PGN - Documento 201607100721480

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Alegato 14 IUS 2009-26715 Bogotá D. C., 2 de febrero de 2008 Doctor

GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN

CONSEJERO PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “A”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

REF: 19001233100020050178701

No. Interno 0903-2008

ACTOR: DIEGO CASAMACHIN CASO

DEMANDADO: MUNICIPIO MIRANDA CAUCA

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO ASUNTO: APELACIÓN SENTENCIA _____________________________________ Procede esta agencia del Ministerio Público, a emitir concepto dentro del término legal, en el proceso que conoce el H.

Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano DIEGO CASAMACHIN CASO.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

1.1 PRETENSIONES

2 El ciudadano Diego Casamachin Caso, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del

C. C. A., demandó la nulidad del acto complejo conformado por las Resoluciones 133 del 8 de marzo de 2004; 069 del 28 de febrero 2005, 315 del 28 de mayo de 2005; 318 del 31 de mayo de 2005 y 413 del 28 de junio de 2005, mediante las cuales el alcalde de Miranda negó el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria a que tiene derecho, en razón a que el citado ente territorial no le

pagó las cesantías definitivas dentro de los 45 días hábiles siguientes a su desvinculación; igualmente le negó la indemnización moratoria a la que también tiene derecho, toda vez que no le consignó anualmente las cesantías causadas, correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, en el fondo de cesantías que él eligió y en el cual se encontraba afiliado; incumpliendo lo estipulado en el Decreto Reglamentario 1582 de 1998, pues no se tuvo en cuenta que el actor laboró sin interrupción en el municipio demandado, entre el 19 de agosto de 1998 y el 28 de febrero de 2004. Como consecuencia de esa declaración, solicitó, a título de restablecimiento, ordenar al ente territorial demandado, el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por el no pago de las cesantías definitivas dentro de los 45 días siguientes a su desvinculación; así como el pago de la sanción moratoria de un día de salario por cada día de 3 retardo, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 50 de 1990, por no consignar a tiempo en el fondo de cesantías elegido, las cesantías correspondientes a los años 1998 a 2003. Precisó la apoderada que en tal calidad, el 9 de marzo de 2005, le fue notificada la Resolución 069 del 28 de febrero de 2005, por medio de la cual se le reconoció a su prohijado unas prestaciones sociales, reconociéndole y cancelándole las cesantías definitivas, sin embargo en el citado acto

administrativo no se mencionó el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la Resolución 133 de 2004, como tampoco se mencionó lo concerniente a la reclamación de la sanción moratoria por la no consignación oportuna en el fondo de cesantías, mucho menos la sanción por no pagar las prestaciones sociales dentro de los 45 días hábiles siguientes a la desvinculación del actor. Señaló que el 16 de marzo de 2005, presentó recurso de reposición contra la Resolución 069 del 25 de febrero de 2005, y el 10 de junio del citado año, le fue notificada la Resolución 315 del 28 de mayo de 2005, mediante la cual el alcalde de Miranda pretende corregir la Resolución 069, en el sentido de que contra ella no procede ningún recurso. Ese mismo día, es notificada de la Resolución 318 del 31 de mayo de 2005, mediante la cual se da contestación a la petición elevada el 9 de marzo de 2005, y, a su vez, se resuelve no acceder a proferir acto administrativo para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, porque ya 4 le fueron reconocidas y pagadas al hoy demandante, mediante Resolución 069; tampoco accede a reconocer la indemnización moratoria, ni los incrementos y actualizaciones solicitados. Advirtió que el 17 de junio de 2005, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 318, el cual fue resuelto a través de la Resolución 413 del 28 de junio de la citada anualidad, notificada el 4 de agosto de 2005, negando lo

solicitado. Por último, requirió condenar al municipio accionado al pago de la indexación de las sumas solicitadas, conforme a lo señalado en los artículos 177 y 178 del C. C. A.. 1.2 HECHOS 1°- El actor fue declarado insubsistente del cargo que desempeñaba, mediante Decreto 071 del 27 de febrero de 2004, decisión que le fue comunicada el 28 de febrero, por parte de la jefe de personal del municipio de Miranda. 2°- El accionante, mediante oficio de fecha 2 de marzo de 2004, solicitó el pago de todas sus prestaciones sociales a las que tenía derecho, por haber laborado como técnico del Fondo de Vivienda de Interés Social desde el 19 de agosto de 1998 y como jefe de la Unidad Técnica y Estadística, desde el 1° de octubre de 2002 al 29 de febrero de 2004. 5 3°- El 18 de marzo de 2004, le fue notificada al demandante la Resolución 133 del 8 de marzo de 2004 o 26 de febrero, por medio de la cual presuntamente le liquidaron las cesantías definitivas y las vacaciones (sic). Advierte la abogada que esta resolución al parecer estaba expedida antes de comunicarle a su representado el Decreto 071 de 2004 (el de insubsistencia), pues este acto administrativo es de fecha 27 de febrero de 2004 y la resolución arriba citada tiene fecha 8 de marzo de 2004 y como fecha de comuníquese y cúmplase el 26 de febrero de 2004. 4°- El 24 de marzo de 2004, el demandante interpuso

recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 133. 5°- El 9 de marzo de 2005, el actor ante la omisión de la administración de desatar el recurso de reposición confirió poder a la apoderada para que elevara derecho de petición, el cual fue presentado ese día a las 3:12 p. m., con las correspondientes pruebas. 6°- A las 3: 35 p. m. del 9 de marzo de 2005, al hoy demandante, se le notificó la Resolución 069 del 28 de febrero de 2004, por medio de la cual se le reconoció a su prohijado unas prestaciones sociales y se ordena un gasto; 6 se reconocen las cesantías definitivas, los intereses sobre las cesantías definitivas y las vacaciones, pero no se tuvo en cuenta la sanción moratoria por no cancelar las cesantías definitivas dentro de los 45 días hábiles siguientes a la desvinculación. 7°- El 16 de marzo de 2005, la apoderada interpuso recurso de reposición y apelación contra la Resolución 069 de 2005. 8°- El 10 de junio de 2005, a la apoderada del actor le fue notificada la Resolución 315 del 28 de mayo de 2005, mediante la cual corrigen la Resolución 069, en el sentido de que no procede ningún recurso. 9.- Ese mismo día, le es notificada de la Resolución 318 del 31 de mayo de 2005, mediante la cual se da contestación a la petición elevada el 9 de marzo de 2005, en el sentido de no acceder a proferir acto administrativo para el

reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, porque estas ya fueron reconocidas y pagadas al hoy demandante, mediante Resolución 069; tampoco accede a reconocer la indemnización moratoria, ni los incrementos y actualizaciones solicitados. 10.- El 17 de junio de 2005, interpone recurso de reposición contra la Resolución 318. 7 11.- El 4 de agosto de 2005, le es notificada la Resolución 413 de 2005, mediante la cual el alcalde de Miranda, resuelve no revocar la Resolución 318, por considerar que dio cumplimiento a la Ley 244 de 1995, cancelando con anterioridad a los 45 días con que contaba, el pago de las cesantías adeudadas, por lo que no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria solicitada. 4°- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Como causal de nulidad de los actos acusados, la demanda señaló la de:  Violación de la Ley. Concretamente el parágrafo del artículo 2° de la Ley 244 de 1995; el Decreto 1582 de 1998; la Ley 50 de 1990 y la Ley 432 de 1998. Indica la apoderada que la Ley 244 de 1995 sanciona, con mora, el incumplimiento del empleador en pagar las cesantías o efectuar el pago tardíamente, pues dicha obligación la debe cumplir dentro de los 45 días siguientes a la notificación del acto administrativo en el que se ordene su reconocimiento; si omite este deber, debe cancelar un día de salario por cada día de retardo hasta que se produzca el

pago definitivo de las cesantías. 8 Resaltó que también resultaron conculcados la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1582 de 1998, pues el municipio de Miranda debía liquidar el 31 de diciembre de cada año las cesantías de su mandante y consignar a más tardar el 15 de febrero del año siguiente en COLFONDOS, dicha prestación; y no lo hizo, razón por la cual se hace acreedor a pagar al demandante un día de salario por cada día de retardo, tal y como lo establece el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La apoderada del ente territorial accionado contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones del actor, por la inexistencia de los presupuestos que configuran la nulidad de los actos atacados.

Advirtió que, por desconocimiento en la materia, la apoderada del actor llamó acto complejo a una serie de actos dictados por el mismo órgano (alcalde de Miranda), como consecuencia de actuaciones administrativas diferentes, pero que apuntaban al mismo objeto por lo que existe una indebida acumulación de pretensiones. Precisó que si el acto definitivo es la Resolución 133 de 2004, la cual fue objeto del recurso de reposición, deberá demandarse como una unidad tanto el acto definitivo, como el que desató el recurso de reposición (Res. 069 de 2005) y en el caso concreto integrado con la Resolución 315 de 2005, 9 pues mediante este acto administrativo se corrigió la Resolución 069 de 2005, por petición expresa de la

apoderada del actor. Como los actos mencionados no eran susceptibles del recurso de apelación, ya que el alcalde no tiene superior jerárquico, no podía hablarse en el caso concreto de acto complejo. Así mismo, propuso las excepciones de inepta demanda, inexistencia de la obligación reclamada y caducidad de la acción; por cuanto la defensora del actor tenía la obligación de individualizar cada uno de los actos administrativos atacados y precisar las pretensiones. Adujo que la Resolución 133 fue expedida el 8 de marzo de 2004, notificada el 14 de marzo de 2004; recurrida el 24 de marzo de 2004, para solicitar la modificación en la liquidación de las cesantías, e interponiendo en subsidio el recurso de apelación, que al tenor del artículo segundo de la citada resolución, erradamente se concedió. El 9 de marzo de 2005, la defensora del accionante presentó un derecho de petición para solicitar el pago de las cesantías pendientes y la indemnización moratoria. El 28 de febrero de 2005 se expide la Resolución 069 de 2005 reconociendo un saldo pendiente de cesantías a favor del demandante, la que fue notificada personalmente el 8 de 10 marzo de 2005, concediendo erradamente el recurso de reposición, el cual fue presentado por la representante judicial el 16 de marzo del citado año. El municipio demandado corrige su error mediante Resolución 315 del 28 de mayo de 2005, decisión que fue notificada el 10 de junio de 2005, quedado ejecutoriada, y en consecuencia pudiendo el accionante acudir a la vía judicial

dentro de los cuatro meses siguientes, es decir hasta el 11 de junio de 2005. Así las cosas, la acción judicial contra las citadas resoluciones se encuentra caducada, pues la demanda se interpuso el 1° de diciembre de 2005. Señaló que a la entidad demandada no le asiste la obligación legal de cancelar al actor la indemnización por mora de las cesantías y demás conceptos, toda vez que el pago ya se había realizado, pues si bien es cierto la administración mediante Resolución 069 de 2005 reconoce deber un saldo por concepto de cesantías correspondientes a un tiempo anterior al liquidado en la Resolución 133, ordena pagar el excedente a favor del actor; sin embargo, con ocasión de un recurso concedido erradamente, del que pretende hacer uso la apoderada del actor, ésta solicita la modificación de la Resolución 069, por que fue necesario expedir la Resolución 315. 11 Aclaró que como existía una nueva petición (la presentada el 9 de marzo de 2005), fue necesario avocar su estudio, para determinar la viabilidad de la solicitud, razón por la cual, mediante Resolución 318 del citado año, la entidad que representa no accedió a reconocer la indemnización moratoria, por considerar que el pago de las cesantías a favor del actor había sido cancelado dentro de la oportunidad establecida en la Ley 244 de 1995, advirtiendo que “una cosa es la mora en el pago de la cesantía cuyo derecho se causa con la desvinculación como se ha dicho y cosa diferente la mora en el depósito que las entidades deban hacer a los respectivos fondos a favor de los servidores públicos. En este último evento, el efecto es otro”.

3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Cauca declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la apoderada del ente territorial demandado, respecto de las Resoluciones 133 de 2004, 069, 315, 318 y 413 de 2005, y negó las súplicas de la demanda.

El a quo, al revisar las pruebas obrantes en el plenario, señaló que no cabe duda acerca de la ocurrencia del fenómeno de la caducidad, pues la Resolución 315 del 28 de mayo de 2005, mediante la cual se corrigió la Resolución 069, fue notificada el 10 de junio de 2005. Es decir, que cuando se presentó la demanda, esto es, el 1 de diciembre 12 de 2005, había vencido el término para tales efectos, pues la acción debió ejercitarse hasta el 11 de octubre de la citada anualidad, y no en diciembre, como efectivamente se hizo. El tribunal no se pronunció respecto a cuando se configuró el término de caducidad de las Resoluciones 318 del 31 de mayo de 2005 y 413 de junio de 2005.

4. RECURSO DE APELACIÓN La apoderada del demandante interpuso recurso de alzada contra la decisión de primera instancia, en el que señaló que la sentencia de primera instancia omitió referirse a las Resoluciones 318 del 31 de mayo de 2005 y 413 del 28 de junio del citado año.

Actos administrativos en los cuales se despachó desfavorablemente las peticiones de su mandante, siendo notificada la última el 4 de agosto de 2005, en consecuencia,

el término de caducidad se vencería el 5 de diciembre de 2005, y ella presentó la demanda el 2 de diciembre, es decir, antes de que se venciera el término de caducidad. Por lo anterior, solicitó revocar el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, y en consecuencia declarar la nulidad de los actos administrativos que se mencionan en la demanda, y a título de restablecimiento disponer el reconocimiento y pago de las 13 acreencias laborales que surjan a favor del demandante.

5. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para esta agencia fiscal, la controversia jurídica radica en determinar: 1.- Si se configuró el fenómeno procesal de la caducidad de la acción respecto a las Resoluciones 318 y 413 de 2005, como erradamente lo señaló el a quo, según la recurrente. 2.- Precisado lo anterior, si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria en el pago de sus cesantías, con base en lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, y la sanción moratoria señalada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías a tiempo en el fondo de cesantías.

Como punto de partida es necesario revisar las resoluciones acusadas así: 1) Mediante Resolución 133 del 26 de febrero 2004, al demandante le fueron liquidadas las cesantías definitivas, por haber laborado al servicio del municipio de Miranda, en el cargo de jefe de unidad técnica y estadística, entre el 1° de octubre de 2002 al 28 de febrero de 2004 (fls. 18-21).

14 2) El actor, el 24 de marzo de 2004 interpuso recurso de reposición contra la mencionada resolución y en subsidio apelación, toda vez que en la liquidación de las cesantías definitivas, no se tuvo en cuenta el periodo laborado como técnico del fondo de vivienda, cargo que desempeñó hasta el 31 de septiembre de 2002 (fls.22-23). 3) El ente territorial acusado vino a resolver este recurso mediante Resolución 069, del 25 de febrero de 2005, indicando que procedía el recurso de reposición. Notificándola el 8 de marzo de 2005 (fls. 37-39) 4) El 9 de marzo de 2005, la apoderada del demandante presenta derecho de petición ante el municipio de Miranda Cauca, en el que solicita la indemnización moratoria de $ 57.432.445, por el no pago oportuno de las cesantías del hoy demandante (fl. 24-27) 5) El 16 de marzo de 2005, la apoderada del accionante interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 069-05, transcribiendo el derecho de petición ya tramitado, solicitando nuevamente el pago de la indemnización moratoria de $ 57.432.445, por el no pago oportuno de las cesantías del señor Diego Casamachin, y también requirió “modificar, aclarar y/o corregir la Resolución 069, en el sentido de expresar en ésta que se está concediendo el recurso de reposición interpuesto Portu mandante contra la Resolución 133 de 2004, que por ese

15 motivo es que la administración procedió a reliquidar las prestaciones sociales” (fls.41-46). 6) Ante tal solicitud, el municipio demandado expidió la Resolución 315 del 28 de mayo de 2005, a través de la cual corrigió la Resolución 069, advirtiendo que contra tal decisión, no procede recurso alguno (fl. 48), la cual fue notificada el 10 de junio de 2005. 7) Mediante Resolución 318 del 31 de mayo de 2005, se resuelve la petición del 9 de marzo del citado año, no accediendo al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria solicitada. 8) La representante judicial interpuso recurso de reposición contra la Resolución 318 de 2005, solicitando una vez más el reconocimiento de la indemnización moratoria, (fl.55) 9) El municipio demandado resolvió el recurso interpuesto mediante Resolución 413, del 28 de junio de 2005, notificada a la apoderada el 4 de agosto de 2005, confirmado la Resolución 318 (fl. 60-62). Así las cosas, considera esta agencia del Ministerio Público que respecto a las Resoluciones 133 de 2004, 069 y 315 de 2005, sí se configuraría el fenómeno de caducidad. 16 No obstante lo anterior, debe advertirse que estos actos administrativos se están refiriendo a las prestaciones (incluidas las cesantías y los intereses de cesantías), más no a la indemnización moratoria, pues esta sólo vino a ser solicitada mediante derecho de petición elevado el 9 de marzo de 2005 (fls.24-27), el cual fue resuelto mediante

Resolución 318 del 31 de mayo, notificada el 10 de junio de 2005 (fls.48-50), contra la cual interpuso el recurso de reposición desatado mediante Resolución 413 de 2005, notificada el 4 de agosto (fls. 60-62). Así las cosas, es evidente que el término de caducidad de los citados actos administrativos vencería el 5 de diciembre de 2005, y la demanda se interpuso el 2 de diciembre, es decir, dentro del término. Precisado lo anterior, es necesario establecer si el demandante tiene derecho a las sanciones moratorias solicitadas, para lo cual se debe revisar las Leyes 244 de 1995 y 50 de 1990, así:  La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones, respecto a las cesantías, señaló: ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y 17 Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a)

del presente artículo. <Inciso 3o. INEXEQUIBLE> PARÁGRAFO. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.  El Decreto 1582 de 1998, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5o. de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia, dispuso: ARTICULO 1o. El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5o. y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. PARAGRAFO. Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6o. de la Ley 432 de 1998. ARTICULO 2o. Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el sistema tradicional de retroactividad, es decir, de los

vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996. La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de cesantías en el evento previsto en el inciso anterior, se realizará en virtud de convenios suscritos entre los empleadores y los mencionados fondos, en los cuales se 18 precisen claramente las obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se harán los aportes por la entidad pública, y la responsabilidad de la misma por el mayor valor resultante de la retroactividad de las cesantías. PARAGRAFO. En el caso contemplado en el presente artículo, corresponderá a la entidad empleadora proceder a la liquidación parcial o definitiva de las cesantías, de lo cual informará a los respectivos fondos, con lo cual éstos pagarán a los afiliados, por cuenta de la entidad empleadora, con los recursos que tengan en su poder para tal efecto. Este hecho será comunicado por la administradora a la entidad pública y ésta responderá por el mayor valor en razón del régimen de retroactividad si a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 344 de 1996. En el evento en que una vez pagadas las cesantías resultare un saldo a favor en el fondo de cesantía, el mismo será entregado a la entidad territorial. ARTICULO 3o. En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma: a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las

cesantías a la fecha de la solicitud de traslado; b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador; c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición. Es decir, que se liquidaran las cesantías según lo estipulado en la Ley 50 de 1990, así:  La Ley 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones, señaló: ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 19 2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá

pagar un día de salario por cada día de retardo. 4a. Si al término de la relación laboral existieron saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. 5a. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto. 6a. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los Decretos que dicte el Gobierno Nacional, en orden a: a) Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional; b) Garantizar que la mayor parte de los recursos captados pueda orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas. 7a. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía. PARAGRAFO. En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía. (…) ARTICULO 101. Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía invertirán los recursos de los mismos con el fin de

garantizar su seguridad, rentabilidad y liquidez, en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca la Comisión Nacional de Valores. Esta entidad, para el efecto, deberá oír previamente a una comisión designada por el Consejo Nacional Laboral. 20 Así mismo, abonarán trimestralmente a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes individuales, la parte que le corresponda en los rendimientos obtenidos por el Fondo durante el respectivo período. La rentabilidad del Fondo no podrá ser inferior a la tasa efectiva promedio de captación de los Bancos y Corporaciones Financieras para la expedición de Certificados de Depósito a Término con un plazo de noventa (90) días (DTF), la cual será certificada para cada período por el Banco de la República. En caso de que lo fuere, deberá responder a través de uno de los siguientes mecanismos: a) Con su propio patrimonio, o b) Con la reserva de estabilización de rendimientos que establezca la Superintendencia Bancaria. Si la rentabilidad resultare superior podrá cobrar la Comisión de Manejo que señale para tal efecto la Superintendencia Bancaria. ARTICULO 102. El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:

1. Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.

2. En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la vigencia del contrato

de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.

3. Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.

ARTICULO 104. De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía. La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá representar al trabajador en las acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía. En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el pago del auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular. 21 Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo.  Por otra parte, la Ley 244 de 1995, por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras

disposiciones, estipuló: ARTÍCULO 1o. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe