PGN - Documento 201607171628051

Bogotá, D.C., 30 de agosto de 2002 Doctor

LUIS CAMILO OSORIO ISAZA

Fiscal General de la Nación Ciudad

REFERENCIA: Única Instancia 4015.- Sindicado: Jorge Alberto Zapata Betancour Ex Gobernador del Guaviare. – Delitos: Falsedad ideológica en documento público, interés Ilícito en la celebración de contratos y celebración indebida de contratos De conformidad con las facultades constitucionales y legales atribuidas al Procurador General de la Nación para intervenir ante las autoridades judiciales de manera directa o a través de sus delegados, en mi condición de Procuradora Segunda Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal, procedo a presentar alegato previo a la calificación del mérito de la investigación penal adelantada en contra del ex Gobernador del Departamento de Guaviare, JORGE ALBERTO ZAPATA BETANCORT, una vez subsanada la causal que diera origen a la declaratoria de nulidad dispuesta el 3 de enero del año en curso, con fundamento en lo preceptuado en el numeral 3° del artículo 306 del C.P.P.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: Entre agosto de 1993 y diciembre de 1994, JORGE ALBERTO ZAPATA BETANCOURT, en su condición de Gobernador del Guaviare, celebró diez (10) contratos de prestación de servicios con la firma FESANAR LTDA, identificados con los números 149, 231, 021, 073, 107, 190, 246, 282, 315 Y 336, con el objeto de que el contratista se encargara de desarrollar el programa de atención médica especializada -tercer nivel-, a los pacientes remitidos por la Gobernación del

Guaviare a la ciudad de Bogotá, de conformidad con las tarifas establecidas por el contratista. Estos contratos se efectuaron con cargo a recursos del fondo departamental de salud, en su mayoría provenientes del impuesto a ganadores de la lotería “La Nueve Millonaria”, comprometiendo la administración departamental a través de ellos la suma de $406’000.000. La Superintendencia Nacional de Salud denunció presuntas irregularidades en relación con el manejo que el Gobernador del Guaviare dio a los recursos provenientes de la Lotería referida, resaltando la existencia del contrato 149 del 11 de agosto de 1993, en virtud del cual se encargó a FESANAR LTDA de la prestación de servicios de salud, no obstante que esta empresa no se encontraba legalmente constituida y no contaba para ello con la autorización del Ministerio de Salud.

ACTUACIÓN PROCESAL SURTIDA: Agotada la averiguación previa que había sido ordenada el 30 de julio de 1997, el señor Fiscal General decretó la apertura instrucción el 30 de noviembre de 1998. La indagatoria del doctor ZAPATA BETANCOURT se recepcionó el 25 de marzo de 1999 y su situación jurídica fue resuelta el 8 de septiembre de 2000, con medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, por los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento por el punible de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y sustituyendo la medida de aseguramiento por detención domiciliaria. En el mismo

proveído admitió la demanda de constitución de parte civil interpuesta en representación del Departamento de Guaviare, El 27 de diciembre de 2000, al pronunciarse el Fiscal General sobre la reposición interpuesta por la defensa contra el anterior proveído, lo revocó parcialmente en el sentido de precluir la acción para los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento requisitos e interés ilícito en la celebración de contratos, exclusivamente en relación con el contrato 149 del 11 de agosto de 1993, por haber acaecido el fenómeno de la prescripción, continuando la acción únicamente respecto a la falsedad atribuida, haciéndose la advertencia de que “los otros contratos que se hicieron con la misma empresa, y con el mismo objeto, estarían cobijados ya por la normatividad de la ley 80, la cual aumentó el máximo punitivo a doce años, por lo que no es posible predicar el mismo fenómeno para el punible de interés ilícito en la celebración de contrato, en su globalidad”. El 16 de mayo de 2.001, se clausuró la fase instructiva y se corrió el correspondiente traslado para alegar. El 3 de enero de 2002, el Fiscal General de la Nación (E) decreta la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de cierre de investigación, inclusive, y ordena la ampliación de indagatoria con el objeto de hacerle conocer al sindicado la totalidad de las imputaciones penales que militan en su contra, respecto a la celebración de pluralidad de contratos por los cuales no se le indagó el 25 de marzo de 1999. Es así como el 21 de marzo de 2002 es escuchado en diligencia de ampliación de

indagatoria el sindicado JORGE ALBERTO ZAPATA BETANCOURT, siéndole resuelta su situación jurídica en relación con los contratos comentados el 10 de abril del año en curso; absteniéndose de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra por el punible de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Hecho esto, se dispuso el cierre de la investigación el pasado 26 de junio último.

ACERVO PROBATORIO: Del material probatorio allegado, se destaca lo siguiente: 1.- Prueba documental: a) Se acreditó la calidad foral del doctor JORGE ALBERTO ZAPATA BETANCOURT, dada su condición de ex Gobernador del Guaviare durante el periodo comprendido entre el 18 de Junio de 1993 y el 31 de diciembre de 1.994. b) Se obtuvieron los comprobantes de egreso de marzo a septiembre de 1994 de la empresa FESANAR, y el listado del movimiento auxiliar en los años 1993 y 1995, e información de diferentes Clínicas sobre la atención de pacientes remitidos por esa empresa (conforme cuadernos anexos). c) Se adjuntó el contrato de prestación de servicios médicos No. 149 de 1993, entre el Departamento del Guaviare y la firma FESANAR y la propuesta que presentó el contratista para la prestación de servicios médicos; certificado de disponibilidad presupuestal, póliza de seguro de cumplimiento, cuentas de cobro, recibos de pago de impuesto y publicaciones, certificado de existencia y representación legal de la mencionada firma. (fls. 35 a 48 cuad. copias 1 y fls. 5 y 6 cuad. anexo 45).

d) Información de la Secretaría de Salud del Guaviare sobre el manejo y destino de los recursos transferidos por la Lotería la Nueve Millonaria y sobre las normas que regulan el Fondo Departamental de Salud (ver cuaderno anexo). e) Copia de las circulares externas de la Superintendencia Nacional de Salud 02 de febrero 24 y 051 del 27 de octubre de 1993, y de un documento sobre la reorganización del sistema nacional de salud realizada mediante la ley 10 dé 1990 (ver cuaderno anexo). f) Copia del expediente disciplinario No. 021-46833 adelantado por los mismos hechos en la Procuraduría Delegada para la Contratación Administrativa (Cuaderno anexo 45). 2.- Inspecciones Judiciales: a) En la empresa SERVICIOS MEDICOS y COMPAÑIA LIMITADA, SERVIMED, de propiedad de FEDERICO SANCHEZ, ubicada en la calle 50 No. 8 24, oficina 408 de Bogotá (fl. 212 cuad. copias 1). b) En el archivo Departamental del Guaviare sobre los siguientes contratos suscritos con la firma FESANAR: 149, de agosto 11 de 1993; 231, de diciembre 17 de 1993; 021, de febrero 15 de 1994; 073, de abril 20 de 1994; 107, de mayo 27 de 1994; 190, de agosto 29 de 1994; 246, de noviembre 10 de 1994; 282, de noviembre 24 de 1994; 315 de diciembre 21 de 1994 y 336 de diciembre 23 de 1994. También sobre las cuentas de cobro y compromisos adquiridos con idéntica firma,

para el pago de servicios médicos y las transferencias efectuadas por la lotería La Nueve Millonaria. c) En la Tesorería de la Secretaria de Salud de Guaviare sobre los cheques girados a favor de FESANAR, durante los años 1993, 1994 Y 1995. 3.- Prueba testimonial: a) AUGUSTO ARTURO GARZON RODRIGUEZ en declaración y posterior ampliación (fls. 79 a 81 y 190 a 194 cuad. copias 1) explica que fue socio de FESANAR y firmó el contrato 149 de 1993, en representación de dicha sociedad, luego de haber enviado a las nuevas gobernaciones un ofrecimiento de servicios que solo tuvo acogida en la Gobernación de Guaviare, quien le suscribió éste y posteriores contratos de renovación. El manejo de la parte médica y toda la coordinación con las entidades hospitalarias estuvo a cargo de su concuñado, el doctor FEDERICO SANCHEZ, quien era el Director Científico y Administrativo de FESANAR. Este profesional recibía por su gestión una comisión que cree era del 10 % y se le pagaba personalmente a él o a su firma SANGAL Limitada. Entiende que el doctor SANCHEZ no se asoció con FESANAR por prestar servicios idénticos a la NUEVE MILLONARIA, entidad que manejaba ese tipo de contratos de salud con los antiguos territorios Nacionales y que al convertirse en Gobernaciones habría la posibilidad de que el doctor SANCHEZ ofreciera sus servicios con su propia compañía. Al recibir el primer contrato, esto es el No. 149, enviado por el Departamento Jurídico

de la Gobernación y tener conocimiento que la Gobernación del Guaviare estaba interesada en tomar el servicio de salud con FESANAR, procedió junto con el otro socio a aportar los dineros y realizar los trámites necesarios para darle vida a esa empresa, y a pesar de que la Gobernación le envió el contrato con fecha anterior, solo se legalizó en la Notaría con el reconocimiento del texto, el 30 de agosto de 1993. FABIO ANTONIO ACEVEDO VELEZ, en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Guaviare, elaboró el contrato 149 de 1993. Debido al tiempo transcurrido, no recuerda con precisión los antecedentes de este contrato (declaró el 23 de febrero de 1998) aunque tiene entendido que fue suscrito por las partes el 30 de agosto de 1993, cuando el Gobernador Zapata lo llevó a Bogotá, se autenticaron las firmas y el contratista adjuntó una copia de la certificación expedida por la Cámara del Comercio; se perfeccionó hacia septiembre u octubre de 1993, lo que se puede comprobar con el oficio de aprobación de las pólizas. En declaración rendida ante la Procuraduría el 3 de octubre de 1994, que obra como prueba trasladada (ti. 44 cuad. anexo 45), explica que inicialmente el contrato de prestación de servicios médicos se proyectó con la firma SERVIMED LIMITADA Y que el Gobernador lo llevó a Bogotá, pero después se lo devolvió sin tramitar diciéndole sin mas razones que ya no lo iba a suscribir con esa firma, sino con

FESANAR LTDA.; como a los 20 días o un mes, enviaron los documentos y como estaba el anterior contrato grabado en el computador, le impartió instrucciones a la digitadora para que modificara los datos relacionados con el nuevo contratista, pero la empleada omitió hacer la modificación de la fecha y él no se percató de esta situación. Entiende que el cambio de empresa contratista obedeció a que la representante legal de SERVIMED es la doctora MARIA TERESA GALEANO LATORRE, sobrina del entonces Senador ALFONSO LATORE GOMEZ. b) LUZ STELLA MARTINEZ TORO, Secretaria para esa época de la Oficina Jurídica de la Gobernación, en declaración rendida para el proceso disciplinario de la Procuraduría, admite que mecanografió el contrato 149 y cree que el Gobernador lo llevó a Bogotá para la firma autenticada del contratista y allí se demoró un tiempo, al regresar se siguió con el trámite encaminado a su legalización; la fecha que aparece en el contrato es aquella en que se digitó y luego no fue necesario hacerle correcciones porque regresó de Bogotá firmado. c) FEDERICO GUILLERMO SANCHEZ ARCINIEGAS, en declaración rendida el 20 de mayo de 2002, manifiesta haber elaborado al servicio de la lotería “La Nueve Millonaria” y COINCO. Dice que presentó propuestas para la prestación de servicios médicos a varios departamentos, incluido el Guaviare; que él fue el gestor de la prestadora de servicios médicos FESANAR, de la cual fueron socios AUGUSTO GARZÓN RODRÍGUEZ y MARIO ENRIQUE JOYA, cuñado suyo y sobrino de su

señora, respectivamente. Señala el declarante que su única relación con el Gobernador ZAPATA BETANCOURT fue la de contratista en los servicios médicos de tercer nivel en la ciudad de Bogotá, para los pacientes remitidos por el servicio de salud de ese departamento; que el senador ALFONSO LATORRE GOMEZ es tío de su esposa; que antes de iniciar la prestación de servicios FESANAR, había cumplido con todos los requisitos exigidos por la Secretaria de Salud de Bogotá; que los gobernadores le recomendaron, enviar propuesta escrita; que no recuerda la fecha de constitución legal de FESANAR, pero que si tiene claro que antes de enviar la propuesta escrita ya se habían dejado los documentos en la notaría para su escrituración. d) MIGUEL ANGEL CERÓN MOLINA, ex Jefe del Servicio de Salud del Guaviare, en declaración rendida el 23 de mayo de la presente anualidad, manifiesta que la lotería “La Nueve Millonaria” transfería recursos al departamento y el departamento transfería recursos al servicio de salud de la época; que al momento de iniciar la administración del Gobernador ZAPATA BETANCOURT, el servicio de salud no tenía ningún contrato pendiente; que en la celebración de los contratos investigados “nunca tuvo injerencia el Jefe de Salud”; que para ese tiempo la Gobernación celebraba directamente contratos con varias entidades, entre ellas FE SANAR; niega enfáticamente haber relacionado al ex mandatario departamental procesado con algún representante de empresas con las que se venia contratando la prestación de servicios de salud y afirma que no existió delegación verbal o escrita por parte del Gobernador ZAPATA BETANCOURT, para la renovación de contratos.

Explica el declarante que los recursos para la salud llegaban directamente al fondo de salud del departamento del Guaviare procedentes del gobierno y de la lotería “La Nueve Millonaria”, para ser transferidos al servicio de salud. 4.-INDAGATORIAS: En la diligencia de indagatoria practicada el 25 de marzo de 1999, el Dr. JORGE ALBERTO ZAPATA explica que los recursos que generaba la Nueve Millonaria inicialmente eran transferidos, según convenio de la anterior administración, a la Cooperativa, COINCO, con la finalidad de suscribir contratos para atender pacientes de medicina especializada; el Departamento cuenta con un fondo de salud a donde llegaban parte de esos recursos y a través de ese fondo se suscribieron contratos con FESANAR. Dice haber conocido desde tiempo atrás y por cuestiones políticas al señor FEDERICO SANCHEZ; que cuando asumió el cargo de Gobernador aquél estaba prestando el servicio de salud a ese Departamento para pacientes especiales, a través de contratos celebrados por COINCO: afirma que este señor tenia nexos con la empresa FESANAR, pero que no puede precisar si era socio o Gerente de la misma. Sobre el contrato 149, explica que la fecha 11 de agosto de 1993 que allí aparece, corresponde al día en que fue elaborado en la Secretaría de la Sección Jurídica, que como la sociedad contratista no contaba con el certificado de Cámara de Comercio que se requería para poder suscribirlo, el contrato se dejó pendiente hasta que se obtuviera este documento, siendo legalizado el 30 de agosto de 1993, incurriéndose en error en cuanto a la fecha de realizado,

Dice no recordar si trasladó el contrato de San José de Guaviare a Bogotá para la firma del contratista y en un comienzo desconoce quién es AUGUSTO GARZON, persona que aparece como contratista, pero finalmente afirma que su relación con este señor fue mínima, y que a quien conocía era a FEDERICO SANCHEZ, aunque nunca se detuvo a establecer qué vínculos tenia con la empresa FESANAR; también conoce a MARIO ENRIQUE JOYA GALEANO, el otro socio de la firma, por ser nieto de una hermana del Senador ALFONSO LATORRE GOMEZ, Jefe político del Meta, a cuyo directorio político pertenecía el indagado, aunque nunca supo que tuviera algún vínculo con la firma FESANAR. En relación con los posteriores contratos celebrados con la misma empresa, señala que antes de elaborarlos obtuvo el informe de su Secretario Privado sobre el buen manejo en su cumplimiento. En la diligencia de ampliación de indagatoria practicada el 21 de marzo del año en curso, manifiesta el sindicado que para el momento en que se posesionó como Gobernador del Guaviare, el jefe del servicio de salud –MIGUEL CERÓN MOLINAle informó que se venía desarrollando un contrato de salud con la cooperativa COINCO, con recursos provenientes de la lotería “La Nueve Millonaria”; que este mismo funcionario lo relacionó con un representante de COINCO –FEDERICO GUILLERMO SANCHEZ ARCINIEGAS-, con el fin de conocer si se le iba a dar continuidad a ese servicio, persona quien le informó que en esos momentos la firma

estaba en proceso de cambio de razón social. Dice que al momento de tomar la decisión, la junta de salud había recibido otra propuesta, pero que él consideraba que lo más recomendable era continuar con esa empresa, porque los servicios que estaban prestando eran de buena calidad y buen precio; que debido al cambio de razón social que estaba en curso no se contaba con el certificado de Cámara de Comercio, pero que de todas maneras el contrato se hizo, lo cual dio origen al error que se presenta en relación con la fecha de elaboración del contrato. Afirma que él se llevó a Bogotá el contrato con el lleno de todos los requisitos: admite conocer al Senador ALFONSO LATORRE GOMEZ y que para los años de 1986 a 1992 estuvo vinculado a su movimiento político, pero que este congresista no tuvo nada que ver con su nombramiento como gobernador. Indica en relación con la autorización que se requería para contratar con el Estado que “esa parte si la maneja el departamento jurídico”; que “siempre se le dio el trámite llenando los requisitos establecidos en la ley” a los contratos celebrados; que la normatividad vigente para el momento de la celebración del contrato “no establecía un límite en el monto de la contratación”; que él no manejaba lo referente a la actualización de tarifas; que tomó la decisión de contratar que más le convenía a la comunidad; que en ningún momento existió de parte suya el delito de falsedad ideológica en documento público, atribuyendo la posible ocurrencia de este delito a la secretaría del departamento jurídico. Agrega que nunca hubo interés de su parte en beneficiar a FESANAR, que la

renovación de estos contratos se hacía con base en los recursos y la necesidad del servicio, lo que delegó en cabeza del jefe del servicio de salud MIGUEL CERON. Termina afirmando que su actuación siempre estuvo sujeta a las normas nacionales y que el procedimiento desarrollado contó con el apoyo del asesor jurídico, del jefe del servicio de salud y del secretario privado de la Gobernación, quienes le reportaron como cumplidos los requisitos para contratar. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA DELEGADA: Con base en lo expuesto, podemos concretar las conductas punibles que se le endilgan al doctor JORGE ALBERTO ZAPATA BETANCOURT, ex Gobernador del Departamento del Guaviare, de la siguiente manera: 1).- En relación con la celebración del contrato 149, fechado 11 de agosto de 1993, que suscribió con la firma FESANAR con el objeto de que fueran atendidos pacientes remitidos a Villavicencio y Bogotá que necesitaran atención en centros hospitalarios especializados de tercer nivel de complejidad, se le cuestiona haber contratado con una empresa inexistente, debido a que ésta en realidad se vino a constituir hasta el 17 del mismo mes, conducta que se encuadra en el delito de falsedad ideológica en documento público adscrito en el artículo 219 del Código Penal vigente para la época de los hechos, y en el artículo 286 de la legislación actual. Se anota que respecto a este mismo contrato –el 149 de 1993no se emitirá pronunciamiento alguno en relación con los injustos de interés ilícito en la celebración de contratos y celebración de contrato sin cumplimiento de

requisitos legales, toda vez que de conformidad con lo analizado y resuelto en la resolución proferida el 27 de diciembre de 2000, para estas conductas ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción, no ocurriendo lo mismo para la falsedad ideológica en documento público que se le imputa. 2).- En relación con la celebración de contratos 231 de 1993 y 021, 073, 107, 190, 246, 282, 315 y 336 de 1994, suscritos con la misma empresa y con idéntico objeto, se le cuestiona haber favorecido a la firma FESANAR, al adjudicarle los contratos anotados sin ejecutar los procedimientos y sin cumplir con los requisitos legales establecidos en al Ley 80 de 1993, conductas constitutivas del interés ilícito en la celebración de contratos, descrito en el artículo 145 del Código penal vigente para la época de los hechos -actual 409-; y de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, descrita en el artículo 146 del Código Penal anterior y en el 410 de la actual legislación. Bajo los anteriores parámetros, procederemos a analizar cada una de las conductas desplegadas por el sindicado JORGE ALBERTO ZAPATA BETANCOURT, con el objeto de establecer si para el caso concreto se reúnen los requisitos exigidos por la ley para proferir resolución de acusación en su contra, o por el contrario, beneficiario con la preclusión de la investigación. 1)- FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO: La Fiscalía encontró fundamentos para imputarle al Gobernador ZAPATA

BETANCOURT este delito, opinión que es consecuente con los elementos de convicción que se allegaron al expediente, en la medida en que en el texto del contrato 149 se consignó como suscrito el 11 de agosto de 1993 (ti. 35 a 38 cuad. copias 1) cuando aún la empresa contratista no había nacido a la vida jurídica como aparece demostrado en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el que comprueba que ésta se constituyó el 17 de agosto de 1993, mediante Escritura Pública No. 4.960 de la Notaría 9 de Bogotá, habiendo sido inscrita en la Cámara de Comercio el 26 de ese mismo mes y año (fls. 5 y 6 cuad. copias 1). Por tal razón, no resulta de recibo la versión defensiva que hace referencia a la ocurrencia de un simple error mecanográfico cometido por la digitadora, al no haber cambiado la fecha en que se elaboró el contrato por aquélla en que había sido suscrito. Mírese como es la misma digitadora quien desmiente tal afirmación, al señalar que “la fecha que aparece en el contrato es aquella en que se digitó y luego no fue necesario hacerle correcciones porque regresó de Bogotá firmado” (folio 148 del cuaderno anexo N° 45). Además, la póliza de cumplimiento N° 9361091 que amparaba este contrato, fue expedida el 25 de agosto de 1993 por la empresa Seguros del Estado S.A., Oficina Antiguo Country de Bogotá (fI.40 cuad. copias 1) y este documento nos está

mostrando que en realidad el contrato se firmó antes del 25 de agosto, porque obviamente para su expedición se requería que existiera el contrato que se pretendía amparar. Emerge de lo anterior que el aquí procesado contrató el 11 de agosto de 1993 con una empresa inexistente, y que el contenido de este contrato no es acorde con la realidad, en la medida en que para esa fecha no se podían aportar los datos que allí se precisan, relacionados con la constitución de la sociedad mediante escritura pública, pues ésta, como ya se explicó, ocurrió días después -17 de agosto de 1993como tampoco es cierto lo que allí se dice que para el momento de la celebración del contrato la sociedad estaba vigente y que esto se demuestra con el certificado de la Cámara de Comercio, cuando la realidad muestra que para esa fecha esa inscripción no existía, pues solo ocurrió hasta el 26 de agosto de 1993. Para esta representación del Ministerio Público, no existe duda que el sindicado incurrió en el delito de falsedad Ideológica en documento público, al haber consignado información contraria a la verdad en un documento con capacidad probatoria que fuera introducido al tráfico jurídico. No se puede desconocer que entre las funciones de todo Gobernador se encuentra la de elaborar documentos tanto material como ideológicamente, para lo cual debe, no solo observar las formalidades legales, sino ceñirse a la verdad como ingrediente básico que debe presidir toda actuación de los servidores Públicos. El articulo 264 del C. de P. Civil, en relación con el alcance probatorio de los documentos públicos, señala que: “hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de

las declaraciones que en ellas haga el funcionario que los autoriza...”. A pesar de esta disposición, el procesado ZAPATA BETANCOURT elaboró un documento público (contrato 149), contrariando la verdad, por cuanto no existía aún la sociedad con quien estaba contratando, y en estas condiciones atentó contra el bien jurídico de la fe pública. Recordemos que la falsedad documental “no es delito de daño sino de peligro. No se necesita que se haya efectivamente lesionado un bien jurídico, sino que basta que se cree una amenaza directa contra el mismo” (Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, Sentencia de mayo 6 de 1986, Magistrado Ponente Dr. LIZANDRO MARTÍNEZ ZUÑIGA) De modo que para el Ministerio Público resulta clara la ocurrencia del injusto de falsedad Ideológica en documento público, al encajar la conducta del Gobernador en los elementos normativos del tipo imputado. Este funcionario, al crear tanto material como intelectualmente el contrato en cuestión, vulneró el bien jurídico tutelado de la Fe Pública “no entendido como un concepto abstracto sino como protección a la confianza que la colectividad deposita en la capacidad probatoria de los documentos públicos, lo cual es esencial para que exista un adecuado tráfico jurídico que facilite las relaciones entre los coasociados…” (Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación penal, sentencia de octubre 16 de 1996, Magistrado ponente

Dr. RICARDO CALVETE RANGEL).

II)- INTERES ILICITO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS: Analizando la descripción del modelo comportamental plasmada en los artículos 145

del Código Penal anterior y 409 del actual, observamos que se reprocha el interés que el servidor público demuestre en algún contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo o de sus funciones, finalísticamente orientado a la obtención de un provecho propio o a favor de un tercero. El verbo determinador apunta a que la acción del agente se concrete en un manifiesto querer exteriorizado en cada caso concreto. Indica lo anterior que la imparcialidad, independencia y rectitud que deben adoptar los funcionarios en los procedimientos que les corresponde adelantar, se vean quebrantados en cualquiera de las etapas del proceso contractual. Se trata de un desvío del poder dentro de la contratación estatal y una negación del interés general como base sustentadora de toda la actividad pública. Corno se deduce del precepto anterior, no se necesita que el interés perseguido por el agente sea fraudulento. La ilicitud del reproche que se recoge en la disposición ataca los actos contrarios a la ética y la transparencia que debe observar el servidor público, como representante para cada caso concreto de la administración. Trasladando el anterior marco conceptual a nuestro caso, se le cuestiona al doctor ZAPATA BETANCOURT el que hubiera adjudicado pluralidad de contratos a la firma FESANAR, con una marcada inclinación o interés de favorecer a los fundadores de esa sociedad, hecho que se hizo evidente en la celebración de los contratos: 231 de diciembre 17 de 1993; 021 de febrero 15 de 1994; 073 de abril 20 de 1994; 107 de mayo 27 de 1994; 190 de agosto 29 de 1994; 246 de noviembre 10 de 1994; 282 de

noviembre 24 de 1994; 315 de diciembre 21 de 1994 y 336 de diciembre 23 de 1994, los que fueron suscritos en vigencia de la ley 80 de 1993 (fl. 218 cuadcopias 1). Analizados estos contratos, se tiene que su adjudicación a la firma FESANAR no fue objetiva ni transparente en la medida en que el Gobernador tenia un marcado interés por favorecer a los fundadores de esta sociedad, de la que era socio el señor MARIO ENRIQUE JOYA GALEANO, familiar del Senador ALFONSO LATORRE GOMEZ (folio 209, cuaderno de copias 1), jefe político del Meta, a cuyo directorio político pertenecía el aquí sindicado JORGE ALBERTO ZAPATA BETANCOURT, como él mismo lo admitiera, También se evidencia el predicado interés al estar vinculado a esta contratación su conocido por razones políticas, FEDERICO SANCHEZ, en la medida en que AUGUSTO ARTURO GARZON RODRIGUEZ, representante legal y socio de la firma FESANAR, explica que en esta empresa el manejo de la parte médica y de la coordinación con las entidades hospitalarias estaba a cargo de su concuñado FEDERICO SANCHEZ, quien era el Director Científico y Administrativo de FESANAR. Otra prueba demostrativa que el doctor FEDERICO SANCHEZ no era extraño a esta contratación la constituye el hecho de que la firma FESANAR registró en la Cámara de Comercio como dirección para notificaciones judiciales la Calle 50 No. 7-72, consultorio 408 de Bogotá (fl. 6 cuad. anexo 45), lugar en donde no existía esta

empresa, como lo pudo constatar el miembro del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía comisionado para establecer el paradero del seriar GARZON RODRIGUEZ (fl. 51 cuad. copias 1) y la diligencia de Inspección Judicial practicada en esta dirección, averiguaciones que permitieron establecer que esa oficina correspondía a SERVIMED, empresa de propiedad del doctor FEDERICO SANCHEZ (fI. 212 cuad. copias 1). De otra parte, según lo declarado ante la Procuraduría por FABIO ANTONIO ACEVEDO VELEZ, para la época Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Guaviare y persona a cuyo cargo estuvo la elaboración del contrato 149 de 1993, por instrucciones del Gobernador ZAPATA inicialmente proyectó el contrato con la firma SERVIMED LIMITADA y el Gobernador lo llevó a Bogotá, pero después se lo devolvió sin tramitar, diciéndole sin mas razones, que ya no lo iba a suscribir con esa firma, sino con FESANAR