PGN - Documento 201607100721165

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VÍCTOR MANUEL VELOZA

CUESTA CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES-Delito en concurso Homogéneo y Sucesivo FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS-No se tipifica si son especies de obras diferentes que exigen distintas especialidades PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Implica conformidad entre la sentencia y la acusación tanto en el aspecto fáctico como jurídico/PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Constituye base esencial del debido proceso La congruencia implica la conformidad entre la sentencia y la acusación, fundada en la relación de causalidad que debe existir entre ellas, tanto en el aspecto fáctico, como en el personal y jurídico. La personal exige que exista conformidad entre los sujetos a que se refiere la acusación y los de la sentencia; la fáctica hace referencia a la identidad que debe existir entre los hechos consignados en la acusación y la sentencia, es el núcleo esencial de la acusación y no puede ser cambiado ni extralimitado; y la jurídica impone la correspondencia entre la calificación expuesta en la acusación y la sentencia. La garantía o el principio de congruencia, constituye base esencial del debido proceso. CONCURSO DE ILICITOS-Requiere individualización probatoria y la deducción formal de un cargo por cada uno de los hechos La imputación de un concurso real de delitos es también un problema de la correspondencia con acciones independientes que van referidas al supuesto de hecho de cada tipo individual en que adquieren significación. En la literatura penal sea común decir que el concurso delictivo requiere ineludiblemente no sólo de la

individualización probatoria, sino también y sobre todo la deducción formal de un cargo por cada uno de los hechos incriminados. Tajantemente se suele poner de manifiesto que en los casos de concurso no basta con predicar la existencia de este, sino que es necesario determinar exhaustivamente la facticidad y calificación de cada uno de los hechos que se imputan como delitos. CALIFICACIÓN JURÍDICA-Su variación se determina con orientación al principio de favorabilidad La variación de la calificación jurídica ha de determinarse acorde con las orientaciones del principio de favorabilidad, y, siempre que se ampare la situación del procesado por aplicación de favorabilidad, hay lugar a la falta de consonancia entre la Resolución de Acusación y la sentencia, en tanto no se afecte la estructura Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA del proceso en manera tal que imponga la declaratoria de nulidad para restablecerla. Rad. 34 356 Bogotá, D.C., julio 26 del 2011 Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrada Ponente: Dr. JORGE LUÍS QUINTERO MILANES

Ciudad

I. ASUNTO El defensor de VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo del 27 de enero de 2009, por medio del cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de condena que profirió el Juzgado primero penal del Circuito de la misma ciudad, en relación

con la conducta punible de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, en concurso Homogéneo y Sucesivo. La demanda la declaró ajustada a los requisitos de forma el Magistrado sustanciador de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del mandato previsto en el articulo 213 del Código de Procedimiento penal, el Agente del Ministerio Público, Delegado del señor Procurador General de la Nación procede a rendir concepto.

II. SITUACIÓN DE HECHO Los Hechos fueron resumidos por el Juzgado de Primera Instancia de Bogotá, así: “…Se inició la presente investigación con base en la denuncia presentada el 29 de marzo de 2001 por el ciudadano FERNANDO LÓPEZ, quien solicitó examinar el posible fraccionamiento que pudo presentarse en la suscripción de los contratos 173 y 174 de

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 2 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA 1996; 125, 126, 136 y 141 de 1997, celebrados por el fondo local de Desarrollo de la Localidad de los Mártires. La Citada denuncia fue acompañada de fotocopia de los aludidos contratos de obra, cuyo objeto se relaciona a continuación: Contrato No. 125 de 1997: El contratista HERNANDO ALFONSO GÓMEZ, se compromete para con el Fondo Local de desarrollo de los Mártires, a ejecutar a precios unitarios fijos de mano de obra y

materiales señalados en la propuesta, las obras necesarias para la recuperación y mantenimiento de las vías comprendidas entre la carrera 19 entre la calle 12 y 13, desde el KO + 00 al K0 + 85.95. (Sic.) Contrato No.126 de 1997: EL Contratista PEDRO JUAN NAVARRO RODRÍGUEZ, se compromete para con el Fondo Local de Desarrollo de los Mártires, a ejecutar aprecios unitarios fijos de mano de obra y materiales señalados en la propuesta, las obras necesarias para la recuperación y mantenimiento de las vías 85.95 al K comprometidas entra la carrera 19 entre calles 12 y 13, desde el K0 + 85.95 al K0 +220.95. Contrato No 174 de 1996: La contratista MARÍA REGINA SOLARTE ÑAÑES se compromete para con el fondo Local de Desarrollo de los Mártires a ejecutar a precio unitarios fijos de mano de obra y materiales señalados en la propuesta No. 043, las obras consistentes en el descapote, redes de infraestructura, bases de mampostería y pisos del Parque la Estanzuela, ubicado en la carrera 19A a 20 y de la calle 7 a 7ª de la localidad de los Mártires. Este contrato se suscribe el 27 de noviembre de 1996 inicialmente por un valor $ 34.137.884.83, habiendo sido adicionado el 21 de marzo de 1997 por el valor de $17.030.637,61 por unas obras que no fueron concedidas desde el comienzo. Contrato No 173 de 1996: El Contratista JORGE ALBERTO VANEGAS

SIERRA se compromete para con el Fondo Local de desarrollo de los Mártires a ejecutar precios unitarios fijos de mano de obra de materiales señalados en la propuesta No 53 las obras consistentes en carpintería metálica, adecuación y mobiliario urbano del parque la Estanzuela ubicado en la carrera 19ª A 20 Y DE LA CALLE 7ª de la localidad de los Mártires. Este convenio se suscribe el 27 de noviembre de 1996 para ser adicionado Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 3 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA posteriormente el 21 de marzo de 1997. Contrato No 141 de 1997: el contratista VÍCTOR ADELMO GANTIVA se compromete para con el Fondo Local de Desarrollo de los Mártires a ejecutar a precios unitarios fijos de mano de obra y materiales señalados en la propuesta, las obras necesarias para la recuperación y mantenimiento de las vías comprendidas entre la carrera 25 de la calle 1A a la avenida 1ª, desde el K0 + 45 hasta la Avenida 1ª. Contrato No 136 de 1997: el contratista I.C.M Ingenieros Ltda., se comprometió para con el Fondo Local de Desarrollo de los Mártires a ejecutar a precios unitarios fijos de mano de obra y materiales señalados en la propuesta, las obras necesarias para la recuperación y mantenimiento de las vías comprendidas entre la

carrera 25 de la calle 1A a la Avenida 1ª, desde el K0 + 00 hasta el K0+0,45…”

III. ACTUACIÓN PROCESAL El 29 de marzo del 2001 FERNANDO LÓPEZ instauró denuncia penal, quien solicitó examinar el posible fraccionamiento que pudo presentarse en la suscripción de los contratos 173 y 174 de 1996; 125, 126, 136 y 141 de 1997, celebrados por el fondo local de Desarrollo de la Localidad de los

Mártires. La Fiscalía 208 de la Unidad Primera de los Delitos Contra la Administración Pública, mediante resolución del 28 de marzo del 2001 dispuso adelantar la indagación preliminar. El 26 de agosto del 2002 se ordenó la apertura de investigación y se vinculó mediante indagatoria a VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA, por el presunto delito de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales. El 16 de febrero del 2004 se calificó el merito del sumario, en el cual se le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva y resolución de acusación a VELOZA CUESTA como presunto autor responsable del delito de Contrato Sin Cumplimiento de los Requisitos Legales, contemplado en el artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 4 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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(modificado por el decreto 141/80, articulo 1º, el artículo 57 de la Ley 80 de

1993, y por el articulo 32 de la ley 90 de 1995), normatividad vigente para la época de los hechos. La anterior decisión fue apelada por la defensora del procesado, impugnación de la que conoció la Fiscalía 50 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien mediante providencia del 27 de febrero 2007, confirmó la Resolución de Acusación proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito y modificó la medida de aseguramiento de detención preventiva que afectó a VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA. El conocimiento de la etapa procesal del juicio correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá D.C., quien el 30 de mayo del 2008, condenó a VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA a la pena principal de 6 años de prisión, multa por el equivalente de 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo termino de la pena principal, como autor del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo y sucesivo. Además, consideró el juzgador que el procesado no era merecedor a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero si a la sustitución de la prisión domiciliaria. La anterior decisión fue apelada por la defensora de VELOZA CUESTA, y confirmada el 27 de enero de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Contra la sentencia de segunda instancia se interpuso recurso extraordinario de Casacion, y presentada oportunamente la respectiva

demanda, fue admitida por la Corte Suprema de Justicia por satisfacer las exigencias de ley.

IV. LA DEMANDA Al pronunciarse sobre las exigencias legales de la demanda de Casacion presentada contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la H. Corte Suprema de Justicia inadmitió los cargos principal y subsidiario planteados por vía de nulidad y por violación indirecta de la ley sustancial, respectivamente, toda vez que consideró que su sustento se aparta de las exigencias técnicas que imperan en sede extraordinaria; y admitió el cargo referente a la incongruencia entre la

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 5 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA acusación y el fallo. Resumió así la Corte suprema de Justicia el reparo aceptado, en los siguientes términos: “...De conformidad con la causal de Casacion de que trata el numeral 2 del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal de 2000, el libelista plantea que el fallo no se dictó en consonancia con la resolución de acusación, comoquiera que en aquél se dedujo el concurso de hechos punibles, el cual no fue imputado en el pliego de cargos. El apoyo del reproche, señala que el estatuto procesal aplicable es el Decreto 2700 de 1991, pues fue durante su vigencia cuando tuvieron ocurrencia los hechos objeto de investigación; y dicho

código contempla la posibilidad de modificar la calificación dada en la resolución de acusación, menos aún para agravar la situación del procesado, tal como ocurrió en este caso. De modo que al imputar el concurso de hechos punibles que no figuró en la resolución de acusación, el fallador trasgredió sus limites fácticos y jurídicos. Por lo tanto, asegura, debido a que resulta desfavorable, la decisión de la Corte con radicado No 26857 del 28 de noviembre de 2007 no podía ser aplicable a este caso. Como corolario de los anteriores razonamientos, el demandante pide a la corporación que case el fallo “ordenando rehacer lo actuado a partir de la resolución acusatoria, inclusive por violación al debido procesado y consecuentemente el derecho de contradicción vinculado directamente al derecho de defensa…”.

V. CONCEPTO En este cargo, el casacionista denuncia una inconsonancia entre la resolución de acusación proferida el 16 de febrero del 2004 a través de la cual la fiscalía imputó a VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA autoría en el delito de Contrato sin Cumplimiento de los Requisitos Legales, contemplado en el articulo 146 del Decreto Ley 100 de 1980 (modificado por el decreto 141/80, articulo 1º, el artículo 57 de la Ley 80 de 1993, y por el articulo 32 de la ley 90 de 1995), y la sentencia proferida el 30 de mayo de 2008 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá que lo condenó por el delito de Contrato sin Cumplimento de Requisitos Legales, en concurso homogéneo y

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 6 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA sucesivo, sentencia confirmada por el Tribunal Superior el 27 de enero de 2009. La congruencia implica la conformidad entre la sentencia y la acusación, fundada en la relación de causalidad que debe existir entre ellas, tanto en el aspecto fáctico, como en el personal y jurídico. La personal exige que exista conformidad entre los sujetos a que se refiere la acusación y los de la sentencia; la fáctica hace referencia a la identidad que debe existir entre los hechos consignados en la acusación y la sentencia, es el núcleo esencial de la acusación y no puede ser cambiado ni extralimitado; y la jurídica impone la correspondencia entre la calificación expuesta en la acusación y la sentencia. La garantía o el principio de congruencia, constituye base esencial del debido proceso, de una parte, porque el Pliego de Cargos es el marco conceptual, fáctico y jurídico de la pretensión punitiva del Estado, y de otra, porque a partir de la acusación el procesado puede desplegar los mecanismos de oposición inherentes al ejercicio de su derecho de defensa, amen de que con base en ésta obtiene la confianza de que no será sorprendido con imputaciones fácticas y jurídicas que no tuvo oportunidad de controvertir, en el peor de los eventos, no recibirá un fallo de responsabilidad por aspectos no previstos en esa resolución.

En este caso, no se postula la nulidad de la actuación, por error en la calificación jurídica de la infracción o porque el delito de acuerdo con las pruebas aportadas correspondiera a otro, sino tan sólo se discute la falta de armonía entre la acusación y los fallos respecto de la inclusión en estos últimos de un concurso homogéneo y sucesivo no imputado en la acusación. En consecuencia, para establecer si se presentó la inconsonancia que predica el demandante, se hace necesario confrontar la resolución de acusación de cara a la sentencia. En tal sentido, tenemos que destacar en la imputación de la Resolución de Acusación del delito de Contrato sin Cumplimiento de los Requisitos lo siguiente: “…Así las cosas, toda la documentación allegada al expediente, en donde consta los procesos contractuales que se cuestionan, son prueba suficiente para considerar que se encuentran reunidos los presupuestos que impone el articulo 397 de Código de Procedimiento penal, para acusar al arquitecto Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 7 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA por el delito de Contrato sin cumplimiento de los Requisitos Legales, de que trataba el articulo 146 del derogado código penal vigente para la época de la comisión de los hechos denunciados…” “ Consecuentemente con la determinación que se ha de tomar y en aras de dar un ajustamiento procedimental a la actuación, de conformidad con los artículos 325, 355, 356 y 357

del Código de Procedimiento Penal, se hace imperioso la imposición de medida de aseguramiento en contra de víctor Manuel Veloza Cuesta, la cual consistirá en Detención preventiva, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de los Requisitos legales, en consideración a que la pena mínima en caso de eventual condena es la de Cuatro Años de Prisión…” Por otra parte tenemos que el juez de primera instancia al momento de la calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado decidió lo siguiente: “…los hechos cuya responsabilidad estamos diciendo que le resultan atribuibles a VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA, están descritos como delitos, en el Código Penal Derogado, Decreto Ley 100 de 1980, en su libro segundo, Titulo III, Capitulo IV, Artículo 146, modificado por los artículos 1º del decreto 141 de 1980, 57 de la ley 80 de 1.993, y 32 del la Ley 190 de 1995, vigente para el momento de los hechos, bajo la denominación especifica de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, que establece una pena principal de 4 a 12 años de prisión, y multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas de 1 a 5 años; conducta que fue recogida por el Artículo 410 de la Ley 599 de 2000, sancionado con penas principales de 4 a 12 años de prisión, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 12 años, siendo aplicable por razón del principio de

favorabilidad la normativa derogada. Y si estamos diciendo que concurren los presupuestos sustanciales del articulo 232 del código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 2000, para proferir fallo condenatorio, dígase que será ésta, que no otra, la determinación a adoptarse con relación al Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 8 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA procesado Víctor Manuel Veloza Cuesta, siendo esta su situación…) A demás en la disimetría penal el Juzgador considero lo siguiente: “Para efectos de la individualización de la pena ha de imponerse al procesado, lo primero que se advierte es que, al no haber sido incluida en la acusación ninguna circunstancia de mayor punibilidad, conforme al articulo 60 de la Ley 599 de 2000, el ámbito punitivo de movilidad será el determinado en el señalado en el Articulo 1456 del Decreto Ley 100 de 1980, esto, es de cuatro (4) a doce (12) años de prisión; partiremos de Cuatro (4) años de prisión monto que se incrementará en dos (2) años, por razón de concurso homogéneo y sucesivo, para un total de Seis (6) años de prisión, siendo esta la pena a imponer a

VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA.

Si bien es cierto que dentro del pliego acusatorio, en la parte resolutiva no se le imputó al procesado VÍCTOR MANUEL

VELOZA CUESTA el concurso homogéneo de delitos, en el presente asunto si existió pluralidad de comportamientos, tal como se le dedujo en la imputación fáctica, pues el procesado violó las normas de contratación estatal, al suscribir seis contratos de que dan cuenta la presente providencia, violando los principios de la contratación estatal…” Dicha providencia la fundamentó el Ad -Quem en las siguientes decisiones de la corte Suprema de Justicia:  Decisión del 14 de marzo de 1987 Magistrado Ponente el Doctor LISANDRO MARTÍNEZ ZÚÑIGA.  Sentencia del 12-06-03 Rad, 17248, recogida en el radicado 26857, Sentencia de 28-11-2007, Magistrado ponente Doctor SIGIFREDO

ESPINOSA PÉREZ.

Por lo anterior el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá atribuyó lo consecutivo: También se condenará al procesado VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA a la pena de multa, que por su naturaleza de Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 9 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA principal, también ha de incrementarse en la misma proporción de la restrictiva de la libertad, esto es, en un 50 % por lo que la misma se contraerá a un total de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos – años 1997. De la misma manera, se condenará al procesado, como pena

principal, a la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo término de la pena privativa de la libertad.” La anterior decisión fue confirmada en su integridad por Tribunal Superior de Bogotá. En la sentencia adujo el juzgador que a pesar de no haber sido incluida en la acusación ninguna circunstancia de mayor punibilidad, consideró que la pena a imponer a VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA, de seis (6) años, por razón de concurso homogéneo y sucesivo, por considerar que si existió pluralidad de comportamientos, tal como se le dedujo en la imputación fáctica, al violar los principios rectores de la contratación estatal. Es decir, el Juzgador reconoce como cierto que en el caso sub judice el imputado fue acusado por un sólo hecho punible; sin embargo apela a una decisión de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se enseña que el fallo se pude proferir en consonancia con las circunstancias fácticas que le fueron puestas de presente en la acusación. Luego, lo cierto es que en el fondo de la cuestión, se produjo una errada calificación del objeto de valoración, y no simplemente una variación de la imputación. La imputación de un concurso real de delitos es también un problema de la correspondencia con acciones independientes que van referidas al supuesto de hecho de cada tipo individual en que adquieren significación. No es de extrañar que en la literatura penal sea común decir que el concurso delictivo requiere ineludiblemente no sólo de la individualización probatoria, sino también y sobre todo la deducción formal de un cargo por

cada uno de los hechos incriminados. Tajantemente se suele poner de manifiesto que en los casos de concurso no basta con predicar la existencia de este, sino que es necesario determinar exhaustivamente la facticidad y calificación de cada uno de los hechos que se imputan como delitos concurrentes. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 10 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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32063 VÍCTOR MANUEL VELOZA CUESTA Esto no es lo que se advierte sucedió con el escrito de acusación, donde incluso el funcionario de segunda instancia expresamente manifestó: “…Analizadas las circunstancias que rodearon el trámite y celebración de estos contratos (173 y 174) esta delegada entiende, en primer lugar que aquí no existió fraccionamiento de contratos y que la vía escogida para la celebración de tales si era el de la contratación directa prevista por el artículo 24, literal a de la Ley 80 de 1993, pues se trató de obras que contemplan diferentes ítems a desarrollar, pues mientras el contrato 174 se celebró para la realización de obras civiles, el 173 lo fue para una serie de obras de carpintería metálica como acertadamente lo sostiene la recurrente, lo que permite sostener que si bien las obras a realizar fueron previstas para su ejecución en un mismo sitio, Parque La Estanzuela ubicado en la carrera 19 a 20 y de las calles 7 a 7ª, aquí se trató de especies de obras diferentes que bien podían requerir de distintas especialidades…”.

En tales condiciones, el Ministerio Público sugiere a la Sala de Casación Penal de la Corte, que CASE el fallo y se elimine el incremento de dos (2) años que se impuso, porque en verdad uno fue el delito por el que se acusó con base en la narración de los hechos. La variación de la calificación jurídica ha de determinarse acorde con las orientaciones del principio de favorabilidad, y en esa medida, siempre que se ampare la situación del procesado por aplicación de la ley favorable, hay lugar a la falta de consonancia entre la Resolución de Acusación y la sentencia, en tanto no se afecte la estructura del proceso en manera tal que imponga la declaratoria de nulidad para restablecerla. En tales condiciones, el cargo está llamado a prosperar. 5.- PETICIÓN Son suficientes las consideraciones que anteceden para sugerir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que CASE parcialmente el fallo impugnado, y en su lugar elimine el incremento punitivo deducido en razón del concurso de delitos atribuido. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 11 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.

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CUESTA

Atentamente,

EYDER PATIÑO CABRERA

Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 12 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.