PGN - Documento 201607171505336

Procurador General Bogotá, D.C., (Con sello: 17 JUN. 2010) Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 41 del Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006.

Actor: GUSTAVO ADOLFO CABALLERO MONTEJO Y OTRA.

Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.

Expediente No. D-8093 Concepto No. 4974 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, se rinde concepto de la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6o., y 242, numeral 1o., de la Carta, instauraron los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO CABALLERO MONTEJO y JULIA ELVIRA RAMÍREZ MIRANDA, contra algunas expresiones del artículo 41 del Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, el cual se cita con los apartes demandados subrayados: “DECRETO 2535 DE 1993 (17 de diciembre de 1993) Diario Oficial No. 41.142 de 17 de diciembre de 1993 "Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos." (…) ARTÍCULO 41. SUSPENSION. (Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2002). Las autoridades de que trata el artículo 32 del Decreto

2535 de 1993, podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, Procurador General Concepto No. 4974 cuando a juicio de las mismas, las condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido. Si el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el arma a la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó, procederá su decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Cuando la suspensión sea de carácter general, los titulares no podrán portar las armas. PARÁGRAFO 1o. Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional. PARÁGRAFO 2o. La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de los permisos, podrá autorizar o no de manera especial o individual el porte de armas a solicitud del titular o del gobernador o alcalde respectivo, previo estudio detallado de las circunstancias y argumentos de seguridad nacional y seguridad pública que la invocan. PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional a través de las autoridades

contempladas en el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993 podrá prohibir en algunas partes del territorio nacional el porte y/o tenencia de armas de fuego a las personas naturales, jurídicas y extranjeras. Se exceptúan a las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada y los departamentos de seguridad debidamente constituidos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y autorizadas por esta. Las personas que al entrar en vigencia esta medida de suspensión disposición (sic.), contemplada en este parágrafo, y tengan en su poder o porten armas de fuego con permiso vigente, deberán presentarlas entregarlas (sic.) en la Unidad Militar de su jurisdicción dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de esta disposición, por lo cual se les reconocerá una compensación en dinero por cada arma entregada, conforme a la tabla de avalúo del Comando de las Fuerzas Militares establecida y se les descargará del sistema”. Por razones de correlación normativa, pertinentes para esta demanda, se transcribe también el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993: “ARTÍCULO 32. COMPETENCIA. Son competentes para la expedición y revalidación de permisos para tenencia y para porte de armas y para la 2 Procurador General Concepto No. 4974 venta de municiones y explosivos en los lugares que determine el Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes autoridades militares: El Jefe del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los Ejecutivos y

Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea”.

1. Planteamiento de la demanda.

Los actores afirman que la competencia de las autoridades militares, para suspender de manera general la vigencia de los permisos de tenencia o porte de armas, expedidos a personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales, vulnera la competencia que, según la Carta, tiene el Presidente de la República para dirigir la fuerza pública, como comandante supremo de la misma. En palabras de los actores: “En ese orden de ideas, la lectura del artículo 41 del decreto ley 2535 de 1993 (hilado con el artículo 32, por remisión expresa suya) provoca una absurda situación legal: El superior de los funcionarios autorizados para suspender el porte y la tenencia de armas de fuego no puede hacer lo que los jerárquicamente dependientes suyos quedan autorizados para hacer. Es decir, el Presidente de la República, no obstante su condición de jefe de Gobierno y Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no podrá disponer por sí la suspensión de los permisos de porte y tenencia de armas de fuego, porque la ley le atribuyó a otros esta facultad y la omitió para él. En la lista taxativa de autoridades con poder militar del artículo 32 no figura el Presidente de la República, lo cual significa que éste al estar por fuera carece de las facultades allí señaladas…”. Lo que se dice del Presidente se pretende extender por los libelistas a los alcaldes. Se considera que el someter a los alcaldes al trámite de solicitar,

de manera directa o por intermedio del Ministerio de Defensa, a la autoridad militar competente, la adopción de la suspensión general de la vigencia de los permisos para tenencia o porte de armas a las personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales, vulnera la Carta. La vulneración 3 Procurador General Concepto No. 4974 ocurre, porque se desconoce el hecho de que los alcaldes, como primera autoridad de policía del municipio, tienen competencia para conservar y restablecer el orden público, tarea que no pueden cumplir si sus órdenes están supeditadas a la voluntad de las autoridades militares. Al respecto indican: “Los apartes subrayados del parágrafo primero y tercero del artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, modificatorio del decreto con fuerza de ley 2535 de 1993, violan los artículos 296 y 315, numeral 2, de la Constitución Política porque desconocen la facultad constitucional del Alcalde para dictar órdenes como jefe de Policía con el fin de conservar o restablecer el orden público, imponiéndole rogar a un oficial militar la ejecución de una medida inherente a su naturaleza y condición, cuando sólo y de manera funcional puede estar subordinado para estos efectos, al Presidente de la República”. Los dos reparos de los actores tienen una base argumentativa común: las autoridades civiles no pueden estar en ningún caso subordinadas a las autoridades militares, para efectos de conservar y restablecer el orden público, por medio de la suspensión general de la vigencia de los permisos para tenencia o porte de armas. En sus propios términos:

“Una segunda [conclusión] es que el artículo 41 del decreto con fuerza de ley número 2535 de 1993 limita al Presidente de la República y al Alcalde para ejercer sus atribuciones como jefes de policía, sometiéndolos al poder de un militar, lo cual es inconcebible. En el primero porque es su comandante en jefe en tanto que en el segundo porque la Carta Política no permite subordinarlo a una autoridad distinta al Presidente de la República”.

2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si la competencia para suspender, de manera general, la vigencia de los permisos para tenencia o porte de armas, a las personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales, a cargo de ciertas autoridades militares, vulnera la Carta, al afectar las competencias 4 Procurador General Concepto No. 4974 propias del Presidente de la República y de los alcaldes, para conservar y restablecer el orden público.

3. Aclaración previa.

Para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, ellos pueden interponer acciones públicas en defensa de la Constitución. Estas acciones, al tenor de los artículos 40. 6 y 241.5, se pueden ejercer mediante la presentación de demandas de inconstitucionalidad contra decretos con fuerza de ley, dictados por el Gobierno Nacional, con fundamento en facultades legislativas extraordinarias. Las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos, deben estar encaminadas a solicitar la inexequibilidad de las normas censuradas, a partir de unos razonamientos capaces de demostrar que la norma legal va

en contravía del orden constitucional. Si la Corte, al realizar el control de constitucionalidad, observa que para el caso existe al menos una interpretación que se ajuste al orden superior, en virtud del principio de conservación del derecho, tiene la potestad de proferir una sentencia interpretativa, encaminada a declarar la exequibilidad de la norma legal bajo la condición que corresponda establecer. No son de recibo las demandas de inconstitucionalidad en contra de leyes, cuando la intención del demandante está dirigida a obtener una decisión judicial que declare la vigencia de una norma legal, bajo una condición determinada. Sin embargo, el demandante puede, de manera subsidiaria, solicitar a la Corte que profiera sentencias condicionadas, una vez se ha agotado el ejercicio de razonamiento y petición de inconstitucionalidad 5 Procurador General Concepto No. 4974 requeridos. La Corte, en la Sentencia C-508 de 2004, reitera esa posición, en los siguientes términos: “3. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”. En concordancia con esta disposición, el Art. 241 ibídem consagra que la Corte Constitucional, en ejercicio de la función general de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución tiene, entre otras funciones, la de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes (Num. 4). En desarrollo de este precepto, el Art. 2º del Decreto 2067 de 1991

contempla los requisitos de las “demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad”. Lo anterior significa que la citada acción tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad de las normas señaladas en el Art. 241 superior, y no la declaración de constitucionalidad de ellas, así esta sea condicionada. Sobre este punto es oportuno recordar que según el criterio de la Corte expuesto y aplicado en numerosas ocasiones, cuando de la pluralidad de interpretaciones de una norma legal acusada por inconstitucionalidad sólo una se ajusta al Estatuto Superior y las demás lo contravienen, la corporación tiene la potestad de proferir una sentencia interpretativa, en virtud de la cual declara exequible dicha norma con la condición de que se interprete en la forma que se señala en la misma decisión, con fundamento en el principio de conservación del Derecho. Tal potestad sólo puede ser ejercida por la Corte oficiosamente, cuando existe fundamento constitucional para hacerlo, y no puede ser ejercida por petición de los ciudadanos, por ser incompatible tal solicitud con la naturaleza de la acción pública de inconstitucionalidad.” En el presente caso, la intención de los demandantes es obtener de la Corte una decisión judicial de carácter interpretativo, y No una de inexequibilidad. Se busca que se declaren exequibles las potestades de suspensión y de prohibición del uso y porte de armas, a cargo de determinadas autoridades militares, bajo el entendido de que el ejercicio de tales potestades también compete al Presidente de la República y a los 6 Procurador General Concepto No. 4974 alcaldes municipales. Así se advierte en la petición de los libelistas,

incoada en los siguientes términos: “Por estas razones y a manera de colofón, la Corte debe acoger la demanda de inconstitucionalidad y declarar que en la interpretación de la norma impugnada que en ella (sic) se debe entender incluido el Presidente de la República y también el Alcalde, con facultad de suspender el porte de armas de fuego, razón por la cual en los parágrafos del artículo 41 del decreto 2535 de 1993 no hay una súplica condicionada al burgomaestre sino la capacidad de mando para suspender de manera temporal y en forma general los permisos de porte y tenencia de las armas de fuego la cual debe ser acatada por la autoridad militar y policial estacionada en su territorio, sin perjuicio de que el Presidente por si, o través de su agente el Gobernador del Departamento, puedan revocar la medida si consideran motivadamente que la decisión es inadecuada o inconveniente para la seguridad nacional”. Es evidente que la intención de los actores, al limitarse a solicitar una sentencia interpretativa, resulta inaceptable en el presente caso. Es inaceptable, porque, de una parte, el cargo formulado no se ajusta a los requisitos establecidos por la ley y decantados por la jurisprudencia, y, de otra, el cargo se presenta sin tener en cuenta la regulación específica fundamental, relacionada con el monopolio de las armas en la República de Colombia, establecido en el artículo 223, lo cual genera serias dudas acerca del cuestionamiento constitucional que los actores le hacen a la norma demandada. Por tanto, el Ministerio Público le solicitará a la Corte declararse inhibida

para conocer de fondo acerca de la presente acción, por considerar que el cargo presentado en la demanda adolece de ineptitud, en cuanto al ejercicio y fin de la acción pública de inconstitucionalidad contra las leyes.

4. La competencia para la suspensión o prohibición del porte o tenencia de armas, en cabeza de determinadas autoridades militares, fue asignada por el legislador dentro del marco constitucional que regula el monopolio de las armas, sin que la misma comprometa la

7 Procurador General Concepto No. 4974 jerarquía del Presidente de la República ni la de los alcaldes, en lo relacionado con el control del orden público, ya que este control debe ser ejercido de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley. Ante el evento de que la Corte, en virtud del principio “pro accione”, decida conocer de fondo la presente demanda, el Ministerio Público hará el estudio de la misma en esta sección. Para resolver el presente problema de desconocimiento de competencias jerárquicas del Presidente de la República y de los alcaldes, frente a las autoridades militares, para controlar el orden público en lo relacionado con el porte o tenencia de armas por parte de la población civil, se debe acudir al marco constitucional que regula el monopolio de las armas en Colombia. El artículo 223 de la Carta establece que sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, las cuales sólo pueden ser poseídas o portadas con el permiso de la autoridad competente, sin que el Constituyente determinara alguna en particular. Como el desarrollo de la Constitución debe hacerse mediante la ley, es al legislador, ordinario o extraordinario, a quien le compete definir cuáles son las autoridades competentes para el

control del uso de las armas, por parte de la población civil, lo que implica tanto otorgar los permisos como suspender los mismos o prohibir dicho uso. En el presente caso, la ley otorga la competencia para otorgar permisos para el porte o tenencia de las armas, para suspenderlos y para prohibir ese porte o tenencia, de manera general o particular, en todo o en parte del territorio nacional, a determinadas autoridades militares: al Jefe del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus 8 Procurador General Concepto No. 4974 equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea, y los Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. La ley asigna la competencia de control del uso de las armas, por parte de los civiles, a determinadas autoridades militares. Lo hace porque el monopolio de las armas es un asunto regulado implícitamente en la Carta, en los artículos 216, 218, 223, como parte de los asuntos propios de las fuerzas militares. Lo hace también, porque desde el punto de vista técnico y operativo, son los militares, por su conocimiento de las armas, por su presencia en todo el territorio nacional, por su conocimiento y responsabilidad en materia de seguridad, las personas más idóneas para determinar cuándo se debe suspender o prohibir el uso de armas por parte de la población civil. Se está, pues, como lo ordena el artículo 91 de la Carta, ante un concepto de autoridad bien delimitado desde el punto de vista técnico, para efectos

de eficiencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. La jurisdicción y competencia de la autoridad militar, sustentadas en un manejo técnico e integrado de la información relevante, son muy diferentes a las de otras autoridades de la República, como el Presidente, los alcaldes, etc. No existe incongruencia constitucional entre la competencia de conservar el orden público a cargo del Presidente de la República y, bajo su dirección, de los alcaldes, y la competencia de controlar, en el caso puntual por medio de una suspensión general, el uso de armas por los civiles, a cargo de determinadas autoridades militares, como pasa a verse. 9 Procurador General Concepto No. 4974 Al ser Colombia una República unitaria, la Constitución establece, en su artículo 189.4, que el Presidente de la República es la máxima autoridad para conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. El control del porte o tenencia de armas por los civiles, pertenece al ámbito militar, ya que el monopolio de las armas está a cargo de las fuerzas militares, por razones constitucionales que responden a la naturaleza técnica de su razón de ser en el país. Ambas competencias se ejercen de manera coordinada, ya que el Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas. La suspensión y prohibición del uso de las armas a los civiles, pueden ser particulares o generales. El control particular de las armas es un asunto administrativo de carácter individual. El control general es un asunto de interés común, que está relacionado con la conservación del orden público. El orden público lo conserva el Presidente de la República con

medidas ordinarias o extraordinarias, según se requiera. En el primer escenario, él ejerce sus atribuciones según lo establecido en la Constitución y la ley, para situaciones civiles o militares ordinarias. Es en este contexto de normalidad del orden público, en el cual las autoridades militares son las llamadas por la ley a suspender o prohibir a los civiles el uso de las armas, para lo cual el Presidente puede impartirles, a tales autoridades, las órdenes que considere necesarias como comandante supremo de las fuerzas armadas. Cuando el orden público se perturba al extremo de no poderse conservar con las atribuciones ordinarias, el Presidente de la República acude a las medidas extraordinarias contempladas para tal fin: el estado de excepción, al tenor de los artículos 212 a 215 de la Carta, para afrontar y superar la situación de crisis. En este escenario, el Presidente de la República, como lo precisa el artículo 38, literal m, de la Ley 137 de 1994, puede, 10 Procurador General Concepto No. 4974 directamente, suspender la vigencia de los salvoconductos expedidos por las autoridades militares para el porte de armas. En el caso de los alcaldes, la competencia para conservar el orden público en su municipio es de naturaleza civil, razón por la cual ellos son la primera autoridad de policía en dicho ámbito territorial. Esta competencia debe ser ejercida de acuerdo con la Constitución y la ley, como agentes que son, al tenor de los artículos 189.4, 303 y 315.2 de la Carta, del Presidente de la República, para tal asunto. No se presenta ninguna contradicción entre la autoridad policial de los

alcaldes, para conservar el orden público en sus municipios, y la autoridad de los militares para suspender o prohibir el porte o tenencia de armas, porque se trata de dos cuestiones diferentes. Los alcaldes no tienen, porque no se lo asigna ni la Carta ni la ley, el control de las armas, que es monopolio de los militares, y que resulta incompatible con la condición de civiles de los burgomaestres. Al no observar ningún inconveniente constitucional en el cargo estudiado, el Ministerio Público solicitará a la Corte declarar ajustada al orden superior la competencia de determinadas autoridades militares para suspender o prohibir el porte o tenencia de armas a la población civil.

5. Conclusión.

En los términos expuestos, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional los siguientes pronunciamientos: Declararse INHIBIDA para conocer de fondo la presente demanda contra las expresiones “de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993”, 11 Procurador General Concepto No. 4974 “alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general” y “autoridades contempladas en el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993”, contenidas en el artículo 41 del Decreto 2535 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, por ineptitud en cuanto al ejercicio y fin de la acción pública de inconstitucionalidad contra las leyes. De manera subsidiaria, declarar EXEQUIBLES las expresiones “de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993”, “alcaldes, podrán solicitar a

la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general” y “autoridades contempladas en el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993”, contenidas en el artículo 41 del Decreto 2535 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006. Señores Magistrados, MARTHA ISABEL CASTAÑEDA CURVELO Procuradora General de la Nación (e) LJMO/JD Contreras B. 12