PGN - Documento 201607091832076

Bogotá, D.C., (Con sello: 17 JUN. 2010) Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 372 del Decreto 100 de 1980 y el artículo 267 de la Ley 599 de 2000

Actor: Mónica Rangel Cubides

Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

Expediente No. D-7811 Concepto No. 4975A De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución, procedo a rendir concepto sobre la demanda instaurada por la ciudadana Mónica Rangel Cubides, quien ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del artículo 372 del Decreto 100 de 1980 y del artículo 267 de la Ley 599 de 2000, cuyos textos completos son los siguientes: “Art. 372. - Circunstancias genéricas de agravación. Las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando el hecho se cometa:

1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien mil pesos, o que siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica.

2. Sobre bienes del Estado”. “ARTICULO 267. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION. Las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa:

1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien (100) salarios

mínimos legales mensuales vigentes, o que siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica.

2. Sobre bienes del Estado”.

Concepto No.4975A

1. Planteamientos de la demanda.

La actora centra su inconformidad en una de las interpretaciones que se le ha dado a las normas transcritas: la sostenida desde el año 2003 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues, a su juicio, esta interpretación, entre otras cosas, “conlleva al desconocimiento del derecho fundamental al non bis in idem”. La actora solicita a la Corte, como petición principal, declarar la exequibilidad condicionada de las normas demandas, con la precisión de “que la pena prevista en dichas normas se aplica sobre la pena establecida en el Código Penal para el delito respectivo contra el patrimonio público, sin tener en cuenta para dicho cálculo la pena consignada para las causales de agravación consagradas de manera específica para cada delito”. Dos son las peticiones subsidiarias: la primera es “declarar la inconstitucionalidad de la interpretación desarrollada por la Corte Suprema desde el 18 de diciembre de 2003 a la fecha”; la segunda es declarar la inconstitucionalidad de las normas demandas. La actora arguye que la interpretación de la Sala Penal, que es la sujeta materia de su demanda, vulnera diversas normas constitucionales, entre las cuales destaca las que establecen el debido proceso, que aborda a partir de los principios del non bis in idem, de legalidad y de favorabilidad, y la igualdad. De la argumentación se da cuenta en los siguientes

párrafos. El principio del non bis in idem, que busca realizar el valor de la seguridad jurídica a partir de la institución de la cosa juzgada, se afecta al permitir que en delitos contra el patrimonio económico puedan concurrir dos clases de circunstancias de agravación: las específicas y las genéricas. Esta inteligencia de las normas, conduce a la grave consecuencia de que el operador judicial podría “entrar a modificar la estructura de los tipos 2 Concepto No.4975A penales […] labor [que] ha sido encargada de manera exclusiva al legislador en desarrollo del principio de legalidad”. La concurrencia de elementos del tipo penal, en este caso agravantes, deformada por la vía de la interpretación, implica que la persona procesada no sería condenada con arreglo a la ley vigente, sino con fundamento en la interpretación que tenga el operador judicial al respecto. En concreto, la actora censura la manera en que la Corte Suprema de Justicia interpreta las normas penales, para dosificar la pena, pues considera que la regla establecida por el Legislador es la de que “la agravante contenida en las normas acusadas […] agrava la pena básica únicamente de las normas que describen tipos penales, sin que le sea dable al interprete considerar que la mencionada agravante se pueda aplicar sobre la pena establecida para las circunstancias de agravación específica de los delitos contra el patrimonio económico […], por cuanto las mismas no constituyen en sí nuevos delitos sino que simplemente complementan otros tipos penales”. La demanda cuestiona el modelo aritmético que conlleva la interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Considera que el incremento en la pena,

que corresponde a las circunstancias genéricas de agravación, debe aplicarse a la pena establecida para el delito. Disiente de la inteligencia de las normas que hace la Corte Suprema de Justicia, en cuanto este incremento se aplica a la pena del delito incrementada por las circunstancias de agravación específicas. Se cuestiona, pues, la base punitiva sobre la cual se aplica el incremento que corresponde a las circunstancias de agravación genéricas, con el argumento de que de una misma conducta no se puede extraer dos o más consecuencias en contra de un mismo procesado. Para decirlo en palabras de la actora, “se está sancionando pluralmente un hecho que en estricto 3 Concepto No.4975A sentido es único, como es el de la agravante específica del delito […] por cuanto: i) Se sanciona esta situación aplicando la pena prevista en el Artículo 351 del Código Penal de 1980 (241 de la Ley 599 de 2000) y ii) se vuelve a sancionar esta situación […] al tener en cuenta la misma al momento de calcular la agravante genérica de los delitos contra el patrimonio económico consagrada en el Artículo 372 del Código Penal de 1980 (267 de la Ley 599 de 2000). La interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia desconoce, además, el precedente establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-575 de 1993, según el cual, “si el Juzgador echa mano de las causales de agravación genéricas, el plus de pena deberá aplicarse a la sanción básica y no al monto total de la pena ya agravada, merced a una

causal específica de agravación, pues, de lo contrario, un mismo hecho se estaría castigando doblemente”. Al aplicar al procesado por delitos contra el patrimonio económico la interpretación más favorable, medida en términos cuantitativos, para el cálculo de su pena, se vulnera, también, el principio de favorabilidad. El tema de la igualdad se trabaja a partir de la comparación de diversas interpretaciones judiciales de las normas. Se argumenta que mientras la Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en su nueva interpretación de las normas, todavía hoy “algunos operadores judiciales continúan aplicando la tesis anterior de dicha corporación, generándose en consecuencia una clara vulneración del derecho a la igualdad”.

2. Problema jurídico.

Desde ya es necesario advertir una grave inconsecuencia en la demanda, pues de la censura de una específica interpretación o inteligencia de una 4 Concepto No.4975A norma, no se sigue, de manera necesaria, la censura de la norma misma. No es admisible confundir la interpretación con lo interpretado. Mucho menos lo es el pretender sostener que una interpretación errónea, en tanto contraria a la Carta, es suficiente para declarar inconstitucional la norma interpretada. Un problema hermenéutico no puede convertirse, sin más ni más, en un problema normativo. Si la demanda cuestiona una interpretación de las normas demandadas y no las normas mismas, la segunda petición subsidiaria no tiene sentido. Si la interpretación que se cuestiona es la que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2003, tampoco tiene sentido que se pretenda establecer que otra interpretación: la que hace la actora, es la

única constitucional, como se solicita en la pretensión inicial. Si se quiere ser fiel a la demanda, que se centra en una particular interpretación y sólo en ella, es menester resolver dos problemas jurídicos, a saber: i) ¿es posible emitir concepto sobre la constitucionalidad de una interpretación judicial?, y ii) de serlo, ¿la interpretación que hace la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso sub examine, vulnera la Constitución? 3. ¿Debe la Corte declararse inhibida para estudiar la demanda? La acción de inconstitucionalidad, como se ha puesto de presente en varias ocasiones, exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos, fijados por la ley y decantados por la Corte. Estos requisitos buscan, como lo precisa la Corte en la Sentencia C-1031 de 2002, garantizar que el control de constitucionalidad sea posible, valga decir, que el tribunal encargado del control pueda avizorar y resolver un real problema jurídico. Se exige que en la demanda se indique de manera clara, cierta, específica, 5 Concepto No.4975A pertinente y suficiente1, en qué forma la disposición acusada vulnera la Carta Política. El requisito de claridad es indispensable para poder establecer la conducencia del concepto de la violación de la Carta. La certeza implica que la demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real, valga decir, existente, y es necesaria para resolver problemas jurídicos que en verdad lo sean. La especificidad de la argumentación, en el sentido de estar soportada en razones precisas, se requiere para establecer de qué manera, en concreto, se vulnera la Constitución. La pertinencia significa

que la censura debe ser constitucional, es decir, basada en normas de esa naturaleza, y no en normas de inferior rango o jerarquía o en meras opiniones o pareceres. La suficiencia exige que “las razones de la demanda de inconstitucionalidad [deben] guarda[r] relación […] con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche” (Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda). El Ministerio Público destaca la necesidad de que exista una oposición objetiva y verificable entre la norma acusada y la Constitución, pues, como lo reconoce la Corte, entre otras, en las Sentencias C-504 de 1995, C-509 de 1996 y C-371 de 1994, “no resulta admisible que el juez constitucional deba resolver sobre su inexequibilidad, partiendo de proposiciones inexistentes no establecidas por el precepto legal ni coincidentes con la intención legislativa”. Con la demanda de inexequibilidad se debe poder establecer, prima facie, una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la norma que se acusa y la Carta Política. 1 Confrontar, entre otros, los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), en donde, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, la Corte confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por presentar razones que no cumplían con estas

condiciones. 6 Concepto No.4975A La demanda no se dirige en contra del texto, general y abstracto de los artículos demandados, sino en contra de la interpretación que de los mismos ha hecho la Corte Suprema de Justicia y de sus eventuales efectos, particulares y concretos. Este proceder, a la luz de los anteriores parámetros de juicio, escapa al objeto y fin de la acción pública de inconstitucionalidad. Es cierto que la Corte, de manera excepcional, ha decidido pronunciarse sobre demandas de constitucionalidad dirigidas en contra de alguna interpretación de una norma legal, y no en contra la norma en sí. Empero, no es menos cierto que en esas decisiones, algunas de ellas citadas por la actora en su demanda, la Corte ha precisado: “el concepto o razón en que se funda la solicitud de inexequibilidad […] no constituye una mera exigencia formal cuya inobservancia pueda ser superada o corregida por el juez durante el curso del proceso. [Sino que] tal y como lo ha sostenido esta Corte, el citado presupuesto comporta para el titular de la acción pública una verdadera carga procesal de contenido sustancial, que lo obliga a “definir con toda claridad la manera como la disposición desconoce o vulnera la Carta Política”. Definición que se traduce, necesariamente, en la formulación de por lo menos un cargo directo de inconstitucionalidad contra la norma impugnada , que le facilite al operador jurídico cumplir fielmente el objetivo propuesto con el juicio de inexequibilidad, como es el de establecer, en abstracto, si hay lugar a una oposición objetiva y

verificable entre la norma impugnada y el conjunto de las disposiciones constitucionales” (Sentencia C-426/02. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Negrillas fuera del texto). La Corte también ha afirmado que en “aquellas demandas en las que se formulen cargos indeterminados e indirectos, que carezcan de un grado mínimo de razonabilidad y que no se dirijan a atacar el contenido material de la preceptiva impugnada, no están llamadas a prosperar ya que desbordan la concepción abstracta que identifica el proceso constitucional y, por lo tanto, el ámbito de competencia funcional del organismo de control que se supedita al cotejo impersonal de la norma legal acusada con los mandatos superiores [… y] la autonomía que la Corte 7 Concepto No.4975A reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados, siendo el control de constitucionalidad una vía expedita para reivindicar el verdadero alcance de la ley y de su validez frente a la Carta, particularmente, cuando a la luz del derecho viviente ésta entra en contradicción con el texto Superior”. (Ibid. Negrillas fuera del texto). En la Sentencia C-1436 de 2000, también citada por la accionante, la Corte, al explicar lo que debe entenderse por un problema de interpretación constitucional, aclaró que “no se trata de establecer […] el alcance de los dos preceptos acusados, asunto que compete a la [respectiva] jurisdicción […] y frente al cual, esta Corporación tendría que declararse incompetente, sino de efectuar una

interpretación de ellos acorde con los principios, fines y valores que subyacen en la Constitución” (Negrillas fuera del texto). Las anteriores excerptas son suficientes para establecer que la presente demanda no cumple con los requisitos fijados por la ley y decantados por la jurisprudencia de la Corte. La actora omite formular al menos un cargo directo en contra de las normas demandas. Éstas no aparecen en los cargos sino, apenas, en la última de las peticiones subsidiarias. El verdadero propósito de la demanda, como se ha dicho ya varias veces, es el de que la Corte acoja como constitucional la interpretación que la actora hace de las normas, para lo cual debe declarar como inconstitucional la interpretación que ha hecho de manera reiterada y pacífica durante los últimos años la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público advierte, además, que la interpretación que hace la actora depende de que se verifiquen distintos supuestos fácticos eventuales. Las normas cuya interpretación se cuestiona, se aplican en múltiples casos, en algunos de los cuales pueden darse dichos supuestos, y en algunos otros pueden no darse. Si se refina el análisis, puede decirse 8 Concepto No.4975A que la interpretación cuestionada, es la que puede ocurrir en algunos casos, pero no en todos los que la norma se aplica. Por las anteriores razones, el Ministerio Público solicitará a la Corte declararse inhibida en este caso por ineptitud de la demanda. No obstante, en el evento de que la Corte considere que no hay dicha ineptitud, el Ministerio Público ha elaborado también un discurso con el propósito de

demostrar la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, en todo caso, no vulnera la Carta, como pasa a verse. 4. ¿La interpretación de la Corte Suprema de Justicia vulnera la Constitución? No se puede examinar la interpretación de una norma, sin ocuparse antes de la norma misma. Las agravantes genéricas cuya interpretación se cuestiona en la demanda, deben comprenderse a la luz del principio de la libre configuración del Legislador. En materia del derecho punitivo, el sentido y alcance del principio han sido fijados por la Corte, entre otras, en las Sentencias C-038 de 1995, C-032 y C-081 de 1996, C-327, C-429 y C-470 de 1997, C-198 de 1998, C-135 de 1999 y C-1404 de 2000. De ellas merece la pena traer a cuento las dos últimas. En la Sentencia C-135 de 1999 la Corte afirma: “el Legislador goza de amplia libertad para definir el régimen procedimental de los juicios, actuaciones y acciones a que da lugar el derecho sustancial, de acuerdo a razones de política legislativa, como quiera que el Constituyente, al tenor de lo preceptuado en los numerales 1º. y 2º. del artículo 150 de la Carta, le ha conferido en esa materia, un amplio margen de apreciación discrecional. Como lo ha señalado esta Corporación en numerosas decisiones, en las materias en las que compete al Congreso de la República “expedir códigos en todos los ramos de la 9 Concepto No.4975A legislación,” este goza de una importante “libertad de

configuración legislativa,” a la que son inherentes mayores prerrogativas de valoración y de regulación normativa, pues, sin ella, no sería posible que, mediante el desarrollo de la función de “expedir las leyes,” […] Ahora bien, en la medida en que la propia Constitución atribuye al órgano legislativo la atribución de legislar en esta materia, es entendido que el Congreso tiene amplia discrecionalidad para regular los procesos y procedimientos judiciales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política. Así, pues, corresponde a ese órgano político evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos integrantes de los procedimientos mediante los cuales se adelanten los procesos judiciales.” (Negrillas fuera del texto). En la Sentencia C-1404 de 2000 la Corte afirma: “En principio, por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta, el Congreso cuenta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. No obstante, como lo ha reconocido ampliamente esta Corporación, dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. Es decir, se trata de una potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y en materia penal y penitenciaria, estos límites son particularmente claros, por

estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores. Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del Legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir 10 Concepto No.4975A esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad (…)”. (Negrillas fuera del texto). No siendo la norma, se insiste, el objeto de los cargos de la demanda, se debe considerar si el sentido y el alcance del control de constitucionalidad que, al versar sobre la inteligencia y, en último término, sobre la forma de aplicar la norma, puede desfigurarse y afectar el principio constitucional de autonomía funcional de los jueces, como pasa a hacerse.

El control constitucional derivado de una demanda ciudadana es abstracto. Dos son las razones en las que se funda este aserto. Una, porque el control se hace al margen de cualquier litigio específico, pues el ciudadano puede demandar cualquier ley, incluso aquella que no lo afecte directamente. Dos, porque el control recae sobre una disposición legal, general e impersonal, por vicios de procedimiento en su formación o por vulnerar en su contenido la Constitución, al margen de su interpretación y aplicación casos concretos. El órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, en la Sentencia C-357 de 1997, sostuvo que “el análisis que efectúa la Corte debe darse en abstracto, teniendo en cuenta el contenido objetivo de la disposición examinada, y en ningún caso la aplicación concreta que ella tenga”2. 2 En el mismo sentido, se puede ver, entre otras, las Sentencias C-153 de 1997, C-044 de 1998, C-380 de 2000 y C-426 de 2002. 11 Concepto No.4975A Por lo tanto, admitir lo contrario, como lo pretende la actora y, en consecuencia, hacer un control constitucional concreto, indirecto y específico de las normas que son demandadas por los ciudadanos, implica vulnerar el ámbito de competencia del legislador y de los jueces y, de contera, afectar la seguridad jurídica. La Carta, para proteger y garantizar la autonomía funcional de los jueces, establece una separación funcional entre jurisdicciones, correspondiendo, en este caso, aplicar las normas y, por supuesto, interpretarlas, a la jurisdicción ordinaria, cuyo órgano de cierre es la Corte Suprema de

Justicia. Por tal motivo, no corresponde a la Corte Constitucional, como ella misma lo ha puesto de presente, entre otras, en las Sentencias C-371 y C-496 de 1994, C-389 de 1996, C-1436 de 2000, C-1106 de 2001 y C426 de 2002, fijar, con efectos erga omnes, el sentido autorizado de los textos legales. La jurisprudencia de la Corte ha seguido, como regla general, la de que la interpretación específica que hacen de la ley los jueces, no puede ser cuestionada por medio de una acción de inconstitucionalidad, pues de hacerse se afectaría la autonomía y la independencia judicial. La inteligencia razonable que haga el juez competente de una ley, no puede ser controvertida por vía del control de constitucionalidad. Por excepción, en muy pocos casos, la Corte se ha ocupado de juzgar interpretaciones judiciales, como puede verse en las Sentencias C-1436 de 2000, C-426 de 2002 y C-207 de 2003. Sin embargo, además de los requisitos de los que se dio cuenta en la sección anterior, que no se cumplen en este caso, la Corte ha aplicado la excepción bajo el presupuesto de que dichas interpretaciones configuran, en verdad, vías de hecho y no de derecho, valga decir, son irrazonables y no se ajustan a la Carta. De otra parte, la vía adecuada para cuestionar una interpretación judicial irrazonable y 12 Concepto No.4975A contraria a la Carta, no es la acción de inconstitucionalidad, sino la acción de tutela, como lo ha sentado en repetidas ocasiones la propia Corte.

Fijar la pena no es una conducta discrecional del juez, ni mucho menos caprichosa, sino que está reglada por la ley. En efecto, el Legislador estable una serie de límites y condiciones, que debe respetar el juez al momento de establecer las consecuencias jurídicas de las conductas penales, y más exactamente para fijar las penas y sus efectos, así como un procedimiento que, además de determinar cuál es el delito actualizado. En el caso concreto, conocido por la jurisdicción ordinaria, la compleja actividad del juez incluye: i) determinar cuál es la pena particular prevista por el legislador para cada conducta típica; ii) determinar si en el caso concreto concurre alguna de las agravantes y atenuantes genéricas, que aumenta o atenúa la pena básica; iii) determinar si se debe agravar o atenuar la pena en razón de algún dispositivo amplificador especial, como la tentativa, la participación o la intervención; iv) dividir el marco establecido en cuartos y establecer cuál cuarto aplicar: el primero para la conducta en la que concurren circunstancias de atenuación genéricas, el segundo y el tercero para la conducta en la que concurren circunstancias de agravación y de atenuación genéricas, y el cuarto para conducta en la que concurren circunstancias de agravación genéricas; y v) fijar con autonomía, pero siempre dentro del marco de la razonabilidad y la proporcionalidad, por medio de decisión motivada, cuál es la pena específica que se va a imponer en el caso concreto, de acuerdo con las

condiciones especiales del sujeto y a las circunstancias especiales del delito. La interpretación pacífica y reiterada de la ley por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no excede los límites y los parámetros fijados por el legislador. No resulta irrazonable o infundada, pues si bien el juez 13 Concepto No.4975A conserva algún grado de discrecionalidad, está obligado a seguir unas reglas objetivas para establecer la pena aplicable. No existe un imperativo de aplicar la mayor o menor pena posible en todos los casos, como parece entenderlo la actora, sino que ésta debe ser fijada, de manera autónoma, según corresponda, en derecho y justicia, y en vista de las especiales circunstancias de cada caso concreto, por el juez. De la circunstancia de que no todos los jueces que hacen parte de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, acojan la inteligencia que de las normas estudiadas hace la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre de esta jurisdicción, no puede seguirse que se vulnere la Constitución. Y no puede seguirse por dos razones. Una, porque si bien los jueces inferiores de una jurisdicción deben conocer los precedentes y las interpretaciones del órgano de cierre de su jurisdicción, tienen la posibilidad, si así lo consideran y argumentan, de apartarse de ellos y de ellas. Dos, porque los órganos de cierre de una jurisdicción no están obligados a seguir los precedentes o las interpretaciones de los jueces inferiores dentro de su jurisdicción. Establecer circunstancias de agravación genéricas, no vulnera el principio

del non bis in idem, ni el debido proceso, ni la Constitución. Interpretar y aplicar, de manera razonable, las normas que establecen dichas circunstancias agravantes tampoco los vulnera. Las circunstancias de una conducta, sean de atenuación o agravación, sean genéricas o específicas, son elementos relevantes de la misma, y no otra conducta, como parece insinuarlo la actora. La conducta de una persona no puede ser juzgada penalmente dos o más veces, pero cuando se juzga debe hacerse de manera integral y completa, valga decir, con todas las circunstancias relevantes que la configuran y, entre ellas, están, como es obvio, las circunstancias de agravación genéricas. 14 Concepto No.4975A

5. Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento sobre los artículos 372 del Decreto 100 de 1980 y 267 de la Ley 599 de 2000, por ineptitud sustancial de la demanda. En caso de considerar que la demanda amerita ser estudiada y decidida de fondo, el Ministerio Público solicita a declarar la EXEQUIBILIDAD de las normas demandadas. De los Señores Magistrados, MARTHA ISABEL CASTAÑEDA CURVELO Procuradora General de la Nación (e)

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