PGN - Documento 202103041755420

A Ésta la modifica la Circular 10 de 2012; A ésta le da ALCANCE la Circular 8 de 2017

CIRCULAR NÚMERO 012

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN PARA: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Alcaldías municipales y distritales, asambleas departamentales concejos municipales y distritales, oficinas de planeación, secretarías municipales y distritales, curadores urbanos, corporaciones autónomas regionales, procuradores regionales y provinciales, personeros y demás actores involucrados en el desarrollo urbano.

ASUNTO: Cumplimiento de la normatividad urbanística y de vivienda.

FECHA: 3 MARZO 2009

El Procurador General de la Nación en ejercicio de sus funciones constitucionales y con el propósito de prevenir que el incumplimiento de la ley genere sanciones disciplinarias, recomienda y conmina a las autoridades involucradas en el desarrollo de la política de vivienda y de urbanismo, a acatar lo que a continuación se expresa:

1. Para el ejercicio de cualquier actividad económica o iniciativa privada ninguna entidad o autoridad pública podrá exigir al particular permisos previos ni requisitos adicionales a los que autorice de la ley En desarrollo del artículo 3331 de la Carta Política, la Ley 962 de 2005 consagró una reserva legal a los permisos, licencias o requisitos; en virtud de la cual para el ejercicio de derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente pueden exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o que se encuentren autorizados expresamente por ésta.

En este sentido, para la expedición de licencias urbanísticas no se podrán crear

trámites o hacer requerimientos adicionales a los contemplados en el Decreto Nacional 564 de 2006; sin perjuicio de que la Ley o su reglamento autoricen a la autoridad local o a otras autoridades que participen en su trámite, crear requisitos o requerimientos adicionales a los establecidos expresamente. Los municipios y distritos no podrán desconocer ni exigir requisitos adicionales a los establecidos en los decretos 2181 de 2006 y 4300 de 2007 o las normas que los modifiquen, deroguen o sustituyan, para el estudio o aprobación de los planes parciales. Las autoridades municipales o distritales de planeación y los curadores urbanos deberán aplicar y acatar las disposiciones del Decreto 4065 de 2008 en lo que se refiere a los predios que se encuentran sometidos al tratamiento de desarrollo y que no requieren de un plan parcial previo a la expedición de la licencia de urbanismo. Para ello, es obligación de los municipios contar con la reglamentación del tratamiento de desarrollo. 1 Art. 333.- Iniciativa Privada y empresa. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. Las entidades del orden nacional y territorial, al momento de reformular los trámites, deberán tener en cuenta la disposición del numeral 2 del artículo 1° de la ley 962 en el entendido que estas entidades deberán someter los referidos trámites a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública acreditando la existencia de recursos presupuestales y administrativos necesarios para su aplicación; caso en el cual el Departamento Administrativo de la Función Pública

autorizará su adopción. Así mismo, en la expedición de licencias urbanísticas, tal y como lo consagra el Decreto 564 de 2006, los curadores urbanos no podrán exigir el cumplimiento de normas técnicas o cualquier otra norma de construcción establecida por los municipios y distritos, salvo que exista un soporte normativo que permita a las autoridades locales la definición de aspectos de orden técnico en la construcción de obras.2

2. Las entidades involucradas en el trámite del plan parcial deben emitir sus conceptos dentro del término establecido para el efecto: Con el propósito de reducir los trámites para la adopción de Planes Parciales, se expidió el Decreto 4300 de 2007, que consagró un término perentorio de quince (15) días para que las autoridades con incidencia o responsabilidad en el desarrollo del plan parcial remitan la información y los conceptos a la autoridad de planeación municipal o distrital, relacionados y necesarios para dar respuesta a la solicitud de determinantes.

Macroproyectos De igual manera, de conformidad con el artículo 8 del decreto 4260 de 2007 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial debe evaluar la solicitud de Macroproyectos3 sugeridos por entidades territoriales, áreas metropolitanas y/o por particulares, dentro de un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de su radicación, y concluir con el anuncio del macroproyecto, su identificación y determinación.

3. Las autoridades municipales y distritales están en la obligación de vigilar y controlar el uso del suelo.

Las autoridades locales son responsables de promover la ordenación del suelo a

través de los POT; de los planes básicos de ordenamiento o de los esquemas de ordenamiento, tal como lo prevé el artículo 9° de la Ley 388 de 1997, de forma tal que se garantice el uso equitativo y racional del suelo, se preserve y defienda el patrimonio ecológico, se prevengan asentamientos en zonas de alto riesgo y se ejecuten acciones urbanísticas eficientes orientadas al desarrollo ordenado de las ciudades; de conformidad al ejercicio de las funciones de cada una de las entidades, las cuales se deben realizar de manera exclusiva y excluyente, de acuerdo a lo dispuesto por la ley o el reglamento. Por lo anterior, las autoridades locales se encuentran en la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, contenidas en el POT y los instrumentos que los desarrollen o complemente, y controlar el desarrollo de urbanizaciones ilegales, en los términos previstos en la ley 388 de 1997. 2 Articulo 49 del Decreto 564/06 3 Por mandato del articulo 79 de la ley 1151 de 2006 los macroproyectos de interés social nacional constituyen determinantes de ordenamiento de superior jerarquía para los municipios y distritos en los términos del articulo 10 de la Ley 388 de 1997 y se entienden incorporados en sus planes de ordenamiento territorial. Así mismo, las autoridades municipales, en ejercicio de los artículos 2° y siguientes de la Ley 232 de 1995, deben asegurar que los establecimientos de comercio cumplan con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio.

4. Las Licencias urbanísticas se presumen legales

Las licencias urbanísticas como actos administrativos de carácter particular y concreto consolidan situaciones jurídicas y radican en cabeza de su titular una serie de derechos que deben ser respetados tanto por los particulares como por las autoridades de todo orden, salvo que medie la revocatoria del acto administrativo por autoridad competente o un pronunciamiento judicial que disponga su nulidad, en los términos del Código Contencioso Administrativo.4 Lo contrario, genera inseguridad jurídica, traducida en daños patrimoniales que en posterior oportunidad podrían ser asumidos por el Estado, pues una vez en firme el acto es obligatorio, se encuentra investido de la presunción de legalidad y confiere a su titular las facultades necesarias para ejecutarse.

5. Las autoridades municipales deben verificar el cumplimiento de la destinación de los porcentajes de suelo para la provisión de VIS/VIP, previstos en el decreto 4259 de 2007: La Ley del Plan Nacional de Desarrollo-Ley 1151 de 2007-, .señaló que en los planes parciales con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana o en las normas urbanísticas que reglamentaran la urbanización de suelos urbanos con uso residencial, se determinarían los porcentajes de suelos que deben destinarse al desarrollo de programas de vivienda de interés social -VIS- (25%) o de interés prioritario -VIP- (15%).

Tales porcentajes mínimos, aún cuando no se hayan incorporado en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen o complementen, son de obligatorio cumplimiento y se deben exigir a las nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias de urbanización en suelo urbano radicadas en legal y debida

forma desde la reglamentación que sobre la materia hizo el Gobierno Nacional con a través del Decreto 4259 de 2007. Así, en los planes parciales correspondientes o en las licencias de urbanización, según sea el caso, se debe determinar la localización y las condiciones para el desarrollo de las áreas útiles tendientes al cumplimiento de algunos de los porcentajes expresados, y las zonas o áreas correspondientes sólo puedan ser destinadas a este tipo de vivienda y desarrollarse de conformidad con ese uso por sus propietarios, o por las entidades públicas competentes, según sea el caso.

6. Los Alcaldes deben adelantar las evaluaciones de desempeño y los concursos de curadores urbanos dentro de los términos legalmente establecidos y reportar a la Procuraduría Delegada para el efecto.

El artículo 101 de la Ley 388 de 1997, los decretos 564 de 2006 y 1100 de 2008 establecen que los curadores urbanos serán designados por el alcalde municipal o distrital, previo concurso de méritos para períodos individuales de cinco (5) años. 4 Artículo 69, 73, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo. La misma normativa establece que el alcalde o su delegado, debe convocar al concurso de méritos por lo menos seis (6) meses antes del vencimiento del período individual de los curadores urbanos. De tal forma, que los encargos para suplir la vacante del curador que culmine su período, deben adelantarse exclusivamente durante el tiempo que, de conformidad con los plazos señalados, dure el concurso. En este sentido, los Alcaldes tienen el deber de a adelantar los concursos dentro de

los términos legalmente establecidos y reportar a las Procuradurías Distritales o Regionales, la fecha del cumplimiento del período del curador previamente designado, la fecha de realización de la convocatoria del concurso y el estado y avance del concurso. De la misma forma, los alcaldes Municipales o Distritales se encuentran en la obligación de adelantar, dentro de los términos legalmente establecidos para el efecto, las evaluaciones de desempeño de los Curadores Urbanos de su jurisdicción.

7. La administración municipal o distrital no se encuentra habilitada, para exigir requisitos diferentes a la radicación de documentos como condición para adelantar las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Con la promulgación de la Ley 962, las autorizaciones, requisitos, permisos y trámites que pueden solicitar las autoridades locales encargadas de ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, se encuentran enumeradas en el artículo 71° y son taxativas. De esta manera, para adelantar planes de vivienda solamente existe la obligación de radicar los documentos enumerados en la disposición referida, ante la instancia de la administración municipal o distrital encargada, no pudiendo éstas autoridades, dentro de dicha función, determinar que dicha radicación no obedece al requisito exigido legalmente y por el contrario entrar a decidir o proferir actos administrativos sobre tal radicación, cuando expresamente la normativa no lo exige, desbordando así su competencia en aspectos de control urbano, contractual o tributario.

8. Los municipios se encuentran en la obligación de reglamentar en su

integridad, conforme a la ley 388 de 1997, los elementos de la plusvalía: En la reglamentación de la plusvalía los municipios se encuentran sujetos a lo prescrito en la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1788 de 2004, y el artículo 9° del Decreto 4065 de 2008. Igualmente, para el desarrollo de los planes parciales, en los sistemas de reparto de cargas y beneficios debe cumplirse con el artículo 338 de la Constitución Política, tal y como se señala expresamente en el artículo 28 del Decreto Nacional 2181 de 2006. Por lo anteriormente expuesto, se insta a los servidores públicos a cumplir a cabalidad la normatividad vigente, pues en caso contrario, quien por su acción u omisión incumpla las obligaciones y deberes previstos en la normatividad vigente y perjudique el correcto desempeño de la función pública, será responsable y sancionable disciplinariamente en los términos de ley 734 de 2002, sanción que será gradual según la gravedad o levedad de la falta, y de las consecuencias de ésta. Cordialmente,

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación