PGN - Documento 201607091834412

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 095 – 01

Bogotá, D.C., julio 17 de 2001

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “ B ”

CONSEJERO PONENTE : ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

E. S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE N° 0535 – 01

ACTOR : LUIS CARLOS MOLINA ACEVEDO

DEMANDADO : DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : APELACIÓN SENTENCIA Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir su concepto dentro del proceso de la referencia, que conoce la Sección Segunda, Subsección “B”, del H. Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el trece (13) de octubre de 2000 y por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES Los supuestos de hecho, fundamento de las súplicas, junto con la relación de las normas violadas y los correspondientes conceptos de violación, se encuentran 2 debidamente anotados en el libelo introductorio (fls. 11 a 19) y fueron asentidos literalmente por el juzgador de primera instancia a través de la sentencia recurrida (fls. 61 a 71), la cual es objeto del presente concepto.

CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA En síntesis, se cuestiona en este estadio procesal si el accionante LUIS CARLOS MOLINA ACEVEDO ostenta el derecho a ser reintegrado en el empleo de Promotor de Literatura, Nivel 4, Grado 1, con adscripción en la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia, del que fue desvinculado mediante Decreto 1362 de 1997 -30 de mayo-, en obedecimiento a la reestructuración ordenada por el Decreto Departamental N° 1260 del veintisiete (27) de mayo de ídem anualidad. En criterio de esta Agencia del Ministerio Público, la providencia del H. Tribunal Administrativo de Antioquia debe ser CONFIRMADA, en atención a las siguientes razones: Según el artículo 305 de la Constitución Política, son atribuciones del Gobernador: “1... “8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas”. En desarrollo de la norma superior antes referida y en ejercicio de la atribución que le otorga el numeral 9. del artículo 300 constitucional, concordante con la previsión establecida en el ordinal 7. de la misma disposición, la Asamblea Departamental de Antioquia, a través de la Ordenanza número 6E del veintisiete (27) de febrero de 1996, revistió al Gobernador de Antioquia de precisas y temporales facultades extraordinarias para que, entre otras cuestiones, definiera y determinara el número de unidades administrativas con sus respectivas plantas de cargos y los comités 3 asesores de cada uno de los organismos que conforman la administración departamental. Con fundamento en las anteriores atribuciones, el Gobernador de Antioquia expidió,

el diecinueve (19) de julio de 1996, el Decreto 2865, “Por el cual se definen las unidades administrativas que conforman los organismos de la Administración Central del Departamento y se dictan otras disposiciones” y a través de los Decretos 1260 y 1362 de 1997, respectivamente, causó “novedades en la Planta de Cargos de la Administración Departamental”, suprimiendo, entre otras, una plaza de empleo asignada a la Secretaría de Educación y Cultura correspondiente al de Promotor de Literatura, Nivel 4, Grado 1 y; procedió a desvincular al actor LUIS CARLOS MOLINA ACEVEDO , comunicándole la decisión el cuatro (4) de junio de esa anualidad y manifestándole el derecho preferencial que le asistía, por ser empleado de carrera, de optar por la revinculación o la indemnización (fls. 6 y 7). De lo anterior se puede colegir que la decisión del Gobernador de suprimir uno de los empleos de la planta de cargos de la Secretaría de Educación y Cultura se ciñó a los mandatos y exigencias contenidos en el artículo 305 de la Constitución Política. Ahora bien, con arreglo a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 27 de 1992, al accionante, por ser empleado inscrito en carrera administrativa, se le ofreció la opción de revinculación o la indemnización, habiéndose dispuesto, libre y voluntariamente, por esta última alternativa como se prueba con el recibo de pago visible al folio 30 y con la relación de los funcionarios departamentales reincorporados en cuyo listado, desde luego, no aparece el ciudadano LUIS CARLOS MOLINA ACEVEDO. (fls. 32 a 49).

Luego, al haberse procedido en el caso del actor de la manera antes indicada, carecen de fundamento los reparos formulados en este sentido en el libelo de la demanda. Sobre un caso similar al sub lite, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado se ha pronunciado en el siguiente sentido: 4 “.... “DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE CARRERA Y EL DERECHO DE PREFERENCIA. Sin duda, el demandante era un funcionario de carrera como se desprende del acto de inscripción tal condición no impedía que su cargo fuera suprimido. “Es cierto, como lo afirma el actor, que por su condición podía escoger entre la indemnización o la reubicación, en los términos del artículo 8° de la Ley 27 de 1992, y que en el acto mediante el cual se le comunicó el retiro no se le informó el derecho a optar por la reubicación. “No considera la Sala que esta omisión alcance a viciar la legalidad de la Resolución 003 de 1994 por cuanto la comunicación mediante la cual se pone en conocimiento el retiro no forma parte del acto que decide la situación del actor sino que es un trámite posterior a él; la comunicación en sí misma no desconoce el derecho de preferencia, ese derecho sólo podía ser vulnerado por el acto que incorporó a los funcionarios; y el actor recibió la indemnización que le fue liquidada por razón de la supresión del cargo, decisión que fue recurrida pero solo para manifestar inconformidad en relación con la cuantía, conducta de la cual se infiere su inequívoca intención de optar por ella y no por la reubicación. “Lo importante no es demostrar que la entidad omitió informar el derecho

a la reubicación sino probar que en la nueva planta de personal fueron incorporados funcionarios con menor derecho. Se analizará entonces sí ese derecho de preferencia fue violado. “Al respecto nada se probó en este proceso, la incorporación de funcionarios no escalafonados o con menor derecho, no pasó de ser una afirmación suya. 5 “En efecto, entre otros medios, no se aportaron al proceso las actas de posesión de las personas que fueron incorporadas a la planta de personal de forma que pudiera establecerse si se vincularon a la entidad por modalidades de las cuales se pueda inferir que no se trataba de funcionarios escalafonados (nombamiento provisional, nombramiento ordinario); no se allegó la planta de personal anterior a fin de establecer cuántos y cuáles cargos existían en ella y cómo quedó la nueva planta; tampoco se trajeron los manuales de funciones que correspondían a los cargos antiguos y a los nuevos para de su análisis concluir sí se trató o no de un cambio de denominación, como lo afirma el demandante. “La sola afirmación de que fueron incorporados otros abogados con menor tiempo de vinculación a la entidad ni siquiera pone en duda sí se desconoció el derecho de preferencia pues la antigüedad en el desempeño de un cargo no es factor que determine el derecho preferencial del funcionario de carrera a ser incorporado. Sin embargo valga anotar que esta afirmación tampoco se demostró, no se allegó prueba alguna acerca de quiénes fueron incorporados en cargos similares al que ocupaba el demandante ni constancia sobre su tiempo de servicio. “No existe pues ningún elemento de juicio que permita a la Sala concluir la vulneración del derecho de preferencia que el actor considera

violado”.1 De los señores Consejeros cordialmente, GUSTAVO ADOLFO GARCÍA MORENO Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado 1 Sentencia del 5 de octubre de 2000, M. P: Alberto Arango Mantilla, Exp: 318 – 98.