PGN - Documento 201607091833186

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrada Ponente Dra. María del Rosario González de Lemos

E. S. D.

Ref: Recurso de casación interpuesto por la apoderada de los procesados Yady Andrea Hernández Galeano y Carlos Arturo Torres Segura contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que los condenó por el delito de homicidio agravado.

Rad: Nº 23.956

Honorables Magistrados: El Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha profirió sentencia de primera instancia el 3 de agosto de 2004, por cuyo medio condenó a los procesados Yady Andrea Hernández Galeano y a Carlos Arturo Torres Segura, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado, imponiéndoles penas de prisión de 30 años a la primera de los mencionados, mientras que a Carlos Arturo Torres Segura le impuso 28 años y 9 meses. Así mismo condenó a cada uno de los procesados a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Apelada la decisión por el defensor de los procesados, el 8 de febrero de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca confirmó íntegramente la sentencia impugnada. La defensa técnica interpuso contra la sentencia del tribunal recurso extraordinario de casación y lo sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia declaró 1 ajustada a las previsiones legales. Corresponde a la Procuraduría Tercera

Delegada para la Casación Penal conceptuar sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS Ocurridos sobre la vía pública en la localidad de Soacha la noche del 19 de agosto de 2003, frente a la casa distinguida con el Nº 28 ª- 36, en donde fue encontrado el cadáver de Josué Homero Moreno, quien falleció por las heridas ocasionadas con arma corto punzante en diferentes partes del cuerpo. Por éstos hechos fueron vinculados al proceso Yady Andrea Hernández Galeano y Carlos Arturo Torres

Segura.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Practicada la diligencia de inspección del cadáver el Fiscal 3º adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata de Soacha (Cund.) ordenó una investigación previa el 19 de agosto de 2003. Realizada una diligencia de allanamiento y registro a una

residencia ubicada en la carrera 1ª Nº 24ª-30 de dicha localidad, en donde fueron aprehendidas varias personas que, según labores de inteligencia habrían participado en los hechos, se dispuso la apertura de la instrucción con resolución del 23 de agosto de 2003 y se ordenó vincular mediante indagatoria a los capturados, a uno de ellos se remitió, en razón de su edad, al Juzgado de Menores de esa municipalidad. Los aprehendidos fueron escuchados en indagatoria y posteriormente su situación jurídica fue resuelta por el Fiscal 38 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Soacha, quien avocó el conocimiento de las diligencias procedentes de la Unidad de Reacción Inmediata e impuso medida de aseguramiento de detención

preventiva a Carlos Arturo Torres Segura y Yady Andrea Hernández Galeano, 2 como presuntos coautores del delito de homicidio, en proveído del 29 de agosto de 2003, decisión en la que se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra de los indagados Edier Arsenio Cabezas Solís y Magnolia del Carmen Manosalva. Practicadas numerosas pruebas testimoniales y algunas diligencias propias de la instrucción se ordenó el cierre del ciclo investigativo el 19 de noviembre de 2003. Recibidos los alegatos de los sujetos procesales la fiscalía calificó el merito del sumario con resolución de acusación en contra de Carlos Arturo Torres Segura y Yady Andrea Hernández Galeano en calidad de presuntos autores responsables del delito de homicidio agravado, en proveído del 18 de diciembre de 2003, decisión en la que se ordenó la preclusión de la investigación a favor de Edier Arsenio Cabezas Ortiz y Magnolia del Carmen Manosalva. La anterior decisión fue apelada por el defensor de los sindicados y la representante de la parte civil; la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó tanto la resolución de acusación como la preclusión respecto del procesado Edier Arsenio Cabezas Solís, en decisión del 5 de febrero de 2004. El expediente fue remitido al Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha, el cual ordenó mediante sustanciatorio del 20 de abril de 2004 fijar fecha para la realización de la audiencia preparatoria. La diligencia de audiencia preparatoria fue celebrada el 26 de abril de 2004 en la que se ordenaron algunas pruebas solicitadas tanto por la defensa como por la

parte civil y se llevaron a cabo oficiosamente otras. La audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo en seis sesiones los días 17, 26 y 31 de mayo; 7 y 15 de junio de 2004 y finalizó el 12 del mes de julio de esa 3 misma anualidad, luego de lo cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha profirió sentencia de primera instancia el 3 de agosto de 2004, que el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó en su totalidad, en providencia que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segundo, del articulo 207 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) acusa la recurrente la sentencia del Tribunal por violación indirecta de la ley sustancial, por cuanto, en su opinión, el juez colegiado en esa decisión, incurrió en errores de hecho, uno por falso juicio de identidad y otros por falso juicio de existencia y falso raciocinio en la valoración de las pruebas allegadas. Su libelo puede resumirse así: 3.1. Primer cargo Falso Juicio de identidad Se fundamenta este cargo en el hecho de que el Tribunal ignoró gran parte de las pruebas incorporadas al proceso, lo que condujo, en opinión de la demandante, al ocultamiento de la fuerza persuasiva de las mismas.

Acto seguido la libelista señala las pruebas ignoradas por el sentenciador y en cada una de ellas precisa el contenido de las declaraciones que fueron desapercibidas por el tribunal las que, en su concepto, le habrían dado un sentido diferente al fallo.

4 Se refiere la recurrente a las declaraciones de Edier Arsenio Cabezas Solís, Gilma Salazar de Castro, Jesús Antonio Rojas Mancipe, Jhon Sebastián Moreno Hernández y a la indagatoria de Magnolia del Carmen Manosalva. Seguidamente la casacionista señala que el tribunal nunca analizó el estado de salud de la procesada Yady Andrea Hernández Galeano, estado que le impedía la movilidad dado su condición de madre gestante. Así mismo señala que el interrogatorio de Carlos Arturo Torres Segura en la diligencia de audiencia pública fue echado de menos y con ello el sentenciador no se percató que al procesado lo aquejaban unas dolencias en su mano derecha que imposibilitaban el uso de ella para apuñalar a Josué Homero Moreno. Por todo lo anterior, opina la demandante, el tribunal incurrió en un error de hecho por falso juicio de identidad por la distorsión objetiva de las pruebas que no fueron tenidas en cuenta, toda vez que el tenor de cada una de las pruebas omitidas es altamente favorable a los implicados, motivo por el cual no han debido ser ignoradas por el sentenciador de segundo grado. 3.2. Segundo cargo Falso juicio de existencia En este cargo se denuncia un error de hecho por falso juicio de existencia por una supuesta estimación probatoria, presentándose, a juicio de la demandante, una falsa apreciación de la prueba, ya que el tribunal imaginó un hecho que no se encuentra demostrado. Sobre el particular comenta la recurrente que el tribunal concluyó que existe identidad entre los elementos encontrados en la escena del crimen y aquellos que fueron incautados en la residencia de los procesados en el momento de

5 practicarse la diligencia de registro y allanamiento, suponiendo una prueba de cargo inventada por el sentenciador. Por otro lado dice que el tribunal señala que tanto Yady Andrea como Carlos Arturo salieron de su residencia en horas de la noche el día que se ocasionó la muerte de Josué Homero, hecho basado en suposiciones y conjeturas, lo mismo que el escrito anónimo con el cual se dio inicio a la investigación, constituyéndose este aspecto en otra de las suposiciones en las que incurre el fallador, quien igualmente no aprecia en debida forma que estos hechos no fueron denunciados por los familiares del occiso, los que posteriormente declararon en dicha causa y por tal razón sus declaraciones fueron asumidas como testimonios de parte dentro del proceso seguido a los implicados. Por ello las declaraciones del padre, madre, hermano y prima del occiso no pueden ser tenidas en cuenta. 3.1. Tercer cargo Falso raciocinio Bajo esta otra forma de denunciar los errores de hecho con los que se cuestiona la sentencia de segunda instancia, la recurrente objeta la valoración probatoria y esta vez critica la manera como fueron estimados algunos indicios que fueron de tan peligrosa interpretación por los juzgadores. Se refiere la demandante a la valoración de los indicios incorporados al proceso a partir de unos testimonios en los que se señala a los procesados como responsables del homicidio; ellos son: el testimonio de la hermana del occiso y las declaraciones de Diana María y Yenifer Salazar. Comenta la recurrente que el tribunal infiere, a partir de la declaración de Reina Luz Moreno Hernández, hermana del occiso, que Yady Andrea Hernández 6 Galeano es la responsable del homicidio de Josué Homero Romero, incurriendo

en un desacierto, debido a que asume como hecho cierto que las intimidaciones llevadas a cabo en un tiempo por la procesada fueron concretadas por la sindicada, quien tenía interés en matar Josué Homero. Indica además que el tribunal también asume como cierto lo manifestado por Diana María y Yenifer Salazar, quienes manifestaron haber visto a uno de los procesados en las horas de la noche cuando salían de su casa de habitación el día en que ocurrieron los hechos, versión esta que desmienten ocho declaraciones recogidas en el expediente y que, frente a lo dicho por las hermanas Salazar, no ameritan ninguna credibilidad, aun mas, siendo ellas citadas por la representante de la parte civil para indicarles la forma como debían declarar. Señala entonces la libelista que el sentenciador no hizo una valoración integral de los diversos aspectos que conforman el hecho indicador, ya que solo valora las hipótesis confirmantes excluyendo aquellas que las desvirtúan, asumiendo como cierta las probabilidades que comprometen la responsabilidad de los implicados, como aquella que indica el hecho de haber sido vista la procesada lavando unas prendas de vestir en la madrugada del 20 de agosto de 2003, hecho tomado como indicio grave en contra de los sindicados, con lo que trata de inducir el juzgador, que ese hecho tenía como finalidad ocultar los rastros dejados en la realización del crimen. Finaliza la demandante su ataque señalando la manera desacertada como, a partir del falso raciocinio, el sentenciador de segunda instancia ha creado diferentes indicios inculpatorios, tal como se desprende de la información suministrada por un anónimo en la que describe los rasgos físicos de las personas que participaron

en los hechos, rasgos que, a juicio de la demandante, el tribunal acogió para aplicarlos únicamente a la fisonomía de la pareja conformada por Yady Andrea y Carlos Arturo. 7 Critica luego la manera desacertada como fueron construidos los indicios en donde se pueden encontrar errores en el establecimiento de los hechos indicadores, así como inconsistencias en la inferencia lógica, vicios que confluyen en un evidente falso raciocinio en los términos acabados de reseñar. En estas condiciones, concluye la recurrente, lo que queda es un sinnúmero de conjeturas, dudas y débiles probabilidades que, en aras del principio de inocencia, deben ser resueltos a favor de los sindicados, por lo que solicita a la Corte se case la sentencia del tribunal que confirmó la del Juzgado 1º Penal del Circuito de Soacha.

4. ALEGATOS DEL NO RECURRENTE La representante de la parte civil se opone de manera frontal a las pretensiones de la demanda, porque advierte que ostenta serios vicios de orden técnico y formal, los cuales resalta con el empleo de extractos de jurisprudencia de la Corte.

En cuanto a los cargos primero y segundo, considera que van dirigidos a presentar una diferencia de carácter conceptual a cerca del valor que el tribunal le concedió a los medios probatorios, los cuales prevalecen sobre los del demandante, asegura la no recurrente con apoyo en jurisprudencia. Y en lo que tiene que ver con el tercer cargo señala que la falta de claridad argumentativa así como el desconocimiento de los parámetros de la técnica casacional le restan vocación de prosperidad a la censura. Solicita, por tanto, se rechacen las postulaciones de la demanda.

5. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL 8 5.1. Primer cargo Enuncia la demandante la presencia de numerosos errores de hecho en la sentencia de segunda instancia que trascendieron en la violación de una norma de derecho sustancial, pero no concreta el sentido de la violación que pretende hacer valer en el recurso.

Así, en la primera parte del desarrollo de este ataque la recurrente involucra censuras relativas a un falso juicio de identidad recurriendo al señalamiento de un supuesto desconocimiento de unos medios de convicción, con lo que parece que quizá pensaba atacar la sentencia con sustento en un falso juicio de existencia. En esta forma es evidente la confusión de la casacionista acerca de la naturaleza de los yerros y los efectos que éstos pueden originar en la sentencia. Al margen de la defectuosa presentación de la censura se puede afirmar que su cuestionamiento está orientado a expresar la inconformidad por la desestimación del poder de convicción de las pruebas en las que se fundamentaron los hechos indicadores que posibilitaron la estructuración de la prueba indiciaria. En relación con los testimonios citados en la demanda, el líbelo sigue el mismo presupuesto de aducir una alteración de su contenido material -error de hecho por falso juicio de identidad-, a partir de elementos que se refieren exclusivamente al poder de convicción que el sentenciador les otorgó, refundiendo en un solo cargo lo que tiene en el ámbito de la casación dos naturalezas disímiles. No es clara la censora en indicar si el ataque que formula contra la sentencia lo dirige hacia la valoración realizada de los medios probatorios que contenían en su

sentir hechos indicadores, lo que haría parte entonces del proceso de inferencia lógica que debe realizar el sentenciador para deducir un hecho indicado, o si la acusación está referida a la indebida apreciación de esos testimonios, que es lo que soporta el cargo de falso juicio de identidad que enuncia. 9 En cuanto a los aspectos relacionados con la condición física de los implicados la demandante se ubica en el terreno de la confrontación probatoria que ha de hacerse en las instancias pero no demuestra el error del sentenciador en la forma de aprehender el contenido de las pruebas. Para la libelista solamente resulta admisible la hipótesis según la cual las declaraciones omitidas dan cuenta de la permanencia de los sindicados en su lugar de habitación el día en que se produjo la muerte de Josué Homero Moreno Hernández y que, dada su condición física, estaban imposibilitados para cometer el homicidio; en tanto que para el sentenciador resultó ser mas creíble la versión suministrada por los otros deponentes, quienes manifestaron haber visto en las horas de la noche a uno de los sindicados el día en que se produjeron los hechos transitando por un lugar cercano y que, al día siguiente, en las horas de la mañana, Yady Andrea Hernández fue vista lavando unas prendas de vestir, en una acto inusitado puesto que ella no acostumbraba a realizar esas faenas en las primeras horas del día. Esta selección de las hipótesis no fue caprichosa ni estuvo desligada de la concreta situación probatoria ya que el tribunal dedujo de las diferentes hechos indicadores la responsabilidad de los procesados y el censor no está conforme

con esta deducción, pero no ofrece la demostración de un error en este tipo de razonamiento y como en el recurso extraordinario no se debate sobre los criterios de valoración de las pruebas, sino sobre la legalidad de la sentencia, el intento de romper el fallo queda sin demostración de una causal que lo autorice. El cargo entonces debe ser desestimado. 5.2. Segundo cargo 10 Desde la enunciación del cargo se advierten las incorrecciones técnicas de la recurrente, quien acusa la sentencia de segunda instancia de haber incurrido en un error de hecho por falso juicio de existencia y someramente fundamenta esta acusación en el hecho de que, en su criterio, el tribunal dedujo la responsabilidad penal de los procesados en suposiciones probatorias. Sin embargo, tratando de entender la crítica que en el cargo se hace a la sentencia de segunda instancia, se puede advertir que la demandante estima que en el proceso de análisis lógico del conjunto de pruebas el sentenciador dedujo algunos hechos indicados suponiendo la existencia de algunas pruebas. La recurrente se limitó a plantear unos cuestionamientos a la valoración probatoria del tribunal y critica concretamente el análisis inferencial, el que considera fundamentado en suposiciones probatorias, comprometiendo su criterio e ignorando el estudio que de la totalidad del material probatorio se hizo en los fallos De la lectura de la providencia se concluye que el tribunal sustentó su decisión en el material probatorio que se aportó y sobre esa base realizó el juicio de responsabilidad de los implicados, sin suponer la existencia de prueba alguna. El cargo debe ser desatendido. 5.3. Tercer cargo En este cargo se denuncia la comisión de yerros en la apreciación de la prueba

indiciaria, incurriendo la recurrente en serias inconsistencias, entre las que se destaca la critica al sentenciador por haberles concedido a los indicios un poder de convicción mas allá del que en su opinión tienen. 11 Sobre el particular, forzoso es recordarle a la libelista que la ley no asigna valor alguno a las pruebas indirectas ni exige al sentenciador acumular un número indeterminado de ellas para dictar sentencia, bien sea condenatoria o absolutoria, ni establece que clase de indicio tenga mayor o menor poder de convicción frente a cualquier otro medio de prueba. La prueba indiciaria, por su naturaleza, no conduce más que a probabilidades que han de ser analizadas racionalmente por el juzgador y confrontadas con los demás medios probatorios que obren en el proceso –inclusive con otras pruebas indirectas-, para deducir de este examen el poder de convicción que tengan, en la medida que encuentren ratificación dentro del acervo probatorio. En su propuesta la demandante no señala con claridad si el ataque que formula contra la sentencia lo dirige hacia la valoración realizada a los medios probatorios que contenían en su sentir hechos indicadores, lo que haría parte entonces del proceso de inferencia lógica que debe realizar el sentenciador para deducir un hecho indicado, o si la acusación está referida a la indebida estimación de los testimonios, que es lo que soporta el cargo de falso raciocinio que enuncia. Los ataques en casación referidos a la prueba indiciaria deben contar con la suficiente claridad y precisión para identificar en que parte de la estructura de la prueba indiciaria se pudo producir el error que se atribuye al sentenciador.

Esta estructura exige que el ataque que contra el se haga en sede de casación, indique con precisión el lugar en que se origina el yerro que se atribuye al sentenciador, es decir, en el hecho indicador o en el proceso de inferencia lógica, porque dependiendo de ello se deberá abordar la demostración de la incidencia que el mismo tiene en la legalidad de la sentencia. En esta forma se tiene que la recurrente no presenta adecuadamente el cargo contra la sentencia del tribunal, porque no entiende la estructura del indicio ni la 12 forma como es posible acusar de ilegal la sentencia por errores ocurridos en su formación, en razón a que parte de supuestos contrarios y de esa manera termina formulando ciertos reparos al fallo, por cuanto no comparte las deducciones del sentenciador. En estas condiciones, el cargo se sustenta en una simple discrepancia de valoración probatoria y, dada sus deficiencias en su formulación, el cargo no debe tener prosperidad.

6. CASACIÓN OFICIOSA Revisada la resolución de acusación proferida por la Fiscalía treinta y ocho seccional de Soacha (fl. 236 del cuaderno original número 1), se encuentra que la calificación provisional de la conducta punible por la que acusó a los procesados Yady Andrea Hernández Galeano y Carlos Arturo Torres Segura, corresponde a: “Artículo 103 sancionado con pena de prisión de 13 a 25 años, y por haberse cometido el homicidio en la persona del cónyuge de la encartada Yady Andrea Hernández Galeano, y por motivo abyecto o fútil, se dan las circunstancias de

agravación punitiva que estipulan los numerales 1º y 4º del artículo 104 del Estatuto Represor, razón esta por la cual la pena con la que se conmina la conducta punible en cuestión será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años”. En la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha, al proceder el juez a determinar el ámbito punitivo de movilidad, consideró que la dosificación punitiva debía realizarse en los cuartos medios, al existir circunstancias de mayor y menor punibilidad, porque: “Además, concurre la de mayo punibilidad contemplada en el numeral 10º del artículo 58 ibídem, como la coparticipación criminal, razón por la cual, según el mandato del inciso 2º del 13 artículo 61 del mismo estatuto, las correspondientes sanciones han de dosificarse dentro de los cuartos medios, que oscilan entre 345 y 435 meses de prisión”. Bajo ese entendido, el juez de primera instancia y el Tribunal Superior han debido partir del cuarto mínimo y dentro de ese ámbito de movilidad hacer las precisas consideraciones acerca de la gravedad de la conducta, el daño real, etc.…. Como reiteradamente lo ha sostenido la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, “En este sentido no resultan admisibles las imputaciones tácitas o implícitas. Deber del Fiscal, en todos y en cada caso, es establecer un parangón entre el asunto fáctico que es objeto de su valoración y la entidad típica que tiene el mismo, resaltando todos sus contornos y características, esto siempre le va a

imponer no solo consultar en forma específica las causales de agravación para el delito concreto, sino además las de mayor punibilidad que podrían concurrir y que, por lo demás, deben quedar identificadas siempre”1 (negrillas fuera de texto). Concretamente sobre la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el numeral 10º del artículo 58 del C.P., también la H. Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse, de la siguiente forma: “Previamente, se precisa aclarar que la Sala difiere de lo conceptuado por el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, sólo en cuanto afirma que en contra de los implicados concurre la circunstancia de mayor punibilidad consistente en “obrar en coparticipación criminal”, que trae el numeral 10° del artículo 58 del Código Penal. Y la Sala difiere de tal aserto, por cuanto en la acusación no se endilgó ese factor; siendo claro que todos, sin excepción, los factores que inciden en la mayor punibilidad deben ser objeto de imputación fáctico 1 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Penal. Sentencia de 276 de julio de 2007. Rad: 26.468. M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. 14 jurídica en la resolución acusatoria; porque, si ello no ocurre, no quedan sometidos a la dialéctica que comporta el principio de contradicción y, por tanto, el funcionario judicial no puede tenerlos en cuenta para dosificar la pena, a riesgo de vulnerar el derecho a la defensa y desconocer el principio de congruencia”2. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se solicitará la redosificación de la

pena impuesta a los procesados YADY ANDREA HERNÁNDEZ GALEANO y

CARLOS ARTURO TORRES SEGURA.

7. PETICIÓN Por las anteriores consideraciones, la Procuraduría Tercera Delgada para la Casación Penal, solicita respetuosamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, casar parcialmente la sentencia de fecha 20 de abril de 2005, únicamente para efectos de redosificar la pena, sin que converjan circunstancias genéricas de agravación punitiva (o circunstancia genérica de mayor punibilidad, del artículo 58 del Código Penal).

Señores Magistrados:

MARTHA LUCIA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., 11 de septiembre de 2007 Exp. 23.956 MLZA/abb 2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 14 de marzo de 2007. Rad: 25.666. M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 15