PGN - Documento 201607091834078

Señores Magistrados

H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-Sala de Casación PenalMagistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón

E. S. D.

Ref. Casación No. 24.788

Procesado: Alexander Meléndez Reyes Delito: Homicidio agravado en grado de tentativa y otro Señores Magistrados: La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en aplicación de los Acuerdos No. 2359 y 2807 proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para descongestionar a su homólogo del Distrito Judicial de Villavicencio, confirmó el 6 de julio de 2005 la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, el 27 de agosto de 2003, mediante la cual declaró penalmente responsable a Alexander Meléndez Reyes del delito de tentativa de homicidio agravado, en concurso heterogéneo con el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, le impuso la pena principal de trece años de prisión y la accesoria de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. En la misma decisión le negó la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia y la prisión domiciliaria, revocó la libertad provisional que le había sido otorgada y ordenó su captura.

Contra esta determinación, el defensor del procesado presentó demanda de casación que fue inadmitida por la H. Corte mediante auto de fecha 30 de marzo de 2006, providencia en la que la Corporación advirtió la vulneración de una garantía

fundamental susceptible de ser subsanada oficiosamente conforme al artículo 216 de la ley 600 de 2000, y remitió la actuación al Ministerio Público, representado en esta oportunidad por la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal, para que emita concepto sobre el punto. Casación de Alexander Meléndez Reyes Rad. 24.788

1. HECHOS Fueron expuestos por el Tribunal en los siguientes términos: “Siendo aproximadamente las 8:00 de la noche del 18 de febrero de 2001, dos sujetos que se encontraban departiendo en la tienda de propiedad de

Francisco Pinzón ubicada en la calle 17C No. 12B-32 del barrio Villa Ortiz, en la ciudad de Villavicencio, de improviso desenfundaron armas de fuego intimidando con ellas al citado ciudadano advirtiendo que se trataba de un atraco, situación que llevó a reaccionar a Pinzón contra uno de los agresores, sin embargo no pudo evitar que los dos asaltantes accionaran en su contra las armas de fuego, ocasionándole graves heridas. La víctima fue llevada inmediatamente a un centro asistencial donde le salvaron la vida, mientras que los asaltantes emprendían la huída en dos motocicletas, una de las cuales colisionó con un vehículo, quedando lesionado gravemente quien en ella se desplazaba, lo que facilitó a la policía su captura, siendo identificado con el nombre de Alexander Meléndez Reyes.”

2. ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en la denuncia interpuesta por Celia Pinzón y el informe presentado por el Departamento de Policía del Meta el 19 de febrero de 2001, la Fiscalía Décima

Seccional de Villavicencio decretó en la fecha la apertura de instrucción (Fl. 18 C.1), vinculando el 21 de ese mes en indagatoria a Alexander Meléndez Reyes (Fl. 52/63 C.1). Se resolvió su situación jurídica el 26 siguiente con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso personal. (Fl. 111/121 C.1). Cerrada la investigación el 24 de mayo de 2001 (Fl. 377 C.1), se calificó el mérito del sumario el 20 de junio de 2001 con resolución de acusación por los delitos imputados al resolverse situación jurídica (Fl. 397/408 C.1), decisión confirmada el 30 de agosto de 2001 por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa (Fl. 6/18 C. Fiscalía Segunda Instancia). Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 2 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Alexander Meléndez Reyes Rad. 24.788 Correspondió la etapa de la causa al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Villavicencio, despacho que el 13 de septiembre de 2001 avocó el conocimiento e inició el traslado del artículo 400 de la ley 600 de 2000 (Fl. 430 C.1), el 11 de octubre de 2001 llevó a cabo audiencia preparatoria (Fl. 447/449 C.1) y el 12 de

agosto de 2003 celebró la audiencia pública de juzgamiento (Fl. 99/114 C.2), profiriendo fallo de primera instancia el 27 de agosto siguiente (Fl. 125/147 C.2), providencia ratificada el 6 de julio de 2005 por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil en las condiciones reseñadas al inicio (Fl. 2/19 C. Tribunal San Gil). Interpuesto por el defensor del procesado el recurso extraordinario de casación contra esta sentencia, fue inadmitido por la H. Corte a través de auto de 30 de marzo de 2006. No obstante, la Alta Magistratura, atendiendo a que el fallo de condena impuso pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones por un quantum de trece años, no obstante que los hechos ocurrieron en vigencia del Decreto-Ley 100 de 1980, consideró que se estaba ante la presencia de una presunta vulneración de garantías del procesado y dispuso la remisión del proceso a la Procuraduría para que emitiera concepto sobre el punto. (Fl. 5/18 Cuaderno Corte).

3. CONCEPTO DE LA DELEGADA

1. Sea lo primero advertir que para esta Delegada y en contraposición al criterio mayoritario de la H. Corte, el concepto obligatorio del Ministerio Público en trámite de casación está supeditado a la admisibilidad de la demanda como clara y expresamente lo dispone el artículo 213 de la ley 600 de 2000, que no da lugar a interpretación diversa.

Cuestión distinta es la asunción oficiosa de la Corte para proteger a quien es sometido a trámite penal, de la vulneración de sus derechos fundamentales, postura

que ha venido asumiendo en los últimos tiempos y para lo cual ha considerado obligatorio el concepto del Ministerio Público.1 No discute hoy esta Delegada la flexibilidad que la Alta Corporación le ha otorgado al recurso de casación y la competencia que se arroga en desarrollo de la Constitución 1 Crf. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 19 de agosto de 2004, rad. 21302, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, sentencia de 16 de marzo de 2005, Rad. 21296, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 3 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Alexander Meléndez Reyes Rad. 24.788 Política, pero sí la variación al procedimiento establecido al disponer el traslado al Ministerio Público. La contrariedad con dicho trámite ha llevado a reclamar en pasadas oportunidades a la Corte que sea reconsiderado a través del recurso de reposición y la demanda de nulidad, pero uno y otro han sido resueltos adversamente, por lo que carece de razón la insistencia y en esta ocasión se limita a reiterar su desacuerdo con tal proceder y a descorrer el traslado ordenado.

2. Es palmario que se hace necesaria la restauración de los derechos fundamentales del procesado, específicamente el principio de legalidad, componente esencial del debido proceso, en lo que hace relación con la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

El principio en comento, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, obedece al apotegma “nulla pena sine lege previa” fundado en la necesidad de controlar el poder punitivo del Estado y de garantizar al ciudadano que sufre su rigor, la certeza sobre las concretas consecuencias penales de su conducta, que previamente deben haber sido definidas por el legislador. En consecuencia, no se le pueden imponer a la persona sometida a trámite penal sanciones o restricciones que no hayan sido previstas anticipadamente a la realización del delito, ni tampoco que superen los límites cuantitativos y cualitativos consagrados en el ordenamiento jurídico vigente para ese momento. Acá, el juez de segunda instancia vulneró la garantía mencionada al confirmar la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que le fue impuesta a Meléndez Reyes por un término de 13 años. El artículo 44 del Decreto-Ley 100 de 1980, modificado por el artículo 3 de la ley 365 de 1997, era la legislación vigente para la época de ocurrencia del suceso delictivo y preveía como límite máximo de duración de la pena accesoria diez años, pero en su lugar, se impuso una sanción mayor a la establecida en esta normatividad. Para la oportunidad en que fueron emitidas las sentencias de primera y segunda instancia se encontraba ya vigente la ley 599 de 2000, cuyos artículos 51 sobre duración de las penas privativas de otros derechos y 52 inciso tercero, establecen Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co

Casación de Alexander Meléndez Reyes Rad. 24.788 que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de 5 a 20 años y que en todo caso, la pena de prisión conlleva la sanción accesoria mencionada. Confrontando las dos legislaciones es evidente que en virtud de los principios de legalidad y favorabilidad debía aplicarse la ley que regía al momento de ocurrencia de los hechos, teniendo cabida la ultractividad de la legislación derogada en este punto. En consecuencia, al condenarse al procesado a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término superior al contemplado en la normatividad aplicable, se vulneraron los principios de legalidad y favorabilidad, lo que hace procedente casar parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de San Gil para que dicha sanción se imponga dentro de los límites previstos en el Código Penal de 1980.

4. PETICIÓN De acuerdo con las anteriores consideraciones, esta Delegada sugiere a la H. Corte casar parcialmente el fallo en lo relacionado con la sanción accesoria impuesta, para que se imponga dentro de los límites establecidos en la normatividad vigente al momento de ocurrencia de los hechos, Decreto-Ley 100 de 1980, aplicable por legalidad.

En los anteriores términos rinde el Ministerio Público concepto dentro del presente asunto. De los Honorables Magistrados, Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 5 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co

Casación de Alexander Meléndez Reyes Rad. 24.788

JUANA MARINA PACHÓN ROJAS

Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C, 28 de abril de 2006 Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 6 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co