PGN - Documento 201607171610437

Bogotá, D.C., 13 de abril de 2007 Doctor

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Magistrado Sala Penal Corte Suprema de Justicia Ciudad.

Rad.: 23543

Contra: HUMBERTO TOVAR HERRERA

Ex Gobernador del Guainía.

Punibles: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades Asunto: Alegatos en Audiencia Pública de Juzgamiento JULIO OSPINO GUTIÉRREZ, en mi condición de representante del Ministerio Público dentro del asunto de la referencia, me permito presentar los Alegatos en Audiencia Pública1, a fin de que sean tenidos en cuenta al momento de dictar sentencia, con la pretensión de que la misma sea de carácter condenatorio en contra del procesado HUMBERTO TOVAR HERRERA, ex gobernador del departamento del Guainía, como autor responsable del concurso material heterogéneo de los punibles de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, marco fijado en la resolución de acusación.

HECHOS El 11 de junio de 1997, se celebró entre la Gobernación del Departamento del Guainía2 y el señor JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA, vecino de la población de Inírida, y peluquero de profesión, sin ninguna experiencia en construcciones de ningún tipo, el contrato de obra pública número 026, cuyo 1 Presento mis excusas a esta Sala, por no haber podido participar en el debate oral propio

del juicio, dado que me encuentro para esta fecha fuera de la ciudad, por comisión que me confiriera el señor Procurador General de la Nación, conforme a fotocopio adjunta. 2 Estando como Gobernador encargado en esa fecha, el doctor HÉCTOR GERMÁN HERNÁNDEZ NIETO. objeto era la construcción de un puente de madera, de 42 metros de largo y 6 de altura, sobre el caño Ramón en el kilómetro 72 de la vía Huesito-Puerto Caribe de ese departamento, por un valor de $32.183.600,oo. Posteriormente se celebró el contrato adicional 01 suscrito el 17 de septiembre de 1997 entre el gobernador titular, doctor HUMBERTO TOVAR HERRERA y el mismo contratista ya citado, cuyo objeto fue la ampliación del plazo de ejecución de la obra primero contratada (ver folios 2 a 19 cuaderno original 1).

HECHOS PROBADOS Y COMPETENCIA

(i) La calidad de servidor público que ostentaba el procesado TOVAR HERRERA, para cuando se registraron los hechos estudiados. Esto se encuentra debidamente acreditado de conformidad con los documentos obrantes a folios 101 y siguientes del cuaderno original 1, lo que de contera permite pregonar la competencia para su conocimiento por parte de esa Corporación, al ser el procesado Gobernador para ese entonces y a su vez, los comportamientos analizados, fruto de sus funciones como tal. (ii) La celebración del contrato y su adición, así como la comprobación del incumplimiento del objeto negocial, puesto que el puente de madera no se

construyó (ver folios 116 a 129 y 63 a 79 cuaderno original 1) (iii) La comprobada inexistencia de estudios previos de conveniencia y oportunidad para la celebración del contrato en cita (ver folios 23 a 35 cuaderno original 2). (iv) La imposibilidad real y material de que el contrato fuera ejecutado por el señor JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA, quien carecía de conocimientos técnicos, recursos económicos, así como de experiencia para su ejecución (ver folios 7 a 17 cuaderno original 2). PROBLEMA JURÍDICO ¿Violó el señor HUMBERTO TOVAR HERRERA en su calidad de Gobernador del Departamento de Guainía la ley 80 de 1993, al suscribir y liquidar el contrato 026 de 1997 en tratamiento, y con ello incurrió en el delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales? ¿Adecuó su comportamiento el ciudadano citado, a la tipicidad de Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades? TESIS Esta Delegada, considera que el señor HUMBERTO TOVAR HERRERA en su calidad de Gobernador del Departamento de Guainía sí desconoció la ley 80 de 1993, al suscribir el contrato 026 de 1997 en tratamiento, y con ello incurrió en el delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales; además que con su comportamiento, actualizó la tipicidad de Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades?

FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS QUE APOYAN LA TESIS

1. Del Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales: la violación del

principio de selección objetiva en la escogencia del contratista y la liquidación del contrato sin haberse realizado la construcción de la obra contratada. 1.1. En cuanto hace al punible de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, previsto en el artículo 146 del Código Penal de 19803, es dable indicar que la Ley 80 de 1993, estatuto de la contratación, señala los requisitos para celebrar tales negocios jurídicos, indicando en su artículo 24 que para tener un contrato como de menor cuantía, debe acudirse al presupuesto fijado para la entidad. 3 Es claro que la normatividad aplicable en este caso, es la contenida en la Decreto ley 100 de 1980, modificado por el Decreto 141 de ese mismo año, y por la ley 80 de 1993, así como por la Ley 190 de 1995, para el delito citado, artículo 146 del primero citado, dado que era la vigente para cuando estos se registraron (principio de legalidad) y no existe razón para afirmar que normas posteriores le resulten favorables o sean permisivas. Para la vigencia fiscal de 1997 el departamento mencionado, contó con un presupuesto de $3.360.782.975,oo, según lo previsto en la ordenanza 043 de

1996. La norma antes citada, dice que la menor cuantía va hasta la suma equivalente a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el presupuesto anual de la entidad sea superior o igual a 12 mil salarios e inferior a 120.000, tal como sucede en el caso en concreto, si se compara la cifra inicialmente mencionada con el salario mínimo legal vigente para dicho año, fijado en $ 172.500,oo.

Como quiera que el monto del contrato fue de $32.183.600,oo, se encuentra dentro de los negocios de menor cuantía, que se enmarcan en el rango que cobija entre $21.500.625,oo y $43.001.250,oo, no por ello se podía prescindir en dicha contratación de las exigencias mínimas legales que son: la invitación y obtención de por lo menos dos ofertas públicas así como la fijación de avisos públicos; pues bien, las pruebas recopiladas demuestran que este imperativo legal fue desconocido. En efecto, en el sub júdice, por cuenta de las diversas inspecciones judiciales, aportes de pruebas y comunicaciones provenientes de las distintas dependencias de la gobernación, tales como de las oficinas de tesorería, jurídica y hacienda, así como de las actas de visita de la Contraloría (ver folios 63 a 79 cuaderno original 1, 21 a 22 y 40 a 41 cuaderno original 2), muestran que no se pudo establecerse la existencia del cumplimiento de estos imperativos legales. Inexistencia que no puede ser suplida con el dicho de CAMILO TORRES RODRÍGUEZ e IGNACIO ARDILA TRASLAVIÑA, quienes ‘aportaron’ cotización para intervenir en la mencionada licitación y adujeron haber visto el documento aquí echado de menos (ver folios 6-7 y 11 a 13 cuaderno original 3). Y no puede dársele crédito a esos dichos, ya que carecen de entidad, verosimilitud y fundamento; fíjese como la mención de la existencia del documento solo es advertida por ellos, por nadie más, ni siquiera lo fue por el

propio procesado, responsable de la contratación departamental, ni por las oficinas encargadas de dichos asuntos o de la custodia de los documentos relacionados con tales negocios públicos, como ya se dijo. Por otro lado, la desproporción en los valores de las ofertas presentadas por estos declarantes, frente a la vencedora de JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA (ver folios 29 y 31 cuaderno original 2), que superan por más de 13 y 18 millones la del precitado, en su orden y respectivamente, muestran que su entrega simplemente estaba dirigida a satisfacer la mínima exigencia legal de existencia previa que permitiera sustentar la contratación y la asignación al arriba citado. 1.2. El siguiente requisito que exige la contratación en estos eventos, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 a 30 del régimen de la contratación administrativa, esto es, los principios de transparencia, economía, responsabilidad, ecuación contractual y selección objetiva, es la existencia de estudios previos de conveniencia, oportunidad y factibilidad que hagan traslucir la necesidad de la contratación, como lo preceptúa el numeral 12 del artículo 25 en cita. Sin embargo, tales previsiones no existieron en esta oportunidad, al menos no existe prueba que así lo indique; en ningún documento originado en los distintas oficinas de la Gobernación, ni mucho menos en el programa de gobierno del doctor HUMBERTO TOVAR HERRERA, se indica siquiera la necesidad del levantamiento del puente de madera sobre el caño Ramón, a la altura del kilómetro 72 de la vía Huesito-Puerto Caribe del departamento de (ver folios 63

a 79 cuaderno original 1 y 21 a 35 y 40 a 41 cuaderno original 2). Por lo dicho, debe comenzar a concluirse con claridad a partir de las pruebas, que la contratación estudiada no tuvo fundamento en la necesidad de su realización, sino en la asignación del contrato a las personas de su preferencia, que como se verá más adelante, se hizo desconociendo de contera los parámetros que gobiernen la figura. La obtención de un provecho ilícito, elemento del tipo penal por el que se procede, en la modalidad del beneficio a un tercero, parte plural constituida en este evento por LUZ MARINA MUÑOZ, por entonces diputada a la Asamblea Departamental del Guainía, y su compañero permanente, señor EDGAR MANUEL GARZÓN CRUZ, conocido también como ‘BARRABAS’ y quien es comerciante en la región, deviene probatoriamente evidente. 1.3. JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA, contratista, peluquero de profesión, sin experiencia en las lides para las que fue contratado, sin recursos económicos o técnicos para atender la obra contratada, espontáneo, claro, directo y creíble en sus asertos, es pieza fundamental para la demostración de la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del encartado. En efecto, explica el citado ciudadano en sus distintas salidas procesales, que intervino en la contratación por explícito pedido de la pareja mencionada (LUZ MARINA MUÑOZ y EDGAR MANUEL GARZÓN CRUZ), en relación con quienes pesaba impedimento para contratar con el Estado, dada la condición,

por la época, de diputada departamental de la señora MUÑOZ y su relación de convivencia con el señor GARZÓN CRUZ. Asegura en estas condiciones el deponente mencionado, que frente a esa petición, accedió a firmar el contrato, recibir el anticipo, el pago final, entregarles los dineros y signar las actas de entrega de obra. Adujo el declarante digno de crédito, que existía una relación de amistad entre él y la pareja GARZÓN MUÑOZ, así como entre ellos y el Gobernador, hoy procesado, pues pertenecían al mismo partido político, conservador, y compartieron campaña. Explicó con suficiencia, que los verdaderos contratistas eran los nombrados; reconoce también JUAN EVANGELISTA, que no tenía conocimientos ni capacidad técnica o económica para levantar el puente, pues su oficio es el de peluquero, como bien lo sabía el Gobernador, quien por lo demás, era su habitual cliente en tales menesteres (ver folios 142 a 145 cuaderno original 1 y 7 a 17 cuaderno original 2). Señala también el deponente en cita, que el procesado sabía que el contrato realmente lo estaban haciendo quienes le pidieron ‘el favor’ a él de firmar el mismo; y que ‘nunca presentó propuesta’ para efectos de que le fuera asignado el contrato. Su dicho en este aparte, se encuentra cabalmente confirmado por la certificación expedida por el asesor jurídico de la Gobernación4, quien en relación con los documentos que hacen parte del contrato, así lo señala; igualmente debemos desde ya resaltar, como allí mismo se certificó que no

existían estudios de conveniencia y oportunidad de la obra contratada así como de avisos, ofertas y forma de adjudicación del mencionado, aspecto que se termina de confirmar, como para que no exista posibilidad de hesitación alguna, con la inspección judicial en la Gobernación del Departamento de Guainía, en la que no se precisaron esos importantes aspectos del trámite pre contractual. La anterior situación, corrobora las manifestaciones del contratista y deja probada una conclusión que se deriva del análisis conjunto de las pruebas: en el contrato 026 de 1997 hubo dos contratistas: uno de papel o aparente, y otro real, con lo que se puede hablar de ‘testaferrato contractual’, figura que se da porque el señor JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA prestó su nombre y firma para suscribir, a través de la contratación directa, un contrato cuyo beneficiario real fue el señor EDGAR MANUEL GARZÓN, quién recibió y dispuso del dinero girado por la Gobernación con motivo del mismo. Tal realidad, encuentra respaldo en hechos evidentes, y que denotan de paso la intención de violar la ley, respecto de la reconocida inexperiencia de quien fungió como contratista, pues declaró ser peluquero reconocido de la región, siendo uno de sus clientes el procesado, oficio suficientemente acreditado con la declaración del beneficiario real del contrato y de la injurada de éste. Sea la oportunidad para resaltar que en el expediente obra prueba que el señor JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA era beneficiario de la Gobernación del Guainía en la adjudicación de contratos en los que el rasgo común era la ausencia tanto del perfil como de la infraestructura para desarrollarlos, tal como

se demuestra en las copias que fueron allegadas en la etapa del juicio procedentes de la Fiscalía 33 Seccional de Inírida tomadas dentro del proceso 807, en las que se le dictó resolución de acusación por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, el 5 de julio de

2004. En esta investigación aparece como contratista en el contrato 015 de 4 Cfr. cuaderno nro. 2, folio 116 y ss. 1998 cuyo objeto fue la interconexión eléctrica de la Inspección de Mapiripana.5

Luego, ello muestra que el señor MARÍN BEDOYA era ‘el contratista de confianza de la Gobernación del Guainía’. Luego no es un hecho aislado que en la contratación en estudio se realizó una fachada tendiente a encubrir la realidad de las cosas: que el verdadero beneficiario del contrato fue el esposo de la diputada mencionada, habida cuenta de esta especial situación, con lo cual, tal proceder se adecua al modus operandi de la gobernación en tratándose de la contratación directa. 1.4. El testimonio acabado de citar se ve reforzado por plural prueba que lo confirma, entre ella las declaraciones de CLEMENTE SÁNCHEZ FILA, quien fue encargado del corte de la madera para la construcción del puente, actividad que negoció con EDGAR MANUEL GARZÓN CRUZ, quien, según él, todavía le adeuda los dineros correspondientes a su trabajo (ver folios 46-7 cuaderno original 1). En igual sentido, el señor HERNANDO JIMÉNEZ GARZÓN, persona encargada

del transporte de la madera hasta el caño Ramón, expuso que fue contratado por quien cita como el dueño de la obra y del puente, esto es, el señor EDGAR MANUEL GARZÓN CRUZ, quien en esa misma oportunidad le explicó que no pudo firmar el contrato directamente sino que lo había mandado a rubricar por otro, dado que su mujer era diputada a la asamblea departamental (ver folios 58 a 60 cuaderno original 1). Además, afirma el deponente citado, que a pesar de ello, no había puente alguno, testimonio que adelanta otra realidad irrefutable, en cuanto a que la obra nunca se desarrolló. Estos testimonios son creíbles, al estar en consonancia con los demás elementos de juicio, ser coherentes entre sí, espontáneos y libres de cualquier sospecha. 1.5. De manera que la pruebas reseñadas indica que se burló la Ley de contratación estatal pues se falseó la realidad dado que se ocultó al verdadero beneficiario del contrato, cuya identidad no quedó en el documento, dado que 5 Ver cuaderno de la Corte. se acudió a la mentira, pues se involucró a una persona que prestó su nombre y firma para violar la ley en beneficio de EDGAR MANUEL GARZÓN, esposo de la diputada y ésta. Y decimos que dicha violación de la ley se da desde la etapa pre contractual, pues todo indica que hay una falta de transparencia en la invitación pública dado que no hay constancia de la fijación del aviso público en la cartelera de la Gobernación. Lo único probado en este sentido, es que ‘la propuesta presentada por el señor

JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA’ lleva el visto bueno del titular de la Gobernación, señor HUMBERTO TOVAR HERRERA quien no exigió estudios de planeación o experiencia en el contratista, a pesar de saber que era su peluquero personal, omisión que demuestran su responsabilidad a pesar de que pretenda excusar ésta por el hecho de que no fue quien firmó el contrato. Sin embargo, las evidencias demuestran que fue él quien escogió la oferta ganadora y así lo indicó con su visto bueno. Frente a este punto, véase como la declaración del Jefe de la Oficina Jurídica de la época, prueba pedida por la defensa, señor JOSÉ JOAQUÍN ROMERO LEÓN enseña que cuando dicha dependencia elaboraba el contrato, ya la oferta estaba escogida, sin que esa oficina tuviera injerencia en la selección; generalmente, aduce este declarante, la documentación llegaba con el visto bueno del Gobernador; tal como sucedió en el caso presente. Por ello, encuentran pleno respaldo las afirmaciones del señor gobernador encargado, HECTOR GERMÁN HERNÁNDEZ NIETO, quien suscribió el contrato en cuestión, y es enfático en señalar que, a pesar del encargo, recibió precisas instrucciones del titular, es decir, del procesado, para que el contrato fuera adjudicado al peluquero personal de éste, pues cuando asumió tales funciones, el contrato estaba sobre su escritorio, observando que la oferta llevaba el visto bueno del procesado. En otras palabras, la orden de adjudicación del mismo era un hecho consolidado, aspecto que el mismo contratista corrobora al afirmar que nunca se entendió con el Gobernador

encargado sino con el titular. Pocas veces se cuenta con material de convicción unívoco, complementario, coherente y claro. Pero sigamos abundando para que no se albergue dubitación alguna sobre la realidad. Nótese como a pesar de que el procesado encargara a otra persona en sus funciones, él nunca se despojaba de los asuntos propios del Despacho, obsérvese como era enterado de manera permanente de las decisiones que se asumían, situación corroborada por el señor CARLOS ARTURO VARGAS GALÁN, Secretario de Gobierno, quien manifestó que cuando el señor TOVAR HERRERA dejaba sus funciones se comunicaba con él para enterarlo de toda situación que acontecía en la Gobernación. Por tanto, la circunstancia aducida (que no firmó el contrato), no puede el procesado afirmarla a su favor. 1.6. Ahora bien, si se admitiera hipotéticamente la exculpación ofrecida por el procesado en cuanto a que no firmó el contrato, lo cual no es de recibo conforme a lo explicitado, tenemos que HUMBERTO TOVAR HERRERA firmó dentro de la ejecución del contrato, una adición al 026 de 1997 en el que concedió una prórroga de 75 días para la entrega de la obra, sin que ésta se hubiera recibido como ejecutada pues las fotografías tomadas por la Contraloría dan cuenta de que el puente nunca se construyó; solo se halló la madera amontonada, sin obras de infraestructura sobre construcción alguna, circunstancia que no le mereció reparo alguno, porque a pesar de ello ordenó mediante acto administrativo la resolución que ordenó la liquidación; así mismo,

suscribió el acta de liquidación final del contrato no obstante que la obra nunca fue realizada.6 Y las excusas del procesado no pueden ser de recibo, pues para la comunidad fue un hecho notorio que la obra nunca siquiera comenzó, mucho menos se llevó a término, razón por la que no se entiende cómo puede manifestar en su indagatoria el acriminado, que no sabe si se construyó o no el puente, máxime, cuando adujo que era una obra necesaria para la comunidad. Es evidente, su intención de mostrarse ajeno a unos hechos que lo involucran directamente, pues le era exigible corroborar el cumplimiento del contrato antes de proceder a 6 La resolución 1465 del 30 de diciembre de 1997 liquida el contrato; el acta de liquidación también es de esa fecha. liquidarlo, conducta con la cual viola nuevamente el régimen de la contratación estatal. Frente al punto, a pesar de haberse aportado el Manual de Funciones de la Gobernación, y que pretenda ampararse en las funciones desconcentradas de otras dependencias así como en las labores de interventoria, conforme a las declaraciones recopiladas en la etapa del juicio, no puede el procesado exonerar su responsabilidad pues su condición de ordenador del gasto le obligaba a tener precauciones en todas las etapas contractuales. Al contrario, las pruebas indican que fue el procesado quien le impuso el visto bueno a la oferta presentada por el señor JUAN EVANGELISTA, con lo que avaló la escogencia del contratista con violación del principio de selección objetiva pues desde el trámite pre contractual hubo un acuerdo para beneficiar al señor

EDGAR GARZÓN en la adjudicación del contrato; así mismo, a pesar de la evidencia, procedió a ampliar el término de entrega del puente y a liquidar el contrato sin verificar si en realidad se entregó o no el mismo. La primera circunstancia no se desdibuja con la declaración de los otros dos proponentes, pues a pesar del interés que pudieran tener en la contratación, en sus declaraciones se muestran ajenos al mismo proceso de adjudicación como si por casualidad solo hubieran concurrido a dicho trámite. Y aun cuando materialmente se observan sus propuestas, estas aparecen en la documentación del contrato de manera ‘espontánea’ pues no hay estudios de planeación, de factibilidad o de costos, circunstancias que indican que las dos ofertas restantes pueden ser consideradas de relleno para favorecer y justificar la escogencia, a su vez ficta, del señor JUAN EVANGELISTA MARÍN. 1.7. Tampoco es excusa ampararse en el visto bueno del señor CESAR HUMBERTO MELÉNDEZ signado en la oferta escogida, dado que éste último adujo que no se acuerda si la firma del procesado, que también aparece en la misma, fue antes o después de la suya, aclarando, que su rúbrica era en calidad de revisor de la parte técnica como Secretario de Obras, con lo que da a entender que son dos cosas diferentes, lo estrictamente técnico y otra, la selección de la propuesta. Sea la ocasión para manifestar que el dicho de este testigo, referente al estudio técnico realizado, se debilita frente a los abundantes medios de prueba que señalan que para la celebración de este contrato no se realizó ningún estudio

previo. Es evidente que su declaración tiende a favorecer al ex Gobernador. Sin embargo, en ella se extrae que fue solo una la propuesta que estudió, pues de las otras no recuerda haberlas tenido a su alcance.7 Este aspecto, confirma aún más que las dos propuestas restantes fueron de relleno. La segunda circunstancia, relacionado con la verificación de la construcción del puente, es una elemental obligación que le es exigible a cualquier ordenador del gasto dado que el 50% del valor del contrato dependía de ese hecho. Por ende, no podía lícitamente liquidar el mismo, sin verificar el cumplimiento de lo pactado.

En conclusión: estamos frente a la selección caprichosa del contratista, ausencia de transparencia, planeación y economía en el proceso aludido, y la liquidación de un contrato sin haberse realizado la obra contratada.

2. Sobre la Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Con relación al punible de Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 144 del Código Penal de 1980, el cual debe aplicarse en desarrollo del principio de legalidad, tal como se explica en relación con el otro comportamiento aquí estudiado), la imputación se contrae a la intervención del entonces gobernador HUMBERTO TOVAR HERRERA en la tramitación, aprobación y liquidación del contrato 026 de 1997 y su adición, con los reales y verdaderos contratistas, esto es, la pareja conformada por la diputada pluricitada y su compañero permanente, quienes, como se ha visto, ante la imposibilidad de intervenir directamente en la contratación, usaron a un

testaferro, el señor JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA, para la celebración del negocio jurídico. 7 Cuaderno de la Corte, folio 226. 2.1. El análisis lo iniciamos diciendo, que el Estatuto General de la Contratación Administrativa en su artículo 8, numeral 1º, literal a), establece que son inhábiles para contratar con el Estado las personas que se encuentren inhabilitadas por la Constitución y la Ley. Del mismo modo, el artículo 180 de la Constitución Política establece en su numeral 2 que los congresistas no podrán celebrar contrato, por sí o por interpuesta persona, con entidades públicas. Igualmente, el artículo 299 de la Carta Política, en su inciso segundo, determina que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley pero que no podrá ser menos estricto que el de los congresistas. Como quiera que la señora LUZ MARINA MUÑOZ, en el momento en que se celebró el contrato era diputada a la Asamblea Departamental del Guainía, pues su periodo cubrió desde enero de 1995 hasta diciembre de 1997 (ver folios 284 a 285 cuaderno original 1), y que, como se ha visto en el plenario, se pudo establecer probatoriamente que ella y su compañero permanente, señor EDGAR MANUEL GARZÓN CRUZ, fueron los beneficiarios de la contratación, es por lo que debe inferirse, sin duda alguna, que existía una inhabilidad para que la servidora pública, por sí, o por interpuesta persona, pudiera celebrar contratación con el Estado. 2.2. Es evidente además, que los protagonistas del hecho eran conocedores de

tal situación y que soslayaron las exigencias que en materia legal tiene la contratación pública, valiéndose de la actividad de un tercero, de quien tenían conocimiento sobre sus condiciones personales, que le impedían dar cumplimiento al objeto de la contratación por desconocimiento e incapacidad económica y técnica, tal como él mismo lo sostuvo en sus intervenciones en el proceso. Por manera que, la pareja mencionada, quienes se han mostrando renuentes a concurrir al trámite de este asunto, obrando concertadamente con la administración departamental, y en concreto con el aquí procesado, decidieron desbordar las competencias funcionales que les atribuye la Constitución y la ley en tan delicado tema, como es la contratación pública, valiéndose de un burdo ardid para transgredirla, como aquí ha quedado develado.

3. Aspecto subjetivo de los comportamientos Conforme al material probatorio allegado a estas diligencias, se concluye, que el doctor HUMBERTO TOVAR HERRERA tenía pleno conocimiento de las conductas delictivas en que estaba incurriendo y de manera voluntaria quiso su realización. Las razones por las cuales se llega a esta conclusión, devienen del análisis de las distintas pruebas que se han practicado a lo largo de este proceso, las cuales observadas en su conjunto, permiten demostrar que el enjuiciado conocía y comprendía la necesaria existencia de una serie de requisitos legales para la realización de cualquier tipo de contratación pública, y la imposibilidad de ejecutar contrato con persona inhabilitada para ello. 3.1. Sea lo primero advertir sobre este punto, que las condiciones personales del señor gobernador lo muestran como un profesional con muchos años de

servicio a la administración pública, que al terminar su mandato, como responsable, entre otras cargas, de la contratación del departamento, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 073 de 1993, que adoptó el manual de funciones del mandatario del departamento de Guainía, necesariamente tenía conocimiento de los requisitos y condiciones para celebrar tales negocios jurídicos, por lo que no tiene explicación atendible, como ocurrió en el caso materia de análisis, que su concesión haya sido irregular, y que tampoco se hubiere cumplido en la práctica con su objeto (ver folios 179 a 190 y 238 a 253 cuaderno original 1 y 68 a 161 cuaderno original 3). 3.2. La intervención del señor gobernador TOVAR HERRERA en la contratación es incuestionable. No otra afirmación puede inferirse de la comprobación de la existencia de su visto bueno en la cotización aportada por el señor JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA, aprobación que no recibieron las demás ofertas y que llevaron a su gobernador encargado, doctor HÉCTOR GERMÁN HERNÁNDEZ NIETO, a suscribir el contrato aquí investigado, siguiendo así las instrucciones del procesado. Por su conocimiento en la materia de contratación, es claro que sabía que faltaban los estudios técnicos, presupuestales y jurídicos que sustentaran la necesidad de contratar la obra. Nunca pudieron aportarse tales documentos y ninguna prueba hizo alusión a su existencia, pues más allá, de afirmaciones genéricas sobre el plan de gobierno del servidor cuestionado, en donde incluyó

aseveraciones en torno a la pertinencia de mejorar las carreteras y vías del departamento, jamás se mencionó el caño Ramón como uno de los sitios en donde se requería el citado puente (ver folios 179 a 190 y 238 a 253 cuaderno original 1 y 77 a 172 cuaderno original 2). 3.3. Incuestionable igualmente resulta, que en la mencionada contratación intervino el servidor al tramitar el negocio, ampliar su plazo y liquidarlo, como se trasluce de su propio dicho y de la prueba documental plural que así lo señala. También de sus palabras se infiere el conocimiento que tenía de la imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, puesto que dadas las condiciones personales y económicas del contratista en el papel, por así decirlo, el señor JUAN EVANGELISTA MARÍN BEDOYA, peluquero de profesión y ajeno a cualquier actividad co