PGN - Documento 201607102050508

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto sobre casación oficiosa (Radicado 28.068) La Corte Suprema de Justicia inadmitió por no cumplir las condiciones mínimas requeridas por el ordenamiento jurídico la demanda de sustentación del recurso de casación excepcional que se presentó en nombre y representación del procesado Camilo Andrés Vivas Cruz contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en Descongestión, por medio de la cual se confirmó la condena que profirió el Juzgado Séptimo Penal de Circuito de Bogotá, por el delito de

Lesiones Personales. Sin embargo, ordenó correr traslado al Agente del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación para que rinda concepto, tras advertir que en el proceso de dosificación de la pena los sentenciadores pudieron desconocer el principio de congruencia “al deducir una circunstancia de mayor punibilidad no imputada en la resolución de acusación (art. 58.12 de la Ley 599 de 2000)”.

1.- RESUMEN DE LOS HECHOS.

En la oportunidad que tuvo la Corporación de pronunciarse sobre los requisitos de forma y admisibilidad de la demanda, se sintetizaron así: “El 3 de diciembre de 2000, en las horas de la madrugada, en las instalaciones de la Novena Estación de Policía de Fontibón, Camilo Andrés Vivas Cruz, quien ingresaba en condición de detenido, golpeó sorpresivamente en la cara al patrullero Luís Alexander Padilla Molano,

causándole una lesión que le ameritó una incapacidad definitiva de 35 días sin secuelas médico legales”.

2. SINOPSIS PROCESAL Vinculado como fue Camilo Andrés Vivas Cruz, mediante indagatoria, su situación jurídica provisional se resolvió por Resolución del 23 de febrero de 2001, con medida de aseguramiento de detención preventiva, por el concurso de delitos de violencia contra servidor público y lesiones personales, previstos en los artículos 164 y 332, respectivamente, del Decreto Ley 100 de 1980, vigente para la época.

2 Por Resolución de Acusación del 27 de marzo de 2002, también se lo llamó a responder en juicio criminal, por el delito de Violencia contra Empleado Oficial en concurso con el de Lesiones Personales, descritos, en su orden, en los artículos 429 y 111, 112, inciso segundo, del nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000) que había entrado a regir a partir del 24 de julio de 2001. En virtud del recurso de apelación, esta determinación la confirmó mediante la suya del 19 de noviembre del mismo año, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior. Rituado el juicio, el Juzgado Séptimo Penal el Circuito de Bogotá le puso fin al proceso mediante sentencia del 14 de marzo de 2005, por medio de la cual absolvió al procesado en relación con el delito de violencia contra Empleado Oficial, y únicamente lo condenó por la conducta de Lesiones Personales a la pena principal de veintiún (21) meses de prisión y multa de tres mil pesos, además

de la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena aflictiva. En el proceso de dosificación en concreto de la pena, se consideró expresamente que la legislación aplicable era la vigente en el momento de la comisión del ilícito, por cuanto el nuevo estatuto consagraba una pena mayor en relación con el delito y luego que se establecieron los extremos punitivos entre seis meses y tre/s años de prisión e igual que la multa oscilaba entre mil a cinco mil pesos, finalmente el fallo precisó: “En razón a que contra el procesado concurre circunstancia de mayor punibilidad de naturaleza objetiva al haber ejecutado la conducta contra servidor público en ejercicio de sus funciones (art.58-12 ib.) y acreditada como se halla la ausencia de antecedentes penales (art. 55-1 ej.), la pena a imponerse se centrará en el primer cuarto medio que va de 13 meses y 15 días a 21 meses de prisión, acorde con lo consignado en el artículo 61, inciso 2° del Código Penal”. El Tribunal Superior de Pereira que conoció de la apelación en virtud de la política de descongestión, mediante el suyo del 18 de diciembre de 2006, confirmó la sentencia de primera instancia sin ningún reparo.

2. INFRACCIÓN AL PRINCIPIO POSITIVO DE FAVORABILIDAD El sentenciador de primer grado habida consideración de la concreción del principio de legalidad encontró fuera de toda discusión que la norma aplicable debía ser la de la codificación vigente para el momento de la comisión del ilícito, por favorabilidad, por cuanto claramente señaló que el nuevo legislador había

establecido una pena mayor en relación con la conducta de Lesiones Personales Dolosas, y a fe que de conformidad con la legislación derivada fijó los extremos 3 punitivos entre uno y tres años de prisión, al igual que la multa entre mil y cinco mil pesos. No obstante, al fijar la pena en concreto correspondiente, procedió según las palabras que emplea “acorde con los criterios y reglas a que se refiere el Capitulo 2° del Titulo 4° del Código Penal (actual, Ley 599 de 2000) y en concreto el artículo 59 relativo al proceso de individualización de la pena y el artículo 60.” En consecuencia, dentro de los cuartos en los que dividió el ámbito de movilidad de la punibilidad, se ubico en el primer cuarto medio, porque también considero aplicable el artículo 58, numeral 12, del nuevo Estatuto Penal, esto es, la circunstancia de mayor punibilidad por haber ejecutado la conducta contra servidor público en ejercicio de sus funciones. No aplico ninguno de los estatutos penales en su integridad, y en efecto en el transito de leyes punitiva, el juez ha de valorar cual de ellas es la más favorable al acusado, pero el concepto conforme al cual se debe aplicar en su integridad, sin que fuera permitido tomar lo que beneficia y desechar lo perjudicial, no domina ya la doctrina ni la jurisprudencia. Tratándose de leyes pluritemáticas cuyo ejemplo clásico de ellas son los códigos sustantivos y procesales penales, no se puede decir de manera tajante que no resulte valedero tomar de cada una de ellas lo que en determinado aspecto

favorezca al procesado, con desprecio de lo perjudicial a sus intereses, siempre que se mantenga a salvo la autonomía de cada instituto o materia objeto de regulación. Todo indica que en cuanto al sólo proceso de dosificación o fijación en concreto de la pena, el juzgado aplico el nuevo estatuto penal, pensando sin duda que los criterios fijados por este para la individualización de la sanción, de menor ámbito de discrecionalidad, era menos gravoso que los del ordenamiento anterior, sin advertir que en las condiciones que lo aplicó, ubicándose en los cuartos medios del ámbito de movilidad tras deducir una circunstancia genérica de intensificación punitiva, de manera alguna resultaba favorable al acusado . Evidentemente, el motivo genérico de intensificación de la pena, conforme al cual constituye una circunstancia de mayor punibilidad, siempre que no haya sido prevista de otra manera, cuando la conducta fuere cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal, sólo vino a cobrar vigencia a partir de la expedición del nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), pues el artículo 66 del Decreto Ley 100 de 1980, en ninguno de sus numerales lo contemplaba. 4 En esa virtud de lo anterior, en manera alguna podía el sentenciador aplicar retroactivamente la nueva legislación para imputar al procesado una circunstancia genérica de agravación punitiva en su propósito de ubicarse en los cuartos medios del ámbito de movilidad, porque de ese modo desconoció la ley anterior pero

vigente en el momento de los hechos que le favorecía en cuanto no la consagro. De contera, infringió el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y el fallo definitivo, porque dicha circunstancia de agravación punitiva, a pesar de que la Fiscalía que calificó el mérito probatorio del sumario imputó el concurso de delitos de acuerdo con las normas del nuevo Código Penal, no la dedujo el enjuiciatorio. Para remediar tal situación, resulta necesaria la obligada intervención de la Corte Suprema de Justicia para que en uso de la facultad que le concede el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal CASE PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior de Pereira en orden a preservar el principio de favorabilidad y proceda a un nuevo proceso de dosificación de las penas de prisión y multa, a partir del primer cuarto siguiendo los mismos criterios de ponderación que tuvo en cuenta el Sentenciador. Igual suerte debe correr la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Atentamente,

ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA

Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., 29 de agosto de 2007