PGN - Documento 201607100721103

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Privación de la libertad RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Elementos estructurales/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADOJurisprudencia del Consejo de Estado El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado

ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuándo se torna en injusta

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 520012331000200000023 01 (40734)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Término El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Impetrada con base en la privación injusta de la libertad se presentó fuera del término legal La acción de reparación directa impetrada con base en la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la demandante, fue presentada el 19 de diciembre de 2007, fecha en la cual ya habían trascurrido mas de los dos años concedidos por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para este tipo de acciones, pues tal como se dejó indicado en precedencia, el término debió contarse desde la resolución de declaró la nulidad de la resolución de apertura de instrucción (7 de junio de 2005), por ser la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 30 de enero de 2012

Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 12–21

Acción: Reparación Directa Radicado: 520012331000200000023 01 (40734)

Actor: JACKELINE DEL SOCORRO BENAVIDES y OTROS

Demandado: NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA

JUDICIAL Honorable Señor Consejero: 2 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes demandadas, mediante los cuales el cual solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, la señora YACKELINE DEL SOCORRO BENAVIDES ALEGRÍA y el señor JORGE ELIECER ORTEGA ROSERO, actuando en nombre propio y en representación de los menores NATALY MILENA ORTEGA BENVIDES,

DANIELA ALEJANDRA ORTEGA BENAVIDES, FRANCY LORENA ORTEGA

BENAVIDES, JORGE LUIS ORTEGA BENAVIDES, VIVIANA LIZETH MEJÍA BENAVIDES, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad HELEN VALENTINA BURBANO BENAVIDES, MAURICIO

ALEJANDRO ORTEGA MEJIA, MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA MEJÍA,

ROSA MARÍA ALEGRÍA RENZA, LUIS HERNANDO BENAVIDES BURBANO, CARMEN JANETH MORA ALEGRÍA, ALVARO JAVIER GONZALEZ MEJÍA, GINA JULIETH ORTEGA MEJÍA, representada legalmente por su padre el señor JORGE ELIECER ORTEGA ROSERO, RUBEN ORTEGA y CARMEN BLANCA ROSERO PANTOJA, solicitaron al Tribunal Administrativo de Nariño declarar administra y patrimonialmente responsables a las entidades demandadas, por los perjuicios materiales, morales y de daño a la vida de relación que se ocasionaron con la privación de la libertad de la que fue objeto la señora YACKELINE DEL SOCORRO BENAVIDES ALEGRÍA y, en consecuencia, se las condenara a su pago. Contestación Fiscalía General de la Nación 3 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 Se opuso a la prosperidad de las declaraciones y condenas solicitas en la demanda, señalando que en el sub judice se presentaba una eximente de responsabilidad por actuaciones exclusivas de un tercero. Agregó que correspondía al Juez verificar la actuación del ente investigador, ya

que siendo el director del proceso debe ser garante de la legalidad del proceso, y condenar cuando tenga certeza de la identidad y responsabilidad del procesado. Rama Judicial Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que habría operado la caducidad de la acción, ya que el término para interponer la acción de reparación directa debía empezar a contarse desde la ejecutoria de la providencia que dispuso la libertad, y a partir de la cual la privación devenía en injusta. Agregó que la detención de la señora YACKELIN obedeció a la condena que fuese proferida después de adelantar todo el trámite procesal y probatorio propio del debate penal, en el cual se le había garantizado el derecho de defensa con el nombramiento de un abogado de oficio, y que la sentencia condenatoria se fundamentó en pruebas que la mostraban como responsable del punible de homicidio cometido en la humanidad de la señora DORADO DE

JIMÉNEZ.

Sentencia Mediante providencia del 12 de noviembre de 2010 el Tribunal Administrativo de Nariño declaró no probadas las excepciones culpa de un tercero y caducidad de la acción, procediendo a declarar la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, y a condenarla al pago de los perjuicios reclamados en la demanda, con base en las argumentaciones de mayor relevancia que pasan a indicarse: 4 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 Conforme a la manera en que fue desarrollado el proceso penal, el A quo

encontró que el tratamiento que se brindó a la procesada constituyó una flagrante privación injusta de la libertad, pues se profirió resolución de acusación sin que se hubiese identificado de manera clara al autor o autora de la conducta, incumpliendo el deber de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable, e irrespetando las garantías procesales de la persona a quien se le imputa un delito. Respecto del juzgado a cargo del juicio, señaló que desatendió su posición de supremo director y garante de la actuación, pues teniendo la facultad y el poder necesario para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, procedió a fallar sin que existiese alto grado de certeza. Concluyó señalando que las pretensiones de la demanda estaban llamadas a prosperar, toda vez que las captura se realizó con una inadecuada individualización de la implicada por parte de la Fiscalía, actuación que fue avalada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pasto, que teniendo la dirección del proceso, no advirtió las irregularidades del escrito de acusación, limitándose a condenar y a disponer la captura de la procesada. Apelación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Reiteró el argumento consistente en que la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, caducaba al vencimiento de los dos años contados a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, pues el mismo se se concretaba mediante la ejecutoria de la providencia judicial que determinaba la inexistencia del fundamento jurídico de la decisión. Agregó que la privación injusta de la libertad quedó consolidada con la

providencia del 7 de febrero de 2005, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto decidió tutelar los derechos fundamentales de la 5 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 señora BENAVIDES ALEGRÍA, declarar la nulidad del proceso penal, disponer su libertad inmediata, y suspender las órdenes de captura libradas en su contra, razón por la cual, a partir de dicha fecha debían empezar a contarse los dos años de los que hablaba el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para determinar la caducidad de la acción. También señaló que si se considerara que el punto de partida para la contabilidad de la caducidad, era la fecha de la resolución que dio cumplimiento al fallo de tutela declarando la nulidad de la actuación (7 de junio de 2005), la acción también estaría caducada, ya que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2007. Finalmente indicó que con la nulidad declarada, el proceso siguió con diligencias previas encaminadas a la identificación de YACQUELINE N.N., sin que la señora YACKELINE BENAVIDES ALEGRÍA continuara vinculada al mismo y, en dicho sentido, la resolución inhibitoria no podía ser el punto de partida del término de caducidad, ya que no fue dicha decisión la que determinó lo injusto de la detención. Fiscalía General de la Nación El apoderado de la entidad censuró que se hubiese emitido condena con base en el régimen de responsabilidad objetivo, ya que las hipótesis de privación

injusta de la libertad previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, debían mirarse a la luz de los principios y criterios que informaban la falla del servicio. Agregó que no existía ningún tipo de relación de causalidad entre la existencia del hecho (falla del servicio) y los daños y perjuicios aducidos en la demanda, razón por la cual, no era viable ni mucho menos ajustado a derecho el predicar y solicitar indemnización por dicho concepto.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 6 520012331000200000023 01 (40734)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323

1. Problema Jurídico  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de una conducta punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política?  ¿En el presente asunto se presentó la caducidad de la acción?

2. Análisis jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que

era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia 7 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos. Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra

Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos4 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 3 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 4 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972

8 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”5 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en

relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 5 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 9 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a

continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia6; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional7, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales8, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención9”. De esta manera, el hecho que las actuaciones de las entidades demandadas se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no exime de la responsabilidad acarrean sus actuaciones, si éstas ocasionan daños

antijurídicos a los ciudadanos. La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las 6 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 7 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 8 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 9 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 10 520012331000200000023 01 (40734)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la

responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad.

3. Caso concreto Mediante resolución del 20 de enero de 1993 la Fiscalía Décima – Unidad

Investigativa No. 1 de Pasto profirió resolución de acusación en contra de la señora YACKELINE DEL SOCORRO BENAVIDES ALEGRÍA, como presunta responsable de los delitos de Hurto Calificado y Homicidio Agravado (folio 102 a 109 – cuaderno 3). Por decisión del 22 de febrero de 1994 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto condenó a la señora YACKELINE DEL SOCORRO BENAVIDES ALEGRÍA como coautora de los delitos de hurto y homicidio agravado cometido contra la humanidad de la señora ENRIQUETA DORADO DE JIMÉNEZ, imponiéndole como pena principal 17 años de prisión y la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la pena principal (folios 154 a 168 – cuaderno 3). Con oficio del 2 de diciembre de 2004 el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, puso en conocimiento del Juez Primero de Ejecución de

Penas y Medidas de Seguridad de Pasto que siendo las 17:45 del día anterior, se presentó a sus instalaciones la señora YACKELINE DEL SOCORRO BENAVIDES ALEGRÍA, quien verificados sus datos biográficos y número de 11 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 identificación, registraba una orden de captura por el delito de homicidio, razón por la cual se procedió a su captura (folio 202 – cuaderno 3). Atendiendo solicitud del abogado defensor, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto consideró que no podía atender la práctica de pruebas para demostrar la inocencia de su representada, ya que para ello dicho profesional debía acudir a la acción extraordinaria de revisión (folios 211 a 213 – cuaderno 3). En virtud de la interposición de la acción constitucional de tutela, el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala de Decisión Penal, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa en favor de la señora YACKELINE DEL SOCORRO BENAVIDES ALEGRÍA y, en consecuencia declaró la nulidad del proceso que se adelantó en su contra desde el auto que declaró cerrada la investigación, y dejó sin efectos la sentencia condenatoria y las ordenes de captura que se habían emitido en virtud de dichas providencias (folios 221 a 226 – cuaderno 3). Dentro de las consideraciones que tuvo el Tribunal para amparar los derechos constitucionales de la señora YACKELINE DEL SOCORRO BENAVIDES

ALEGRÍA, pueden citarse: “(…) En el caso bajo estudio, es evidente que en el curso de la investigación no se adoptaron las medidas indispensables para obtener la plena identificación de la mujer de nombre YAQUELINE N. quien fue mencionada por varios de los testigos como la empleada doméstica de la occisa Enriqueta Jiménez y en contra de quien se encauzo el proceso, puesto que los deponentes como Juana Cándida Jojoa Jojoa, advirtieron que la presunta responsable carecía de una falange de un dedo de la mano derecha, rasgo fisonómico que el instructor no tuvo en cuenta limitándose al reconocimiento fotográfico del rostro que figuraba en las fotocopias de las cédulas de ciudadanía. Tal omisión, sin duda grave, trascendió en el proceso hasta el punto que el defensor centró su argumentación en la incertidumbre en torno a la identificación de los procesados, calificando los testigos de cargo 12 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 como contradictorios e imprecisos, alegaciones que fueron desestimadas en la sentencia al encontrarlas desvirtuadas por el reconocimiento fotográfico. (…) Para ello se parte de un hecho que no admite discusión como quiera que está acreditado por el dictamen médico forense, hecho que consiste en que Yaqueline del Socorro Benavides Alegría no carece de la falange de uno de sus dedos de los miembros superiores, defecto que fue notado en la mujer Yaqueline N. tal como lo reiteraron Cándida Juana Jojoa Jojoa y Elena Alba Leonor Benavides

de González y otros testigos que trataron personalmente a la aludida fémina. En este orden de ideas, se colige que se dio una clara vulneración del derecho al debido proceso y al de defensa consagrados en el Art. 29 de la Carta, puesto que los funcionarios jurisdiccionales intervinientes incurrieron en una equivocada dirección de la actuación encaminada a identificar plenamente a Yaqueline N., involucrando de paso a la accionante sólo porque coincidía su nombre y su lugar de origen, además de tener en cuenta reconocimientos fotográficos contradictorios. En consecuencia, tal actitud imputable tanto al fiscal como al juez del conocimiento, constituye una vía de hecho judicial entendida como la omisión de la atención debida a un aspecto del proceso penal de gran trascendencia como lo es la identificación del acusado, debe (sic) que se impone desde el comienzo de la investigación sumarial para evitar confusiones u sus nefastas consecuencias. Ante la evidente afectación de los derechos fundamentales de la actora y dada la necesidad de que cesen inmediatamente las negativas secuelas de la privación injusta de la libertad, se otorgará el amparo constitucional para dejar sin efectos la actuación procesal a partir de la clausura de la investigación, con el fin de que la autoridad competente readecue el curso de la misma teniendo en cuenta las características fisonómicas que permitieron individualizar a la mujer conocida como Yaqueline N. e involucrada en la comisión de las conductas punibles, invalidación que comprenderá exclusivamente la imputación contra Yaqueline del Socorro Benavides Alegría. (…)”

La Fiscalía Tercera Seccional – Unidad de vida y Delitos Sexuales de San Juan de Pasto, mediante resolución del 7 de junio de 2005 procedió a acatar el contenido de la decisión de tutela y, en consecuencia, en aplicación del artículo 13 520012331000200000023 01 (40734) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-24323 306 del Código de Procedimiento Penal, declaró la nulidad de la resolución por medio de la cual se dio apertura a la instrucción, por haberse dispuesto sin la plena identificación de la presunta autora de las conductas punibles objeto de esclarecimiento, quedando la actuación en diligencias previas tendientes a la individualización e identificación de Yaqueline N. N. sindicada de los mismos. Con resolución del 12 de abril de 2006 la Fiscalía Tercera Seccional – Unidad de vida y Delitos Sexuales de San Juan de Pasto resolvió inhibirse de abrir investigación por la comisión del delito de homicidio cometido en la humanidad de la señora ENRIQUETA DORADO DE JIMÉNEZ, pues agotados los medios a su alcance, no pudo identificar a los presuntos responsables de dicha conducta punible (folio 238 – cuaderno 3). Invocando el contenido y fecha de emisión de las decisiones dictadas en precedencia, la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, tanto en la contestación de la demanda como en el recurso d