PGN - Documento 201607102050581

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. Julio Enrique Socha Salamanca.

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto Casación

Oficiosa Rad. No. 21.725 La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación por vía discrecional incoado en nombre del procesado Julio Vicente Castellanos Velasco contra la sentencia por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja revocó la absolución emitida en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, y en su lugar lo condenó por los delitos de Secuestro Extorsivo y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal. Sin embargo, ordenó correr traslado al Agente del Ministerio Público para conceptuar sobre la posible vulneración de garantías fundamentales del acusado debido a una eventual incongruencia entre el fallo y la Resolución de Acusación. 1.- HECHOS La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acogió la reseña que del acontecer fáctico hizo el Fallador de Segundo Grado: “Cuando el día 27 de abril (julio) de 2000, a las cinco y quince de la mañana, el señor Jorge Horacio Martínez Mora se dirigía en el vehículo de su propiedad, camioneta Chevrolet de color amarillo, a uno de los hatos de su finca denominada Santo Domingo, ubicada en la vereda ‘Varela’ del municipio de Chiquinquirá, en compañía de las señoras María Valero y Abdelina Murcia, seis individuos le atravesaron un palo

en la carretera, trató de evadirlo, pero como se le apagó el automotor, los sujetos lo bajaron a puños y puntapiés, le dijeron que se trataba de un secuestro y amenazando con revólver lo colocaron en la parte de atrás de su vehículo, el cual pasó a conducir uno de los sujetos; luego lo pasaron a un vehículo marca Renault 12 de color rojo, donde iban cuatro de los sujetos, puesto que los otros dos se fueron en un camión; cundo llegaron al sitio denominado ‘La Raya’, en cercanías a Chiquinquirá, fueron interceptados por un retén de la Policía y el Ejército; se presentó un intercambio de disparos, los individuos trataron de huir pero fueron capturados Aureliano Castiblanco, y los hermanos Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª Nº 15-80 Piso 23 - PBX 3360011 / 3520066 - Ext. 12307/14 www.procuraduria.gov.co - casacion4penal@procuraduria.gov.co Radicación N° 21.725 Castellanos Velasco Julio Vicente Mario Alberto y Belarmino Celis Hernández; y en el sitio ‘Tres Esquinas’ del municipio de Raquira (Boyacá) fueron capturados Luís Enrique Quintero y Hugo Ramiro Hernández, a quienes se sindicó de tener participación en los hechos”. 2.- ACTUACIÓN PROCESAL El 28 de julio de 2000 se abrió formalmente investigación y tras escuchar en indagatoria a los seis capturados, su situación jurídica provisional les fue resuelta el 11 de agosto con detención preventiva como medida de aseguramiento.

Dado que de las injuradas de algunos de los aprehendidos se desprendían cargos contra Julio Vicente Castellanos Velasco y Oscar Darío Cáceres Ferrer, se ordenó la vinculación de estos mediante indagatoria, y puesto que no fue posible su captura para tales fines se los emplazó y declaró personas ausentes. Cinco de los inicialmente capturados se acogieron a la terminación del proceso mediante la figura de sentencia anticipada, lo que ocasionó la ruptura de la unidad procesal para continuar el trámite ordinario respecto de los restantes implicados. Perfeccionada la investigación frente al procesado vinculado a través de indagatoria, se ordenó el cierre parcial de la instrucción respecto del mismo, y en su contra la Fiscalía dictó el 16 de marzo de 2001 Resolución de Acusación por los delitos de Secuestro Extorsivo, agravado, y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal. Por su parte la situación jurídica provisional de Castellanos Velasco y Cáceres Ferrer fue resuelta el 28 de junio de 2001 con detención preventiva como medida de aseguramiento por las señaladas conductas punibles; luego, tras el cierre de la investigación, el 2 de octubre siguiente la Fiscalía calificó el mérito probatorio del sumario con Resolución de Acusación contra los precitados en calidad de coautores de Secuestro Extorsivo y Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, de conformidad con los artículos 169 y 365 del Código Penal vigente (Ley 599 de 2000), normatividad que aplicó a los procesados por favorabilidad. El Pliego de Cargos se notificó personalmente al defensor y al agente del

Ministerio Público, y luego por anotación en estado del 23 de octubre de 2001, adquiriendo firmeza material a partir del 27 de ese mes. Conoció la etapa de la causa el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, Despacho que el 28 de marzo de 2003 dictó sentencia absolutoria a favor de Julio Vicente Castellanos Velasco y Oscar Darío Cáceres Ferrer, decisión que a instancia de la apelación formulada por la Fiscalía fue parcialmente revocada por el Tribunal Superior respecto del primero de los nombrados, a quien como coautor de los delitos imputados condenó a las penas principales de 23 años y 6 meses de 2 Radicación N° 21.725 Castellanos Velasco Julio Vicente prisión, y multa equivalente a 220 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 10 años. 3.- INFRACCIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES En el asunto examinado al dosificar la pena el Fallador de Segundo Grado indicó que por favorabilidad el marco punitivo a observar frente al Secuestro Extorsivo era el previsto en el artículo 169 de la Ley 599 de 2000 en cuanto a la prisión (18 a 28 años), y el del artículo 1° de la Ley 40 de 1993 respecto de la multa (100 a 500 smlmv), de la misma manera que resultaba más benigna la regulación punitiva del artículo 365 de la actual Codificación Penal Sustantiva para el delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal (1 a 4 años).

Por prever el delito contra la Libertad individual la sanción más grave fue el seleccionado para el proceso disimétrico, y en tal virtud señaló el iudex ad-quem que como concurría una circunstancia de menor punibilidad (la buena conducta anterior) y “…una de mayor punibilidad, haber obrado en coparticipación…”, de acuerdo con el inciso 2° del artículo 61 del Código Penal, debía ubicarse en los cuartos medios (246 a 306 meses de prisión y multa de 200 a 400 smlmv); hecha tal precisión individualizó la pena en 270 meses de prisión y multa de 220 smlmv “…Dadas las circunstancias modales en que ocurrió la conducta y las lesiones sufridas por la víctima…”, para luego aumentar la pena privativa de la libertad en 12 meses por el concurso con la otra conducta punible y obtener así las sanciones principales impuestas al procesado. Sin embargo, lo precisado expresamente por la Fiscalía sobre la calificación jurídica de las conductas fue lo siguiente: “La conducta investigada en el presente asunto tipifica el delito de Secuestro Extorsivo de que trata el Código Penal en su Libro Segundo, TITULO III, que contiene los delitos contra la Libertad individual y otras garantías, CAPITULO SEGUNDO, denominado del Secuestro, artículo 169, sancionado con pena de prisión de dieciocho (18) a veintiocho (28) años y multa de dos mil (2000) a cuatro mil (4000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, norma aplicable en virtud del principio de favorabilidad, toda vez que el nuevo Código Penal disminuyó las penas mínimas y máximas para el delito en mención, además de que elimino

la causal de agravación que se basaba en las lesiones o muerte del secuestrado, lo que en sentir del despacho configura una conducta punible distinta contra la vida y la integridad personal. Esta conducta concurre materialmente con el delito de Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, de que trata el Código Penal en su Libro Segundo, TITULO XII, denominado Delitos contra la seguridad pública, CAPITULO SEGUNDO, contentivo De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras 3 Radicación N° 21.725 Castellanos Velasco Julio Vicente infracciones, artículo 365, sancionado con pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años.”. De lo anterior surge evidente que la dosificación punitiva hecha por el Juez Plural fue equivocada, y el dislate verdaderamente trascendente pues al imputar la causal genérica de mayor punibilidad de la coparticipación criminal y considerar como criterio para individualizar la pena las lesiones sufridas por la víctima desconoció el Principio de Congruencia que debe existir entre acusación y fallo, por cuanto la aludida circunstancia genérica no fue deducida en el Pliego de Cargos emitido contra el encausado, y el referido criterio individualizador fue expresamente desestimado en la acusación al considerar que se trataba de una conducta punible autónoma, razón por la que no podía el fallador computarlos a su arbitrio. Ha menester recordar que el principio o garantía de congruencia entre sentencia y acusación, constituye base esencial del debido proceso, de una parte, porque el

Pliego de Cargos es el marco conceptual, fáctico y jurídico de la pretensión punitiva del Estado, y de otra, porque a partir de la acusación el procesado puede desplegar los mecanismos de oposición inherentes al ejercicio de su derecho de defensa, amen de que con base en esta obtiene la confianza de que, en el peor de los eventos, no recibirá un fallo de responsabilidad por aspectos no previstos en esa resolución. Entratándose de circunstancias específicas de agravación de una determinada conducta punible, siempre se ha sostenido que es imprescindible que en la actuación se encuentren debidamente demostradas, y que su atribución en el Pliego de Cargos esté precedida de la necesaria motivación y valoración jurídicoprobatoria, toda vez que como elementos integrantes del tipo básico en particular, requieren de las mismas exigencias de concreción y claridad, con el fin de que el procesado no albergue duda frente al cargo que enfrentará en el juicio o respecto de consecuencias punitivas en los eventos en que decide voluntariamente aceptar responsabilidad con miras a un sentencia anticipada, pues aquellas delimitan en cada caso concreto los extremos mínimo y máximo de la sanción a imponer. Por su parte, respecto a las causales genéricas de mayor punibilidad contempladas en el artículo 58 de la Ley 599 de 2000 (antes art. 66 Decreto-Ley 100/80), superado como se encuentra el criterio de que su valoración es del resorte exclusivo del fallador al dosificar la pena, lo mismo que la distinción doctrinal entre “objetivas” y “subjetivas”1, hoy por hoy, y con ocasión de la entrada

en vigencia del Nuevo Estatuto Penal Sustantivo y del de Procedimiento Penal (Ley 600/00), existe consenso en la jurisprudencia en cuanto a que aquellas deben ser atribuidas en la Resolución Acusatoria de manera expresa, tanto fáctica como jurídicamente sin que esto se traduzca en convertir en presupuesto de la imputación la enunciación numérica del texto legal, como quiera que para ello es 1 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia de Única Instancia del 23 de septiembre de

2003. M. P. Dr. Herman Galán Castellanos. Rad. 16.320.

4 Radicación N° 21.725 Castellanos Velasco Julio Vicente suficiente la valoración objetiva y subjetiva de la circunstancia de mayor intensidad punitiva mediante raciocinios que no permitan la duda acerca de su atribución a efectos de que puedan ser consideradas en el fallo, ya que, de lo contrario, al computarlas el juzgador atentaría contra el Principio de Congruencia2. Es harto sabido, que un escrupuloso respeto por las garantías fundamentales de la legalidad del delito y la pena, no se agota con la pretensión de la absolución, sino que se colma también al obtener un trato punitivo más benigno. Cuando el grado o quantum punitivo no corresponde según la ley, es obvio que se desconoce la legalidad de la pena y por eso es perfectamente explicable como motivo de casación, y el efecto que debe producir es la aplicación de una pena menos gravosa. Por lo anterior este Delegado estima que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de su misión de propender por la

salvaguarda de los derechos esenciales de las personas, la tutela del debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial, en uso de la facultad oficiosa que le concede la ley debe CASAR PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior de Tunja para preservar los principios de congruencia entre acusación y fallo, y el de legalidad de la pena. Atentamente, ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá., 21 de septiembre de 2006 Rad. N° 21.725 2 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencias del 30 de junio de 2004. M. P. Dr. Herman Galán Castellanos. Rad.18.874; 20 de abril de 2005, M. P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. Rad. 21.576; 31 de agosto de 2005, M. P. Drs. Marina Pulido de Barón y Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Rad. 23.678; y 9 de febrero de 2006, M. P. Dr. Mauro solarte Portilla. Rad. 23.750, entre otras. 5