PGN - Documento 201607120151530

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Muerte de persona por el mal estado de la vía y falta de señalización RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-El daño antijurídico y la imputación como elementos estructurales FUERO DE ATRACCIÓN-Juez contencioso administrativo adquiere competencia para conocer en un mismo proceso las pretensiones dirigidas a ambas partes La parte actora demandó a partes de distintas naturaleza jurídica, la primera de naturaleza pública –Municipio de Medellíny, la segunda, de naturaleza de derecho privado; razón por la cual, en virtud del fuero de atracción, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer, en un mismo proceso, las pretensiones dirigidas a ambas partes. ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio/CARGA DE LA PRUEBA-No se probó el nexo causal entre el daño y la culpa Si bien se evidencia la omisión en la incurrió la administración al no implementar las medidas necesarias para la conservación y mantenimiento de las vías en buen estado, así como de señalizar los eventuales riesgos de las carreteras, tal y como se desprende de los testimonios rendidos en el proceso, las fotografías allegadas y los documentos de las autoridades competentes; lo cierto es que los demandantes no tuvieron éxito en acreditar que dicha falencia fue la causa adecuada en la producción del daño es decir, no se estableció con certeza el nexo de causalidad entre el daño y la omisión de la administración. Como se observa hay un sinfín de eventos que pudieron acontecer, razón por la cual, era labor de los accionantes probar fehacientemente que la causa del daño fue la falta de

señalización o mantenimiento de la vía, cosa que en el presente asunto no ocurrió. Así las cosas, se considera que la parte demandante inobservó lo consagrado por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho que las partes persiguen, pues no logró probar en grado de certeza el nexo de causalidad entre la ocurrencia del daño –muerte de … y la omisión de la autoridad pública –falta de señalización y mantenimiento de la vía-, lo que por contera significa que no se configuran todos los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

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IUS2014-107769 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Eximentes de responsabilidad En el sub judice se configuran los eximentes de responsabilidad consistente en primer lugar, en la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto transgredió la normativa de tránsito mediante la conducción de una motocicleta sin portar la respectiva licencia de conducción que la habilitaba para transitar en las vías del país, ni contar con el casco de seguridad –el cual es diseñado especialmente para golpes-, generando y propiciando las condiciones de riesgo que sobrevinieron en el daño; y, en segundo lugar, el caso fortuito, puesto que se presentó un evento imprevisible e irresistible para el conductor, como lo fue la caída intempestiva de la fallecida.

Las anteriores circunstancias no permiten realizar la imputación jurídica del daño antijurídico que, según los demandantes, causó el referido señor, dado que estas causas extrañas rompen el nexo de causalidad entre el daño y el hecho, y por consiguiente, no es procedente declarar la responsabilidad del demandado. 2

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 8 de abril de 2014

Doctor

DANILO ROJAS BETANCOURTH

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 14-52

Acción: Reparación Directa Radicado: 0500-1233-1000-2007-00542-01 (47.879) Actor: María Elena Ruiz Villa y otros Demandado: Municipio de Medellín y otros Honorable Señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que denegó las pretensiones de la demanda, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal especial, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

1. Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, los señores María Elena Ruíz Villa, Libardo de Jesús Zapara Loter y otros solicitaron al Tribunal Administrativo de Antioquia

3 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS2014-107769 declarar administrativa y civilmente responsable al Municipio de Medellín, la Cooperativa de Transportadores Tax Cooperbombas Ltda. y al señor William Orlando Gil Tabares por los perjuicios irrogados a los mismos como consecuencia de la muerte de la señora Viviana Zapara Ruíz, quien falleció el 8 de abril de 2005 al ser golpeada por el vehículo tipo taxi de placas TIN201. Como fundamento de sus pretensiones, narran los demandantes que el 8 de abril de 2005 la señora Viviana Zapata Ruíz se encontraba conduciendo una motocicleta de placas MAZ46A cuando “(…) por una imperfección en la vía, cayó de la motocicleta y fue golpeada por el vehículo tipo taxi, marca Maza (sic), de placa TIN-201, afiliado a la empresa “Coopebombas”, que era conducido por su propietario, el señor William Orlando Gil Tabares”; situación que “(…) le causó (…) politraumatismos y “T.E.C.” severo , produciéndole la muerte de manera instantánea”. Indicaron entonces los demandantes que “(…) la muerte de VIVIANA ZAPATA RUIZ, ocurrió por el mal estado de la vía y por la impericia y negligencia del conductor del vehículo taxi que no conducía a la distancia prudente y quien no realizó maniobra alguna para evitar el accidente. Es decir, que la muerte de VIVIANA ZAPATA RUÍZ fue el resultado de la falla del servicio por parte del Municipio de Medellín en el mantenimiento de la vía y por la culpa de los otros demandados.

2. Contestación

2.1. Cooperativa de Transportadores Tax-Coopebombas Ltda. El accionado contestó la demanda aduciendo, primeramente, que no tenía conocimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito ocurrido el 8 de abril de 2005 en el cual falleció la señora Viviana Zapata Ruiz. Empero, indicó que sí tenía conocimiento de la investigación 4 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS2014-107769 llevada a cabo por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, y con fundamento en ella, infería la responsabilidad del Municipio de Medellín por cuanto en ésta se observó que “(…) la vía presenta un montículo o resalto y en las yuntas de unión del puente se observa un pequeño hueco (…)”. De otra parte, sostuvo que no era dable endilgarle responsabilidad a la entidad demandada por la ocurrencia de los hechos toda vez que no hubo negligencia e impericia por parte del conductor del taxi, pues lo que en efecto hubo fue un caso fortuito y por ende era imposible evitar la tragedia. Al respecto indicó: “(…) si bien se produjo [el daño] y se causaron perjuicios a la víctima y demandantes, no se dio relación de causalidad, ente (sic) uno y otro factor y al no existir la misma, por tratarse de un caso fortuito interviniente en el proceso, de imposible evitación por lo inesperado del hecho generador de la muerte de VIVIANA ZAPATA RUIZ, como lo fue perder el equilibrio al conducir su motocicleta, por que (sic) un promontorio de arena y asfalto derribó la mismo (sic) y por

consiguiente esta cayó al piso y si fue arrollada por el taxista, se trató de un hecho imposible de evitar (…)”. 2.2. William Orlando Gil Tabares1. A su turno, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, para lo cual manifestó que no existe un nexo de causalidad entre el accidente y la actuación del señor Gil que permita acreditar su responsabilidad, comoquiera que se presentó una de las causales exonerativas de responsabilidad, esto es, la culpa exclusiva de la víctima, pues fue su actuar imprudente lo que generó las condiciones para la producción del accidente. Explicó el demandado: (…) con vehemencia está demostrado que la causa determinante del accidente fue aportada por la conductora de la motocicleta de placas MAZ-46ª, convirtiéndose así su actuar en una causal excluyente de 1 Conductor con el cual se ocasionó la muerte de la señora Zapata. 5 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS2014-107769 responsabilidad, como es el caso fortuito, al cual mi representado, le era imposible resistir u oponerse, recayendo toda la responsabilidad en la propia víctima del incidente dañoso. (…) De allí que la actividad desplegada por el señor William Orlando Gil Tabares fue inerte y/o pasiva frente a la producción de los presuntos perjuicios reclamados, los mismos que no se presentan si no confluye el actuar imprevisto de la joven Viviana Zapata Ruiz (q.e.p.d.), que fue su única causante, siendo injusto que mi representado cargue con ellos, puesto que nadie puede beneficiarse de sus propios y

exclusivos hechos dañosos. Asimismo, indicó que en los hechos también se observa un caso fortuito, tal como se transcribe a continuación: Como se presenta en el caso debatido, la conducta desplegada por la conductora de la motocicleta, conjuntamente con los defectos presentados en la vía, se tornó irresistible e imprevisible, pues a cualquier persona en el evento de actuar en similares condiciones objetivas el 8 de abril de 2.005 en la Avenida Bolivariana con la Calle 34 sobre el puente, de Medellín, no le hubiera sido posible resistir o impedir los nefastos resultados que causó con su proceder la señorita Viviana Zapata Ruiz. 2.3. Municipio de Medellín. Por su parte, el Municipio de Medellín se pronunció respecto de la demanda aduciendo que deben desestimarse las pretensiones de la demanda por cuanto el accidente no se produjo por el estado de la vía, sino que ocurrió dado que la hoy occisa transgredió la normativa de tránsito ya que no portaba un caso de seguridad, una licencia de conducción que le permitiera manejar, y en ese sentido se evidenciaba un culpa de la víctima. Al respecto indicó: Al verificar en la página del Ministerio de Transporte no existe soporte de que Viviana Zapata Ruiz (…) hubiera obtenido la licencia de tránsito, lo que se traduce en que no cumplía con los requisitos mínimos para la conducción de un vehículo automotor en ninguna de las categorías, estos es, ni para motos, motocarros, vehículos particulares o públicos, no contaba con la pericia mínima y menos suficiente para conducir una motocicleta.

(…) 6

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IUS2014-107769 De igual forma es importante tener presente que, según los documentos que reposan en el expediente contravencional (sic), en el bomper o defensa del vehículo de servicio público quedaron rastros de cabello en el lugar donde éste golpeó a Viviana Zapata, situación ésta que sugiere que la mencionada al conducir su motocicleta y al momento en que el taxi la golpeó en la cabeza no portaba el casco de seguridad reglamentario, situación ésta que conllevó a la ocurrencia de su deceso. De otra parte, adujo que en el accidente confluyó la actuación del conductor del taxi, comoquiera que éste se encontraba desplegando una actividad catalogada como riesgosa, además que no guardó una distancia prudente con el motociclista ni tampoco utilizó el carril izquierdo para realizar la maniobra de sobrepaso. Indicó: (…) conductor de taxi vulneró el deber de conservar la distancia mínima entre vehículos establecida en diez (10) metros, así como la obligación de utilizar el carril de la izquierda para realizar el sobrepaso y la prohibición de realizar adelantamientos cuando la maniobra ofrezca peligro, situación que era clara por no decir evidente, pues estaba realizando el adelantamiento por el mismo carril por el que transitaba Viviana Zapata (…). Con fundamento en lo anterior, concluyó que no era dable endilgarle responsabilidad al municipio, dado que no existía un nexo de causalidad entre los hechos que se invocan y el actuar de la entidad, pues las causas

se ocasionaron por las actuaciones imprudentes y contrarias a derechos que realizaron tanto la señora Zapata como el señor Gil Tabares.

3. Llamamiento en Garantía.

Por solicitud del apoderado del señor William Orlando Gil Tabares del, se llamó en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia, a lo cual el tribunal accedió mediante auto interlocutorio no. 456 del 11 de octubre de 20072. 2 Folio 208 a 2010 del cuaderno 1. 7

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IUS2014-107769 En su escrito3 la aseguradora aseveró que no es dable endilgarle responsabilidad al conductor del vehículo como quiera que la ocurrencia del accidente de tránsito se debió al actuar imprudente de la fallecida, es decir, hay una culpa exclusiva de la víctima. Al respecto indicó: Se afirma entonces que existe culpa de la víctima porque su actuar fue imprudente, como se dijo. La imprudencia de la señora Zapata Ruiz es clara por cuanto no obstante estar realizando una actividad peligrosa como lo es la conducción de una motocicleta, la realizó sin el cuidado y precaución necesaria (…) De otra parte, indicó que también concurrió el hecho de un tercero, por cuanto el Municipio de Medellín actuó con negligencia “(…) al no cumplir con su obligación de darle el correcto mantenimiento a la malla vial, permitiendo que en el lugar de ocurrencia del accidente se presentara un desnivel y un agrietamiento del asfalto, lo que a su vez ocasionará la desestabilización y posterior caída de la motociclista que falleciere (…).

De igual manera, propuso como excepción el caso fortuito o fuerza mayor.

4. Sentencia Por decisión del 28 de enero de 2013 el Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda.

Luego de efectuar un recuento de los títulos de imputación que proceden en los casos de actividades riesgosas, el tribunal determinó que, teniendo en cuenta que la parte actora en los hechos de la demanda alegó que la muerte de Viviana se produjo por la falta de señalización en la vía, el título de imputación a tratar era el concerniente a la falla del servicio por parte de la administración. 3 F. 216 y siguientes. 8

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IUS2014-107769 Así, tras realizar el estudio del caso, el tribunal fundamentó su decisión en el hecho que no hubo suficiente material probatorio que permitiera establecer la causalidad adecuada entre el daño y las actuaciones del municipio, es decir, no se probó el nexo de causalidad entre la falla del servicio por falta de señalización y la muerte de la señora Zapata. Explica el tribunal: Como ha señalado ab initio la Sala, dentro del expediente no se encuentra un referente exacto que permita afianzar la teoría propuesta por la parte actora: que el desperfecto en la vía era de tal magnitud que, en cualquier caso podía hacer perder el equilibrio el tripulante un velocípedo. Ciertamente, se probó el deterioro de la vía y su falta de señalización, pero no la incidencia determinante en el suceso, en la medida en que no basta con que alguien afirme que paso por ese sitio para dar por

descontado que ese fue el detonante del accidente (…) (…) (…) a la Sala no le es dable conjeturar cuál o cuáles fueron las causas del accidente, pues sólo la inferencia racional que surge de un elemento probatorio permite ese raciocinio, referencia suasoria que como acaba de comprobarse se echa de menos en el sub judice, lo que determina, sin ambages, el fracaso de la pretensión, pues como explicó in limine esta Colegiatura, la responsabilidad administrativa en punto a la conexión causal del hecho dañoso con la actividad de la administración no admite conjeturas, ni presunciones, déficit que, naturalmente, igualmente impide lanzar algún tipo de reproche en contra de los particulares que fueron emplazados a través del dossier. Se advierte que en lo que respecta con la responsabilidad del señor William Orlando Gil Tabares, el tribunal no hizo pronunciamiento alguno.

5. Apelación.

Parte Actora Inconforme con lo decidido por el Tribunal Administrativo a quo, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y en consecuencia se 9 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS2014-107769 despachen favorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo que la causa de la muerte de la señora Zapata Ruiz se debió al imperfecto que existía en la vía, y en ese sentido indicó que el tribunal erró al no declarar la responsabilidad de la entidad. En palabras del recurrente: Así las cosas, la lógica y la sana crítica, además del sentido común, indican que la causa de un accidente ocurrido precisamente en un

lugar de la vía que produce desestabilización por la existencia de un desperfecto, el cual no se puede ver sino cuando se está encima de él, que no tiene señalización alguna, que es tomado como causa en el informe de tránsito, que produce una caída allí, con huella de arrastre desde ese punto, no puede ser otra que ese desperfecto, es decir, sin riesgo de equivocación, la causa de la caída de Bibiana (Sic) fue el deterioro de la vía. Asimismo el apelante en su escrito puso de presente que el tribunal de instancia no realizó pronunciamiento alguno respecto de la responsabilidad del conductor, es decir, del señor William Orlando Gil Tabares, para luego señalar que a éste se le debe declarar responsable por la muerte de la hoy occisa comoquiera que fue su accionar el que produjo la muerte. Explica el accionante: En virtud del fuero de atracción, se vinculó a los particulares a la demanda en la jurisdicción contenciosa administrativa a fin de que esta se pronunciara respecto de la responsabilidad que le pudiere ser atribuida a cualquiera de las personas (jurídicas o naturales) demandadas. Así se relató en los hechos, se determinó en el acápite de las partes demandadas y se solicitaron las correspondientes pretensiones. No obstante, el a quo, pese a la clara responsabilidad del conductor en el accidente, no hizo pronunciamiento alguno en la sentencia de instancia a pesar de estar obligado a ello. (…) Por tanto, el a quo incumplió de manera flagrante y evidente su obligación legal y constitucional de decidir todo lo planteado de los extremos de la Litis, vulnerando los derechos fundamentales de los

demandantes. Solo queda reafirmar entonces lo demandado, en el sentido de solicitar que la sentencia de segunda instancia considere los hechos, pruebas y argumentos que demuestran la responsabilidad del señor 10

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IUS2014-107769 William Orlando Gil Tabares en el accidente, quien, pese a tener la obligación de conducir a una distancia y velocidad que le permitieran realizar las maniobras necesarias para evitar una situación sorpresiva que se presentara con el vehículo que transitara delante del suyo, como lo ordena el Código Nacional de Tránsito, no lo hizo, es decir, violentó la regla de la distancia prudente y la velocidad adecuada o exigida. Por ello, no pudo realizar las maniobras a las que estaba obligado para evitar el accidente. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 6 . Problema Jurídico Le corresponde a este despacho analizar si en el caso se configura o no la responsabilidad de las partes demandadas por la muerte de la señora Viviana Zapata Ruiz como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 8 de abril de 2005.

7. Análisis Jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima

no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por 11 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS2014-107769 parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Así las cosas, en materia de responsabilidad predicable del Estado por los daños causados en ejercicio de una actividad de transporte, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la responsabilidad en éstos casos se puede estudiar bajo los diversos sistemas de responsabilidad administrativa, es decir, que dependiendo del caso en

concreto que se analice, el título de imputación podrá variar entre sí. En ese sentido, el máximo tribunal administrativo en sentencia del 26 de marzo de 2008 indicó: Con respecto al criterio de imputación aplicable en los eventos en los cuales interviene un vehículo oficial en la producción del daño, cuya indemnización se reclama a través de la acción de reparación directa, la Sala precisa que pueden presentarse diversas situaciones que dan lugar a la aplicación de diferentes regímenes de responsabilidad, así: Un primer evento, que constituye la regla general, está referido a la producción de daños como consecuencia 12 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS2014-107769 del ejercicio de la actividad de conducción de vehículos automotores. En este caso la responsabilidad se atribuye de manera objetiva a la persona jurídica que ejercía la actividad causante del daño, dado que quien cree un riesgo debe asumir las consecuencias de su materialización. En consecuencia, si como consecuencia de la conducción de un vehículo oficial, se producen lesiones o la muerte de una persona, la entidad debe indemnizar los perjuicios que ocasione. Un segundo evento estará referido a la colisión de dos vehículos en movimiento. En tales casos se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa, porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos y, por lo tanto, no habrá lugar a resolver la controversia, en principio, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional. Otro evento se presenta cuando el daño se produce no como consecuencia del ejercicio de la actividad de conducción de vehículos automotores, aunque sí con dichos bienes, por ejemplo, cuando el vehículo se encuentra estacionado al

momento de producirse la colisión, caso en el cual la responsabilidad recaerá en la Administración, a título de falla del servicio, cuando se estuviera en frente del incumplimiento de normas reglamentarias de tránsito4.

8. Hechos Acreditados y Validez de las pruebas Se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes: 1) El 8 de abril de 2005, aproximadamente a las 8 a.m., falleció la señora Viviana Zapata Ruiz, tal y como se consigna en el Registro de Defunción del 12 de abril de 2005 (f. 17, c.1.). 2) Mediante providencia del 16 de agosto de 2005, la Fiscalía Once Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín se abstuvo de iniciar instrucción por la muerte de la señora Viviana Zapata Ruiz por cuanto determinó que hubo caso fortuito en las condiciones que rodearon la muerte de la referida ya que “(…) al caer esta mujer, ya el conductor del taxi, no podía prever, no podía calcular esa situación por estar próximo en la circulación y en las mismas circunstancias de visibilidad de la conductora de la moto, valga precisar, iniciando el plano que existe en la cima del puente en esa 4 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, radicado:

76001-23-31-000-1994-00512-01(14780). C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 13

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avenida” y, por consiguiente, consideró que la acción penal no puede llevarse a cabo por concurrir una causal de ausencia de responsabilidad (f. 46 a 49, c.1.). 3) El 21 de abril de 2005, la señora Hilda Aceneth Ortiz Patiño -quien fue la Agente de Tránsito que atendió lo referente al accidente de tránsitodeclaró ante la fiscalía lo siguiente (f. 89 a 90, c.1.): PREGUNTADO: Se encontraba en el lugar donde se presentó el accidente, una persona de un taxi qué hacia allí dicha persona?

CONTESTÓ: El señor de ese taxi transitaba casi a la par con la otra conductora de la moto, cuando ella se accidentó y que él transitaba por el carril izquierdo y ella por el derecho y según versión del mismo señor, al parecer que con su vehículo fue que colisionó la muchachaYo tuve la oportunidad de mirar el carro por debajo para ver si se observaban huellas de molimiento o arrastre del cuerpo de la víctima y sólo encontramos en dos partes, cuatro fragmentos de cabello, en el bomber

(sic) delantero, punta derecha del carro (…). PREGUNTADO: Díganos si usted observó alguna particularidad en la vía donde se presentó este accidente, ello atendiendo que en el croquis elaborado por usted y consignado como resalto? CONTESTO: Lo consigno como resalto porque es un morrito (sic) anormal en el pavimento, como que el asfalto se recogió en determinado punto y formo ese morrito y seguidamente había una grieta como del empate del puente en esa parte, y a simple

vista no se ve esa superficie, y de hecho en ese punto a mí me ha tocado vivir esa situación sobre este puente en ambos sentidos. Esa grieta, no es de mucha la grieta, más o menos de 2 a 3 centímetros de ancho, del andén hasta dónde va la grieta es de unos 60 a 70 centímetros, muy superficial. (Subraya fuera del texto). 4) El 15 de abril de 2005, la madre de la fallecida, María Elena Ruiz Villa, rindió declaración ante la Fiscalía, en la cual indicó que (f. 182 a 183, c.1.): PREGUNTADO: Díganos si su hija se desplazaba para su sitio de trabajo en ruta de buses o tenía alguna clase de vehículo particular que utilizara) CONTESTO: ella se iba en una moto, de propiedad de ella, y esta moto última que tenía, la había negociado hacia como cuatro antes del accidente que sufrió y ella desde los 15 años se le había dado moto, luego de esta moto la cambió y compró una grande, creo que de marca PEGUEOT y está también la vendió para cancelar unas deudas y se compró una moto pequeña, una YAMAHA, o sea que mi hija tenía experiencia en el manejo de las motos. 14

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IUS2014-107769 De igual manera, los señores Natacha Ocampo Sánchez, Martha Elena Ocampo Sánchez, Jovanny de Jesús Grajales Restrepo, quienes tenían una relación de parentesco y vecindad, declararon, en audiencia de recepción de testimonios, que Viviana manejaba sí tenía experiencia en el manejo de motocicletas (f. 259 a 268, c.1.).

1. El 10 de mayo de 2005, se realizó, ante la Fiscalía, la recepción de la declaración del señor William Orlando Gil Tabares –conductor del vehículo que ocasionó la muerte-, quien declaró así: CONTESTO: si se el motivo, el día 8 de abril, a las 7:40 de la mañana, subía por el puente de Bolivariana de oriente a Occidente hacia Belén y adelantico, sobre el lado derecho, iba un moto (sic), y de un momento a otro la motocicleta perdió el equilibrio y se fue cayendo y deslizando sobre el lado izquierdo y justo en el momento en que yo pasaban por el lado de ella, la golpee con el bomper, la punta derecha inferior y yo frené (…), PREGUNTADO: Díganos si usted supo qué sucedió para que la persona que conducía la motocicleta perdiera el equilibrio en esa vía y luego cayera a un lado? CONTESTO: Una de las cosas era que había llovido toda la noche y en ese momento ya había escampado y estaba húmedo el piso, entonces donde ocurrió el accidente, el asfalto estaba recogido y hay como una especie de resalto que acumula arena y hasta hierba tiene es promontorio allí, y a un costado de ese promontorio hay una alcantarilla, lo cual, al pasar la moto, perdió el equilibrio, justamente en el momento en que yo pasaba y cayó para el lado izquierdo y su hubiera caído para el lado derecho, no estaríamos aquí. – Quiero precisar que al momento de yo bajarme del vehículo e ir hasta donde estaba la persona accidentada, no vi casco alguno en ese sitio,

pues de tenerlo puesto lo hubiera tenido abrochado en su cabeza y no le hubieran quedado pelos en el bomber (sic). 6) El 16 de junio de 2005, la Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal de Medellín, llevó a cabo la inspección del homicidio y concluyó: En conclusión el vehículo taxi al igual como aparece en toda la foliatura se desplazaba por el carril derecho, lo mismo que la moto, medidas anteriores que fueron complementas a partir de la medición de la huella de arrastre del mismo croquis. (…) se observa (…) que no aparece marca de huella de arrastre de la llanta, si no huella que coincide con la parte del posa-pie de la moto. 15 5aCdeE/IJJ/JFTV IUS2014-107769 7) Mediante Resolución No. 068 de julio 25 de 2005, El Inspector Dieciséis Urbano de la Policía de la Secretaría de Transportes y Tránsito determinó no imputar responsabilidad contravenciones contra las partes del accidente, por cuanto no hubo prueba suficiente que permitiera determinar la responsabilidad de alguna de las partes (f. 200 a 204, c.1.). 8) A folio 96 a 100 del cuad