PGN - Documento 201611030906580

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Inhabilidad de Gobernador por no haber sido avalado por una coalición y contratar dentro del año anterior con el Estado INHABILIDAD DE GOBERNADOR-Contratar dentro de los 12 meses anteriores a la elección Por tal motivo, en sentir de los demandantes, la inhabilidad de que trata el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, se encuentra configurada por cuanto la ejecución de dicho contrato se realizó dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección del demandado como Gobernador del Departamento de Boyacá, precisando que como el contrato fue suscrito el 24 de octubre de 2014, por obvias razones su ejecución fue en el periodo inhabilitante y en el territorio de ese Departamento pues su desarrollo era en todo el territorio nacional que incluía el ente territorial. INHABILIDADES DE GOBERNADOR-Regulación legal INHABILIDAD DE GOBERNADOR-Requisitos sobre la contratación del año anterior a la elección Conforme la literalidad de la norma, y en lo que respecta específicamente a la causal de inelegibilidad alegada, esto es, celebración de contratos, se tiene como requisitos indispensables para su materialización los siguientes requisitos: i) La Celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel; ii) La celebración del contrato debe hacerse en interés propio o de terceros; iii) La celebración del contrato debe hacerse dentro del año anterior a la elección; y iv) El o los contratos celebrados deben ejecutarse o cumplirse en el respectivo Departamento. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO-Dentro del año anterior a la elección

Encontramos que el contrato de la referencia no fue suscrito dentro del periodo inhabilitante de los 12 meses anteriores a su elección como Gobernador del Departamento de Boyacá, si se tiene en cuenta que las votaciones se celebraron el 25 de octubre de 2015, fecha para la elección de autoridades territoriales en todo el territorio nacional. Conforme lo señalado es claro que la fecha en la que se efectuaron las votaciones es posterior al momento de la celebración del contrato que se le endilga al demandado (24 de octubre de 2014), es decir, un día antes al inicio del periodo inhabilitante, por lo cual, se concluye, este requisito no se configura. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO-Como inhabilidad no se tiene en cuenta iniciación del mismo Por otra parte, no se comparte la argumentación de los demandantes en el sentido de indicar que como el contrato contaba con un plazo de ejecución de dos (2) meses contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, es decir, que “como la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co ejecución del contrato se realizó dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección”, el demandado estaba inhabilitado para ser elegido en el cargo. Contrario a lo allí afirmado es claro y abundante la reiteración jurisprudencial que en desarrollo de la norma que el Legislador Patrio consagró como causal de inhabilidad, la restringió a la fecha cierta de su suscripción o celebración, es decir, dejó por fuera

aquellos términos o plazos de ejecución, los cuales no pueden ser computados para constatar esta prohibición.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., Agosto 19 de 2016 Concepto No. 00098 Doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

H. Magistrada ponente

Sección Quinta-Sala Contencioso Administrativo Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000201600001 00. (Acumulados 201600002 y 2016-00006)

Actor: John Alexander Ramírez Vega y otros.

Demandado: Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

Asunto: Nulidad del acto administrativo de elección del señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez como Gobernador del Departamento de Boyacá periodo 2016-2019.

Respetada señora Consejera: Como Agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia presento a consideración de la H. Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los siguientes planteamientos jurídicos para efectos de que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I – ANTECEDENTES Las demandas Demanda presentada por John Alexander Ramírez Vega (2016-00001) Expresa el ciudadano que actúa en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demanda la nulidad del acto de elección del señor

Carlos Andrés Amaya Rodríguez como Gobernador del Departamento de Boyacá para el periodo 2016-2019. Hechos de la Demanda

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Dice el demandante que el 05 de marzo de 2015 la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia por medio de la cual ordenó al Consejo Nacional Electoral y al Partico Liberal Colombiano, “dejar de aplicar todo lo relacionado con los estatutos ilegales y “regirse en un todo” por los estatutos legítimos”, explicando que los estatutos “ilegales” son los que fueron expedidos en el año 2011 por el director del partido y, los “legítimos” son aquellos que fueron aprobados por la constituyente liberal en el año 2000, que fueron inscritos ante el Consejo Nacional Electoral en el año 2002. Indicó que para participar en las elecciones del 25 de octubre de 2015, el señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez fue inscrito candidato a la Gobernación del Departamento de Boyacá por una coalición del partido liberal y Alianza verde la cual fue hecha por los señores Héctor Olimpo Espinoza Oliver en su calidad de secretario general y representante legal del Partido Liberal y Rodrigo Romero Hernández y Jaime Navarro Wolf en representación del Partido Alianza Verde. Precisó el actor que el acto de inscripción fue irregular por cuanto la expedición del

aval por coalición se hizo en contravención de lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 de los estatutos del Partido Liberal, pues el aval no fue dado por la Asamblea Liberal de Boyacá y el Directorio Liberal de ese Departamento como correspondía, sino por el señor Héctor Olimpo Espinosa que no es competente para suscribir coaliciones o avales. Finalmente refiere que la Asamblea Liberal Departamental de Boyacá no delegó ni autorizó al citado ciudadano para conferir avales o realizar coaliciones, por el contrario la desautorizó mediante acta de asamblea del 26 de junio de 2015. Normas Violadas El actor señaló como normas violadas las siguientes:  El artículo 7 de la Ley 130 de 1994.  El artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Concepto de Violación Aduce el actor que la elección del señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez como Gobernador del Departamento de Boyacá para el periodo 2016-2019, se encuentra viciada de nulidad en cuanto a que la inscripción fue irregular por no haber sido avalada por una coalición, en la cual, los representantes de un partido, no tenían facultad para ello. Específicamente indica que los señores Héctor Olimpo Espinosa y Rafael Romero no estaban autorizados para realizar la coalición en nombre del Partido Liberal

para postular candidato a la Gobernación del Departamento de Boyacá. Pretensiones de la Demanda Como pretensiones de la demanda se indicó por el accionante: «1. Que se declare la nulidad del acto de la Registraduría Departamental Delegada para Boyacá de julio 17 de 2015, por medio del cual se Acepta la inscripción del candidato a la Gobernación de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez. Por consiguiente solicito que se declare la nulidad del acto de elección de fecha 4 de noviembre de 2015, por medio del cual, la Comisión Escrutadora del Departamento de Boyacá, declaró la elección del mencionado candidato Carlos Andrés Amaya Rodríguez a la Gobernación de Boyacá.

2. Se disponga la cancelación de la credencial expedida con base en el acto nulo, al ciudadano Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

3. Se disponga lo pertinente para la designación o elección del Gobernador de Boyacá para el periodo 2016-2019.» Admisión de la Demanda Mediante auto del 15 de enero de 2016 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor y dispuso informar a la comunidad de la existencia del proceso.

Demanda presentada por Hildebrando Ángel Bohórquez Cárdenas (201600002)

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C.

www.procuraduria.gov.co En nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el ciudadano Bohórquez demandó la nulidad del acto de elección del señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez como Gobernador del Departamento de Boyacá para el periodo 2016-2019. Hechos de la Demanda Expone el demandante que el 25 de octubre de 2015 se llevaron a cabo en el Departamento de Boyacá las elecciones para elegir Gobernador de ese Departamento para el periodo constitucional 2016-2019, en las cuales participó y fue elegido en ese cargo el demandado no obstante estar inhabilitado. Precisa que el ciudadano Carlos Andrés Amaya se encontraba inhabilitado para ser Gobernador del Departamento de Boyacá por cuanto celebró contrato con una entidad pública dentro de los 12 meses anteriores a su elección para ejecutarse en el respectivo Departamento donde fue elegido. Además de lo anterior, refiere el actor que el demandado también ejerció como delegado del Gobierno Nacional ante la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad Pedagógica con sede en Boyacá, ejercicio cumplido dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de su inscripción. Las funciones públicas ejercidas influyeron en su potencial electoral. Normas Violadas El actor señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 171, 176 al 178, 209, 237, 258, 260, 263, 265-1-5-7, de la Constitución política.  Los numerales 3 y 4 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000. Concepto de Violación

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Aduce el actor que el demandado celebró el 24 de octubre de 2014 un contrato con el Ministerio de Educación Nacional, que tenía como objeto asesorar al Viceministerio de Educación Pre-escolar, básica y media en la definición de líneas estratégicas en el marco del plan nacional de desarrollo 2014-2018. Que el contrato fue ejecutado dentro de los 2 meses siguientes a su suscripción, esto es, dentro de los 12 meses anteriores a su elección. Por otra parte indica que el demandado también estaba inhabilitado por cuanto en su condición de empleado público, ejerció autoridad dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de su elección ya que se desempeñaba como representante del Gobierno Nacional ante el Consejo Superior de dos universidades públicas. Pretensiones de la Demanda Como pretensiones de la demanda se indicó por el accionante: «1. Que se declare la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN DE ELECCION DE GOBERNADOR DE BOYACA PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2019. (CONTENIDO EN FORMULARIO E-26 GOB) DE FECHA NOVIEMBRE 4 DE 2015, ASI COMO DEL ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO DE ELECCION, por considerar que en dicho acto administrativo se presenta la siguiente causal de nulidad legal y constitucional: (…)

2. Así mismo, se declare que es NULA la Resolución 2797 de 2015 de 24 de

septiembre de 2015, expedida por el Consejo Nacional Electoral a través de la cual, negó la solicitud de revocatoria de inscripción como candidato a la Gobernación de Boyacá del señor CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRIGUEZ, por COALICIÓN entre el PARTIDO ALIANZA VERDE-PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, por ser contraria a la Constitución y la Ley, así como la Resolución 3434 de 25 de septiembre de 2015 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que confirmó la anteriormente enunciada.

3. QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS ANTERIORES DECLARACIONES, SE PRACTIQUE UN NUEVO ESCRUTINIO GENERAL e nulidad del Acta Parcial de Escrutinio que declaró la elección de

Gobernado, Y SE COMPUTEN LOS VOTOS SOLAMENTE A FAVOR DE

LOS CANDIDATOS QUE REUNAN LOS REQUISITOS LEGALES Y

CONSTITUCIONALES PARA SER ELEGIDOS.

4. QUE SE EXPIDA A QUIEN RESULTE GANADOR EN ESTE NUEVO

ESCRUTINIO LA RESPECTIVA CREDENCIAL QUE LO ACREDITE COMO

LOS NUEVOS ELECTOS.»

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Admisión de la Demanda Mediante auto del 21 de enero de 2016 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor, dispuso informar a la

comunidad de la existencia del proceso y denegó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado. Demanda presentada por Jesús David Torres Ávila (2016-00006) En nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el ciudadano Torres demandó la nulidad del acto de elección del señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez como Gobernador del Departamento de Boyacá para el periodo 2016-2019. Hechos de la Demanda Expone el demandante que el 25 de octubre de 2015 se llevaron a cabo en el Departamento de Boyacá las elecciones para elegir Gobernador de ese Departamento para el periodo constitucional 2016-2019, en las cuales participó y fue elegido en ese cargo el demandado a pesar de estar inhabilitado. Precisa que el ciudadano Carlos Andrés Amaya se encontraba inhabilitado para ser Gobernador del Departamento de Boyacá por cuanto celebró contrato con una entidad pública dentro de los 12 meses anteriores a su elección, y cuyo contrato debió ejecutarse en el respectivo Departamento donde fue elegido. Además de lo anterior, refiere el actor que el demandado también ejerció como delegado del Gobierno Nacional ante la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad Pedagógica con sede en Boyacá. Que dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de su inscripción, ejerció funciones públicas que influyeron en su potencial electoral. Normas Violadas

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C.

www.procuraduria.gov.co El actor señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 2, 13, 29 y 209 de la Constitución política.  Los numerales 3 y 4 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000. Concepto de Violación Aduce el actor que el demandado celebró el 24 de octubre de 2014 un contrato con el Ministerio de Educación Nacional, que tenía como objeto asesor al Viceministerio de Educación Pre-escolar, básica y media en la definición de líneas estratégicas en el marco del plan nacional de desarrollo 2014-2018. Que fue ejecutado dentro de los 2 meses siguientes a su suscripción, esto es, dentro de los 12 meses anteriores a su elección. Por otra parte indica que el demandado también estaba inhabilitado por cuanto, en su condición de empleado público, ejerció autoridad dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de su elección ya que se desempeñaba como representante del Gobierno Nacional ante el Consejo Superior de dos universidades públicas. Actos Acusados El actor pretende la nulidad de los siguientes actos: «1. El formulario E-26 GOB por el cual el Consejo Nacional Electoral, declaró electo como Gobernador del Departamento de Boyacá al señor CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, para el periodo del 01-01-2015 al 31-122019; por encontrarse incurso en las inhabilidades para ser INSCRITO Y ELEGIDO contempladas en los numerales 4 y 3 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, acto cuyo contenido transcribo, solicitando, respetuosamente, sea

declarada la nulidad con efectos retroactivos o retrospectivos a fin de mantener la supremacía (art. 41) de la Carta Política.

2. La resolución No. 2797 de 24 de septiembre de 2015 y su confirmatoria No. 3434 de 25 de septiembre de 2015, por medio de las cuales el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria de la inscripción del candidato Carlos Andrés Amaya Rodríguez a la Gobernación del Departamento de Boyacá, avalado por el Partido Alianza Verde en Coalición con el Partido Liberal Colombiano, para las elecciones del 25 de octubre de

2015.»

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Admisión de la Demanda Mediante auto del 21 de enero de 2016 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor, dispuso informar a la comunidad de la existencia del proceso y denegó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado. Contestación de las Demandas Por parte del Consejo Nacional Electoral Este organismo mediante apoderado judicial se pronunció frente a las pretensiones de las demandas a que se refieren los procesos Nos. 2016-00002 y 2016-00006, solicitando denegar las súplicas de ellas por cuanto adelantó y decidió, conforme sus competencias constitucionales la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura cuya elección hoy se demanda, no encontrando

plena prueba que acreditara que el demandado estuviera incurso en la causal de inhabilidad de intervención en negocios o en la celebración de contratos. Precisó que valoró las pruebas allegadas y encontró que el contrato que sustenta la inhabilidad fue suscrito o celebrado por fuera del término inhabilitante. Así mismo indicó que tampoco encontró plena prueba que acreditara que el demandado estaba incurso en la inhabilidad “de ejercicio de empleo público con autoridad”, por cuanto el hecho de haber sido designado por el Presidente de la República para integrar los Consejos Superiores de distintas universidades públicas no le confiere a éste la calidad de empleado público. Por parte del demandado Carlos Andrés Amaya Rodríguez Por intermedio de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones de las demandas en atención a que no es cierto que fáctica o normativamente se hayan incumplido normas superiores en el otorgamiento del aval del entonces candidato Amaya Rodríguez, y menos aún que por vía de una

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co acción popular el partido Liberal Colombiano haya tenido que inaplicar sus estatutos, mucho menos que la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 05 de marzo de 2015, haya definido quiénes al interior de ese partido tenían la facultad de decidir los asuntos concernientes a la colectividad. Sobre el particular precisó que la Resolución No. 1711 del 21 de agosto de 2015

proferida por el Consejo Nacional Electoral, determinó que las directivas del partido Liberal Colombiano inscritas al momento de proferirse el fallo aludido, continuarían ejerciendo sus funciones durante un año más contado a partir de la ejecutoria de dicha providencia, o hasta que se designaran las nuevas directivas. Por otra parte señaló que él no está incurso en la inhabilidad de celebración de contratos, toda vez que no se cumple el factor temporal, pues dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección como Gobernador no celebro contrato con entidad estatal ni ejecutó contrato en el Departamento de Boyacá. Precisó que esta inhabilidad se produce con ocasión del perfeccionamiento del contrato, más no así con su ejecución y, que además, no se cumple con el factor territorial pues este fue ejecutado en Bogotá D.C. y no en el Departamento de Boyacá. Así mismo, indicó el demandado que su designación como miembro del Consejo Superior de las Universidades Nacional Abierta y a Distancia y Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en representación del Presidente de la República, no implica ostentar la calidad de empleado público tal como lo indican los artículos 64 y 67 de la Ley 30 de 1992.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales no se observa vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, luego, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto que le corresponde en el presente asunto.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En primer lugar es preciso señalar que el análisis jurídico de la presente demanda se encaminará de manera concreta a resolver la fijación del litigio efectuada con la dirección de la H. Consejera Ponente en la audiencia inicial y cuyo objeto es determinar: «si el acto de elección del GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, periodo 2016-2019, que recayó en CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, contenido en el E-26 GOB de 4 de noviembre de 2015, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental es nulo por concurrir en el demandado, hechos constitutivos de inhabilidad previstas en los numerales 3° y 4° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000 y porque el otorgamiento de su aval y su inscripción como candidato transgredió las disposiciones en que debía fundarse.» En atención a la fijación del litigio establecido, procederemos a determinar si el acto demandado es nulo o no, previo examen del concepto de violación propuesto, así:

1. Inhabilidad-celebración de contratos.

Aseguraron los demandantes dentro de los expedientes radicados bajo los Nos. 2016-00002 y 2016-00006 que el 24 de octubre de 2014 el demandado, suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 775 con el Ministerio de

Educación Nacional, el cual tenía como objeto “(…) asesorar al Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media en la definición de líneas estratégicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para el Programa Colombia Libre de Analfabetismo”, el cual tenía como plazo de ejecución dos (2) meses computados a partir de la suscripción del acta de inicio y su valor era por doce millones novecientos mil pesos moneda corriente ($12.900.000). Por tal motivo, en sentir de los demandantes, la inhabilidad de que trata el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000 se encuentra configurada por cuanto la ejecución de dicho contrato se realizó dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección del demandado como Gobernador del Departamento de Boyacá, precisando que como el contrato fue suscrito el 24 de octubre de 2014, por obvias

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co razones su ejecución fue en el periodo inhabilitante y en el territorio de ese Departamento pues su desarrollo era en todo el territorio nacional que incluía el ente territorial. La norma considerada como infringida señala: «Artículo 30. De las inhabilidades de los Gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como Gobernador: (…)

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la

celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.» (Subrayas y negrita de la Delegada) Conforme la literalidad de la norma, y en lo que respecta específicamente a la causal de inelegibilidad alegada, esto es, celebración de contratos, se tiene como requisitos indispensables para su materialización los siguientes requisitos: i) La Celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel; ii) La celebración del contrato debe hacerse en interés propio o de terceros; iii) La celebración del contrato debe hacerse dentro del año anterior a la elección; y iv) El o los contratos celebrados deben ejecutarse o cumplirse en el respectivo Departamento. Por tal motivo, pasaremos a analizar uno a uno los requisitos para la configuración de la causal de inelegibilidad en estudio, los cuales valga decir, deben constatarse en su totalidad, pues con uno que faltare esta no se configura.

Veamos: i) Celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel.

En el expediente se encuentra debidamente acreditado que el señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez suscribió el contrato de prestación de servicios

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co profesionales No. 775 con el Ministerio de Educación Nacional, es decir, suscribió contrato con una entidad pública del nivel nacional. Por tal motivo este requisito se encuentra debidamente constatado y, pasaremos a verificar el segundo. ii) La celebración del contrato debe hacerse en interés propio o de terceros. Este requisito también se encuentra demostrado, pues precisamente el contrato suscrito por el demandado con el Ministerio de Educación se hizo en su interés propio, el cual era beneficiarse precisamente de la remuneración del contrato. Así pues, la entidad contratante recibía una asesoría por parte del contratista y éste en contraprestación recibía una compensación económica por valor de doce millones novecientos mil pesos moneda corriente ($12.900.000). Obsérvese como es el demandado quien directamente suscribe un contrato con una entidad pública, siendo de aquellos considerados como intuito persona, con lo cual lo que se busca es la realización de un servicio por parte de una persona experta en él, recibiendo una retribución económica para satisfacer sus intereses personales y de subsistencia propio o de su núcleo familiar. Estando demostrado el segundo requisito de configuración de la causal de inhabilidad en estudio, pasaremos a abordar el tercero. iii) Que la celebración del contrato se haya efectuado dentro del año anterior a la elección. Este tercer requisito no se encuentra demostrado, toda vez que el contrato a que se hace referencia en la demanda, esto es, el suscrito por el demandado con el Ministerio de Educación Nacional bajo el No. 775 en calidad de prestación de servicios profesionales y que tenía como objeto “(…) asesorar al Viceministro de

Educación Preescolar Básica y Media en la definición de líneas estratégicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para el Programa Colombia Libre de Analfabetismo”, fue suscrito o celebrado el 24 de octubre de 2014.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Encontramos que el contrato de la referencia no fue suscrito dentro del periodo inhabilitante de los 12 meses anteriores a su elección como Gobernador del Departamento de Boyacá, si se tiene en cuenta que las votaciones se celebraron el 25 de octubre de 2015, fecha para la elección de autoridades territoriales en todo el territorio nacional. Conforme lo señalado es claro que la fecha en la que se efectuaron las votaciones es posterior al momento de la celebración del contrato que se le endilga al demandado (24 de octubre de 2014), es decir, un día antes al inicio del periodo inhabilitante, por lo cual, se concluye, este requisito no se configura. Por otra parte, no se comparte la argumentación de los demandantes en el sentido de indicar que como el contrato contaba con un plazo de ejecución de dos (2) meses contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, es decir, que “como la ejecución del contrato se realizó dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección”, el demandado estaba inhabilitado para ser

elegido en el cargo. Contrario a lo allí afirmado es claro y abundante la reiteración jurisprudencial que en desarrollo de la norma que el Legislador Patrio consagró como causal de inhabilidad, la restringió a la fecha cierta de su suscripción o celebración, es decir, dejó por fuera aquellos términos o plazos de ejecución, los cuales no pueden ser computados para constatar esta prohibición. Recordemos que las inhabilidades son restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales, que por lo tanto son, de interpretación restrictiva y en su aplicación se debe observar el principio pro homine conforme al cual se debe realizar aplicando aquella menos restrictiva al ejercicio de estos derechos. Adicionalmente debemos precisar que las inhabilidades como limitaciones al ejercicio de derechos que son, cuentan con reserva legal o constitucional, es decir, solamente el constituyente y el legislador se encuentran facultados para

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co crearlas, de manera que el intérprete no puede crear situaciones no propuestas, so pena de usurpar funciones que no le corresponden. Sobre la reserva legal que existe para establecer regímenes de inhabilidades ha indicado el Consejo de Estado: «La Sala colige, sin la menor duda, que la fijación o asignación del régimen de inhabilidades tiene reserva legal. Es decir, que únicamente el constituyente y el legislador son las autoridades habilitadas por el ordenamiento Superior para

determinar las circunstancias constitutivas de inhabilidad para acceder al desempeño de cargos o empleos públicos o para continuar en su ejercicio (inhabilidades sobrevinientes). De contera, el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglam