PGN - Documento 201607171118246

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos de procedibilidad CADUCIDAD-El término para accionar es de dos años El término de caducidad de dos años para el ejercicio de la acción se contabiliza así: máximo 18 meses para pagar, contados desde la ejecutoria de la condena o de la providencia que aprueba la conciliación, y después del último pago dos años para demandar, siempre y cuando el pago se realice dentro de los 18 meses, si el pago es extemporáneo el término de caducidad empieza a correr al vencimiento de los 18 meses. CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO-El medio probatorio para demostrarlo es con las copias auténticas del nombramiento y acta de posesión Para acreditar la calidad de servidor público el medio probatorio idóneo para comprobar tal condición y el ejercicio de funciones es con las respectivas constancias (certificaciones) o copias autenticas del nombramiento y del acta de posesión. PAGO-Debe acreditarse que la obligación fue debidamente satisfecha Para el Ministerio Público los citados documentos no son prueba del pago, pues de ellos no se infiere de manera cierta la extinción de la obligación que se dice emanó de una sentencia, pues no obra prueba que demuestre que el acreedor haya recibido la suma de dinero a que se condenó por concepto de indemnización, ni que la hoy actora quedaba a paz y salvo, por lo que se adolece del citado presupuesto para repetir. Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala, la certificación que sobre el pago expide la deudora, por si sola, no es suficiente para acreditar que el hecho extintivo de la obligación efectivamente ha operado. Pero también se precisa que lo fundamental es

acreditar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha por “otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria (…) ya sea recibo, consignación o cualquier medio diferente que demuestre que el egreso efectivamente se produjo a favor del beneficiario y que este lo hubiere recibido directamente o por medio de apoderado o delegado para el efecto”. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056 2 Exp. 43889

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 0230/2013

Bogotá, D.C., 15 de Agosto de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – Subsección C

Consejera Ponente Doctora: OLGA MELIDA VALLE de DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso 7300 1233 1000 2010 000240 01 (43889)

Acción: Repetición

Actor: Municipio de Casabianca Tolima Demandado: Luis Eduardo Rodriguez Rivera El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1-. El Municipio de Casabianca (Tolima), en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda contra Eduardo Rodríguez Rivera (exalcalde), para que se le condene al pago de $35’500.000 suma que la actora tuvo que cancelar en virtud

de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 12 de septiembre de 2006, que anuló el acto contenido en oficio del 1° de agosto de 2003 mediante el cual se dio por terminada la relación contractual existente entre el señor José Orlando Gálvez Buriticá y el aludido ente territorial (Cfr. fls. 43 a 54 C.1). 1.2. El demandado se opuso a las pretensiones. Alega que el municipio no apeló el fallo y que no se cuenta con soportes que den cuenta que el señor José Orlando Gálvez Buriticá estaba inscrito en carrera (Cfr. fls. 60 a 63 C.1) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056 3 Exp. 43889 1.3. El a-quo accedió a las pretensiones. Bajo las presunciones previstas en el artículo 6° de la Ley 678 de 2001 concluyó la culpa grave del demandado en cuanto mediante el oficio del 1° de agosto de 2003 el entonces Alcalde de la localidad contravino el ordenamiento jurídico al desvincular a empleado de carrera administrativa, sin que se haya acreditado que obró conforme a derecho (Cfr. fls. 89 a 93 C.1) 1.4. El demandado apeló el fallo. Aludió a sentencia y demandante en proceso de nulidad diferente al que originó la condena en contra del ente municipal. Señala que la solicitud de conciliación como la pretensión principal se funda en responsabilidad objetiva del demandado, pues dejó de lado lo relativo al ingreso e

inscripción en el registro público de carrera administrativa del señor Gálvez Buriticá, sin que el demandado como burgomaestre pudiera inferir que tenía derechos de carrera. Indicó que el fallo de reintegro lo que cuestiona es que al señor José Orlando Gálvez no se le haya inscrito, atribución que no está en el burgomaestre sino en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Señala que no existió dolo del demandado. Solicitó se recaude en esta instancia la prueba de la inscripción en carrera del señor Gálvez y de la existencia de apelación contra el fallo de nulidad y restablecimiento para sostener que la administración no lo apeló por lo que alega que se abandonó aquél proceso y se pretende imputar culpa al demandado (Cfr. fls. 103 a 108 C.1) 1.5. El Ministerio Público solicitó se declarara nulidad para que se decidiera sobre la solicitud de pruebas (Cfr. fls. 142 a 144 C.1), petición a la que se accedió por el Consejo de Estado, declarando la nulidad y de paso negando la práctica de la prueba solicitada (Cfr. fl. 157 a 151 C.1).

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Presupuestos para la viabilidad de la acción de repetición Los presupuestos exigidos para la viabilidad de la acción de repetición fueron referidos por el H. Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926:

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056

4 Exp. 43889 “ Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. En relación con lo anterior se debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al Juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados. Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] Conforme a tales lineamientos, los presupuestos para la procedibilidad de la acción son: la existencia de una condena en contra de la administración, el pago

de la misma por la entidad pública, y que la condena sea consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del Estado, lo que implica necesariamente que contra quien se repita haya tenido o tenga la calidad de servidor público al momento en que se produjo el daño o acto que llevó a la afectación del erario por la citada condena. 2.2. Caducidad de la acción La Corte Constitucional1 frente al fenómeno jurídico de la caducidad enseña: “La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen una garantía para la seguridad jurídica y el 1 Corte Constitucional, Sentencia C-115, marzo 25 de 1998, M.P. Dr Hernando Herrera Vergara Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056 5 Exp. 43889 interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado” (resaltado y subrayado ajeno al texto original)

El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé: “CADUCIDAD. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.” (subrayado fuera de texto) Conforme a la sentencia de constitucionalidad C-832 del 8 de agosto de 2001, el plazo para efectuar el pago oportuno es de 18 meses contado desde la ejecutoria de la providencia que impuso la condena. El término de caducidad de dos años para el ejercicio de la acción se contabiliza así: máximo 18 meses para pagar, contados desde la ejecutoria de la condena o de la providencia que aprueba la conciliación, y después del último pago dos años para demandar, siempre y cuando el pago se realice dentro de los 18 meses, si el pago es extemporáneo el término de caducidad empieza a correr al vencimiento de los 18 meses. La Sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que impuso la condena es del 12 de septiembre de 2006, la que quedó ejecutoriada el 25 de septiembre de 2006 (Cfr. fl. 189 y 191 C.4) el término para pagar vencía el 25 de marzo de 2008, fecha en la cual se cumplían los 18 meses, como el pago se realizó con posterioridad el 29 de septiembre de 2009, el computo del término de caducidad inició el 25 de marzo de 2008. La actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 18 de diciembre de 2009 trámite que fracasó el 12 de marzo de 2010 habiendo expedida la Procuraduría 27 Judicial de Ibagué la respectiva certificación

el 24 de marzo de 2010 (Cfr. fl. 42 C.1), el término de caducidad se suspendió por el lapso de 2 meses y 26 días en consecuencia el plazo de los dos años para ejercitar la acción se vencía el 22 de julio de 2010. La demanda se presentó el 10 de mayo de 2010 (Cfr. fl. 54 C.1), por lo que se concluye que la acción de repetición se ejercitó de manera oportuna. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056 6 Exp. 43889 2.3. De la sentencia que genera la obligación de pago Se allegó al proceso copia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima (Cfr. fls. 175 a a 189 C.4) mediante la cual se condenó al Municipio de Casabianca (Tolima) al pago de todos los salarios dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación y hasta el momento en que sea efectivamente reintegrado el señor José Orlando Gálvez Buriticá. 2.4. Calidad de servidor público Para acreditar la calidad de servidor público el medio probatorio idóneo para comprobar tal condición y el ejercicio de funciones es con las respectivas constancias (certificaciones) o copias autenticas del nombramiento y del acta de posesión, de conformidad con lo que ha dicho el H. Consejo de Estado2. Dentro de las copias del proceso de nulidad y restablecimiento obran copias de la certificación de la Comisión Escrutadora Municipal según la cual el demandado fue elegido como Alcalde Popular (Cfr. fl. 40 C.4) y acta de posesión del 21 de

noviembre de 2002 del señor Luis Eduardo Rodríguez Rivera como alcalde del Municipio de Casabianca (Tolima) (Cfr. fls. 38 y 39 C.4), como del oficio del 1° de agosto de 2003 (Cfr. fl. 17 C.4) mediante el cual el demandado como Alcalde de la 2 Sección Segunda. Sentencia de 8 de febrero de 2001, Expediente 66001-23-31-000-1997-460-01, Consejero Ponente Tarcisio Cáceres Toro: “De la prueba supletoria en el campo laboral administrativo. De tiempo atrás la Jurisdicción ha admitido la prueba supletoria para acreditar tiempos de servicios estatales, restrictivamente con fundamento en la Ley 50 de 1886 que al respecto manda: Art 7° No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos ó por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar en los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos o sus copias autenticas.” Art. 8º En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al código militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que puedan reemplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de éstos,

ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es admisible sino en caso de falta absoluta, bien justificada, de pruebas preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. (…) (…) Pues bien, como la vinculación al servicio público requiere de nombramiento y la respectiva posesión (en caso de relación legal y reglamentaria) (…), entonces ellos constituyen la prueba documental válida para tales efectos, además de las certificaciones que sobre dichos aspectos expidan las autoridades competentes teniendo en cuenta las pruebas que tengan y sean relevantes. Ahora bien, tal como lo mandan los arts. 7º a 9º de la Ley 50 de 1886, sólo en las circunstancias de ausencia insalvable de la prueba documental pertinente es posible recurrir a la PRUEBA TESTIMONIAL para buscar demostrar con ella lo que normalmente se hace con documentos públicos respecto de los servicios a las Entidades Públicas. La Ley, como aparece en la transcripción previa, es rigurosa para la admisibilidad de esta prueba y la somete a los requisitos generales además de unos especiales que ella contempla; de manera que no es de recibo cuando de cualquier manera se trata de reemplazar la prueba documental por la testimonial para estos efectos, pues deben darse las situaciones y exigencia de ley.” (Subrayado ajeno al texto original) Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056 7 Exp. 43889 mencionada localidad comunicó la terminación unilateral del vinculo contractual al señor Orlando Gálvez Buriticá, lo que significa que para la fecha de los hechos

que originaron la obligación de indemnizar el señor Rodríguez Rivera tenía la condición de agente del Estado. 2.5. Pago En sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 250002326000200300582 01, expediente: 29.926, se expresó: Acerca del pago por razón de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, debe decirse que en cuanto el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que efectivamente hubiere sido cancelada por la entidad demandante y recibida por el beneficiario de la indemnización, la falta de prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en cuyo caso habrá de concluirse que la misma carece de fundamento y, por tanto, deberán negarse las súplicas de la demanda. […] 2.2.- Caso concreto. […] En este orden de ideas, se tiene que la única prueba susceptible de valoración en relación con el pago es el certificado expedido por el Pagador Distrital anexo a folio 29 del cuaderno 2, el cual, como entrará a analizarse, resulta insuficiente para acreditar la extinción de la obligación por cuya restitución se repite, pues el mismo no proviene del deudor, de manera que no reúne los requisitos legales para tener por cierto que la entidad pública demandante efectivamente hubiere cancelado una suma de dinero a Gustavo Vega Arias por razón de una condena judicial. Sobre el particular conviene citar el artículo 1625 del Código Civil que establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones3, dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por tanto a extinguirse a través de la ejecución de

la prestación debida4. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago5, modo de extinción de la obligación, entendido como la ejecución total de la prestación debida; es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la 3 ? (pie de página de la cita) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1) Por la solución o pago efectivo 2) Por la novación 3) Por la transacción 4) Por la remisión 5) Por la compensación 6) Por la confusión 7) Por la pérdida de la cosa que se debe 8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión 9) Por el evento de la condición resolutoria 10) Por la prescripción. 4 (pie de página de la cita) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida – pagono es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc. 5 ? (pie de página de la cita) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056 8 Exp. 43889

cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación6 de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare). Ahora bien, respecto de esa relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, de manera que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y, contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional. En otras palabras, al acreedor le corresponde demostrar el surgimiento de la obligación mediante la prueba del hecho jurídico generador de la misma, mientras el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual, aplicado al caso concreto para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición, se materializa en el deber en el cual se encuentra la respectiva entidad pública demandante de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, cuestión que podrá realizar mediante la aportación de la constancia de pago con la consiguiente prueba de su recibo por parte del acreedor o beneficiario, la entrega material de la suma adeudada o la consignación o transferencia que de dicha cantidad hubiere realizado el deudor a favor del acreedor. (subrayado fuera de texto) A este respecto conviene comentar que por excelencia la prueba del pago la constituye, de conformidad con el Código Civil, la carta de pago o el recibo según el Código de Comercio,

documentos llamados a reflejar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha, sin perjuicio, claro está, de que los interesados puedan acudir a otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria y de apreciación de conformidad con las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “…el pago efectivo es la prestación de lo que se debe…” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, se concluye que correspondía a la entidad ahora demandante demostrar que efectivamente realizó el pago y, en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso que permitieran al juez llegar a tener certeza acerca de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por razón de una condena judicial. En este orden de ideas, se debe precisar que la sola constancia de pago expedida por la propia entidad pública deudora no constituye prueba suficiente de la realización del mismo, pues una certificación así no acredita que efectivamente la obligación hubiese sido realmente extinguida mediante la correspondiente cancelación de una determinada suma de dinero a favor del acreedor. En este caso, no se solicitó la práctica de alguna prueba idónea ni se aportó un documento tendiente a demostrar el cumplimiento de tal obligación, ya sea recibo, consignación o cualquier medio diferente que demuestre que el egreso efectivamente se produjo a favor del beneficiario y que este lo hubiere recibido directamente o por medio de

apoderado o delegado para ese efecto. (subrayado fuera de texto) […] Ante la deficiencia probatoria anotada, la Sala debe concluir que no se encuentra acreditado el daño por cuyo rembolso se formuló la acción de repetición de la referencia, lo 6 ? (pie de página de la cita) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056 9 Exp. 43889 cual impide el análisis de los demás supuestos para la prosperidad de las pretensiones de la misma (…) […] Para acreditar el pago se allegaron al proceso:

1. Copia de la Resolución 266 del 8 de agosto de 2007 mediante la cual se dispone el cumplimiento del fallo judicial (Cfr. fls. 22 a 27 C.1).

2. Copia de las cuentas de cobro a cargo del Municipio de Casabianca y a favor del señor José Orlando Gálvez Buriticá Nos. 4584 y 4680 del 4 y 29 de septiembre de 2009 respectivamente (Cfr. fls. 3 y 4 C.2) por valor en su orden de $33’690.435 y $1’809.565.

3. Comprobantes de egreso 5932 y 6023 del 4 y 29 de septiembre de 2009 respectivamente por los valores mencionados (Cfr. fls. 5 y 7 C.2).

Pagos que conforme a certificación del Alcalde Municipal fueron realizados a través de fiducia a la cuenta autorizada al demandante, no obstante los

comprobantes de egreso no aparecen firmados por el beneficiario. Para el Ministerio Público los citados documentos no son prueba del pago, pues de ellos no se infiere de manera cierta la extinción de la obligación que se dice emanó de una sentencia, pues no obra prueba que demuestre que el acreedor haya recibido la suma de dinero a que se condenó por concepto de indemnización, ni que la hoy actora quedaba a paz y salvo, por lo que se adolece del citado presupuesto para repetir. Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala, la certificación que sobre el pago expide la deudora, por si sola, no es suficiente para acreditar que el hecho extintivo de la obligación efectivamente ha operado. Pero también se precisa que lo fundamental es acreditar con claridad que la obligación fue debidamente satisfecha por “otros medios de acreditación dado que en el ordenamiento colombiano rige, como regla general, el principio de libertad probatoria (…) ya sea recibo, consignación o cualquier medio diferente que demuestre que el egreso efectivamente se produjo a favor del beneficiario y que este lo hubiere recibido directamente o por medio de apoderado o delegado para el efecto”. Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056 10 Exp. 43889 Si en gracia de discusión se aceptara que hubo un movimiento bancario, no se sabe a qué cuenta, ni se probó que el titular de ella sea el beneficiario del pago. No se probó que el beneficiario haya expedido carta de pago o paz y salvo. Esta falencia corresponde al incumplimiento de la carga que tenía la parte actora

de probar los hechos en que sustentó la demanda. Así, no se acreditó que la condena impuesta en contra del ente público se le haya pagado al beneficiario, pues no se puede inferir que la certificación del burgomaestre (Cfr. fl. 1 C.2) acredite que el acreedor había quedado a paz y salvo con el ente territorial. Ante la falta de acreditación de sustancial presupuesto para tener la evidencia del daño (pago cuyo reembolso se reclama) las pretensiones no tienen vocación de prosperidad. La falta de prueba del pago hace inviable la repetición, e impertinente el estudio de los demás requisitos para la prosperidad de la acción de repetición.

CONCLUSION: De conformidad con las consideraciones precedentes, el Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado se revoque la sentencia impugnada, denegando las pretensiones, pues no se acreditó en debida forma el pago de la obligación, por lo que se concluye que no se cuenta con el citado presupuesto para repetir.

Del señor Consejero, con todo respeto,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado FMSG/fbo Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No.15-80 piso 20 pbx 5878750 ext. 12056