lo es porque genera una serie de derechos y obligaciones diferentes de aquellos que son propios de los demás servidores públicos de la rama judicial, entre ellos los empleados de carrera. Luego no es posible suponer que a los funcionarios de carrera y a los que no lo son, o a los que son empleados de carrera, se les debe dar un mismo trato en todo, pues se trata de categorías que no son equiparables, ya que el pertenecer a la carrera de los funcionarios es una circunstancia relevante que justifica un trato diferente. CONTROL DE CONSTITUCIONAL-Control previo e integral sobre leyes estatutarias Bogotá, D.C. 28 de abril de 2011 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la

Administración de Justicia.

Actor: MARITZA BEATRÍZ CHAVARRO RAMÍREZ.

Magistrado Sustanciador: GABRIEL EDUARDO MENDOZA

MARTELO.

Expediente D-8468. Concepto 5152 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución, rindo concepto en relación con la demanda

instaurada por la ciudadana MARITZA BEATRÍZ CHAVARRO RAMÍREZ en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º, de la Carta, en la cual solicita declarar la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 142 de la Ley 270 de Procurador General Concepto 5152 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, cuyo texto es el siguiente: LEY 270 DE 1996 (marzo7) Diario Oficial No. 42745 del 15 de marzo de 1996

ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EL CONGRESO DE COLOMBIA

(…)

DECRETA:

(…) ARTÍCULO 142. LICENCIA NO REMUNERADA. Los funcionarios y empleados tienen derecho a licencia no remunerada hasta por tres meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua según lo solicite el interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable por el beneficiario. El superior la concederá teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Así mismo, se concederá licencia no remunerada a los funcionarios de Carrera para proseguir cursos de especialización hasta por dos años o actividades de docencia, investigación o asesoría científica al Estado hasta por un año, previo concepto favorable de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. PARÁGRAFO. Los funcionarios y empleados en Carrera también tienen derecho a licencia, cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos años, un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial.

1. Planteamientos de la demanda.

La actora considera que la disposición demandada, al referirse sólo a los funcionarios de carrera de la rama judicial, incurre en una omisión legislativa relativa, pues da un trato desigual e injustificado a las demás personas que están en otras clasificaciones de servidores públicos de la rama judicial.

2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si el inciso segundo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, al incluir como beneficiarios de la licencia no remunerada para proseguir cursos de especialización, hasta por dos años, sólo a los funcionarios de carrera, incurre en una discriminación injustificada 2 Procurador General Concepto 5152 respecto de los demás servidores de la rama judicial, a los que omite al momento de establecer este beneficio.

3. Análisis jurídico.

La Corte se ocupó del anterior problema jurídico en la Sentencia C-037 de 1996, por medio de la cual ejerció el control previo e integral de constitucionalidad del Proyecto de ley estatutaria 58 de 1994 Senado, 264 de 1995 Cámara, que a la postre se convertiría en la Ley 270 de 1996. En efecto, en la sentencia en comento dice la Corte: Según se ha señalado en esta Sentencia, los artículos 122 y siguientes, 150-23 y 257 Nums. 2° y 3° de la Carta Política, entre otros, respaldan la constitucionalidad de la norma que se examina. Resta agregar que la facultad de otorgar licencia a los funcionarios de carrera para capacitarse o profundizar sus conocimientos, concuerda con la filosofía que inspira el

artículo 125 superior y con el propósito de la administración de justicia de contar con servidores cuya preparación y conocimientos responda a las urgencias de los asociados. Según el razonamiento de la Corte, pertenecer a la carrera de los funcionarios, en este caso judiciales, es un elemento relevante para el régimen jurídico aplicable. Lo es porque genera una serie de derechos y obligaciones diferentes de aquellos que son propios de los demás servidores públicos de la rama judicial, entre ellos los empleados de carrera. Luego no es posible suponer que a los funcionarios de carrera y a los que no lo son, o a los que son empleados de carrera, se les debe dar un mismo trato en todo, pues se trata de categorías que no son equiparables, ya que el pertenecer a la carrera de los funcionarios es una circunstancia relevante que justifica un trato diferente. No sobra advertir que sobre los efectos del control previo e integral de constitucionalidad, propio de las leyes estatutarias, en la Sentencia C-1153 de 2005, precisa la Corte: Sobre este particular, valga reiterar, las consideraciones vertidas por la Corte en la sentencia C-011 de 1994, primera sentencia en la cual la 3 Procurador General Concepto 5152 Corporación abordó el estudio de una ley estatutaria, después de que fuera expedida la Constitución de 19912. Los fallos que en ejercicio del control constitucional profiera la Corte Constitucional son, como se anotó, integrales. Por tanto, al momento de confrontar la norma revisada con la preceptiva constitucional, la Corte analiza todos y cada uno de los artículos del proyecto de ley estatutaria a la

luz de todos y cada uno de los artículos del estatuto superior. En este sentido, los artículos que la Corte encuentre exequibles es porque son conformes con la totalidad del ordenamiento constitucional. Los que encuentre inexequibles son retirados del ordenamiento jurídico. Por tanto, una vez sancionado el proyecto y convertido en ley de la República, éste goza ya de un juicio de constitucionalidad favorable, constatado por medio de una sentencia. No sobra agregar que en sentencia de 9 de mayo de 1916 dijo la Corte suprema de Justicia que, tratándose de las objeciones presidenciales a una ley, declarada la exequibilidad, no podía después, por vía de la acción demandarse la ley porque desconocería la autoridad de cosa juzgada. En esa época no existía norma que estableciera la cosa juzgada constitucional hoy expresamente consagrada en el artículo 243 de la Constitución Política. Ahora bien, las sentencias que la Corte Constitucional profiera en ejercicio del control que nos ocupa. “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, según el artículo 243 antes citado. En consecuencia, una ley estatutaria no sólo goza de constitucionalidad integral desde el inicio de su vigencia, sino que la sentencia que así lo constató goza de la fuerza de la cosa juzgada constitucional. Distinto sería, sin embargo, observa la Corte, el caso en el que el presunto vicio de inconstitucionalidad surja con posterioridad al control previo que ella realizó, evento en el cual ciertamente procede el control de constitucionalidad mediante acción ciudadana, de conformidad con el artículo 241 numeral 4° y 242 numeral 1°.

En vista de lo anterior, se debe advertir que sobre la constitucionalidad de la disposición demandada existe cosa juzgada material y, en consecuencia, es menester estarse a lo resuelto en la Sentencia C-037 de 1996.

4. Conclusión.

Por lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte reconocer la existencia de cosa juzgada material respecto del inciso segundo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y, 2 Esta jurisprudencia ha sido reiterada profusamente por la Corte, entre otras en las recientes sentencias C-295 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-162 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Treviño), C-155 de 2005 (M.P. Manuel José cepeda Espinosa) y C-523 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 4 Procurador General Concepto 5152 en consecuencia estarse a lo resuelto en la Sentencia C-037 de 1996, en la cual se declaró la exequibilidad de esta norma. Señores Magistrados, MARTHA ISABEL CASTAÑEDA CURVELO Procuradora General de la Nación (e). LJMO/ACuestasA. 5