PGN - Documento 201607091833413

CASACIÓN 23.658

ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

E.S.D.

Ref: Demanda de casación interpuesta por el defensor del procesado ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia que lo condenó por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Rad.:

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Honorables Magistrados: El Juez Primero Penal del Circuito de Armenia absolvió el 16 de febrero de 2004 al señor ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO, decisión que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia revocó y resolvió condenarlo a las penas principales de cincuenta y cinco (55) meses de prisión y multa equivalente a treinta y un (31) salarios mínimos mensuales a favor del Tesoro Nacional, a la pena de inhabilidad intemporal, descrita en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, con expresa prohibición del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y concesión de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena.

Contra esa providencia, el defensor del procesado Alejandro Moisés Andrade Rosero interpuso recurso extraordinario de casación que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró ajustado a las exigencias legales. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, emitir concepto sobre su viabilidad.

1. HECHOS

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO Con fundamento en el informe de control y gestión elaborado por la Contraloría Municipal de Armenia surgió la necesidad de investigar penalmente la celebración del Convenio Interadministrativo 007 suscrito entre el municipio de Armenia y la Cooperativa de Municipios del Sur –COOMSUR LTDA-, el 16 de mayo de 1997, cuyo objeto era la construcción de un puente que estaría ubicado entre la carrera 18 con calle 26 de la ciudad de Armenia, en el denominado complejo vial “La Cejita”. Al revisar la legalidad del convenio se estableció que con relación a la reserva de dinero exigida por la ley, no se había constituido el monto respectivo de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal DF-1907, expedido el 15 de mayo de 1997 por la Secretaría de Hacienda del municipio de Armenia, en el que se incluyó una prevención: “SOLO SE DISPONE DE 106.000.000.oo HASTA TANTO SEA APROBADO EL PROYECTO DE ACUERDO DE ADICIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL”, la que efectivamente sólo tuvo cumplimiento hasta el 15 de agosto de 1997 cuando se sancionó el Acuerdo 011 de la misma fecha. La Cooperativa de Municipios del Sur procedió entonces a celebrar tres subcontratos, para los cuales estaba facultada. Dan cuanta los hechos que después de innumerables inconvenientes la obra finalmente fue terminada, pero la administración posterior no la recibió y fue derruida tiempo después, previa declaratoria de caducidad del contrato.

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

La Fiscalía Sexta Delegada, Unidad de Patrimonio, el día 16 de septiembre de 1998, profirió resolución mediante la cual dispuso la apertura de investigación formal, en la ordenó la vinculación del alcalde de la época, Efrén Tovar Martínez. Posteriormente fueron vinculados e indagados los señores Alejandro Moisés 2

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO Andrade Rosero –Gerente de COOMSUR LTDA-, Délmer Javier Erazo Bolaños – Interventor-, Andrés Fernando García Pinto –encargado del suministro de materiales-, Andrea Rodríguez Veitia –Obras Públicas-, y José Arnulfo Castillo Montes –contratista-. El 14 de marzo de 2000 la Fiscalía resolvió la situación jurídica de los indagados, e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a José Arnulfo Castillo Montes, Andrea Rodríguez Veitia, Alejandro Moisés Andrade Rosero y Efrén Tovar Martínez, por los punibles de peculado por apropiación y contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales. Además, impuso medida de aseguramiento consistente en conminación a los implicados Efrén Tovar Martínez, Rodrigo Iván Calderón y Délmer Javier Erazo Bolaños, por el delito de peculado culposo. Al sindicado Andrés Fernando García Pinto le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por el punible de contratación sin cumplimiento de los requisitos legales. Esta decisión fue impugnada y con relación al procesado EFRÉN TOVAR MARTÍNEZ dispuso confirmar la medida de aseguramiento por el

punible de contratación sin los requisitos legales y la medida de aseguramiento contra el mismo procesado por el delito de peculado culposo, en tanto revocó la medida de aseguramiento por el punible de peculado por apropiación. Concluida la fase instructiva, la Fiscalía ya citada, el 30 de octubre de 2000 acusó a Alejandro Moisés Andrade Rosero por el delito de: contratación sin el cumplimiento de requisitos legales. Posteriormente el 11 de diciembre del mismo año adicionó la resolución de acusación para declarar extinguida la acción penal respecto del punible de peculado por apropiación a favor de Efrén Tovar Martínez y Alejandro Moisés Andrade Rosero. 3

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO En firme el pliego de cargos, correspondió conocer de la fase de juzgamiento al Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad de Armenia despacho que avocó su conocimiento el primero de febrero de 2001. El 24 de mayo de 2002 se llevó a cabo la audiencia preparatoria en la que se dispuso la práctica de pruebas y el 19 de junio de 2003 se dio inicio al debate oral. Como se expuso en precedencia, el Juzgado Primero Penal del Circuito absolvió por los delitos acusados a Efrén Tovar Martínez, Alejandro Moisés Andrade Rosero y Délmer Javier Erazo Bolaños, de los cargos de Contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales a los dos primeros; y a Tovar Martínez y Erazo Bolaños por el punible de peculado culposo, decisión que al ser recurrida por la Fiscalía motivó el pronunciamiento adverso del Tribunal Superior de

Armenia, el que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Único cargo Con fundamento en la causal segunda prevista en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000-, al estimar el censor que la sentencia proferida por el H. Tribunal Superior de Armenia no tiene consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación, al condenarlo por el punible de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, establecido en el artículo 146 del Código Penal –Decreto Ley 100 de 1980-, en calidad de autor, cuando la decisión calificatoria de la Fiscalía había considerado que su participación era a título de cómplice.

En el desarrollo del cargo, el demandante expone que la Fiscalía Sexta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Armenia, en resolución de 30 de octubre de 2000, ordenó: “proferir resolución de acusación contra los sindicados 4

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO AWFRÉN TOVAR MARTÍNEZ y ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO, de las condiciones civiles y personales conocidas en autos, por resultarles comprometida su responsabilidad penal en la forma preindicada, en el punible de CONTRATACIÓN SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES…” Afirma el defensor que la parte resolutiva remitió obligatoriamente al folio 10 de la resolución de acusación, en el cual se estableció lo siguiente: “En suma, se reitera, la contratación directa se celebró sin la existencia de disponibilidad

presupuestal, registro previo, desconocimiento de los principios de transparencia, selección objetiva, economía eficiencia y responsabilidad; y como lo sostiene el superior funcional, la actuación del ex alcalde EFRÉN TOVAR MARTÍNEZ, permite deducir razonadamente que se favoreció al contratista ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO, representante de Coomsur Ltda., con un provecho ilícito y que lo sitúa en el campo de la participación en el grado de complicidad concomitante y subsiguiente, bajo la forma de culpabilidad dolosa”. Afirma el demandante que el Tribunal no tuvo en cuenta la delimitación del ámbito de imputación, olvidando que la resolución de acusación es un acto básico y estructural del proceso penal, donde se resume no sólo la imputación fáctica sino la jurídica, que permite al procesado, con posterioridad, ejercer el derecho de defensa. Concluye que con la irregularidad advertida se infringieron las siguientes normas: artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto se desconocieron las bases fundamentales y la estructura del proceso penal; se omitieron los artículos 8º, 9º, 17 y 24 del Código de Procedimiento Penal, referidos al derecho de defensa y otros y, solicita de la H. Corte Suprema de Justicia, case la sentencia impugnada y en su lugar profiera la que corresponda; además, como consecuencia de lo anterior, conceda el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 5

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4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

Al estimar el censor que la causal sobre la cual se edifica la censura es concretamente el numeral 2º del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, se refiere a la consonancia que debe existir entre la sentencia y los cargos formulados en la resolución de acusación. En el caso particular es necesario realizar un estudio pormenorizado de la resolución calificatoria, la que conforme a lo dispuesto por el legislador, fija un derrotero para la etapa de juzgamiento, especialmente en relación con el marco normativo de la sentencia. La resolución de acusación fue proferida por la Fiscalía Sexta de la Unidad Delegada de Delitos contra la Administración Pública, de fecha 30 de octubre de 2000, en la que se dispuso proferir resolución de acusación contra los sindicados EFRÉN TOVAR MARTÍNEZ y ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO, por resultarles comprometida su responsabilidad penal en la forma preindicada,

en el punible de CONTRATACIÓN SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

LEGALES.

A su vez, en el numeral cuarto de la citada decisión, se ordenó precluir la investigación y consecuente extinción de la acción penal para JOSÉ ARNULFO CASTILLO MONTES, ANDREA RODRÍGUEZ VEITIA y ANDRÉS FERNANDO GARCÍA PINTO, por el punible de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en perjuicio de la Administración Pública, de conformidad a lo motivado en precedencia. Afirma el censor que esa indeterminación de la parte resolutiva en torno a la responsabilidad penal del procesado ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO

debe entenderse en lo expuesto en la parte motiva de la decisión, en particular lo 6

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO referido a folio 10, en el que se consideró que la participación en el punible era a título de complicidad. Estima el demandante que así se deduce cuando la Fiscalía se refiere así: “En suma, se reitera, la contratación directa se celebró sin la existencia de disponibilidad presupuestal, registro previo, desconocimiento de los principios de transparencia, selección objetiva, economía, eficiencia y responsabilidad; y, como lo sostiene el superior funcional, la actuación del ex alcalde Efrén Tovar Martínez, permite deducir razonadamente que se favoreció al contratista Alejandro Moisés Andrade Rosero, representante de Comsur Ltda., con un provecho ilícito, y que lo sitúa en el campo de la participación en el grado de complicidad concomitante y subsiguiente, bajo la forma de culpabilidad dolosa”. (…) Puntualizándose por el Ad-quem, que la coautoría y la complicidad consideradas para los delitos de “Contratación son el cumplimiento de los requisitos legales” y “Peculado culposo”, tienen como base que, en relación con el primero, el servidor público contratante y contratista particular, tomaron parte en la ejecución del hecho delictual; y en cuanto al segundo punible, los sindicados a quienes se les hace la imputación contribuyeron efectivamente a la realización del hecho generador del resultado doblemente punible”. Si bien no es clara la resolución de acusación en lo relacionado con la determinación precisa de la participación en cada una de las conductas delictivas,

es la propia decisión incriminatoria la que vincula otros dos pronunciamientos, como son la resolución de situación jurídica y la resolución de segunda instancia 7

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Armenia, que permiten precisar la responsabilidad penal de cada uno de los procesados. En primer lugar, la Fiscalía Sexta Delegada, el 14 de marzo de 2000 (fl. 531 c.o. 2), resolvió la situación jurídica de los procesados José Arnulfo Castillo Montes, Andrés Fernando García Pinto, Andrea Rodríguez Veitia, Efrén Tovar Martínez, Rodrigo Iván Calderón, Délmer Javier Erazo Bolaños y Alejandro Moisés Andrade Rosero. En aquella oportunidad y luego del estudio del material probatorio, la Fiscalía concluye: “Son todos los hechos considerados anteladamente los que constituyen graves indicios en cuanto a que Andrés Fernando García Pinto, Andrea Rodríguez Veitia y José Arnulfo Castillo Montes prestaron una ayuda necesaria para que se contratara sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Ayuda por la cual obtuvieron un beneficio económico, convirtiéndolos en cómplices de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 del C.P. prestaron una ayuda son la cual no hubiera sido posible que el señor gerente de COMSUR y el Ex Alcalde de Armenia hubieran podido consolidar su designio criminal de realizar una fraudulenta contratación, CONTRATACIÓN SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES (art. 146 del C.P. en conc. Con los artículos 56 y 57 de la Ley 80 de 1993) al

violarse requisitos esenciales de la actividad contractual condensados en los principios que rigen dicha actividad, cuales son el de transparencia, la economía y la responsabilidad” (negrillas fuera de texto). Ha resaltado la Procuraduría Delegada aquellos apartes del párrafo citado en los cuales la Fiscalía hizo clara diferencia entre la autoría y la complicidad; a quiénes 8

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO en calidad de autores, como el ex alcalde y el contratista y, como cómplices, las demás personas mencionadas. Contra la resolución de situación jurídica los sujetos procesales interpusieron recurso de apelación, motivando de esta forma el pronunciamiento de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Armenia, la que confirmó parcialmente la decisión recurrida. Precisamente en torno a la complicidad referida por el A quo en el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, la segunda instancia consideró que no podían tenerse como cómplices porque “ninguna participación tuvieron ni en el contrato de construcción del puente ni en el contrato de obra adicional. Su vinculación al proyecto fue posterior a la suscripción de ambos contratos y solo con los fines indicados. Podría endilgárseles responsabilidad en el delito en cita, si hubiera prueba legalmente allegada indicativa de que hubo acuerdo anterior con los contratantes primordiales primigenios para realizar el suministro de materiales y mano de obra luego de suscrita la contratación, lo que no se presenta en el expediente y en esas condiciones su responsabilidad no está comprometida y en consecuencia carece de fundamentos legales la medida de

aseguramiento que por ese concepto se les ha aplicado”. En este orden de ideas, la Fiscalía resolvió confirmar la medida de aseguramiento aplicada a los procesados EFRÉN TOVAR MARTÍNEZ y ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO, como presuntos responsables del delito de “Contratación sin los requisitos legales” y con relación a los procesados JOSÉ ARNULFO CASTILLO MONTES, ANDREA RODRÍGUEZ VEITIA y ANDRÉS FERNANDO GARCÍA PINTO, revocar la medida de aseguramiento como cómplices del delito de contratación sin los requisitos legales. Con la anterior explicación es que adquiere sentido el párrafo al que se ha referido el señor demandante, pues en la resolución de acusación se hace en principio una 9

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO referencia a la coautoría y a la complicidad para luego concluir que por el mismo camino de la decisión se segunda instancia, tampoco existe prueba que permita soportar la responsabilidad penal de los presuntos cómplices, cuando afirma: “De otro lado, ha de prohijarse el criterio de la Fiscalía de segundo grado cuando debatió la situación jurídica de los subcontratistas sindicados Andrea Rodríguez Veitia, José Arnulfo Castillo Montes, y Andrés Fernando García Pinto, porque respecto de los dos primeros no pueden tenerse como cómplices en el punible de la contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, porque no tuvieron participación alguna en los contratos de construcción y obra adicional. Es decir, por ausencia de circunstancias antecedentes y, concomitantes, siendo subsiguientes las vinculaciones a ese proyecto

para los objetivos que a ellos concernía; si bien se vincularon posteriormente, bástese con observar que no existe en el proceso prueba que evidencie que cumplían promesa anterior a su comisión delictiva; lo cual desnaturaliza de plano cualquier incriminación que al respecto se pretenda en relación con aquellos, cuando perfeccionada esta situación no tuvo variación alguna”. Ahora bien, el cuarto párrafo de la resolución de acusación, que obra a folio 10 (fl. 1016 del c.o. 4), que se constituye en la base de la demanda de casación, se refiere única y exclusivamente al delito de peculado culposo, cuando estimó en principio la Fiscalía, que el burgomaestre favoreció al contratista con un provecho ilícito. Pero la aclaración a este punto la otorga el propio Juzgado Primero Penal del Circuito en la sentencia de primera instancia, en la que afirma: 10

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO “Las razones puntualizadas por los defensores de los procesados, dirigidas a demostrar que sus defendidos no son responsables de los delitos que se les endilga, son de nuestra aceptación, porque además de jurídicamente fundamentadas, igualmente se hallan probadas en autos y, como lo recordará en su intervención el abogado defensor de Andrade, “donde no hubo autor, no puede existir cómplice”, para expresar lo innecesario que resulta incursionar con énfasis en los delitos de peculado culposo, toda vez que éstos se han hecho derivar de los mismos hechos que dieron lugar al cargo de Contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales …” (negrillas fuera de

texto). En la audiencia pública el defensor del procesado Andrade Rosero se refirió a la responsabilidad como autor, para contrastarla con la sindicación a título de cómplice, discusión orientada a que en la resolución de acusación se había optado por esta última forma de participación atendiendo a que al entrar en vigencia la Ley 599 de 2000, la conducta de un particular respecto de un delito contra la administración pública, resultaba impune. El siguiente fue su razonamiento: “…por ello hemos asumido en gracia de discusión, bajo esa comprensión diríamos, si tal como se ha sostenido en este proceso Alejandro fue el contratista en el interadministrativo y contratante en la subcontratación y supuestamente según la Fiscalía todo se hizo para beneficiarlo entonces diríamos tuvo dominio del hecho, trabajó en hecho propio y no ajeno y no contribuyó o ayudó con concierto previo, es decir, tuvo un comportamiento de autor y si ese entonces según la Fiscalía fue su comportamiento, cómo entonces es que se le atribuye complicidad? La solución es simple, bajo la posición de la Fiscalía, si Alejandro Andrade tuvo un comportamiento de autor, su conducta para la fecha de 11

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO realización de los acontecimientos resulta impune, pues distinto es bajo la aplicación del nuevo Código que por principio de legalidad no podría ser aplicado a Alejandro Andrade, puesto que ya observada la falencia antes mencionada el legislador 2000 creó la figura del interviniente ultimo inciso del artículo 30 del C.P. que es aquel que no teniendo las calidades exigidas en el tipo penal, concurra a

su realización”. Finalmente en el mismo debate público, el defensor del procesado solicita la aplicación de la normatividad vigente para el momento de la realización de la conducta delictiva y se absuelva a Alejandro Moisés Andrade Rosero puesto que no se posibilitaba “hacerle el cargo por complicidad”. Salvo mejor criterio, considera el Ministerio Público que la defensa ha hecho una interpretación equivocada de la parte de la resolución de acusación en la que se afirma “la actuación del ex alcalde Efrén Tovar Martínez, permite deducir razonadamente que se favoreció al contratista Alejandro Moisés Andrade Rosero, representante de Comsur Ltda.., con un provecho ilícito, y que lo sitúa en el campo de la participación en el grado de complicidad concomitante y subsiguiente bajo la forma de complicidad dolosa”, se está refiriendo a una supuesta COMPLICIDAD del ex alcalde o una colaboración en la actuación del contratista Andrade Rosero. Esta afirmación contenida en la resolución calificatoria estaba orientada a la demostración del delito de peculado por apropiación, y es en este contexto que adquiere sentido la decisión del 11 de diciembre de 2000, cuando la Fiscalía Sexta adiciona la resolución de acusación de fecha 30 de octubre del mismo año, al considerar que no fue objeto de pronunciamiento la sindicación hecha al procesado Andrade Rosero por el delito de peculado por apropiación. Explicó de la siguiente forma (fl. 1111 c.o. 4). “En el caso detectado, esto es, en la calificación de este sumario, que aún no se encuentra en firme, incuestionablemente, de acuerdo con la

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO ley penal, debieron ser objeto de pronunciamiento los cargos del peculado por apropiación que inicialmente fueron imputados a aquellos, cuando el ad quem solamente revocó a ese tópico mas no extendió su decisión hasta la preclusión, con el entendido de que ulteriormente esto debía ser tratado también como materia de decisión de fondo para adoptarse con ocasión de la clausura de la investigación”. Por esta razón, en la parte resolutiva, dispuso la Fiscalía precluir la investigación y declarar extinguida la acción penal en relación con los procesados Efrén Tovar Martínez y Alejandro Moisés Andrade Rosero, por el presunto delito de peculado por apropiación. Esta decisión posteriormente fue objeto de censura por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, cuando en la sentencia que es objeto del recurso de casación, advirtió el Ad quem el error en que incurrió la Fiscalía: “De otra parte, no sobre recordar que la conducta punible de la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos, solamente admite la modalidad dolosa, mientras el peculado puede ser cometido con dolo o con culpa. Acá de importancia resulta adverar que no obstante ser claro el acervo probatorio, la Fiscalía dedujo dicho delito pero en la modalidad culposa contra los implicados TOVAR MARTÍNEZ Y CALDERÓN CARMONA; sin embargo, posteriormente al adicionar la acusación formal dispuso precluir la instrucción a favor de TOVAR MARTÍNEZ Y ANDRADE ROSERO por la conducta punible de

PECULADO POR APROPIACIÓN, creando de esta manera una ineludible consecuencia que sin duda beneficia directamente al implicado citado en primer lugar, pues, quiere ello significar que muy a pesar de la morigeración que de la conducta se había hecho por virtud de la indebida adecuación típica, lo cierto es que al disponer la Fiscalía 13

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ALEJANDRO MOISÉS ANDRADE ROSERO la preclusión por el Peculado por Apropiación estaba entonces clausurando la suerte del implicado con respecto al cargo en cita. En esa medida, el Tribunal resolvió declarar la cesación de procedimiento a favor de los procesados Tovar Martínez y Andrade Rosero por la conducta punible de peculado culposo. Hechas las anteriores aclaraciones previas para comprender el sentido de los párrafos expuestos en la resolución de acusación, queda por tanto llevar a cabo la labor de análisis entre los cargos formulados en el mencionado acto procesal y la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Armenia, que revocó la decisión absolutoria y condenó al procesado Alejandro Moisés Andrade Rosero por el delito de Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales a la pena de cincuenta y cinco meses de prisión. Claramente se deduce de la resolución de acusación que la Fiscalía acusó a Andrade Rosero en calidad de autor, no de cómplice de la conducta descrita en el artículo 441 del Código Penal –Decreto Ley 100 de 1980-, y que las manifestaciones en la parte motiva en torno a la complicidad, se relacionaron, respecto a los delitos de peculado por apropiación y culposo, al comportamiento

del ex alcalde Tovar Martínez y, respecto del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, respecto de otros procesados a quienes posteriormente se favoreció con la preclusión de la investigación por su presunta participación en calidad de cómplices. Para el Ministerio Público no existe por tanto incongruencia entre los cargos formulados en la resolución de acusación y la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior; por el contrario, esta se ajustó a la imputación fáctica y jurídica, a la participación concreta a título de autor del delito de Contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, razón por la cual el cargo no prospera. 14

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5. Conclusión Por lo expuesto, comedidamente sugiero a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de manera respetuosa, NO CASAR la sentencia acusada.

Honorables Magistrados,

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., 10 de abril de 2007 Expediente Nro. 21.971 MLZA 15