PGN - Documento 201607091832096

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2010 Doctor

MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Consejero Ponente – Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 10-94

Acción de Reparación Directa Radicado: 20001233100020040237501 (38213)

Actor: CESAR VASQUEZ MEJIA Y OTROS

Demandado: Policía Nacional Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual, como se verá, concluye con la solicitud de que se confirme la sentencia, con

fundamento en lo siguiente: Antecedentes. 1-. Los señores Cesar Vásquez Mejía, víctima, Maruja Esther Baquero Bermúdez, esposa, obrando en nombre propio y en representación de su hija menor Yelismar Vásquez Baquero, Francisca Helena Moscote Mejía, madre, Yenifer Carina Vásquez 20001233100020040237501 (38213) Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Teléfono 5878750 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2010-154583 Baquero, hija, Yadira Maria Iseda Mejía, Meredith Iseda Moscote, Denis Cecilia Molina Mejia, Yanis Ester Iseda Moscote, Marlenis Sofía Molina Mejía, Luz Elbery

Iseda Moscote, hermanas y Nury Esther Torres Díaz, compañera permanente, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Policía Nacional, con la pretensión de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales, morales y fisiológicos causados a los integrantes de la parte actora con ocasión de las lesiones producidas por integrantes de la Policía Nacional al señor Cesar Vásquez Mejía el día 9 de mayo de 2004. Las pretensiones cuantifican el perjuicio, así: Morales, para cada uno de los integrantes de la parte actora la suma equivalente a 1000 s.m.l.m.

Materiales: mínimo la suma de $358000.000= Fisiológicos: mínimo la suma de $131028.000= El sustento fáctico de las pretensiones es el siguiente: El señor Cesar Vásquez Mejía, el día 9 de mayo de 2004, se desplazaba desde el Municipio de Villanueva – Guajira hacia la ciudad de Valledupar en compañía de varios amigos.

A eso de las 5:30 p.m. del día en comento, mientras conducía y pasaba por la entrada de la ciudad de Valledupar Cesar, a la altura de las instalaciones del INTRA y el lugar donde se celebra la Feria Ganadera, se percataron que eran perseguidos por una Patrulla motorizada de Policías, quienes sin mayores escrúpulos les disparaban a las llantas del carro. Ante tal situación, la reacción del señor Vásquez Mejía fue la de acelerar el vehículo. Hasta que al llegar al

trayecto de la glorieta de la Ceiba, fue alcanzado por los motorizados quienes le obligaron a detenerse y les ordenaron se bajaran inmediatamente del vehículo. (…) Luego de exigirle la respectiva “mordida” (soborno), fue conducido a las instalaciones de la Sijin y retenido por los policiales durante casi dos horas. (…). Valiéndose de su condición de agentes del “orden” y que se trataban de dos personas contra un hombre indefenso, el Agente ELIZALDE GOMEZ procedió a inmovilizarlo mediante la sujeción y posterior contorsión del brazo de la víctima, la cual intentó zafarse y levantarse, momento en el cual el Agente PINO le presionó la pierna contra un borde de concreto hasta lograr fracturarle los huesos de la pierna derecha. No contentos con esta situación continuaron los maltratamientos tanto de palabra como de obra. Le expresaban que no lo habían lesionado, que la tal fractura era ficticia y lo obligaban a caminar. Cuando se percataron de la gravedad y realidad de la lesión lo llevaron al Hospital Eduardo Arredondo Daza y allí fue abandonado a su suerte.” 2 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 2-. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a través de apoderado, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones y presentó las excepciones de inepta demanda, inexistencia de los elementos para configurar la responsabilidad del Estado y culpa exclusiva de la víctima. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante apoderado, contestó

la demanda y propuso las excepciones de carencia absoluta de poder para demandar e inexistencia del demandado, en virtud de que en la ocurrencia de los hechos no hubo participación de miembros de la entidad. 3-. El Tribunal A quo negó las pretensiones de la demanda y las excepciones presentadas en la contestación de la demanda por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y declaró probada la excepción de carencia absoluta de poder para demandar e inexistencia del demandado propuesta por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al considerar, en síntesis, lo siguiente: “(…) En el caso que no ocupa, se observa que, mediante auto de 15 de febrero de 2007, este Tribunal ordenó librar un oficio dirigido al Juzgado 170 de Instrucción Penal Militar, Comando del Departamento de Policía Nacional del Cesar, para que enviara copias de todo el proceso penal y disciplinario adelantado contra Elizalde Aldana Jhony y Pino Sala Jorlys, por los hechos objeto del proceso administrativo. El 28 de marzo de 2007, ese juzgado contesta informando que allí se adelantó el sumario No. 1206 en contra de los citados señores pero que fue remitido por término de instrucción con fecha 25 de mayo de 2006 a la Fiscalía 151 Penal Militar, adscrita al Departamento de Policía Santander (ver folio 295). Atendida esta solicitud, el Fiscal 151 Penal Militar remitió, el 16 de abril de 2007, copias simples de toda la actuación. Sin embargo, de conformidad con lo que se ha manifestado, no observa la Sala que se haya surtido trámite alguno para garantizar en el proceso administrativo,

el derecho de contradicción de la otra parte, en relación con las pruebas obrantes en dicho expediente y concretamente respecto de los testimonios, documentos e informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Así las cosas, resulta claro que ninguna de las pruebas practicadas dentro del proceso penal y disciplinario adelantado contra Elizalde Aldana Jhony y Pino Salas Jorlys, por los hechos que, a su vez, dieron origen al presente proceso administrativo, pueden ser valoradas en éste último. Por otra parte, no ocurre lo mismo con la sentencia proferida en el citado proceso penal, que, conforme a la constancia visible a folio 461 del expediente, se encuentra ejecutoriada desde el 20 de febrero de 2006. En efecto la sentencia penal tiene valor de cosa juzgada, en el proceso administrativo, en relación con la responsabilidad del agente estatal. Así las cosas, si tal responsabilidad ha sido declarada en un proceso penal, mediante providencia 3 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 debidamente ejecutoriada, ella no puede ponerse en duda. Al respecto el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias oportunidades. En aras de puntualizar lo anterior, la Sala analizará la responsabilidad de la Entidad demandada teniendo en cuenta el acervo probatorio arrimado al proceso, que permita verificar el título de imputación, para determinar si se configura o no la responsabilidad de la administración, con base en lo reglado por la jurisprudencia nacional. Así las cosas, se encuentra demostrado en el presente proceso, además de la legitimidad de las personas que figuran como demandantes, la lesión sufrida por el señor Cesar Vásquez Mejía, el día 9 de

mayo de 2004, en hechos ocurridos cuando se desplazaba del Municipio de Villanueva hacia la ciudad de Valledupar, el cual le dejó como consecuencia fractura de la meseta tibial derecha, lesión que fue corroborada por el dictamen médico legal de lesiones no fatales No. 2004C-00960, emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Asimismo con el segundo reconocimiento médico legal aportado al expediente visto a folio 285, en donde se determina que existe cojera a expensa del miembro inferior derecho, cicatriz quirúrgica en la cara externa del tercio superior de la pierna derecha. A su vez, existe dentro del expediente testimonios practicados tanto de la parte actora como de la parte accionada, en donde se evidencia la ocurrencia de las lesiones y las circunstancias de hecho en que estas se produjeron. (…) (…), la Sala observa que los testimonios rendidos por los patrulleros Pino y Aldana involucrados dentro del presente proceso, fueron ratificados por el informe técnico médico legal de lesiones no fatales con radicación interna 2004C-00960, practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que aparece a folio 284 del expediente, (…). De la lectura transcrita, se puede corroborar que la lesión producida en la pierna derecha al señor Vásquez Mejía no pudo ser producto del golpe como consecuencia de que un miembro de la policía se le hubiese montado encima, tal como se afirma en la demanda, sino que se acoteja más a que esta lesión fue producto de una caída, pues nótese que el dictamen médico legal determinó que

existe presencia de equimosis moderada y excoriaciones en el antebrazo, lo que denota que existió algún tipo de caída. Sin embargo, estas afirmaciones no dejan de ser suposiciones y acercamientos a la realidad, como quiera que no están plenamente soportadas en pruebas fehacientes, pues como se dijo dentro del plenario no existen las pruebas suficientes que permitan esclarecer las circunstancias de hechos que se ventilan en esta oportunidad y que permitan endilgar algún tipo de responsabilidad a la entidad accionada. (…) En consecuencia, para la Sala las conductas atribuidas a título de responsabilidad estatal no fueron demostradas y al carecer de elementos para imputarla es imposible designar responsables. Lo anterior partiendo de la idea de que si la responsabilidad es la obligación de resarcir el daño causado a una persona, dicha obligación de cuidado que le era exigible a la administración debe estar evidenciada. (…)”. 4-. La parte actora presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, en síntesis, argumentando que: 4 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 “(…) El yerro en que incurrió el A quo, no es otro que la equivocada valoración de las pruebas que obran en el expediente, las cuales permiten demostrar la concurrencia de los tres elementos de la responsabilidad del Estado, como son la falla, el daño y el nexo de causalidad. La falla. Según el dictamen de medicina legal de lesiones no fatales No. 2004C-00960 del 14 de mayo de 2004, en el examen físico de CESAR VASQUEZ MEJIA, se

encontró: “Se encuentra paciente en cama en cubito dorsal, con venoclisis funcionante. Equimosis y edema moderados en la cara externa de la pierna derecha, en un área de 22x10 cm. Excoriaciones (4) en la cara posterior del tercio proximal del antebrazo derecho, la mayor de 3x1 cm. Equimosis moderada en la cara posterior del muslo derecho del 15 cm de diámetro.

Historia Clínica: La historia clínica correspondiente al paciente de la Clínica Ana María # 18939646, hay constancia de fractura de la meseta tibial derecha”

(…) Equimosis: (…) El edema (…) Excoriación (…) Como se ve, las definiciones de dichas lesiones, en ningún momento excluyen que se puedan ocasionar por golpes, como a los que fue sometido Cesar Vásquez Mejía, y si además se tiene en cuenta la posición de las lesiones y su dimensión, se puede concluir fácilmente que obedecen más a una golpiza que a una simple caída.

El daño: (…) se causó un daño antijurídico al demandante lesionado Cesar Vásquez Mejía y a sus familiares (…) reconocidos como partes demandantes dentro del presente proceso, toda vez que tal como se señaló en el escrito de marras y obra constancia en cada uno de los dictámenes Médico Legales de Lesiones no fatales, proferido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la agresión de los dos policías en hechos sucedidos en el Comando de Policía del

Cesar. (…) Lo anterior es corroborado por las declaraciones de los señores (…).

(…) Cabe anotar que como prueba de las lesiones sufridas por CESAR VASQUEZ MEJÍA, obran la incapacidad de medicina legal en días, que corresponde a 70 días de incapacidad (el máximo de días de incapacidad que dictamina medicina legal son 90 días), lo cual indica que las lesiones fueron de gravedad, debiendo superar tratamientos largos, dolorosos y costosos. (…). La Relación de Causalidad necesaria: Resulta tan patente que no es preciso ahondar sobre este punto, Habría que anotar únicamente para estructurarla, que de no haberse presentado la falla, es decir los golpes al señor CESAR VASQUEZ MEJÍA, de parte de los agentes de la Policía Nacional, no se habría dado su consecuencia, es decir las lesiones 5 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 físicas (fractura de la meseta tibial derecha) y secuelas sicológicas y el dolor emocional y sufrimiento de su familia. (…)”. EL CONCEPTO A juicio del Tribunal Administrativo en el sub examine no se encuentra probada la conducta atribuible a título de responsabilidad estatal y al carecer de elementos para imputarla es imposible designar responsables, mientras que para la parte recurrente si se encuentra en el plenario suficiente prueba para acreditar los elementos de la responsabilidad extracontractual, esto es, la falla, el daño antijurídico y el nexo causal. La discusión, entonces se centra en el análisis del acervo probatorio arrimado al proceso, y por consiguiente, se depende de este para determinar si hay lugar o no a

declarar la existencia de la responsabilidad a cargo de la entidad demandada. En primer lugar, se debe establecer el valor probatorio de las pruebas trasladadas al proceso contencioso consistente en el proceso penal adelantado contra los policiales que adelantaron el procedimiento, y quienes, a voces de la víctima, le ocasionaron la fractura en la meseta tibial derecha. En segundo lugar, la apreciación de las pruebas arrimadas al proceso a fin de analizarlas utilizando los criterios de la sana crítica para fijar la responsabilidad a cargo de la entidad demandada. Prueba Trasladada A juicio del Tribunal a quo, la prueba trasladada “correspondientes a un proceso penal y disciplinario que se les adelantó a los policías implicados en los hechos” no puede ser objeto de valoración porque no se surtió el trámite “para garantizar en el proceso administrativo, el derecho de contradicción de la otra parte en relación con las pruebas obrantes en dicho expediente y concretamente respecto de los testimonios, documentos e informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales”. 6 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 Es de anotar, que los elementos de convicción antes mencionados fueron allegados al proceso a través de oficio de la Fiscalía 151 Penal Militar1, cuya constancia de autenticación se encuentra visible a folio 479 vuelto y así se manifiesta en el oficio remisorio 0161/FD151-DESAN/2006-0243 de 9 de abril de 20072. La prueba en mención, esto es la copia de los procesos disciplinario y penal

adelantados por las autoridades competentes de la Policía Nacional, fue solicitada tanto por la parte actora como por la parte demandada, en la demanda, en los numerales 2 y 3 de la primera solicitud, y en la contestación de la demanda, en el numeral 5, respectivamente. A las pruebas trasladadas se les aplica el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil3 por la remisión expresa realizada por el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 168, respecto de las pruebas que son admisibles en los procesos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa4. Dicho artículo 185 del Código de Procedimiento Civil establece que los elementos de convicción trasladados de otro proceso en copia autentica se aprecian sin más formalidades cuando en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella, y la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que cuando las partes solicitan ese tipo de prueba renuncian a su derecho de contradicción y a que la prueba sea nuevamente practicada, lo cual se deduce de uno de los apartes de lo expuesto en la sentencia de 2 de septiembre de 2009, radicado número 05001-23-31-000-1995-01547-01(17827) C.P. Mauricio Fajardo Gomez, así: “Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido, en forma reiterada, que la admisión de la prueba con el asentimiento o la propia voluntad de una parte representa la renuncia al, o mejor –se precisa ahora– una forma de ejercer el derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin

1 Folios 319 a 483 2 Folio 481 3 Código de Procedimiento Civil. Artículo 185. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. 4 Código Contencioso Administrativo. Artículo 168. Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración. 7 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 necesidad de reproducir su práctica, en consecuencia, no le es dable al juez de la causa desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto es la protección del derecho sustancial5. Por consiguiente al ser la prueba solicitada por ambas partes, les corresponde atenerse tanto a lo bueno como a lo malo de lo que de ellas se deduzca, en razón al principio de indivisibilidad de la misma, además, porque las partes, pese a que los procesos disciplinario y penal no se adelantaron contra ellas, si participaron en ellos. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional en la medida en que las autoridades encargadas de adelantar los procesos están adscritas a ella y la parte actora porque intervino como denunciante y posteriormente rindió testimonio sobre

los hechos. Apreciación de las pruebas De las pruebas trasladadas al proceso contencioso administrativo, se deduce que:  Integrantes de la Policía Nacional condujeron al señor CESAR VASQUEZ MEJIA al Comando de la Policía por conducir en estado de embriaguez e inmovilizaron el vehículo que conducía.  Estando en las instalaciones de la Policía Nacional se presentó un incidente con el señor Vásquez Mejía, según los policiales, trató de huir y se cayó por el estado en que se encontraba; según Vásquez Mejía, los policiales lo maltrataron y uno se le tiró encima de la pierna derecha y se la fracturó.  Los denunciantes, en el proceso primitivo, señalaron que el señor Vásquez no había consumido alcohol porque estaba tomando medicamentos y que los policiales los querían sobornar por no inmovilizarle el vehículo.  Dichas aseveraciones fueron desvirtuadas en el proceso originario, primero, por las contradicciones en que incurrieron los testigos, uno dijo que lo solicitado por la Policía fue cien mil pesos, otro expuso, que había sido ciento 5 En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 2 de mayo de 2002, exp. 13.247, sentencia de 22 de abril de 2004, exp.15.088 y sentencia de diciembre 4 de 2006, exp. 15.723, entre otras decisiones. 8 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 cincuenta mil pesos; segundo, por la prueba de alcoholemia practicada al

señor Vásquez en el Hospital Eduardo Arredondo Daza cuyo resultado fue positivo; tercero, por la declaración de una de las empleadas del Hospital sobre el estado alterado en que llegó al hospital el señor Vásquez y los daños que realizó en ese establecimiento a fin de evitar la práctica de la prueba de alcoholemia y, cuarto, por la imposibilidad de cometer el punible de cohecho en la medida en que el vehiculo fue inmovilizado y puesto a ordenes de una autoridad diferente antes de la fecha en que los integrantes de la parte actora manifiestan haber entregado el dinero y por cuya razón le fue devuelto el vehículo. Así mismo, de los anteriores elementos de convicción y de los allegados al proceso contencioso administrativo no se pueden establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la fractura de la pierna derecha del señor Vásquez; en virtud de que en relación con el momento en que ocurrió el incidente que según la víctima le ocasionó la lesión no hay testigos diferentes a la víctima y los policiales involucrados en este, porque pese a que el señor Vásquez iba acompañado de otras personas cuando conducía el vehículo, durante su permanencia en las instalaciones del Comando, ninguna de ellas estuvo presente y su relato sobre la ocurrencia de los hechos consiste en repetir lo que la víctima les contó sobre el cómo había ocurrido la lesión. Es de resaltar que de las declaraciones de los policiales, aun cuando se señala que la víctima se cayó, en ninguna de ellas se reconoce la existencia de la fractura, ni tampoco se puede deducir de la declaración de la funcionaria del Hospital la

existencia de la lesión cuando el señor Vásquez ingresó al establecimiento hospitalario, en razón a que ella relata que la víctima fue llevada a esa institución para practicarle un examen de alcoholemia, se encontraba bastante agresivo y para impedir la realización del dictamen rompió los frascos que se encontraban en esa sala6. Las pruebas arrimadas al proceso contencioso administrativo dan cuenta de la existencia de la lesión, pero no de la causa de ocurrencia de la misma, circunstancia 6 Folios 426 - 427 9 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 esta que fue reconocida en la sentencia de primera instancia y por la cual se negó las pretensiones de la demanda. Una de las pruebas para establecer la causa de la lesión hubiera sido la historia clínica del señor Vásquez, pero esta no fue allegada al expediente, no obstante haber sido peticionada en la demanda, ordenada en el auto de pruebas y solicitada mediante oficio por el Tribunal a quo. En el proceso contencioso administrativo reposa copia auténtica de dos dictámenes médicos producidos por Medicina Legal, el primero, realizado el 14 de mayo de 2004, en el que se describe: “ANAMNESIS: Relata que fue agredido por dos policías en hechos sucedidos en el Comando de Policía Cesar, hace 5 días a las 6:00 de la noche”, y en el segundo, se señala: ANAMNESIS: “Asiste a un segundo reconocimiento médico legal por las lesiones sufridas el día 9 de mayo de 2004”,

pero estos por si solos aunque señalan la fecha y la causa de la lesión no constituyen plena prueba porque no certifican las circunstancias en que ocurrieron los hechos debido a que lo allí escrito es la exposición de la víctima al momento de la realización de los exámenes. Aún cuando no existen pruebas en el plenario que permitan descartar la participación de los policiales en la lesión producida al señor Vásquez, si genera dudas de la ocurrencia de esta, el hecho de que la víctima haya realizado actuaciones en el Hospital EDUARDO ARREDONDO DAZA para evitar que se le practicara el examen de alcoholemia, cuando pudo ser esa la oportunidad para haber dejado constancia de las lesiones producidas por los miembros de la Policía Nacional. De la declaración sobre lo ocurrido en el Hospital, rendida por una funcionaria de la Institución7, se puede aseverar que la víctima se encontraba en estado agresivo y alterado cuando fue llevado hasta esa Entidad para la práctica del examen de alcoholemia. La anterior situación ocurrió después de haber estado el señor Vásquez en el Comando de la Policía Nacional, esto es, después de haberse originado la lesión en 7 Folios 426 - 427 10 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 la pierna del señor Vásquez, porque de conformidad con los testimonios después de ingresar al hospital se quedó allí y no regresó al Comando. Así mismo, de dicha declaración se extracta que el señor Vásquez realizó comportamientos de agresión y destruyó bienes de propiedad de la Entidad

hospitalaria, los cuales a juicio de esta Delegada, si eran reales las condiciones físicas en que quedó la víctima después de la lesión ocasionada, tal como las narró ante las autoridades de justicia penal militar, esas le hubieran impedido ejecutar tales actos. El señor Vásquez narró ante la autoridad penal militar lo siguiente: “(…), entonces yo me estaba quedando dormido en un pretil, llegó uno de ellos dos GOMEZ, y me pateó en la pierna diciéndome que esto no era residencia, al pegarme la patada yo les dije groserías, ante esto vino GOMEZ y me dijo que si estaba alzado y me hizo una llave con el brazo, intenté pararme de donde estaba sentado, cuando me iba parando vino PINO y se me tiró encima contra la pierna derecha y fue cuando me la partió, yo les decía me partió la pierna, me partió la pierna, se me salió el hueso pero como tenía pantalón jean no se me veía entonces yo comencé con una gritería y ellos me esposaron y comenzaron a obligarme a caminar, me paraba y yo me caía, en últimas llamaron a una patrulla, me obligaron a subir a la patrulla así fracturado como estaba, fueron y me botaron allá en el hospital Eduardo Arredondo, allá me dejaron; en vista a que ese dolor yo no lo aguantaba, la familia mía me sacó de ahí, me llevó al Seguro Social, (…)” Esto es, que los policiales le causaron una lesión en la pierna derecha, consistente en fractura abierta, la cual le impedía caminar.

Para esta Agencia del Ministerio Público, el comportamiento del señor Vásquez en el Hospital Arredondo, es indicativo de que para ese momento específico él no tenía una fractura abierta en la pierna derecha, sino que estaba evitando al máximo que le practicaran la prueba de alcoholemia, y ese momento, constituye la etapa subsiguiente al término en que estuvo el señor Vásquez recluido en las instalaciones del Comando de Policía, etapa esta en la que no se dejó constancia sobre la existencia de la herida ni del maltrato por parte de los policiales. 11 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 El instinto de supervivencia impulsa al ser humano a realizar las acciones tendientes a la atención y recuperación de sus heridas o enfermedades, sin embargo el comportamiento del señor Vásquez dista del esperado en situaciones similares, porque según las pruebas él llegó al hospital y realizó actividades dañosas para impedir la practica de la prueba de alcoholemia, contrario, a la solicitud que debió realizar a los médicos para que le atendieran la herida ocasionada por los policiales. Carga de la prueba. Como ya se expuso, la historia clínica del señor Vásquez no se allegó al proceso, adicionalmente a esto, la parte actora no realizó las acciones tendientes a que la prueba fuera realmente practicada, porque si bien la solicitó, fue ordenada y se envió oficio para su remisión, la etapa probatoria fue clausurada sin que la misma se allegara al proceso y la demandante no presentó recurso a fin de que se lograra la

expedición de la misma. La carga de la prueba de un hecho le compete a quien lo alega como fundamento de su derecho, de conformidad a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil8, aplicable al presente proceso por remisión de los artículos 168 y 267 del Código Contencioso Administrativo9, salvo que se trate de un caso notorio, el cual no se configura en el presente caso. El anterior concepto se ha reconocido en sentencias de las altas cortes, entre ellas, de la Corte Constitucional, que al respecto se pronunció en sentencia C-646 de 13 de agosto de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis, así: “Como lo ha señalado reiteradamente esta Corporación10, dentro de los distintos trámites judiciales, es factible que la ley asigne a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes 8 C.P.C. Artículo 177: “Carga De La Prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. 9 C.C.A. Artículo 168. “Pruebas Admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”. Articulo 267. Aspectos No Regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de

Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. 10 Ver entre otras las Sentencias C1512 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis y C1104 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández S.V. Alvaro Tafur Galvis. 12 20001233100020040237501 (38213) 5aCdeE/WRO/Almv IUS 2009-154583 imperativos jurídicos de conducta dentro del proceso, consistentes en deberes, obligaciones, o, como sucede en el presente caso, cargas procesales. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha hecho las siguientes precisiones a las que se ha remitido esta Corporación en su jurisprudencia: “(...) De los que la doctrina procesal ha dado en denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de la relación jurídico-procesal se distinguen los deberes, las obligaciones y las cargas procesales que imponen tanto al Juez como a las partes y aun a los terceros que eventualmente intervengan, la observancia de ciertas conductas o comportamientos de hondas repercusiones en el proceso. De esos imperativos, los primeros se hallan instituidos por los ordenamientos rituales en interés de la comunidad, las obliga