PGN - Documento 201607171628043

Bogotá, D.C., 31 de julio de 2006. Doctor

MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA

Fiscal General de la Nación

E. S. D.

Referencia: Investigación previa número 10028 –

02.

Contra: JORGE AURELIO NOGUERA COTE, ex

Director del D.A.S.

Asunto: Solicitud de Nulidad Respetado Doctor: JULIO OSPINO GUTIÉRREZ, en mi condición de representante del Ministerio Público dentro del asunto de la referencia, acudo ante su Despacho a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha julio 6 de la presente anualidad, por cuyo medio el Fiscal Segundo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, doctor JESÚS ANTONIO MARÍN RAMÍREZ, resolvió no ”iniciar investigación penal contra JORGE AURELIO NOGUERA COTES” por los hechos relacionados con el supuesto complot contra el Gobierno Venezolano y, en consecuencia, se abstuvo de “practicar diligencia de declaración de la periodista venezolana Patricia Poleo”; pruebas solicitada por el suscrito.

Previa exposición de la argumentación que asiste la aludida aspiración, hagamos la siguiente precisión.

1. Los artículos 306-1 y 308 de la Ley 600 de 2000, rezan a su tenor literal, en

su orden, lo que sigue: “Causales de nulidad. Son causales de nulidad:

1. La falta de competencia del funcionario judicial. (...) “Oportunidad. Las nulidades podrán invocarse en cualquier estado de la actuación procesal” (Negrilla fuera de texto).

2. Teniendo en cuenta que para el momento en el que supuestamente tuvieron ocurrencia los sucesos que son objeto de averiguación en el presente diligenciamiento, el doctor JORGE AURELIO NOGUERA COTE fungía como Director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – y, por ende, tenía la condición de aforado, con el hecho de que el doctor MARÍN RAMÍREZ se hubiera pronunciado en la forma reseñada, no cabe duda en torno a que se incurrió en irregularidad sustancial que afecta de nulidad la resolución del 6 de julio del presente año.

Es preciso destacar, por un lado, que el funcionario competente para tramitar el asunto de la referencia es usted1 y, de otro, que en ningún momento se asignó el conocimiento del mismo al doctor MARÍN RAMÍREZ, en su condición de fiscal especial, tal como se consignó de manera errada en el acto procesal cuestionado2; y ello es así, por que por mandato constitucional, es usted quien debe asumirlo.

3. Ahora bien, de una vez y en estricta observancia de los principios procesales de celeridad, eficiencia3 y economía procesal me permito insistir en el decreto y práctica del elemento de convicción “negado” a través de la resolución fechada el 6 de julio de 2006, que como ya dijimos debe ser declarada su nulidad, referida a la emisión por parte de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de una carta rogatoria con el objeto de que la periodista Venezolana PATRICIA POLEO, Directora del Periódico El Nuevo País, cuente con la posibilidad real de señalar si el

versionado se encuentra o no comprometido en la presunta conspiración en 1 Art. 235-4 de la Carta Política, en concordancia con el Numeral 1 del artículo 115 de la Ley 600 de 2000. 2 Lo que si ocurrió en relación con el sumario número 10146 – 02, al interior del cual, a través de resolución del día 15 de mayo de 2006, usted dispuso “asignar especialmente al doctor JESÚS ANTONIO MARÍN RAMÍREZ, Fiscal Segundo Delegado ante la Corte, o quien haga sus veces, para que adelante hasta su culminación la investigación de la referencia seguida contra JORGE AURELIO NOGUERA COTES, (hechos relacionados con el fraude electoral), y al señor Vicefiscal General de la Nación la segunda instancia. Lo anterior teniendo en cuenta que el Dr. NOGUERA COTES perdió el fuero constitucional ante la aceptación de la renuncia al cargo de Cónsul que venía desempeñando, y el hecho comentado fue desarrollado al parecer, para cuando aún no tenía la calidad de Director del DAS, lo cual hizo posible tal determinación. 3 Artículo 15 de la Ley 600 de 2000. contra del gobierno de HUGO CHÁVEZ FRÍAS y en el atentado terrorista como resultado del cual perdió la vida el fiscal venezolano DANILO BALTAZAR

ANDERSON.

No debe perderse de vista que al interior de la diligencia de ampliación de declaración rendida el 25 de abril de la presente anualidad, el señor RAFAEL ENRIQUE GARCÍA TORRES fue interrogado sobre las cuestiones aludidas en la forma que a continuación se reseña: “PREGUNTADO. Puede usted precisarle a la fiscalía si fuwe (sic) cierto que

desde el DAS se proyectó un atentado o conspiración contra el gobierno venezolano, en particular respecto del fiscal asesinado DANILO ANDERSON, y contra el presidente HUGO CHÁVEZ. En caso cierto que participación tuvo JORGE NOGUERA como director del DAS, y aclare todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que usted tenga conocimiento.” Y, en relación con lo concretado, el ciudadano mencionado señaló lo que sigue: “CONTESTÓ. Quiero manifestar que si es cierto que hubo un plan de conspiración contra el gobierno Venezolano, que JORGE NOGUERA y JORGE 40 hicieron parte de este plan, que yo que como lo dije antes, actuaba como mensajero entre el bloque norte y JORGE NOGUERA. Conocí pormenores de ese plan, sin embargo quiero dejar sentado ante la Fiscalía General de la Nación, que dada la gravedad de los hechos y los personajes comprometidos me abstendré de declarar sobre el tema mientras permanezca detenido en cualquier cárcel colombiana y hasta tanto no tenga plenas garantías de seguridad para mi familia y para mí, la constitución colombiana garantiza el derecho fundamental a la vida y si yo desde una cárcel me atrevo a declarar sobre este asunto estaría vulnerando ese derecho en cuanto a mi familia y el mismo propio” (Negrilla fuera de texto). En atención a lo que viene de precisarse, no es procesalmente posible sostener en el acto objeto de censura, que el testigo GARCÍA TORRES no se refirió a los acontecimientos puestos de presente. Finalmente, debe resaltarse que es incuestionable que aparte de la información consignada en los medios de comunicación que sirvió de fundamento material

para la iniciación de varios diligenciamientos en contra del imputado, entre ellos, el que en esta oportunidad ocupa nuestra atención, existe un referente procesal inequívoco referido a los dos sucesos aludidos, el cual debe ser objeto de comprobación por parte del ente que usted regenta, de acuerdo con la carga comportamental derivada del numeral 1 del artículo 114 de la Ley 600 de 2000. POSTULACIONES Con fundamento en lo precisado, solicito se DECLARE la NULIDAD de la resolución del 6 de julio de 2006. Una vez hecho esto, se decrete y practique la prueba negada por conducto de dicho pronunciamiento judicial. Atentamente,

JULIO OSPINO GUTIÉRREZ

Procurador Segundo Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal JOG/iac.