PGN - Documento 201607171628057

Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2004 Doctor

JORGE LUIS FERIS CHADID

Honorable Representante Investigador Comisión de Investigación y Acusación Cámara de Representante Ciudad.- Referencia: Radicado No. 1820. Magistrados de la Sala de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Incidente de Desacato De manera atenta, me permito solicitar el archivo de las diligencias de la referencia, con fundamento en los argumentos desarrollados por la Corte Constitucional y el criterio reiterado de la Procuraduría General de la Nación acerca del juzgamiento de los Magistrados de las altas cortes. ANTECEDENTES 1°.- El Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria mediante fallo de tutela de fecha 28 de abril de 2004, ordenó dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral del 18 de octubre de 2000, la cual fuera incoada por la señora LUCILA DEL CARMEN BERMUDEZ DE GARCIA. 20.- La señora LUCILA DEL CARMEN BERMUDEZ DE GARCÍA Instauró Incidente de desacato contra los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de hacer cumplir el fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura de fecha abril 28 de 2000.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. La Cámara de Representantes avocó el conocimiento del Incidente de desacato en contra de los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Impetrado por la señora CARMEN BERMUDEZ DE GARCIA, donde sostiene la peticionaria que la Corte

Suprema de Justicia Sala Laboral no acató el fallo de tutela referido...

2. La Constitución Política de Colombia en su artículo 178 Indica la competencia de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, la que al conocer de procesos contra magistrados de las altas Cortes, ello se contrae a lo que se ha denominado “causas constitucionales" ( artículo 178, numeral 3°.). A su vez, dentro de las competencias del senado, se tiene que ésta Corporación conoce de los hechos y omisiones (artículo 174) relacionado con las causas constitucionales (articulo 175, numeral 2º.)

3. Ahora bien, el artículo 174 de la Carta Constitucional le asignó al Senado de la República el conocimiento de las acusaciones que le formule la Cámara de Representantes por intermedio de su comisión de acusación contra altos funcionarios del Estado como es el caso de magistrados de las altas Cortes; esta competencia se limita a hechos u omisiones que puedan cometer estos servidores públicos en el desempeño de sus cargos, toda a su vez, en concordancia con el articulo 175 numeral 2º. De la Constitución Nacional.

4. En lo atinente a las causas constitucionales el legislador colombiano no ha desarrollado lo pertinente, al respecto la Carta Política limita las mismas al “quebrantamiento de los deberes de buena conducta” - y “rendimiento satisfactorio”, de acuerdo con lo previsto en el art. 233.

5. El decreto 306 de 1992, art. 9º; dispone que “cuando de acuerdo con la Constitución o la ley el funcionario que haya Incumplido una orden proferida por el juez sólo pueda ser sancionado por determinada autoridad pública” se compulsarán copias para que éste

proceda de conformidad.

6. El Código disciplinario único establece como falta disciplinaria aquellos comportamientos calificados de mala conducta (artículo 49 de la Ley 734 de 2002) y lo refiere a los consagrados en el artículo 48 de la misma obra disciplinaria.

7. La Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-O37 de 1.996 expresó que la facultad disciplinaria “... es aplicable únicamente a los servidores públicos bajo la competencia y procedimiento que se encuentra regulado en la Constitución y en la Ley…”

8. Los Magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no han dado cumplimiento al fallo de fecha 28 de abril de 2004 del Consejo Superior de la Judicatura, donde ordenó dejar sin efecto la Sentencia del 18 de octubre de 2000, proferida por esa

Corporación,

9. Ahora bien, significa lo desarrollado en forma precedente, que se trata de enjuiciar disciplinariamente a los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y por consiguiente enjuiciar el "campo funcional" y ello, de acuerdo con la misma jurisprudencia constitucional que tiene efectos erga omnes, no resulta posible, toda vez que por sentencia C 417 de 1993 de la misma Corte Constitucional, se determinó que la “ responsabilidad de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es, “ el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias.

10. El desacato, como tal, puede ser considerado una Infracción al deber de conducta, pero no se encuentra desarrollado por cuanto así no lo consagra ni el articulo 52 del decreto 2591

de 1.991, ni el Articulo 9º. Del decreto 306 de 1.992, ni el articulo 48 de la ley disciplinaria, como tampoco ninguna otra disposición podría hacerlo, pues reñiría con lo expresado por la Corte Constitucional cuando afirma que la gran diferencia entre la carta de 1886 y la de 1.991 estriba, en esas materias, en que la primera si daba cuenta de “causas legales" mientras que la segunda se refiere " a causas constitucionales “... el actual ordenamiento circunscribe los procesos que pueda adelantar esa corporación –Senadoa causas constitucionales.

CONCLUSION: En el caso presente, a pesar de tratarse de un presunto desacato tiene que reducirse a posible Infracción disciplinaria, la misma debe estar anclada en causas constitucionales y no legales, pero además, por tratarse del ejercicio de campo funcional ningún reproche es posible a la conducta de los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en preservación al principio de la autonomía funcional, razón por la cual se debe ordenar el archivo del presente proceso dado que la responsabilidad disciplinaria o penal de los Magistrados de las Altas Cortes, cuyo juzgamiento corresponde adelantar a esa Corporación se circunscribe a causas constitucionales y no al campo funcional, es decir “al que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias”.

Atentamente,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

EJMV/fach