PGN - Documento 201607100721531

Honorables Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca Ref. Demanda de Casación presentada por el defensor de BIANOR MONTOYA GIRALDO contra la Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que lo condenó como autor de homicidio agravado y terrorismo. Rad. 23565.

Señores Magistrados: La Procuraduría Primera Delegada para la Casación Penal rinde concepto sobre la demanda de casación presentada contra el fallo de segunda instancia del 4 de diciembre de 2003, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó con algunas modificaciones la sentencia anticipada proferida el 30 de abril del mismo año por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá, que condenó a BIANOR MONTOYA GIRALDO y William Jamioy Quistal, el primero a la pena principal de 238 meses de prisión como coautor penalmente responsable de homicidio agravado y terrorismo y, el segundo, a 72 meses de prisión y multa de 533.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes como coautor de lavado de activos.

1. HECHOS Los hechos fueron descritos por el Tribunal de la siguienete manera: “La situación fáctica se presentó en la provincia de Sucumbíos de la República del Ecuador –zona selvática-, cuando el 12 de octubre de 2000, en horas de la madrugada, arribó al campamento de la empresa norteamericana de petróleos REPSOL YPF, un grupo de

Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo aproximadamente 25 personas quienes iban vestidas con uniforme

de camuflado simulando pertenecer al ejército del vecino país, provistos de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, quienes procedieron a retener ilegalmente a ALFORD ARNOLD, DERRY STEVEN, WEVER JASON MICHEL, BRADLEY DIAVID, SANDER RONNIE CLAY, ciudadanos estadounidenses; FROUDUROT JEAN LIOS, MICELLIN JEAN, de nacionalidad francesa; CORRAN DENNIS, neocelandés, GERMAN SCHOLZ MENDOZA, chileno y el argentino JORGE OSWALDO RODRÍGUEZ, a quienes obligaron a abordar un helicóptero de la misma compañía, imponiendo su pilotaje a los dos ciudadanos franceses. Al siguiente día del secuestro, los ciudadanos franceses lograron escapar de sus plagiarios, luego de haber sido apartados de los restantes secuestrados, quienes permanecieron en tal condición hasta el 1º de marzo de 2001, tras el pago de trece millones de dólares (US $13.000.000,oo) por su liberación. Como forma de presión utilizada por los secuestradores para lograr el pago del rescate, le quitaron la vida al ciudadano SANDER RONNIE CLAY, quien fue hallado en territorio ecuatoriano, en zona limítrofe con Colombia. Otra medida que utilizaron los plagiarios para presionar y acelerar el pago del rescate, fueron tres (3) atentados perpetrados contra el oleoducto ubicado a 43 kilómetros de la vía a Quito (Ecuador), vulnerando así la seguridad colectiva. A través de labores de inteligencia, de seguimiento de

comunicaciones telefónicas y radiales de alta frecuencia realizadas por un organismo de seguridad del Estado Colombiano, se logró establecer que las mismas se hacían desde nuestro país. Fue sí como mediante labores de inteligencia, se logró identificar a varias personas como presuntos partícipes de tales hechos, entre los cuales fue vinculado BIANOR MONTOYA GIRALDO”.

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Adelantada la correspondiente investigación, la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, mediante resolución del 7 de mayo de 2002, acusó a BIANOR MONTOYA GIRALDO, entre otros, como presunto coautor de secuestro extorsivo agravado, en concurso homogéneo y heterogéneo con porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de

2 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo las Fuerzas Armadas, y en la misma providencia dispuso investigar por separado su posible participación en los delitos de homicidio agravado y terrorismo, por cuanto estos cargos no le fueron imputados en la diligencia de indagatoria. Una vez producida la ruptura de la unidad procesal, MONTOYA GIRALDO rindió indagatoria el 6 de septiembre de 2002, ampliándola el 13 del mismo mes y 15 de octubre siguiente. El 10 de diciembre de 2002 le fue resuelta su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor responsable del concurso de delitos de homicidio agravado y terrorismo. Una vez en firme dicha providencia, MONTOYA GIRALDO solicitó audiencia de formulación de cargos para sentencia anticipada, la cual se

realizó el 26 de febrero de 2003, aceptando libre y voluntariamente su responsabilidad penal por los delitos de homicidio agravado y terrorismo. La sentencia anticipada fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 30 de abril de 2003, y confirmada con algunas modificaciones respecto del también condenado William Jamioy Quistal por el Tribunal Superior de la misma ciudad, a través del fallo que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación.

3. LA DEMANDA 3.1. Primer Cargo: nulidad por falta de competencia El juez de segunda instancia desconoció el artículo 29 de la Carta Política, 6º y 16-4 de la Ley 599 de 2000.

Desde cuando se inició la investigación previa se ha sostenido que la totalidad de los hechos materia de investigación y acusación ocurrieron en 3 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo el Ecuador, cerca a la frontera colombiana, lo cual llevó a la fiscalía a afirmar en la resolución de acusación que por encontrarse en Colombia aquellos nacionales que participaron en las conductas delictivas, se hacía necesario recurrir al numeral 4 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000, antes artículo 15 del Código Penal de 1980. Estas normas tienen que ver con el instituto de la extraterritorialidad de la ley penal y no con el de territorialidad, previsto en el numeral 1º del artículo 14 del actual estatuto penal, como lo aseveró el Tribunal de Bogotá, pues no hay referencia en el proceso que indique que parte de la ejecución de los hechos hubieran

ocurrido en Colombia, como para que el juez de segunda instancia se hubiera abrogado la competencia funcional. Pese a que lo aseverado en el fallo anticipado de primera instancia, respecto de la competencia, entra en “honda y profunda” contradicción con el expuesto por el Tribunal, a juicio del censor, ninguno de los juzgadores tiene la razón, por cuanto la competencia radica en la hermana República del Ecuador, lo cual significa que se habría violado el instituto del juez natural previsto en el artículo 29 de la Carta Política, situación que por lesionar el debido proceso, debe ser corregida a través del mecanismo de la nulidad. El Tribunal carecía de competencia funcional para conocer de unos hechos que tuvieron ocurrencia en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Si bien es cierto una vez consumados los hechos y liberados los secuestrados previo el pago de una cuantiosa suma de dinero, ingresaron a Colombia, también lo es que la administración de justicia del Ecuador, tan pronto conoció la noticia, asumió la investigación penal y, por ello, no se puede usurpar la soberanía jurídica de ese país, pues son sus funcionarios judiciales los competentes para investigar y juzgar esos hechos. En consecuencia, el demandante solicita declarar la nulidad desde la apertura de investigación previa, inclusive. 4 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo 3.1.2. Segundo Cargo (subsidiario): nulidad por violación del debido proceso. El juez de segunda instancia -según el defensorvulneró el non bis in idem previsto en el artículo 29 de la Carta Política. El Tribunal dijo que no se vulneraban los derechos fundamentales por el

hecho de haberse presentado ruptura de la unidad procesal para investigar y juzgar por separado los delitos de homicidio agravado y terrorismo. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el secuestro extorsivo es de los llamados delitos de conducta permanente, ello implica que se puedan presentar, como aquí ocurre, otras conductas punibles que desgraciadamente sirvieron para que los secuestradores alcanzar su ilícito cometido. Empero, “no resulta saludable en sentido jurídico”, iniciar cuanta investigación surja como consecuencia de comportamientos ilícitos, donde éstos están seriamente concatenados con la intención finalística de los imputados. Dice el censor que el juez de segundo grado “perdió el norte”, más aún cuando éste fue el ponente de los dos fallos anticipados proferidos contra Bianor Montoya Giraldo, por los mismos hechos, y existiendo identidad de sujetos, circunstancias fácticas y fundamentos. Le han resultado dos condenas al procesado por los mismos hechos, gracias a la magia del estatuto procesal penal impresa por la fiscalía. Además, al sumar las dos condenas, daría un total de 43 años 8 meses, los cuales rebasan el tiempo máximo previsto en la ley, que era de 40 años. En consecuencia, el Tribunal no tuvo en cuenta que la resolución de acusación contenía irregularidades sustanciales lesivas del debido proceso, porque desconoció el compendio probatorio y la unidad jurídica, 5 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo y permitió que se hiciera mal uso de la ruptura de la unidad procesal, aspecto que no cobijó a otras personas que estaban en la misma

situación jurídica de BIANOR MONTOYA, con lo cual permitió que éste fuera nuevamente investigado y condenado de manera anticipada por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Por lo anterior, el demandante solicita declarar la nulidad de lo actuado desde la resolución de acusación.

4. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante Resolución No. 0332 del 10 de julio de 2008, el señor Procurador General de la Nación reasignó el proceso a esta Delegada, razón por la cual procedemos a rendir el concepto de rigor, de la siguiente manera: 4.1. Primer Cargo: nulidad por falta de competencia El demandante denuncia falta de “competencia funcional” del Tribunal de segunda instancia para conocer de este asunto, por considerar que los hechos ocurrieron en la provincia de Sucumbíos, Ecuador y, por ende, son los funcionarios de ese país los competentes para adelantar la investigación. Además, existe contradicción entre lo afirmado por el Juez de primera instancia y el Tribunal, pues mientras el primero afirmó que era necesario recurrir al instituto de la extraterritorialidad (artículo 16-4 de la Ley 599 de 2000), el segundo dijo que se trataba del principio de la territorialidad (artículo 14-1 ibídem).

Así planteado el reproche, lo primero que debe advertirse es que el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal sólo faculta al procesado y 6 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo su defensor para impugnar la sentencia anticipada por los aspectos

relacionados con la dosificación de la pena, los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la extinción del dominio sobre bienes. Sin embargo, cuando se invoca una causal de nulidad, la jurisprudencia ha considerado que le asiste interés al recurrente para acudir en sede extraordinaria de casación a demostrar la existencia de la irregularidad sustancial alegada como sustento de la censura y, en tal evento, la Corte debe responder de fondo lo pertinente1. De manera entonces que si el censor en este caso acusa falta de “competencia funcional” del Tribunal de segunda instancia, por considerar que los competentes para conocer de este asunto son los funcionarios judiciales de la República del Ecuador, por haber ocurrido los hechos en ese país, es evidente que incurre en imprecisión en la formulación del reproche, toda vez que lo realmente pretendido es cuestionar la “competencia territorial”, según se desprende de los argumentos en que funda la censura. El concepto de “competencia funcional”, en términos generales, se refiere a la distribución jerárquica de las funciones asignadas por la ley a los distintos funcionarios judiciales de la república, y se vulnera cuando, por ejemplo, un funcionario interviene indebidamente en una etapa procesal que no le corresponde, o cuando los grados jurisdiccionales de apelación o consulta son resueltos por funcionarios diferentes de los establecidos en la ley. Ninguna de estas posibilidades se presenta en este caso, pues si la sentencia anticipada fue dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogota, es claro que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad era competente para conocer del recurso de

apelación instaurado contra ella, en virtud de lo preceptuado en el artículo 20 transitorio de la Ley 600 de 2000. 1 Por ejemplo, en sentencia del 25 de marzo de 2004, Rad. 20029. 7 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo A juicio de la Procuraduría, tampoco se presenta vulneración de la “competencia territorial”, pues si bien es cierto que por regla general el juez del lugar donde se realiza el hecho es el competente para conocer del proceso, también lo es que este principio general está sujeto a excepciones, en tratándose de la competencia a prevención regulada en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, el cual es del siguiente tenor: "Cuando la conducta punible se haya realizado en varios sitios, en lugar incierto o en el extranjero, conocerá el funcionario judicial competente por la naturaleza del asunto, del territorio en el cual se haya formulado primero la denuncia o donde primero se hubiere avocado la investigación. Si se hubiere iniciado simultáneamente en varios sitios, será competente el funcionario judicial del lugar en el cual fuere aprehendido el imputado y si fueren varios los capturados, el del lugar en que se llevó a cabo la primera aprehensión." De manera entonces que si en este caso la conducta fue ejecutada en el extranjero, no hay duda de que por la naturaleza de los hechos (homicidio agravado y terrorismo)2, eran competentes para conocer de este asunto tanto la fiscalía especializada en la etapa del investigación, como el juez penal del circuito especializado en la etapa del juicio, "del territorio en el cual se haya formulado primero la denuncia" o "donde primero se hubiere

avocado la investigación", pues la conjunción disyuntiva “o” permite que de estas dos hipótesis posibles, una cualquiera de ellas pueda operar de manera alternativa en la solución del conflicto. La juez de primera instancia explicó que el teniente Jairo Montealegre dio cuenta de los hechos cometidos en la República del Ecuador por nacionales colombianos y solicitó que la investigación se adelantara en Colombia, por cuanto parte de la organización se encontraba en este país. El ente instructor atendió la solicitud y dispuso que la investigación se adelantara en Bogotá, toda vez que la influencia guerrillera en el 2 Artículos 5 de la Ley 504 de 1999, y 3 y 5 transitorios de la Ley 600 de 2000. 8 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo departamento del Putumayo era un obstáculo para la garantía del debido proceso y el éxito de la investigación. En seguida, la Juez agregó: “Y en lo que atañe a la competencia para conocer la actuación, para esta Servidora Judicial es claro que la misma se adquirió a “prevención” tal como lo ordena el artículo 83 de nuestra legislación procesal penal actual, en atención a que si bien la captura de varios de los procesados se produjo en diferentes ciudades del país en algunos casos en forma simultánea, fue en Bogotá donde se dispuso la apertura de la investigación a petición del funcionario investigador y no en Putumayo, ni en Pasto ni en Pereira, dado el fundado temor que se tenía en torno a la probabilidad de que se violara la reserva de la instrucción y por la seguridad de quienes la adelantarían”3. De acuerdo con lo anterior, es claro entonces que se cumple el prepuesto

de “haberse avocado primero la investigación” en la ciudad de Bogotá, lo cual facultaba a los jueces de primera y segunda instancia de esta ciudad para conocer de este asunto, en virtud de la figura procesal de la competencia territorial a prevención, prevista en el artículo 83 de la Ley 600 de 2000, que corresponde al anterior artículo 80 del Decreto 2700 de 1991. Ahora, si en el aspecto sustancial, eventualmente podría presentarse algún desacuerdo entre lo afirmado por los jueces de primera y segunda instancia, en tanto el primero afirmó que se debía aplicar la ley penal colombiana por virtud del principio de extraterritorialidad establecido en el artículo 16-4 del Código Penal, mientras que el segundo consideró que el principio aplicable era el de territorialidad de conformidad con el artículo 14-1 ejusdem, lo cierto es que el reproche formulado resulta intrascendente de cara a la nulidad propuesta, porque en cualquiera de los dos casos, se debe aplicar la ley penal colombiana, tal como surge de la simple lectura de estas normas. Al margen de lo anterior, la Procuraduría considera que al haberse ejecutado totalmente en el exterior los delitos de homicidio agravado y 3 F. 36 c. o. 37. 9 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo terrorismo, es indiscutible que el principio aplicable es el de la extraterritorialidad de la ley penal colombiana, de conformidad con el artículo 16-4 del Código Penal, tal como lo señaló la Juez de Primera Instancia. La tesis sostenida por el Tribunal está referida al caso del secuestro extorsivo por el que también fue condenado el procesado, pues

si se atiende al hecho de que las llamadas extorsivas se originaron en Colombia, es claro que en tal evento sí resulta aplicable el principio de territorialidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14-1 ejusdem. Sin embargo, esta discusión, como viene de señalarse, carece de importancia frente a la nulidad propuesta por falta de competencia territorial, pues es palmario que en ambos casos se debe aplicar la ley penal colombiana. En consecuencia, el cargo no puede prosperar. 4.2. Segundo Cargo (subsidiario): nulidad por violación del debido proceso. Según el censor, el Tribunal habría violado el non bis in ídem porque el delito de secuestro extorsivo es de conducta permanente, lo cual implica que en su desarrollo puedan cometerse otras conductas punibles que sirvan para alcanzar el fin último de los secuestradores. Por tanto, se violaron los derechos fundamentales de BIANOR MONTOYA al haberse decretado la ruptura de la unidad procesal para investigar y juzgar por separado los delitos de homicidio agravado y terrorismo, no obstante tratarse de los mismos hechos y existiendo identidad de sujetos, circunstancias fácticas y fundamentos. Además, al sumar las dos condenas, se rebasa el tiempo máximo de la pena previsto en la ley. 10 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo El planteamiento del reproche por sí solo resulta artificioso, pues si el casacionista sostiene que en desarrollo del secuestro extorsivo se pueden cometer “otras conductas punibles”, es evidente que tal supuesto constituye un concurso material o real de conductas punibles, y no una

doble incriminación por los mismos hechos como equivocadamente lo pregona. El principio del non bis in ídem ciertamente es una garantía fundamental, reconocida en la Carta Política y en diversos instrumentos internacionales, que propende porque no se repita la imputación penal, parcial o totalmente, en el mismo proceso o en otro distinto. La jurisprudencia penal pacíficamente ha sostenido que el non bis in idem opera junto al principio de la cosa juzgada, en virtud del cual “las sentencias judiciales ejecutoriadas o cualquier otra decisión de esta misma fuerza vinculante, en cuanto ostentan al carácter de definitivas e inmutables, son material y jurídicamente intocables y resultan de obligatorio acatamiento para el juez, los sujetos procesales y, en general, para todo el conglomerado social 4. En reciente pronunciamiento, la Sala Penal de la Corte señaló que el principio del non bis in idem contempla tres presupuestos: (i) identidad de sujeto, (ii) identidad de objeto y (iii) identidad de causa o de fundamento.

Según la Corte: "La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole. "La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza. "[…] sobre la identidad de causa, débese señalar lo siguiente: Para la Corte, en el ámbito punitivo ese elemento, también denominado identidad de fundamento, está necesariamente vinculado con el

concepto de bien jurídico tutelado, de manera que no resultará jurídicamente viable la doble incriminación por un mismo hecho, 4 Sentencia de la Sala Penal del 17 de septiembre de 2003, Radicación 18793. 11 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo cuando las conductas punibles reprochadas lesionan o ponen en peligro idéntico interés jurídico”5. Pues bien, en el caso que se estudia es claro que no se cumplen los dos últimos presupuestos anteriormente referidos, pues no existe correspondencia fáctica ni jurídica en las distintas conductas punibles imputadas a BIANOR MONTOYA en los dos procesos que resultó condenado. En efecto, las constancias procesales informan que a raíz de los hechos ocurridos en la zona selvática de la provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, entre el 12 de octubre de 2000 y el 1º de marzo de 2001, la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, mediante decisión del 7 de mayo de 2002, acusó a MONTOYA GIRALDO como coautor del concurso de delitos de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, al tiempo que dispuso la ruptura de la unidad procesal para continuar investigándolo por los delitos de homicidio y terrorismo, toda vez que estos cargos no le fueron imputados en la diligencia de indagatoria. La acusación por secuestro extorsivo se formalizó en razón de la indebida retención de los señores Alford Arnolf, Derry Steven, Wever Jason Michael, Bradley Devid Scout,Ronnie Sander Clay, Corran Dennis,

German Schol Mendoza y Jorge Oswaldo Rodríguez, la cual se prolongó por espacio de 144 días, logrando los delincuentes, bajo amenazas de muerte, materializar el pago de trece millones de dólares en efectivo para obtener la liberación de las víctimas. El porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, según la fiscalía, consistió en el empleo de ellas para asegurar el éxito en las diferentes fases de la operación, como el impedir la reacción defensiva al momento del múltiple plagio, el dominio posterior 5 Sentencia del 6 de septiembre de 2007, Radicación 26591, tesis reiterada en pronunciamiento del 16 de abril de 2008, radicación 25543. 12 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo sobre las víctimas, la ejecución de uno de los secuestrados y las voladuras de oleoductos. Tal conducta punible se encuentra descrita y sancionada en el numeral 2º del Decreto 3664 de 1986, acogido como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991. El homicidio se habría configurado al haber ocasionado, en desarrollo del secuestro, la muerte violenta del ciudadano norteamericano Ronnie Sander Clay, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la Ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, Ecuador, con distintas heridas de proyectil de arma de fuego, y cubierto con una manta blanca que decía: “soy gringo por no pago de secuestro compañía H.P. Pompeya”. Respecto del delito de terrorismo, la fiscalía encontró que en desarrollo

del iter criminis del secuestro, algunos integrantes de la organización ejecutaron voladuras en el oleoducto TRANSECUATORIANO, como mecanismo de presión para obtener el pago del dinero en dólares a cambio de la liberación de los secuestrados, lo cual por sí solo resulta ser una conducta claramente diferente y concurrente con el secuestro extorsivo. Una vez producida la ruptura de la unidad procesal, el procesado BIANOR MONTOYA rindió indagatoria por estos dos últimos delitos, quien luego de habérsele resuelto su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, solicitó la formulación de cargos para sentencia anticipada, aceptando su responsabilidad penal por los delitos de homicidio agravado y terrorismo. Así pues, si bien se tiene que todas estos actos fueron ejecutados en desarrollo de la empresa criminal orientada a obtener el pago de una importante suma dinero, lo cierto es que cada una de esas acciones fáctica y jurídicamente son distintas e independientes, toda vez que con ellas efectivamente se lesionaron diversos bienes jurídicamente tutelados como la libertad individual, la vida y la seguridad pública. 13 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo Es que para consumar el delito de secuestro extorsivo, no resultaba imprescindible quitar la vida a uno de los secuestrados, ni explotar el oleoducto TRANSECUATORIANO a través de la utilización de explosivos y armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Los medios utilizados para lograr el “fin ultimo” de los secuestradores, no están incluidos en la

estructura típica del secuestro extorsivo y por consiguiente corresponden a otras tipicidades autónomas. En tal orden de ideas, es evidente que las varias acciones dan lugar a los diversos delitos tipificados por el legislador, es decir, se presenta un concurso material o real, en cuanto la misma persona comete varios delitos susceptibles de enmarcarse en el mismo precepto penal o en varios, los cuales guardan una completa autonomía e independencia tanto en el plano subjetivo como en el objetivo. Por tanto, no hay unidad de acción sino acciones independientes y se aplican los correspondientes tipos penales, puesto que no son excluyentes. De manera entonces que si la fiscalía acusó a MONTOYA GIL por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, y en la misma providencia dispuso investigar por separado los delitos de homicidio y terrorismo, ello, a juicio de la Procuraduría, ninguna irregularidad comporta, en tanto que el artículo 92-2 del Código de Procedimiento Penal de 2000, precisamente permite la ruptura de la unidad procesal cuando la resolución de acusación no comprenda todas las conductas punibles o a todos los autores o partícipes. Igual ocurre con la acumulación jurídica de penas, la cual se encuentra contemplada en el artículo 470 del mismo estatuto, el cual establece que “Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos 14 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la

pena impuesta en la primera decisión se tendrá en como parte de la sanción a imponer”. En consecuencia, como bien lo anotó el Tribunal, el procesado y su defensor tienen la facultad legal de solicitar ante el juez de ejecución de penas, la acumulación jurídica, la cual, como se ha visto, tiene en la práctica un tratamiento similar al concurso de conductas punibles juzgadas en un mismo proceso. Este cargo, por tanto, tampoco puede prosperar.

5. CONCLUSIÓN En virtud de lo expuesto, comedidamente sugiero a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia NO CASAR la sentencia impugnada.

De los Honorables Magistrados, atentamente,

FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., 18 de septiembre de 2008 Expediente No. 177/08 FJFM/capr 15 Cas. Nº 23565 Bianor Montoya Giraldo 16