PGN - Documento 202210061455540

CASACIÓN PENAL-Contra la sentencia que confirmó el fallo condenatorio contra los procesados por los delitos de Homicidio agravado y tortura imponiéndoles sanción de 36 meses de prisión por 20 años PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD-En materia de nulidades Acerca de las nulidades se tiene que estas son taxativas, así las prevé la ley 906 de 2004, artíc y siguientes, enlista las causales por las que porceden las nulidades, impone a quien alegue los vicios, el deber de indicar el perjuicio causado al procesado, y que la única forma para subsanar dicha irregularidad sea retrotraer la actuación hasta el acto irregular y que la actuación viciada sea transcendental, que afecte derechos y garantías del procesado y que no se pueda subsanar por otro medio, además de que lo actuado no haya cumplido la finalidad a la cual estaba destinada, así lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 43.356 de 2016. RESPONSABILIDAD PENAL-Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia HOMICIDIO AGRAVADO-Marco legal TORTURA-Marco legal VALORACIÓN PROBATORIA-En materia penal Acerca de la inconformidad en que el tribunal desconoció criterios para la valoración probatoria, al respecto es necesario resaltar que dicha actividad es regulada por la ley 906 de 2004, así se desprende del artículo 380, el que enseña que los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciaran en conjunto y para condenar, se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la

responsabilidad penal del acusado, fundado en pruebas debatidas en juicio. Casación N° 56.971

ELENA FERRO ALZATE Concepto PSDCP – CON – N.° 32

Bogotá 2 de mayo de 2022

HONORABLES MAGISTRADOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

M. P.Dr. GERSON CHAVERRA CASTRO

E. S. D.

RADICADO: 56.971

PROCESO: LEY 906 DE 2004

PROCESADO: ELENA FERRO ÁLZATE En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal y en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, presento concepto en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por la defensa de Elena Ferro Álzate, contra la sentencia del 11 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, decisión, mediante la cual confirmó el fallo emitido el 13 de junio del 2018 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, condenó a los procesados por la coautoría de los delitos de Homicidio agravado y tortura, sancionó con 36 meses de prisión, multó con 800 s.m.l.m.v., e inhabilitó para ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. .

1. HECHOS Así se sintetiza en la sentencia de segunda instancia: “los hechos jurídicamente relevantes tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2009,

cuando a orillas del río Cauca en inmediaciones de la hacienda “La María”, los habitantes del lugar observan el cuerpo de una persona envuelto en sábanas al interior de una bolsa negra flotando y al efectuar su posterior cotejo dactiloscópico se estableció que se trataba de HAMILTON COLORADO AGUDELO, quien acorde con datos registrados en su necropsia se hallaba en estado de descomposición y registraba 20 heridas con arma blanca y alrededor de su cuello se apreciaba una 2 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971 ELENA FERRO ALZATE atadura con “alambre dulce” y por su estado de descomposición se calculaba que el fallecimiento había ocurrido 6 días antes de su hallazgo. Al constatar los registros relativos a HAMILTON COLORADO AGUDELO se estableció que el occiso había salido pocos días antes de prisión, donde se hallaba en razón a su vinculación con la muerte del patrullero de la policía HENRY ALBERTO RICO VIVIESCAS, quien fue asesinado el 15 de enero de 2009 en la carrera 58 con calle 13 de esta ciudad, víctima de un asaltó en el que le fue hurtada la motocicleta BWIS de placas NUQ 38B de propiedad de ELENA FERRO ALZATE. De las circunstancias en que murió HAMILTON COLORADO AGUDELO se tuvo conocimiento a partir del interrogatorio de indiciado de EDISON LONDOÑO GÓMEZ

que se llevó a cabo el 8 de mayo de 2014, quien dice haber participado en su tortura y posterior asesinato, cumpliendo órdenes expresas de ELENA FERRO ALZATE y su actual compañero sentimental JOSÉ GUILLERMO NÚÑEZ MUÑOS, quienes buscaban información acerca de las razones del asesinato del compañero sentimental de ELENA FERRO, para ese entonces. Para cumplir ese cometido, se utilizó como señuelo a una dama con la que el occiso HAMILTON COLORADO AGUELO tenía una relación sentimental y luego de doblegar su voluntad a través de una alta dosis de licor mezclada con un narcotizante, fue atado de pies y manos al igual que por el cuello, sometiéndolo a diversos actos de tortura mediante los cuales, se intentó obtener la información buscada, luego de lo cual se generó el deceso de la víctima. Asegura la Fiscalía que la narración que hace el homicida fue corroborada con el resultado de otros actos de investigación, razón por la cual ELENA FERRO ALZATE y JOSÉ GUILLERMO NUÑEZ MUÑOZ fueron vinculados a este caso y una vez agotadas las ritualidades legales, el 17 de julio de 2014 ante la Juez Tercera Penal Municipal con función de garantías de la ciudad de Cali, se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, (artículo 103, concordante con artículo 104 numeral 7 C.P.) Y Tortura (Articulo 178 C.P), deduciéndoles también la circunstancia de mayor punibilidad contemplada en el

numeral 10 del artículo 58 del C.P., esto es, por haber obrado en coparticipación criminal”. 3 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971

ELENA FERRO ALZATE

2. ACTUACIÓN PROCESAL La fiscalía, el 16 de julio de 2014, imputó a ELENA FERRO ALZATE y JOSÉ GUILLERMO NUÑEZ MUÑOZ los delitos de homicidio agravado tipificados en los artículos 103 y 104 numeral 7 y tortura, descrito en el artículo 178 del Código Penal con el agravante de haber obrado en coparticipación criminal previsto en el artículo 58 numeral 10 del Estatuto Punitivo.

Correspondió el conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cali, el cual agotó el juicio, el 13 de junio de 2018 dictó sentencia, condenó a los procesados por los delitos de homicidio agravado y tortura, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Cali, fallo que ahora es objeto de demanda de casación que ocupa esta agencia ministerial.

3. LA DEMANDA Son dos los procesados, sin embargo, sólo presenta demanda el abogado de ELENA FERRO ÁLZATE, postula los siguientes cargos: Primer cargo: El defensor reclama que los falladores en sus instancias desconocieron los principios de coherencia y congruencia, por cuanto en la formulación de la acusación no se precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron

los hechos, actuación que se fundamentó con la versión de Diego Edison Londoño Gómez, único testigo quien no concretó la fecha de ocurrencia del hecho objeto de investigación, además de que la fiscalía no formuló adecuadamente los hechos jurídicamente relevantes, con lo que se desconoce el derecho de la defensa, en sentir del demandante para subsanar el error debe nulitarse lo actuado y adecuar la actuación según lo prevé la ley procesal de 2004.

Segunda: El demandante Reprocha que el Tribunal Superior de Cali al valorar el material probatorio desconoció principios que orientan la actividad valorativa, error que se produjo al apreciar el testimonio de Diego Édison Londoño Gómez, testigo de excepción en el que descansa la declaratoria de responsabilidad de Elena Ferro Álzate, segunda instancia que desconoce principios que informan la sana crítica y

4 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971 ELENA FERRO ALZATE reglas de la experiencia y criterios técnico científicos, derivando en error de hecho por falso raciocinio.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA Teniendo en cuenta que los reclamos giran en torno a que las decisiones de los juzgadores de instancia desconocieron el principio de congruencia y coherencia con lo que vulnera el de defensa, además de desconocer principios que orientan la valoración probatoria; esta agencia ministerial para desatar los problemas jurídicos planteados, se harán como a continuación se plantea:

Primer cargo. El reclamo consiste en que las decisiones judiciales desconocen los principios de congruencia y coherencia, en sentir del demandante la fiscalía al acusar a los procesados no determinó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, por lo que solicita se anule lo actuado para corregir la irregularidad anunciada. Acerca de las nulidades se tiene que estas son taxativas, así las prevé la ley 906 de 2004, artículo 4551 y siguientes, enlista las causales por las que porceden las nulidades, impone a quien alegue los vicios, el deber de indicar el perjuicio causado al procesado, y que la única forma para subsanar dicha irregularidad sea retrotraer la actuación hasta el acto irregular y que la actuación viciada sea transcendental, que afecte derechos y garantías del procesado y que no se pueda subsanar por otro medio, además de que lo actuado no haya cumplido la finalidad a la cual estaba destinada, así lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 43.356 de 20162. 1 Código Penal, Artículo 455. Nulidad derivada de la prueba ilícita. para los efectos del artículo 23 se deben considerar, al respecto, los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley. artículo 456. nulidad por incompetencia del juez. será motivo de nulidad el que la actuación se hubiere adelantado ante juez incompetente por razón del fuero, o porque su conocimiento esté asignado a los jueces penales de circuito especializados.

Artículo 457. nulidad por violación a garantías fundamentales. es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. los recursos de apelación pendientes de definición al momento de iniciarse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento. Artículo 458. principio de taxatividad. no podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las señaladas en este título. 2 Corte Suprema de Justicia, radicado número 43.356 de 2016, la jurisprudencia ha señalado que de acuerdo con dichos principios, solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del 5 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971 ELENA FERRO ALZATE Descendiendo al caso, se tiene que la inconformidad del demandante radica en que, la fiscalía al formular la acusación en contra de Elena Ferro Álzate por el delito de homicidio agravado y tortura, no hizo relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y no especificó cuál fue la participación de la acusada en la

comisión de los hechos y cuál la responsabilidad penal descrita en la ley penal. Acerca de los hechos jurídicos relevantes, el tema ha sido definido por parte de la Corte Suprema, así se lee entre otras en la sentencia con radicado número 53.264 de 2018, señaló que: “Este concepto fue incluido en varias normas de la Ley 906 de 2004. Puntualmente, los artículos 288 y 337, que regulan el contenido de la imputación y de la acusación, respectivamente, disponen que en ambos escenarios de la actuación penal la Fiscalía debe hacer "una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. La relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. En tal sentido, el artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito; y el artículo 287 de la Ley 906 de 2004 precisa que la imputación es procedente cuando "de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga" En el mismo sentido, el artículo 337 precisa que la acusación es procedente "cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe". sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien alegue la nulidad está en la

obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o el juzgamiento (trascendencia); no se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad a que estaba destinado, pues lo importante no es que el acto procesal se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción -dado que las formas no son un fin en sí mismo-, sino que a pesar de no cumplirlas estrictamente, en últimas se haya alcanzado la finalidad para la cual está destinado sin transgresión de alguna garantía fundamental de los intervinientes en el proceso (instrumentalidad) y; además, que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad). De manera que, en sede de casación, no basta con solamente invocar la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado, sino que compete al demandante precisar el tipo de irregularidad que alega, demostrar su existencia, acreditar cómo su configuración comporta un vicio de garantía o de estructura, y, tal vez lo más importante, demostrar la trascendencia del yerro para afectar la validez del fallo cuestionado. Tampoco puede olvidarse que si lo que se persigue con la casación es denunciar la presencia de varias irregularidades, cada una de ellas con entidad suficiente para invalidar la actuación o parte de ella, resulta indispensable que se sustenten en capítulos separados y de manera subsidiaria si fueren excluyentes, pues sólo así puede acatarse la exigencia de claridad y precisión en la postulación del ataque y respetarse los principios de autonomía y de no contradicción de los

cargos en sede extraordinaria». 6 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971 ELENA FERRO ALZATE Como es obvio, la relevancia jurídica del hecho debe analizarse a partir del modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos penales, sin perjuicio del análisis que debe hacerse de la antijuridicidad y la culpabilidad. También es claro que la determinación de los hechos definidos en abstracto por el legislador, como presupuesto de una determinada consecuencia jurídica, está supeditada a la adecuada interpretación de la norma penal, para lo que el analista debe utilizar, entre otras herramientas, los criterios de interpretación normativa, la doctrina, la jurisprudencia, etcétera”. De la actuación se advierte que la fiscalía en la acusación refirió que: “Para el día 8 de mayo de 2014 se recibe interrogatorio de indiciado en la que Diego Édison Londoño Gómez aduce haber participado en la tortura y homicidio de Hamilton Colorado Agudelo por orden expresa de Helena Ferro Álzate y su compañero sentimental José Guillermo Núñez Muñoz, quienes incluso estuvieron presentes por algunos momentos durante los actos ilícitos por cuanto era su deseo obtener información acerca de las razones de la muerte de Henry Alberto Rico quien para esa fecha era el compañero sentimental de la señora Ferro Álzate…”. Y agrega la fiscalía el escrito de acusación que: Fue esa la razón para que al intentar

castigarlo por el acto cometido y sacarle información se le infringieran graves y numerosos dolores para finalmente darle muerte. Su versión de los hechos y los detalles encontrados en su relato se corroboraron en un todo a través de la investigación, lo que permite hacer la inferencia razonable de coautoría y participación en estos hechos de los acusados en la modalidad dolosa”. Acerca de los hechos, la fiscalía acusó a los procesados por el tipo penal de homicidio agravado, conducta descrita en el artículo 103 y 104 numeral 7 del Código Penal, y el delito de tortura, tipificado por el artículo 178 del estatuto penal. Ahora bien, el acto de acusación tiene como finalidad dar inicio al juicio oral, además de concretar los hechos por los cuales se iniciará el debate y de los cuales se defenderá el procesado, ejercer la defensa. 7 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971 ELENA FERRO ALZATE En el presente caso se advierte que en la acusación, la fiscalía señaló que Elena Ferro Álzate en asocio con su compañero sentimental, ideo el plan criminal de torturar al asesino de su anterior compañero sentimental para obtener información del asesinato, para ello contrató los servicios de Diego Édison Londoño, en asocio con otras personas ejecutaron el plan y cegaron la vida de Hamilton Colorado Agudelo, por lo tanto no hay duda de que la fiscalía narró cuál fue la participación de la

procesada en la comisión de los hechos y adecuó el comportamiento a la descripción típica para el delito homicidio y tortura, escrito de acusación que contiene además el listado de pruebas que hicieron valer en el juicio oral. Vista así las cosas, se advierte que el acto al cual estaba destinado la formulación de la acusación se cumplió, por cuanto la fiscalía limitó el debate para dar inicio el juicio oral, se determinaron los hechos, adecuó la conducta al delito que atenta contra la vida y la integridad personal, ( artículo 103 y 104 numeral 7 Código Penal, homicidio agravado) y contra la autonomía personal, (artículo 178 Código Penal, para tortura), indicó las pruebas que se harían valer en el juicio; actuación que permite concluir que se dio cumplimiento al acto que estaba destinado la audiencia de acusación, por lo tanto no hay lugar a retrotraer la actuación, por cuanto no se advierte irregularidad que afecte los derechos de los procesados, el reclamo no tiene vocación para remover la decisión del tribunal superior de Cali, bajo esta consideración el cargo no tiene vocación de prosperar. SEGUNDO CARGO La inconformidad radica en que el Tribunal Superior de Cali al valorar el material probatorio desconoció principios que orientan la actividad valorativa, error que se produjo al apreciar el testimonio de Diego Édison Londoño Gómez, testigo de excepción en el que descansa la declaratoria de responsabilidad de Elena Ferro Álzate, desconociendo principios que informan la sana crítica y reglas de la experiencia y criterios técnico científicos, derivando en error de hecho por falso raciocinio. 8 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971 ELENA FERRO ALZATE Para emitir el concepto que en derecho corresponda, primero se analizaran los criterios que prevé la ley 906 de 2004 para la incorporación y valoración probatoria, y luego verificar si tuvo ocurrencia los errores como lo plantea el demandante. Acerca de la inconformidad en que el tribunal desconoció criterios para la valoración probatoria, al respecto es necesario resaltar que dicha actividad es regulada por la ley 906 de 2004, así se desprende del artículo 380, el que enseña que los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciaran en conjunto3 y para condenar, se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en pruebas debatidas en juicio4. Además de que únicamente será tenida como prueba la que se produzca e incorpore en el juicio oral, en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción5. Igualmente para que un elemento material probatorio sea valorado debe pasar por el tamiz de que el medio sea necesario, que se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, y cumplan con la exigencia de pertinencia y admisibilidad6, debiendo centrar los debates en materia de pertinencia al análisis de la relación de los medios de prueba con el tema de prueba, esto es, con los hechos que deben probarse en cada caso en particular.

Ahora, la Ley 906 de 2004 consagra como regla general que las pruebas pertinentes son admisibles. Así se desprende del artículo 357 en cuanto afirma que el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión, y a renglón seguido precisa que el juez decretará las 3 Ley 906 d e2004, articulo 380, Criterios De Valoración. Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. 4 Ley 906 de 2004. Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. 5 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Radicado 42656 De 2017. El artículo 16 de la Ley 906 de 2004 establece como regla que será prueba solamente la que se produzca e incorpore en el juicio oral en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. 6 Ley 906 de 2004, artículo 357. solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. El juez decretará la práctica de las

pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. 9 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971 ELENA FERRO ALZATE pruebas solicitadas cuando ellas “se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código”. En la misma línea, el artículo 376 establece que “toda prueba pertinente es admisible”, salvo en los eventos consagrados en sus tres literales, criterio que ha sido zanjado por reiterada jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otrasen la decisión con radicado 46.153 de 20157. Descendiendo al caso en concreto, se advierte que el juez de primera instancia para emitir la condena tuvo en cuenta que el autor material del homicidio del que fue víctima Hamilton Colorado Agudelo, Diego Edison Londoño, señaló sin dubitación alguna a Elena Ferro Álzate como la determinadora que en compañía de José

Guillermo Núñez Muñoz idearon el crimen; versión que fue corroborada con los testimonios de Alexander Rodríguez Grajales y Llano Venegas quienes también participaron en la comisión del homicidio. Luego el tribunal tuvo en cuenta que las pruebas testimoniales vertidas al proceso investigativo dan cuenta de que Elena Ferro Álzate fue la compañera sentimental del patrullero de la policía de apellido Rico, quien fuera asesinado por Hamilton por hurtarle la moto, muerte que quiso vengar Elena Ferro, para ello contrató los servicios de Diego Édison Londoño quien ejecutó el crimen en asocio con otros dos y de los cuales participó tanto la procesada Elena Ferró como José Guillermo Núñez Muñoz. 7 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia radicado 46.153 de 2015. Además de que la conducencia se refiere a una cuestión de derecho. Sus principales expresiones son: (i) la obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba; (ii) la prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba, y (iii) la prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba. Por ello, quien alega falta de conducencia debe indicar cuál es la norma jurídica que regula la obligación de usar un medio de prueba determinado u otra de las situaciones que acaban de mencionarse. A diferencia de los denominados sistemas de “prueba legal”, que se caracterizan porque el legislador establece con qué medios se puede probar un determinado hecho, o cuáles medios de prueba están prohibidos, la Ley 906 de 2004 consagra expresamente el principio de libertad probatoria. En efecto, el Art. 373 establece que “los hechos y circunstancias de interés para

la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos”. Ninguna norma de la Ley 906 de 2004 establece expresamente ese tipo de prohibiciones o límites, sin perjuicio de que los mismos puedan emerger de la integración de este cuerpo normativo con otros que hagan parte del ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 25 ídem, y haciendo salvedad, claro está, de la protección de los derechos y garantías fundamentales, a que se hará alusión más adelante. Cosa diferente es el sistema de “tarifa legal”, en el cual no se trata de precisar cuáles son las pruebas establecidas por el legislador para probar un hecho o circunstancia en particular, o las prohibidas legalmente para los mismos efectos. Lo relevante en este sistema es verificar si el legislador le ha otorgado un determinado valor a una prueba en particular, como sucede con el excepcional evento consagrado en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, que le otorga un valor probatorio menguado a la prueba de referencia y, en consecuencia, prohíbe que la condena esté basada exclusivamente en este tipo de declaraciones. Finalmente, “la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente” (CSJ AP, 17 Mar 2009, Rad. 22053). Este aspecto en buena medida fue regulado en el artículo 376 en cita, en cuanto consagra la regla general de admisibilidad de las pruebas pertinentes, salvo, entre otras, las que puedan generar confusión en lugar de mayor claridad al asunto, exhiban escaso valor probatorio o sean injustamente dilatorias del

procedimiento» 10 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 56.971 ELENA FERRO ALZATE Ahora bien, teniendo en cuenta que Diego Edison Londoño es el autor material del homicidio, en el juicio oral relató cómo fue que se ejecutaron los hechos, señaló a Elena Ferro Álzate como la autora intelectual del delito tortura y homicidio del que fuera víctima Hamilton Colorado, la defensa no pudo desacreditar la versión que rindió el testigo, por cuanto en lo toral fue consistente en informar cómo se ejecutó el crimen, por lo tanto, no hay duda que informó lo que vio y el aporte hecho en la materialización de los delitos ya denunciados; por lo tanto, los alegatos planteados en la demanda se asemejan a uno de instancia, en que con criterios subjetivos pretenden reabrir un debate agotado por las respectivos despachos judiciales, en consecuencia los reclamos no tienen vocación para remover la decisión del tribunal la que esta revestida de la doble presunción de acierto y legalidad. Visto lo anterior, en sentir del delegado, la decisión del Tribunal Superior de Cali goza de la doble presunción de acierto y legalidad, además no se advierten vulneración de los derechos y garantías de los procesados, debiéndose por tanto mantener incólume la sentencia objeto de impugnación. PETICIÓN Por lo anotado, se solicita de los honorables magistrados de la Sala Casación Penal

de la Corte Suprema de Justicia No casar el fallo objeto de impugnación, en nuestro sentir debe mantenerse incólume. De los Señores Magistrados, Cordialmente

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES

Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal DR 11 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.